RICARD VINYES 
Hablo de algo que ocurrió hace una década, en Berlín, la ciudad que condensa la memoria del siglo XX y su historia, la ciudad que trabaja con ella, la ciudad simbólica, la ciudad conflicto. En esa ciudad, la mañana del segundo día de septiembre fue distinto; 104 máquinas de lavar ropa ocupaban la Berliner Schlossplatz, el escenario urbano más emblemático del antiguo imperio. Estaban ordenadas en líneas y distancias bien trazadas y su chapa esmaltada en blanco relucía con tanta fuerza que dañaba la vista.
Se trataba de la instalación que los artistas Filomeno Fusco y Victor Kegli efectuaron para conmemorar dos eventos históricos que las autoridades querían enlazar en una misma apoteosis nacional: la victoria de Sedan, acontecida el 2 de septiembre de 1870, y la reunificación aprobada el 3 de octubre de 1990. Para celebrarlo, Fusco y Kegli propusieron a los berlineses lavar la ropa sucia en público, pues según dijeron, les habían lavado la historia. Ofrecían detergente gratis, e instalaron cuerdas para tender la colada, cuyo trazado reproducía los arcos del antiguo palacio de los Hohenzollern.
Hubo revuelo desde el primer día. Filomeno Fusco declaró: “Los monumentos habituales son lugares muertos. Las gentes se plantan delante y se acabó. Nosotros hemos creado un monumento donde la gente está activa: lavan lo suyo, se encuentran, discuten…”. El corresponsal de Libération escribió: “Muchos alemanes del Este aprovechan la acción para lavar su amargura”; y una transeúnte grabó su voz para decir que “efectivamente, toda nuestra historia ha sido puesta en remojo, lavada y escurrida. Desde hace diez años, no se hace más que demoler, arrinconar y borrar las huellas de la antigua RDA para hacer como si jamás hubiera existido”. Ante el reproche de que aquellos electrodomésticos, con su volumen y alineación, se inspiraban en el proyecto del Memorial del Holocausto, Kegli y Fosco respondieron con una de las más atrevidas declaraciones que podían hacerse ayer y hoy en Europa, “… nuestro monumento habla del proceso de lavado de la historia de Alemania –no sólo de la RDA–; el monumento de Peter
Eisenman visibiliza lo único que puede hacerse visible porque es políticamente correcto hoy: las víctimas del Holocausto”. Lo incorrecto era la historia completa del país, su imagen identitaria y su expresión simbólica, todo ello fue motivo de un profundo conflicto.
El texto urbano de una ciudad es un paisaje de nombres y piezas con el que ofrece un relato para ser descifrado, propone lugares de encuentro (de identidad) y encrucijadas (es decir, conflictos). En los años de la RDA, la aparición de un texto urbano que reivindicaba las tradiciones democráticas e igualitarias universales se producía en un país que vulneraba los derechos de las personas, levantaba un muro humillante (denominado “antifascista”) y estimulaba que medio país persiguiese al otro medio. Por lo que durante la unificación fue sencillo ocultar que el antifascismo no era identificable con el mito obsceno elaborado por el partido en el poder de la RDA, que al fin y al cabo había destruido su valor.
En 1990, el Senado nombró una comisión presidida por Hedwig Haase (CDU), con el fin de crear un nuevo texto para la ciudad, y bien pronto redactó un informe sobre sus criterios de actuación. En el prólogo afirmaba: “La comisión ha partido del principio de que la segunda democracia alemana no tiene razón alguna para rendir homenaje a los hombres y mujeres políticos que han cooperado en la destrucción de la primera democracia [la de Weimar]. La misma razón sirve para los hombres y mujeres políticos que, después de 1933, han combatido una dictadura totalitaria, la de los nacionalsocialistas, para reemplazarla por otra dictadura idéntica, la de los comunistas”.
La población aplaudió la retirada de nombres y monumentos a estalinistas evidentes, pero expresó abundantes quejas, por ejemplo cuando Clara Zetkin dio paso a la princesa Dorotea. Era evidente que la operación aprovechaba la reducción histórica de los hechos para desarticular y deslegitimar las expresiones simbólicas del patrimonio democrático alemán, sus movimientos sociales, dislocar la identidad de los procesos de democratización e identificar democracia con la tradición liberal de orden y autoritarismo.
Ante las quejas, el senador Haase se impuso con una afirmación contundente: “La conciencia histórica de los habitantes de los barrios del Este ha sido tan influenciada y marcada por la política parcial de la RDA que hoy no tienen capacidad para juzgar”.
Además, la comisión asumió un discurso importante en la historiografía alemana; Arnulf Baring, miembro de la comisión, era su voz representativa, y su idea central sostenía que en 1948 los aliados habían utilizado el horror de
Auschwitz como instrumento de chantaje a los alemanes para hacerles aceptar más fácilmente la división territorial como un castigo que impidiese su desarrollo normal. “Normalidad” significaba que la RDA no era historia de Alemania, era un paréntesis que hacía sonrojar a su país mucho más que el Holocausto. Saltar por encima de aquellos 40 años y retomar el pasado de Weimar y el Imperio. Se trataba de eso. La Cámara de Diputados del Berlín unificado dejó bien claro lo que debía hacerse en una nota hecha pública en junio de 1992: “Cuando un sistema de Gobierno se disuelve o se revoca, sus monumentos –al menos los que sirven para legitimar y mantener su proyecto y objetivo– no tienen razón de ser”. Más claro el agua, aunque no siempre sucede así, lo sabemos en España.
El 3 de octubre de 2000, al finalizar la exposición, las lavadoras fueron vendidas en pública subasta. No quedó una. Fue el mejor momento, el triunfo de la metáfora. Algo así como sacar la lengua un palmo entre los dientes.
Ricard Vinyes es historiador.
Ilustración de Miguel Gallardo
MABEL BUSTELO
Hoy se conmemora el 65º aniversario del bombardeo nuclear sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Pocos minutos después de las ocho de la mañana, el bombardero militar estadounidense Enola Gay dejaba caer una bomba de uranio enriquecido de cuatro toneladas de peso, que detonó a 600 metros de altura y envolvió la ciudad en una lluvia de fuego. Tres días después le tocaría a Nagasaki, sobre la que se arrojó una bomba de plutonio. Eran los días finales de la Segunda Guerra Mundial, y EEUU quería asegurarse de que todo el mundo recibía el mensaje sobre quién emergía como la auténtica potencia política y militar dominante en el mundo de la posguerra.
