José Bautista
Periodosta y analista aconómico (@joseantonio_bg)

La deuda asfixia a la economía de Puerto Rico, bajo control de Estados Unidos desde 1898, ante la mirada impotente del gobierno local, maniatado por un estatus colonial que incluso le impide declararse en bancarrota.

Puerto Rico debe 72.200 millones de dólares, equivalente al 105% de su PIB y algo menos que los 86.000 que podría costar el tercer rescate a Grecia. Su constitución, diseñada bajo la atenta mirada de Estados Unidos, es una camisa de fuerza que prioriza el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto. Esta particularidad representa un serio riesgo en un territorio que importa el 87% de los alimentos que consume y que lleva nueve años en recesión.

El 28 de junio Grecia anunció el temido "corralito" tras la decisión del Banco Central Europeo de racionarle la liquidez de emergencia. Ese mismo día, al otro lado del charco, el New York Times publicaba un titular que pasó desapercibido: "El gobernador de Puerto Rico dice que la deuda de la isla es ‘impagable’".

Durante la entrevista el gobernador Alejandro García Padilla declaró que "la deuda es impagable, no hay más opción (...) no se trata de política, sino de matemáticas". Desde febrero Moody’s, Standard&Poor’s y otras agencias del cártel de calificadoras mantienen la deuda de la isla en la categoría de bono basura.

La economía puertorriqueña no puede seguir nadando pero no tiene permiso para ahogarse. Las turbulencias de 2008 la golpearon en el peor momento y, al igual que en Grecia, siguen erosionando sus ya de por sí débiles indicadores sociales y económicos. Los tratados de libre comercio entre Estados Unidos y sus vecinos desplazaron la industria de Puerto Rico hacia República Dominicana, México y otros países de la región, elevando el desempleo hasta el 13%, más del doble que en la metrópoli. La isla se aprieta el cinturón pero mantiene un déficit estructural del 3,5%.

Al igual que en Grecia, las políticas de austeridad aceleraron el éxodo en la isla caribeña. Entre 2010 y 2013 unos 144.000 puertorriqueños emigraron a Estados Unidos, donde esta comunidad ya asciende a 4,7 millones de personas, mientras que solo 3,6 millones siguen en la isla. Se calcula que entre 2006 y 2011 la emigración hacia el país vecino arrebató el equivalente a un cuarto del PIB de Puerto Rico. El 45% de las familias que permanecen en la isla vive bajo el umbral de la pobreza.

"Una primera alternativa sería declarar una moratoria de pago unilateral que permita auditar la deuda (...) las deudas maliciosas deben declararse nulas y las demás deben ser renegociadas", explica Frederick Cortés, puertorriqueño y militante de la Federación de Estudiantes de Trabajo Social. Cortés también denuncia el drama de los más de 8.000 desahucios de los dos últimos años, la profunda precarización laboral y la salvaje privatización del sistema sanitario.

Puerto Rico no puede acogerse a la Ley de Quiebras de Estados Unidos, por lo que sus empresas públicas no pueden reestructurar el pago de la deuda. Tras varios golpes contra la pared de una soberanía limitada, el gobierno puertorriqueño contrató a Anne Krugger para salir del atolladero. La ex dirigente del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional elaboró un recetario de lo más original: eliminar el salario mínimo de 5,08 dólares por hora, facilitar los despidos, subir los impuestos al consumo, recortar subsidios sanitarios y educativos, despedir profesores y otras perlas con sabor a troika.

La más pequeña de las Antillas españolas no está autorizada a negociar ayuda con los organismos financieros internacionales, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo. Tampoco puede pedir ayuda a instituciones como la FAO o el PNUD, ni entrar en organismos regionales como la CELAC, Petrocaribe o la Organización de los Estados Americanos. Sin embargo el gobierno local sí puede cambiar la ley para transformar la isla en paraíso fiscal. De hecho, ya lo ha hecho: 0% de impuestos sobre dividendos y ganancias de capital para atraer a millonarios.

Tal y como sucede a Grecia con el euro, Puerto Rico no puede devaluar el dólar. Desde Washington hacen oídos sordos a los problemas de su colonia caribeña, destino playero de mojitos baratos y cuna de estrellas del pop. Muchos analistas ven en este desaire el miedo del Congreso estadounidense a que un impago de la isla dispare el precio de financiación de ciudades en bancarrota como Detroit.

Otro factor clave está en el lado de los acreedores: la deuda de Puerto Rico está en manos de fondos de inversión estadounidenses. "Los poseedores de deuda tienen muchísima influencia en el gobierno local y federal", explica Cortés, quien cita como ejemplo al Comité Asesor para la Reestructuración Económica y Fiscal, entidad creada por el gobierno anterior y compuesta por ejecutivos bancarios e industriales que puso en marcha las privatizaciones y recortes en derechos sociales.

Los guiños de Grecia a Rusia y China pusieron presión del lado de los acreedores. Puerto Rico no tiene permiso para coquetear en la arena geopolítica y, para más inri, las tensiones de la Guerra Fría se han diluido en el Caribe y Cuba ya tiene embajada en Washington.

Tal y como dijo el puertorriqueño Rubén Berríos, histórico líder independentista, "si el colonialismo es el problema, no puede ser la solución".