Desde abril pasado, autobuses interurbanos de la Empresa Metropolitana de Transportes (EMT) de Valencia han estado exhibiendo enormes anuncios de prostíbulos, en virtud de un acuerdo comercial con una empresa privada de publicidad. Sólo después de que Público desvelara ayer tal situación, la Agencia Valenciana de Movilidad –institución dependiente de la Generalitat– anunció la retirada "inmediata" de los carteles. Eso sí, tras unos titubeos iniciales, ya que la consellera d’Infraestructures había dicho a primera hora que, si bien encontraba dicha publicidad "poco ética", no se podía rescindir un contrato "así como así". Resulta llamativo que los anuncios hayan circulado durante seis largos meses sin que se hubiese producido reacción alguna por parte de responsables administrativos o políticos, lo que sólo se puede interpretar de dos maneras: o que les parecía normal que se airease la prostitución en bienes públicos o que estén tan alejados de la calle que no hubiesen visto los anuncios. La decisión de retirar los carteles es, sin duda, positiva, pero resulta insuficiente mientras no se aclaren las circunstancias en que se realizó el contrato y no se asuman responsabilidades. En 2009, la Unión de Ateos y Librepensadores quiso colocar unos anuncios en autobuses de la EMT (en aquel caso, de recorrido municipal) con el lema "Probablemente Dios no exista. Deja de preocuparte y disfruta de la vida", y el Ayuntamiento lo impidió de manera expeditiva, por razones claramente ideológicas. ¿Por qué la Generalitat no ha exhibido tal celo preventivo ahora, cuando sí se echaba en falta por tratarse de anuncios ofensivos contra la dignidad de la mujer?