Se calcula que unas 250.000 personas murieron como consecuencia de estos bombardeos. Muchos lo hicieron de inmediato debido a las altísimas temperaturas. En Hiroshima se produjo el fenómeno de las sombras muerte: personas que literalmente se volatilizaron como consecuencia del calor abrasador. Quedaron reducidas a polvo y sus sombras se dibujaron sobre las calles y casas. Todos los años, los habitantes de la ciudad dibujan de nuevo aquellas sombras, para conmemorar la memoria de los fallecidos.
Muchos de los que aparentemente resultaron ilesos comenzaron después a sufrir alteraciones graves de salud como síndrome agudo de radiación, disminución extrema de glóbulos blancos, diarreas o hematomas. Los supervivientes, que se llaman a sí mismos hibakusha, están en muchos casos afectados por anemia crónica, tumores malignos y trastornos psíquicos.
En este año 2010 la conmemoración tiene un carácter especial. Por primera vez, un alto representante de EEUU (su embajador) asiste a los actos conmemorativos. También acude el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Pero este aniversario debería servir para algo más que para la reconciliación sobre el pasado. Debería ser un recordatorio del peligro, actual y muy real, que suponen las armas nucleares para nuestro planeta y para el futuro de la humanidad.
Según el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), ocho países con capacidad nuclear cuentan con 22.000 cabezas nucleares, de las cuales más de 7.500 son armas operativas. Se trata de EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia, China (las cinco potencias atómicas reconocidas por el Tratado de No Proliferación, TNP), y de India, Pakistán e Israel. Varios de estos países han anunciado iniciativas para modernizar y diversificar sus arsenales. En Reino Unido, por ejemplo, se debate el reemplazo de los submarinos nucleares Trident. Es decir, que aunque muchos puedan pensar que las armas nucleares son algo de la Guerra Fría, un asunto olvidado y del pasado, nada más lejos de la realidad.
Este año se han producido varias iniciativas relativas al peligro nuclear. En abril, EEUU y Rusia firmaron en Praga un tratado de reducción de armamento. Ambos países se comprometen a reducir sus arsenales en casi un tercio, en torno a unas 1.550 cabezas cada uno, así como a limitar el número de lanzadores (se trata de armamento desplegado, no del arsenal almacenado). En mayo tuvo lugar la Conferencia de Revisión del TNP, que concluyó con un documento de consenso entre los casi 190 países participantes. Aunque se trata de un texto débil, hay una referencia importante, ya que se rescata la idea de crear una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio. La fecha para la primera conferencia destinada a ese fin se fijó para 2012.
Son iniciativas destacables, aunque sin duda insuficientes y con un impacto potencial sobre la situación global limitado. El peligro que suponen las armas nucleares requiere ser abordado con mayor decisión y audacia y actuando en varias vías paralelas. Los países más poderosos están haciendo un esfuerzo para evitar que Irán pueda hacerse con un programa atómico y eventualmente con el arma nuclear. Esto contrasta con su tolerancia con los programas atómicos de India y Pakistán (que son miembros del Tratado y, por tanto, lo han incumplido), o con el de Israel (que ni siquiera ha firmado el Tratado). A su vez, las cinco potencias nucleares reconocidas deben, en virtud del mismo Tratado, dar pasos decididos hacia el desarme, algo que tampoco están haciendo. Estos dobles raseros minan toda posible credibilidad.
Hoy se habla con insistencia del terrorismo y del peligro que supone para la seguridad internacional. También de la posibilidad de que eventualmente grupos terroristas pudieran obtener (y utilizar) armamento no convencional. Con un mercado negro de armamento floreciente y en auge a nivel internacional, es aterrador pensar en la posibilidad de que los materiales para fabricar una bomba sucia cayeran en manos de grupos terroristas. Pero también lo es pensar que un accidente, un error humano o un problema en una negociación pudieran dar lugar a la detonación de una bomba. Las armas nucleares son uno de los peligros existenciales a los que se enfrenta la humanidad y su eliminación debe ser una prioridad desde ahora mismo y para las generaciones venideras.
Mabel Bustelo es responsable de Desarme de Greenpeace
Ilustración de Iker Ayestaran
RICARD VINYES
Ocurrió a media tarde de un día laborable, cuando un paseo me llevó junto a la iglesia de la Purísima Concepción, ubicada en el encuentro de las calles de Aragó y Roger de Llúria del ensanche de mi ciudad. Crucé la entrada para ver de nuevo su hermoso claustro gótico, dos galerías superpuestas de arcos sostenidos en finas columnas rodeando un jardín cuidado y quieto con acceso a la iglesia, de donde procedía una voz. Entré, y en la penumbra fresca del templo oí a un sacerdote que relataba al público los detalles de la persecución de católicos durante la Guerra Civil. Daba nombres, y contaba martirios. Me senté, y escuché una afirmación importante: “Es muy grave que se quiera silenciar lo que nos sucedió, y sólo podamos hablar de lo que pasó en un bando”. Prosiguió el relato y de tanto en tanto regresaba a la misma frase. La anoté, por eso puedo escribirla hoy.
Crecí a 500 metros de aquella iglesia y nada de lo que oía era nuevo para mí. Pasé la niñez y la adolescencia escuchando relatos vecinales sobre sacerdotes escondidos o diezmados, franquistas fugitivos y reuniones clandestinas de la quinta columna. Supe –como tantos niños de mi barrio y escuela–, los destrozos ocasionados en aquella iglesia, en las Salesas y en tantas otras. Heredé las historias de persecución, checas, violaciones domiciliarias y asesinatos bajo el orden republicano porque estaban presentes en la calle, púlpitos, librerías o cines, de manera ostentosa, con honor y gratificación. Cualquiera, en los años sesenta, conoció los desmanes republicanos hasta el empacho. Sentado en aquel templo escuchaba cómo se construye la invención de un silencio que el tiempo y el interés convierten en lugar común.
