El etarra Antonio Troitiño, sentenciado a casi 3.000 años de prisión por 22 asesinatos, fue puesto en libertad hace ocho días por la Audiencia Nacional tras cumplir 24 años de condena. A Troitiño se le aplicó en el juicio el entonces vigente Código Penal de 1973, que establecía un tope en la cárcel de 30 años, y salió antes de ese plazo porque consiguió, invocando una doctrina del Tribunal Constitucional, que le reconocieran en el cómputo los ocho años que estuvo en prisión preventiva. Ahora, la misma sala de la Audiencia que lo puso en libertad ha solicitado su detención con el evidente objetivo de revisar la decisión, después de que el Tribunal Supremo utilizara, en otro proceso, un criterio distinto de cómputo. La Justicia debería dirimir con serenidad este enredo de doctrinas y jurisprudencias, sin dejarse influir por un clima de indignación que, siendo comprensible en los familiares de las víctimas, es irresponsablemente atizado por la derecha política y mediática en su ofensiva contra el Gobierno. La estrategia ha llegado al extremo delirante de que dirigentes conservadores culpaban ayer al Ejecutivo de la fuga de Troitiño por no haberlo "controlado" tras recuperar su condición de ciudadano libre, pese a que ello supondría una vulneración de derechos fundamentales.

Troitiño ha estado encerrado 24 años, que no son pocos, aunque para los familiares de las víctimas, por supuesto, nunca serán suficientes. Si la Audiencia decide prolongar su condena, que lo haga, pero con fundamento jurídico y no para aplacar el "clamor popular" del PP. En juego están la fortaleza y la credibilidad del Estado de derecho.