Algo apesta en el PP valenciano. La formación que preside Francisco Camps se ha convertido en protagonista de sucesivos escándalos de corrupción. El más reciente saltó a la luz el miércoles, y está relacionado con una contrata de basura de casi 200 millones de euros adjudicada de manera presuntamente irregular en Alicante. La dirección nacional del PP se aferra a cierta confusión inicial que se produjo en torno al operativo policial –con la detención durante 12 horas del presidente de la diputación provincial, José Joaquín Ripoll– para intentar desvirtuar toda la investigación. En esa estrategia todo vale, incluso insultar a la fiscalía y a la policía con la afirmación de que ambas instituciones actúan en el marco de una campaña política contra los conservadores pilotada por el ministro Rubalcaba. De nada sirve que el propio Tribunal Superior de Valencia señale que el operativo ha sido legal. Como ya demostró en el caso Gürtel, el PP entiende muy poco de responsabilidad política cuando se enfrenta a la acción de la Justicia, a la que tanto dice respetar.

Mientras tanto, el líder del PP, Mariano Rajoy, guarda silencio. En ocasiones anteriores ha elogiado al presidente valenciano, Camps, y calificado de "ciudadano ejemplar" al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Es evidente que Rajoy tiene una enorme deuda de gratitud con el PP valenciano, cuyo apoyo fue decisivo en su momento de máxima debilidad. Pero lo que constituyó entonces una tabla de salvación, hoy se ha convertido en una losa que afecta gravemente al proyecto político del líder conservador.