Es una lástima que no existan todavía hoy investigaciones solventes sobre la represión republicana. Los libros publicados en la dictadura no sirven, porque carecen del rigor mínimo. Los que están apareciendo en los últimos cinco o seis años resultan decepcionantes: sus autores se limitan a reproducir la Causa General sin ningún tipo de contraste ni aparato crítico. Tan sólo un libro publicado en la lejana fecha de 1961 –con varias reimpresiones, la última en 2000–, y firmado por monseñor Antonio Montero Moreno, constituye una obra sólida y rigurosa.
Pero ese es sólo un aspecto del problema. El otro procede de tratar los déficits ciertos de las garantías constitucionales y derechos civiles republicanos con una perspectiva anacrónica y ahistórica al establecer una llamativa exigencia de perfección constitucional y democrática a la Segunda República, prescindiendo de la realidad de las otras democracias occidentales. Se obvia que las guerras, la Primera o la Segunda mundiales, y sin duda las derivadas de los procesos de descolonización, siempre han modificado y convulsionado las prácticas constitucionales de las democracias consolidadas, expresando sus fallos en la vulneración de derechos. Gran Bretaña, Bélgica, EEUU, Francia… limitaron los derechos constitucionales y modificaron sus procedimientos judiciales, y muchos ciudadanos fueron encarcelados en nombre de la guerra. Si los quebrantos constitucionales de la República no se comparan con las prácticas de las otras democracias en situación de guerra, no sólo el anacronismo resulta evidente, también su idealización y consiguiente manipulación. Así, se prescinde o minimiza que desde mediados de 1937, el Gobierno de la República y el de Catalunya –donde se albergaba el primero– incrementaron el proceso de corrección de los fallos derivados de un Estado en guerra que necesitaba defenderse, como cualquier otro Estado democrático, de las agresiones del fascismo y la reacción conservadora, española o extranjera. Y debía hacerlo, también, utilizando sus servicios de inteligencia y corrigiendo sus excesos. Unas correcciones efectuadas en pleno proceso de degradación democrática derivada del mal signo de la guerra, de la consiguiente inestabilidad política y de la creciente falta de recursos y alimentos. Tanto el Gobierno de la República como el de Catalunya coincidían en el reto de restaurar la autoridad política y los derechos civiles que la dinámica de la guerra habían deteriorado. Un camino que Negrín había iniciado con determinación, y que conllevaba la restauración de la libertad religiosa, puesto que su ausencia era considerada como un defecto ético y político, por lo que ambos gobiernos promovieron un proceso gradual del restablecimiento del culto.
Fue en el primero de julio de 1937 cuando todos los obispos –excepto dos– firmaron la epístola que declaraba el golpe de Estado y la guerra teológicamente justificadas, y reclamaba la aniquilación de la República y sus defensores. Esa actitud de la Iglesia aconsejaba a los dirigentes republicanos tener prudencia en el proceso de normalización del culto. Además, la jerarquía católica siempre se opuso a la normalización religiosa, convencida de que la situación de ilegalidad tensaba la situación creando un martirologio que consolidaba la desafección a la República. Ese es el motivo por el cual el vicario capitular de Barcelona, monseñor Torrents, máxima autoridad eclesiástica de la ciudad, se opuso siempre al restablecimiento de la normalidad religiosa amenazando con retirar la licencia a aquellos sacerdotes que aceptasen celebrar actos públicos de culto católico, por lo que cabe preguntarse el grado de responsabilidad de la jerarquía eclesiástica en la persecución de sus propios creyentes. Algo que sí está en silencio.
Ricard Vinyes es historiador
Ilustración de Enric Jardí
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
Tras la presentación del escrito de defensa del magistrado Baltasar Garzón, y la reciente actividad en nuestros altos tribunales, propondría un alto para reflexionar sobre algunas de las cosas que se han escuchado en todo este tiempo. Sea, al menos, para tratar de conjurar la vieja máxima de Goebbels sobre la verdad y las mentiras.
Probablemente una de las más extendidas correspondería a que Garzón, al rechazar en 1998 la querella por los crímenes de Paracuellos, sostuvo lo contrario que al declararse competente, en 2008, en la conocida como “causa de la Memoria Histórica”. Desde luego, sería este un argumento prácticamente definitivo, y también así se pretendía esgrimir en el impresentable (en sentido literal, según el magistrado Varela) escrito de acusación de Falange Española. El único inconveniente es que basta con leer aquel auto de 16 de diciembre de 1998 para comprobar que Garzón nunca afirmó que tales crímenes estuvieran prescritos o cubiertos por la Ley de Amnistía; en otros términos, jamás mantuvo lo contrario a lo que defendió en 2008. El interrogante habría de ser entonces si aquellas personas que así opinan, bien nunca han leído los textos que citan, bien, habiéndolo hecho, prefieren compartirnos un buen titular para calentar a la grada.
Hablando de procedimientos judiciales, tampoco se quedan mancos aquellos que al hilo de la causa contra Garzón valoran especialmente el auto que dio el impulso definitivo al proceso, el del 3 de febrero, como “impecable”. No pocos conocimientos jurídicos se han de poseer para manifestarse con tal rotundidad; aunque ciertamente a esta postura se han sumado defensores como los del represor argentino y asesino convicto Adolfo Scilingo. Y así que su defensa presentara, el 3 de mayo, un escrito instando la nulidad de actuaciones, en contra de la sentencia que le condenó del mismo Tribunal Supremo, además de querellarse contra varios de sus magistrados, basándose en “la misma tesis del magistrado instructor de la causa especial contra Baltasar Garzón, y por los mismos delitos”.
