En una terrible crisis económica como la actual, en la que los contribuyentes están pagando por los desafueros y latrocinios de los tiburones financieros, sería lógico que los bancos con posibilidades de necesitar nuevas ayudas públicas suspendieran los pagos de jugosos bonus y de dividendos a sus ejecutivos y accionistas. No sólo por la propia necesidad del banco de aumentar sus recursos propios, sino por el elemental principio ético de que no es ejemplar ordeñar las arcas de una empresa al tiempo que se pide auxilio a los demás para sacarla a flote. Pues bien, eso que sería lógico para cualquier mortal no lo es en el mundo financiero; de otro modo, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, no habría tenido que exigirlo ayer en una intervención ante el Parlamento Europeo. Cada día saltan nuevos escándalos de entidades financieras receptoras de ayudas públicas que han pagado –y siguen pagando– jugosos premios a los mismos ejecutivos que las han hundido o que reparten como si nada beneficios entre sus accionistas sin esperar a sortear antes sus serios problemas de liquidez. Cabe esperar que la petición de Barroso sea debidamente atendida, sobre todo en un momento en que se intensifican las dudas sobre la salud real del sistema financiero europeo y la UE se apresta a aumentar la exigencia de solvencia de los bancos. La idea es que las entidades que no pasen la prueba busquen capital en los mercados internacionales, pero ya se sabe que, las que no lo consigan, deberán recurrir a la ayuda pública. Y, por eso, es más que justo exigir un freno a los bonus y los dividendos.