Uno de los grandes desafíos que afrontan las sociedades modernas lo constituye la velocidad impresionante con que evoluciona la tecnología de las comunicaciones. Se asume, con razón, que una sociedad tiende a ser más libre cuanto mayor y más rápido sea su acceso a la información, sobre todo cuando esa información es bastante plural y de alta calidad. Las democracias, a diferencia de los regímenes totalitarios, no deben temer la libertad informativa, que, en últimas, no es más que una prolongación más o menos sofisticada de la libertad elemental de expresión. Sin embargo, los estados están en la obligación de velar por que el desarrollo vertiginoso de las herramientas de la comunicación no escape a todo control y arrase a su paso derechos fundamentales de los ciudadanos.

En ese sentido, resulta de suma trascendencia la decisión de un juzgado de Madrid de citar como imputada a Google por entender que, con su programa Street View –filmación permanente de las calles de la ciudad mediante una flotilla de coches dotados de equipos de alta tecnología–, la todopoderosa compañía habría interceptado y grabado de manera presuntamente ilegal datos de usuarios de WiFi. La importancia de la citación judicial es aún mayor si se considera que Google acapara el 90% del mercado de búsquedas por internet en España. Google alega que cometió un error y ha expresado su voluntad de cooperar con la Justicia. Sea cual fuere el desenlace de este caso concreto, lo que cabe esperar es que genere una reflexión de fondo sobre las libertades y los derechos en un mundo en transformación.