Mencionamos antes la Ley de Amnistía de 1977, y sobre ella convendría detenernos también un instante. Resumamos uno de los postulados más reiterados: en caso alguno puede considerarse esta una ley de punto final al estilo argentino, pues la española fue aprobada por un Parlamento democrático, y fue además una exigencia de “las fuerzas de izquierdas” en la Transición. Ahora bien, de un lado, las leyes argentinas de amnistía fueron igualmente aprobadas por un Parlamento elegido democráticamente. Del otro, lo que se presenta como una “exigencia de la izquierda” no fue amnistiar a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante el franquismo. Finalmente, lo que yo diría que está en discusión no es todo esto, sino su legalidad (interna e internacional). Aunque en este punto tampoco es extraño escuchar que precisamente al responder a la voluntad del legislador, o de la sociedad a la que este representa(ba), tales valoraciones están fuera de lugar aquí. Si bien, lo que sí debería resultar extraño es que muchos de los que así opinan no pestañeen al mantener que resulta, ahora sí, intolerable que se sostenga que otras leyes aprobadas por nuestro Poder Legislativo están al margen de ese mismo control jurisdiccional; sin ir más lejos, el Estatut de Catalunya, que hoy vuelve a las portadas.
Tampoco son desdeñables los planteamientos que vendrían a sostener, en cascada, que lo relativo a la Memoria Histórica no es más que una cortina de humo, que el Gobierno tiene cosas más importantes que atender, que no hacía falta ninguna Ley de Memoria Histórica, o que nadie discute que los familiares-víctimas busquen los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, pero que esto ya se hacía adecuadamente tiempo atrás. Apuntemos un par de ideas: de salida, la cortina debería servir para ocultar el todo y la nada, pues el Ejecutivo vendría extendiéndola desde fines de 2006. Un Ejecutivo que sin duda habría de reducirse radicalmente, pues sólo tendría que dedicar su tiempo a una o dos “cuestiones” en cada momento. Sin olvidar que lo que ahora se presenta como algo que nadie discute desde luego fue objeto de gran polémica durante la tramitación de aquella ley. Y hoy se torna en discutir la opinión de los familiares-víctimas, que en caso alguno comparten que las exhumaciones se estuvieran realizando de forma adecuada desde hace tiempo. Aun más, no es precisamente satisfacción generalizada lo que impera entre estas personas en cuanto al contenido de esta ley; lo que no obsta para que se siga proclamando que aquella medida no fue más que algo “revanchista y sólo diseñado para contentar a esos colectivos” (sic).
Con todo, el argumento central en el que suelen descansar muchos de estos planteamientos vendría a sostener que, en este ámbito, es temerario e inaceptable poner en duda lo hecho en la última Transición democrática en España. Entre otras cosas, deslumbra que los mismos que así piensan suelen tener a su vez una posición sensiblemente distinta respecto a otros aspectos, hijos también de aquellos años. De tal suerte que, a la postre, el razonamiento podría resumirse así: en cuanto al pasado franquista, disentir de que lo decidido durante la Transición fue lo óptimo, y no, si se quiere, lo posible en aquellas circunstancias, de tal forma que modificadas estas, deben tomarse medidas que corrijan los defectos o deficiencias de entonces, resulta un ataque devastador a nuestra democracia. Dicho lo cual, cabe exigir una modificación sustancial del sistema electoral o de la estructura territorial del Estado, por el bien de esa misma democracia. Y aquí paz y después gloria.
Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM
Ilustración de Mikel Casal
VICENÇ NAVARRO
Las instituciones que llevaron a cabo la enorme represión durante la dictadura, que el golpe militar de 1936 impuso a las distintas naciones y pueblos de España, fueron el Ejército, la Falange (el partido fascista), la Policía Nacional, la Iglesia y muchos sectores de la judicatura y, muy en especial, el Tribunal del Orden Público (TOP). Mientras que se ha criticado mucho el papel represivo que el Ejército, la Iglesia, la Falange y la Policía Nacional tuvieron durante la dictadura, poco se han examinado estos aspectos del sistema judicial, lo cual es sorprendente, puesto que estos sectores –y muy en particular el TOP– eran los que sostenían la dimensión represiva de aquel régimen dictatorial. El sistema judicial de la dictadura se basó, en gran parte, en la eliminación y expulsión de los jueces que habían permanecido fieles a la República, siendo condición para su permanencia mostrar apoyo al régimen, de la gestión de cuyas leyes se encargaban los jueces. Tal como señalaba la Escuela Judicial (donde se formaban los jueces), estos “eran la milicia del Derecho siempre dispuesta e identificada con los firmes ideales del Estado Nacional, que el Caudillo está construyendo”.
La represión durante aquel régimen tuvo dos periodos. El primero, inmediatamente después de la victoria del golpe militar, fue protagonizado primordialmente por el Ejército y por la Falange, hecho bien documentado en la historiografía crítica que se ha publicado durante la democracia. En la segunda etapa, una vez ya consolidada la dictadura, el sistema judicial, junto con la Policía, fue el responsable de mantener el orden dictatorial. Fue durante 1962, año en el que el régimen fascista declaró dos veces el Estado de excepción para reprimir las movilizaciones obreras que se iban extendiendo por España, cuando se pensó en establecer el TOP, continuador de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, de la Masonería y del Comunismo. Se estableció así, en 1963, el Tribunal de Orden Público, cuyas actividades y recursos aumentaron a medida que la resistencia contra la dictadura se fue incrementando.
Un instrumento al servicio del TOP era la policía política, conocida como la Brigada Político Social (BPS), que era temida y odiada por las fuerzas opositoras al régimen por su función represora y por la brutalidad de sus métodos. La etapa más activa del TOP tuvo lugar en el periodo 1974-1976, en que se tramitaron 13.010 procedimientos, incrementándose su número a medida que aumentaba la oposición a aquel régimen –ver El TOP. La represión de la libertad (1963-1977), de Juan José del Águila–. Estos procedimientos iban frecuentemente precedidos por detenciones de la BPS, en las que la tortura era sistemáticamente aplicada en las sedes policiales, realidad que era ampliamente conocida por el Tribunal de Orden Público. Tal tribunal era plenamente consciente de las torturas, y demostraba, con su silencio y aquiescencia, su complicidad con tales prácticas. No hubo investigaciones ni denuncias de tales prácticas por parte de ningún juez durante la dictadura.
El TOP se transformó en la Audiencia Nacional el 5 de enero de 1977, coincidiendo con la publicación de la Ley de Reforma Política. La Audiencia Nacional, continuadora del TOP, pasaba a ser el tribunal para la defensa del Estado, una función que en la mayoría de sistemas democráticos carece de homologación. La Audiencia Nacional nunca criticó la labor nefasta del TOP, y nunca se ha distinguido por asistir a las víctimas de la represión de aquel régimen dictatorial. De ahí que el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo cuestionara, con razón, el auto del juez Varela en el que se hacía la asombrosa declaración de que la labor de los jueces a favor de las víctimas de la dictadura había sido encomiable. Todo lo contrario: la mayoría de la judicatura mostró siempre una enorme pasividad ante los conocidos atropellos realizados por la Policía Nacional y por la Brigada Político Social. Tales jueces nunca investigaron o denunciaron las detenciones, torturas y asesinatos de la Brigada Político Social; nunca honraron u homenajearon a los jueces que fueron asesinados o expulsados por su lealtad a la República; nunca juzgaron a los jueces del TOP; y la gran mayoría no ha hecho nada para ayudar a las familias de los asesinados desaparecidos a encontrar sus cuerpos y darles la sepultura y el homenaje debidos.
En realidad, un objetivo del enjuiciamiento de Garzón es parar las investigaciones sobre el paradero de los desaparecidos, y la muestra de esto está en que la gran mayoría de jueces asignados para encontrar a los desaparecidos ha dejado de hacerlo. Y ello a pesar de la demanda explícita, en las leyes que el Estado español ha firmado en tratados internacionales, que instruyen al Estado a buscar los desaparecidos y a encontrar a los responsables de sus asesinatos. Y ahora, tal “labor encomiable” de los jueces incluye el proceso al único juez, el juez Garzón, que ha intentado ayudar a las víctimas a enjuiciar los asesinatos ocurridos durante la dictadura, a propuesta del partido fascista, la Falange, heredero de los responsables de aquella enorme represión. Y que tienen ahora la osadía (por llamarlo de una manera amable) de pedir respeto para las instituciones que representan y piden que no se les critique.
En realidad, tal como muestra el rechazo unánime de la prensa internacional a su comportamiento, son ellos los que están desacreditando todavía más la institución a la que sirven. Tales jueces debieran saber que en Alemania, que sufrió un régimen parecido, la Falange estaría prohibida y los jueces del TOP habrían terminado en la cárcel. Y que algunos de los jueces del Tribunal Supremo, que han declarado su simpatía y comprensión hacia el golpe militar, promoviendo los trabajos del mayor apologista de aquel golpe, serían expulsados del cuerpo judicial.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
FÉLIX POBLACIÓN
Supe de la vigencia del antiguo Partido Comunista de Palestina, hoy Partido Comunista de Israel, gracias al filme de Eran Torbiner Madrid before Hanita, presentado hace un par de años en España por la Fundación Sindical de Estudios. El documental es una crónica de la lucha contra el fascismo de 300 judíos comunistas, provenientes de Palestina e integrados en las Brigadas Internacionales (BI) que apoyaron a la República durante la Guerra Civil. La película incluye entrevistas con los últimos supervivientes, así como extractos de sus cartas y diarios durante el conflicto. También, las polémicas que a la hora de alistarse tuvieron con los líderes sionistas y los camaradas de su propio partido, incapaces de comprender la incumbencia de intervenir en una contienda tan lejana.
En conjunto fueron entre 6.000 y 8.000 los judíos de diversas nacionalidades los que participaron en la lucha contra el alzamiento militar de Franco. Dado el contingente de integrantes, uno de los mayores registrados en las BI, me sorprendió hasta cierto punto que el director Torbiner expusiera como razón fundamental para rodar la película el desconocimiento que había en su país de ese capítulo de su memoria histórica, común en este caso con la nuestra. Quizá, pensé entonces, tal indiferencia u olvido para rescatar ese pasado testimonial, que tan premonitorio fue en la necesidad de combatir al fascismo, se debiera a la insignificancia social del vigente Partido Comunista de Israel, pero no es así del todo.
Ocurre con el viejo PC de Palestina –como con otras entidades y asociaciones cívicas comprometidas con una solución pacífica y justa al largo y sangriento conflicto que se vive en aquella región, y de las que sólo excepcionalmente tenemos noticia como no sea a través de los medios alternativos– que no es objetivo de interés informativo convencional, como la materia histórica de la que Torbiner se ha hecho por fin mensajero. Ni siquiera cuando se cumple en 2009 el nonagésimo aniversario de su fundación.
Más que por ese motivo, sin embargo, los comunistas judíos podrían haber sido noticia por hechos de más viva e infausta actualidad, como los derivados de la masacre de Gaza, de la que ahora se va a cumplir un año. El PC de Israel y su frente Hadash, según su secretario general, el escritor Mujammad Nafa’h, son las únicas fuerzas políticas del país que se enfrentaron a la invasión. Ni eso, ni varias manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en Sajnin y Tel-Aviv contra la criminal ofensiva dispusieron de una mínima cobertura en la gran prensa. Como no la tiene la postura sustentada por el Partido Comunista de Israel desde 1947, basada en la existencia de dos Estados para dos pueblos y el apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo palestino, con soberanía estatal sobre los territorios ocupados por Israel en 1967 y teniendo a Jerusalén oriental como capital.
Fundamenta Mujammad Nafa’h el alto nivel de apoyo (70%) que la sociedad israelí dispensó a la invasión de Gaza en dos razones. Por un lado, la ciudadanía se dejó engañar por la propaganda falaz de las instancias oficiales, que definieron la ofensiva como acción de autodefensa, sustrayendo por medio de la censura la información más cruenta del ataque. Por otro, las acciones aisladas de Hamás contra la población civil del sur de Israel, la más pobre de la nación, contribuyeron a reforzar ese apoyo. El PCI condena los ataques de ese carácter, provengan de donde provengan, aunque apoye la lucha política y de masas del pueblo palestino.
El PCI tiene tres diputados en el Parlamento israelí y cuenta con varios alcaldes, entre ellos el de la capital árabe de Israel, Nazareth, donde gobierna desde hace más de 30 años. En las últimas elecciones municipales celebradas en noviembre pasado, el candidato comunista a la alcaldía de Tel-Aviv obtuvo el 36% de los votos, frente al 51% de los logrados por el candidato laborista. El PCI es el único partido del país en el que militan indiscriminadamente árabes y judíos.
Como también pocas veces tenemos oportunidad de recibir información acerca de aquellos estados de opinión de la sociedad judía que no comparten la política sionista del Estado israelí, es de significar a criterio de los comunistas que los espacios democráticos del país están en claro retroceso. Tanto desde el Gobierno como desde los grupos de extrema-derecha, oficialmente descontrolados, se está dando un creciente hostigamiento del que son víctimas la minoría nacional árabe-palestina y los sectores de la izquierda consecuente. El secretario general del PCI no tiene reparo en afirmar que bajo la dirección del partido chauvinista de Yvette Liberman Israel Beiteinu (Israel es nuestra Casa) se ha desatado una campaña racista contra la población árabe y que existe un riesgo verdadero de avance fascista en la sociedad israelí.
Es de recordar, en relación con denuncias de este carácter que tan ingratas han de ser para quienes pretenden esconder la realidad política y sociológica de aquel país bajo las pautas codificadas que determinan los canales mediáticos convencionales, que hace seis años el anterior secretario general del Partido Comunista de Israel, Issam Majul, salió milagrosamente ileso de un atentado que pretendió acabar con su vida mediante una bomba colocada en los bajos de su coche.
Además del documental de Torbiner sobre los judíos comunistas de Palestina que contendieron en la Guerra Civil, dos realizadores argentinos estaban preparando hace meses otro sobre el Batallón Palafox de la Brigada Dombrowski, la conocida como Compañía Botwin, que combatió en la Batalla del Ebro. Son páginas relevantes de una lucha memorable y necesaria contra el fascismo de ayer. Recuperarlas es avivar la conciencia de esa lucha allí donde el fascismo pueda
reverdecer hoy.
Félix Población es escritor y periodista
Ilustración de Iker Ayestaran
ARIEL JEREZ
El ex dictador uruguayo Goyo Álvarez ha sido condenado recientemente a 25 años de prisión por el homicidio de 37 opositores, entendiéndolo el juez como un delito de lesa humanidad. Al tiempo, el juez Baltasar Garzón está siendo sometido a un juicio por el Tribunal Supremo debido a la acusación de una organización de extrema derecha, que exige entender como prevaricación su intento de investigar el asesinato y la desaparición de 113.000 ciudadanos que no apoyaron el golpe de Estado franquista.
Muchos países del mundo que han transitado a la democracia tras cruentas dictaduras han tomado iniciativas para hacer justicia a quienes padecieron las violaciones de derechos humanos. En nuestra ejemplar Transición, coronada con una Constitución monárquica que normaliza la institucionalidad franquista, ninguno de los responsables del régimen represor ha tenido que responder ante la Justicia.
Algunos intelectuales orgánicos del nuevo régimen niegan que haya habido pacto de olvido. Pero cuando desde los poderes del Estado se reafirma, una y otra vez, un espíritu de la Transición, no podemos dejar de interrogarnos sobre esta prolongada operación de manipulación simbólica y discursiva, orientada a contrarrestar la emergencia pública y política de los discursos de quienes cuestionan unos consensos nítidamente conservadores sobre diversos aspectos de nuestra vida en común.
Existe una nueva generación de ciudadanos que no asume este relato transicional, que convirtió a los articuladores de estos pactos elitistas en los grises héroes de nuestra democracia otorgada, y que rechaza una reconciliación presentada como la contracara del caos de los años republicanos y la condena de toda movilización de los de abajo como una irresponsabilidad para consolidar la democracia, cuando no un peligro de reabrir viejas heridas. Y este descubrimiento progresista se debe a una evidencia: pese a la crisis sistémica, nos guste o no, hoy la movilización social de contenido estratégico está en manos del bloque conservador (Iglesia, Partido Popular, empresariado e izquierdas cooptadas-silenciadas). Saben que, anticipándose a todo intento por revisar este relato, consiguen mantener una posición clave para contener cualquier iniciativa de redistribución simbólica y material considerada inaceptable para sus tan bien conservados privilegios.
La defensa de la Transición y la Constitución se ha convertido en un modus vivendi, donde los epígonos de los grises héroes institucionales lograron apartar de nuestra vida pública a los antifranquistas que en la calle lucharon por acabar con la dictadura, para ocupar ellos, en exclusiva, el panteón de los “padres” de la democracia.
En las primeras elecciones democráticas (junio de 1977), el Ministerio de la Gobernación retrasó la legalización de algunos partidos políticos para que no participasen; unos porque podían encontrar posibilidades a la izquierda del PCE-PSOE y otros porque tenían como punto fundamental en su identidad la reivindicación de una república. Así se construyó un Parlamento a la medida de las necesidades del cambio de camisa de las élites franquistas, donde nadie cuestionaría frontalmente el modelo económico y la monarquía, donde izquierdas y derechas votarían una Ley de Amnistía que ha otorgado impunidad a todos aquellos que perpetraron violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Con este pacto, la izquierda se vería obligada a desmovilizar a sus bases, pero también a recortar su imaginario social e ideológico y a renunciar a introducir vectores emancipadores en la reconstrucción de una cultura democrática tras tres generaciones socializadas en el franquismo. En este sentido, el verdadero haraquiri político fue en el campo progresista.
La ejemplaridad del relato hegemónico está basada en la ignorancia de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas educados tras la muerte del dictador, que no han aprendido en sus centros de enseñanza nada o casi nada acerca de las atrocidades del franquismo. Esto ha sido una política de Estado que oculta tanto la dictadura como las dejaciones de los padres de las Constitución. Como ha dejado en evidencia Amnistía Internacional, España es el segundo país en número de desaparecidos del mundo y uno de los peores en formación de derechos humanos. En realidad, vivimos en una monarquía bananera.
Lo que no nos ha impedido presentarnos como el caso de referencia para dar lecciones democráticas en las diversas olas de democratización decretadas por el sector académico funcionalista, satisfecho con homologar democracias contando votos y procedimientos, e ignorando lacerantes e insostenibles desigualdades e injusticias. Mientras tanto, en nuestras ciudades y pueblos agonizaban en silencio, sin reconocimiento público, los hombres y las mujeres que deberían ser el espejo ciudadanista en el que se mirase nuestra sociedad. Estigmatizados por el miedo del “se había significado políticamente”, caían de nuevo en las cunetas de la historia.
Sin duda, nuestra Transición fue un nuevo espejito que quisimos vender a América Latina, donde nuestras redes académicas globalizadas, con el apoyo de fundaciones y multinacionales, organizaban este nuevo relato ejemplar de la madre patria, ignorando activamente cómo muchos de los países hermanos ponían en marcha, sin bonanza económica y con escasos recursos institucionales, comisiones de la verdad, derogaban leyes de punto final y enjuiciaban criminales sin ningún “espíritu” que los iluminase.
Durante unos días, en las jornadas Memorias en transición, expertos de las dos orillas debatieron sobre transiciones, memorias y justicias necesarias, iluminando la virtud de los que luchan por los derechos humanos y la ciudadanía contra la oscuridad del fascismo (ignorancia política activa siempre al acecho).
Ariel Jerez es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Javier Olivares
JUAN CARLOS MONEDERO
El fallecimiento, a los 91 años, del general Sabino Fernández-Campo, ha logrado que la prudencia, ejemplificada en su trato agradable, sea una vez más presentada como la virtud principal de la democracia. Prudencia entendida como amabilidad, pero también como información limitada, como desmovilización de la queja, prudencia para cambiar lo mínimo con el fin de que las cosas no muden en exceso.
A nadie beneficia el descrédito de los políticos, se repite. La tarea del juez Garzón procesando a políticos ladrones no sería sino uno más de sus atentados contra la prudencia. Como si detrás de los políticos actuales sólo cupiera el precipicio. Gürtel y Santa Coloma serían señales de una sociedad enferma, no de una clase política herida de posfranquismo. Deben tratarse, pues, con suma prudencia. La prudencia sólo sopla en una dirección. Una autoamnistía permanente brindada a sí mismos por aquellos que tienen prudentes puntos de vista sobre la inconveniencia de dar excesiva participación a pueblos interesados en otros menesteres.
Sabino Fernández-Campos era, nos recuerdan, pura prudencia. Cuando murió la secretaria de Dolores Ibárruri, Irene Falcón –combatiente por la República, perseguida, presa, torturada, exiliada– los medios callaron. Esa misma semana moría la madre del rey Juan Carlos. Toda la prensa alabó su esencial papel durante la Transición (habría logrado que el rey hablara con su padre, al que no le hacía mucha gracia perder su empleo en favor del hijo). Formas de construir la historia. Los que lucharon por la democracia se han estado marchando uno a uno en estricto silencio. Para despedirse a paso de vencedores, aún hoy, es necesario haber pertenecido al otro bando.
Una valoración se ha repetido del general que un día se levantó contra el Gobierno republicano: “Discreción, lealtad y prudencia”. Fue un militar que durante toda su vida –incluso en democracia– defendió la conveniencia del golpe que sumió a España en una guerra civil y desembocó en una dictadura militar durante cuatro décadas (a la que sirvió puntualmente en el Ministerio del Ejército). Sus grandes hitos democráticos consistieron en frenar información sobre la disonancia cognitiva entre la práctica y la teoría católica, apostólica, romana y matrimonial de la Casa del Rey; en tapar indiscreciones sexuales, sentimentales o económicas de ese entorno; en gestionar las lucrativas amistades del rey –Alberto Cortina, Alberto Alcocer, Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Mario Conde– y en construir las necesarias y prudentes distancias cuando esas mismas amistades se convertían en peligrosas.
Le debemos, dicen, la frase que detuvo el golpe del 23-F. Alfonso Armada, ex preceptor del rey y secretario general de la Casa del Rey, ni estaba ni se le esperaba la noche del 23-F en la Zarzuela. ¿Es que tenía sentido lo contrario? ¿Por qué quería reunirse con el rey? Y en definitiva ¿tiene tanto poder una frase? Ante las dudas, ¿no sería más saludable para la democracia española que Fernández-Campos hubiera contado todo lo que sabía? Prudencia.
Las democracias se construyen sobre palabras, no sobre silencios. Por eso la memoria es un oficio de palabras y, como el lenguaje, es colectiva. Los olvidos se alzan sobre el silencio de los cementerios y sobre la violencia de la exclusión. La democracia, incluso, es un grito. De ahí el Discurso fúnebre de Pericles, el de Bolívar en Angostura, Lincoln en Gettysburg, Azaña y su Piedad y perdón, Gandhi y su no violencia, la resonante voz anticolonialista de Guevara en la ONU o de Mandela ante sus jueces-carceleros. Quien hurta información a los pueblos quizá sea prudente, pero está por demostrar que sea demócrata.
La democracia española, desde la Transición, viene guardando silencio y obligando a impostar la voz para lograr un espacio público. Han hecho falta 30 años para entender que el medio de comunicación por excelencia de la Transición era, sobre todo, un negocio. Hemos guardado silencio respecto de los 150.000 patriotas asesinados por Franco y que están enterrados en campos y cunetas; guardado silencio sobre el éxito del 23-F, que disciplinó a la España indómita, sentó las bases para la mayor gloria de la monarquía y aseguró el buen comportamiento del PSOE; silencio sobre la falta de soberanía de nuestro país y silencio sobre los escasos mimbres democráticos del conjunto de los partidos heredados de 40 años de dictadura. La monarquía nacional católica española ha construido su hegemonía con silencios. Infante significa “el que no fona”. Los infantes siempre necesitan a un adulto. Quien no tiene voz, necesita tutela. Pueblos sin voz condenados al silencio y permanentemente vigilados. Un sentido común sostenido con silencios. Prudencia democrática.
Una carta enviada por un jubilado a un diario resumía toda esta sátira. Mientras daba su paseo diario escuchando la radio, oía al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México dar las gracias por el Premio Príncipe de Asturias recibido. En su agradecimiento citó al exilio republicano, sin el cual la UNAM nunca hubiera tenido el mismo desarrollo: “Aquellos extraordinarios hombres y mujeres del exilio español que nos enriquecieron hace 70 años”. En ese momento, cuando el abuelo caminante esperaba el atronador aplauso de la gente que ocupaba todas las localidades del salón Covadonga del Hotel Reconquista de Oviedo, sólo sintió en sus oídos el estruendo de un estremecedor silencio. Nadie en aquella sala consideró conveniente regalar un simple aplauso a ese roto y reconstruido exilio antifranquista, republicano y demócrata.
Seguro que fue también una cuestión de prudencia.
Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid.
PERE VILANOVA
La noticia, del pasado 2 de octubre, pasó casi desapercibida, y me topé con ella por casualidad. Ha muerto Marek Edelman, y muy poca gente en la actualidad sabía quién era, de hecho, casi nadie fuera de su círculo más próximo y algunos especialistas. Es inevitable, porque el tiempo trabaja contra la memoria de ciertas cosas, esto es un hecho inobjetable. Pero, por fortuna, Marek Edelman tenía tres virtudes que, combinadas, hacían de él un hombre irrepetible: era un incordio, era discreto y era un Héroe (con mayúscula).
Era, ante todo y por encima de todo, la última imagen viva de la insurrección del gueto de Varsovia, que el 19 de abril de 1943 se alzó en armas frente a la ofensiva nazi lanzada para destruir esa prisión a cielo abierto en la que el ocupante había encerrado a casi medio millón de judíos polacos desde 1940. De hecho, el 18 de abril de 1943, sólo quedaban menos de 60.000, el resto había muerto ya de inanición o en los campos de Auschwitz, Treblinka u otros. Frente a más de una División alemana, reforzada por varios centenares de voluntarios SS ucranianos, nada más y nada menos que 220 chicos y chicas armados con algunas pistolas y fusiles –ah, parece que tuvieron una ametralladora–, aguantaron 28 días, escondidos entre las cloacas y alcantarillas de la ciudad. Naturalmente y como es bien sabido, al final los nazis aplastaron la revuelta, mataron a prácticamente todo el mundo y quemaron y arrasaron la totalidad del gueto.
Paréntesis: Varsovia, que quedó muy destruida por la guerra, fue reconstruida con mucho cuidado y es hoy una bella ciudad. Si van a visitarla, pregunten por el gueto mientras pasean por las calles del centro histórico entre el Vístula y el viejo cementerio católico. Pregunten al azar dónde estaba el gueto. Y a ver cuánta gente sabe orientarles.
Pero de aquella lucha desigual cabe señalar, más allá del impresionante arsenal que tenían los insurgentes, que el máximo dirigente, Mordechai Anielewicz, tenía apenas 24 años, y se suicidó junto con un reducido grupo de combatientes cuando ya no tenían escapatoria. Entonces ocupó el cargo de comandante (por decir algo) el joven Edelman, que tenía 20 años y medio. Eran militantes del ZOB (Zydowska Organizacija Bojowa), afiliados al Bund, formación política socialista (muy influenciada por la revolución soviética). Es decir: judíos, socialistas o comunistas, y furiosamente antinazis, todo un programa en la Polonia de aquellos años.
Cuando del gueto ya no quedaba piedra sobre piedra, la última mañana, en una de las calles de la parte exterior del gueto, se levantó una tapa de alcantarilla y por ella emergieron como fantasmas un puñado (literalmente, menos de una docena) de demacrados jóvenes conducidos por Edelman. Los únicos que escaparon.
La cosa no acaba aquí. Edelman y su grupo consiguieron pasar a la clandestinidad, pero quedándose en Varsovia, y cuando la insurrección, el año siguiente, combatieron con los insurgentes por la liberación de la ciudad. La Historia es rara vez una película de buenos y malos, y mucho se ha escrito sobre por qué la resistencia polaca no ayudó en su día a los insurrectos judíos en 1943, y por qué el Ejército soviético esperó tranquilamente al otro lado del Vístula cuando los ciudadanos polacos se levantaron en 1944. Pero la Historia está hecha de pequeñas historias que redimen a la humanidad entera. Por ejemplo, algunos comandantes de la resistencia polaca de la Ludowa Armia (uno de los grupos clandestinos) pasaron algunas armas y ayuda al gueto antes de la insurrección, y luego, el grupo de Edelman se unió a ellos para intentar salvar Varsovia. Como era un incordio, Polonia prefirió esperar hasta 1998 para que su Gobierno le concediera su más alta condecoración, la Orden del Águila Blanca.
Era realmente un incordio. Siendo judío, héroe de la lucha antinazi, visitó Israel pero nunca mostró el menor interés en instalarse allí, decidió seguir siendo judío polaco, y vivió en Lodz hasta su muerte. Es más, en los últimos 20 años, tomó posición varias veces a favor de los derechos de los palestinos, o denunció excesos del Gobierno israelí, a la par que condenaba sin paliativos los atentados suicidas y las muertes de civiles inocentes. Si van a Israel, visiten el kibutz Lojamei Haguetaot, cerca de Haifa; su nombre significa “los combatientes del gueto”, y hay un interesante pequeño museo que merece la pena. Pero Edelman no estuvo interesado en convertirse en pieza de museo. Como era un héroe de las dos insurrecciones, el régimen comunista no se atrevió a tocarle, pero en 1981, cuando se fundó el sindicato Solidarnosc, un ex combatiente polaco de la resistencia que ocupaba la tribuna interrumpió su discurso para decir “compañeros, hay en la sala un héroe de considerable estatura, Marek Edelman”. Y era muy bajito.
Y yo, ¿qué? Le conocí en Sarajevo, en plena guerra, en los primeros días de enero de 1995, con temperaturas de 10 grados bajo cero. Se celebraba en la ciudad una especie de conmemoración de los 1.000 días del cerco, que ya son ganas. Acudimos un puñado de extranjeros –estaban el alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, y el de Sabadell, Antoni Farrés, y poco más–, a petición del Ayuntamiento de la ciudad, para mostrar apoyo a sus habitantes, promover algunas actividades culturales que mantuvieran un símil de vida civil, cosas así de desesperantes. En un gélido teatro desvencijado me encontré charlando una mañana con un viejecito muy bajito, hablamos de Sarajevo, de Barcelona, de la Guerra Civil, y al final me saludó y me dijo “me llamo Marek Edelman”. Me quedé de una pieza. Retomamos la conversación varias veces en los días siguientes, mientras el famoso violoncelista de Sarajevo tocaba unas suites de Bach. Marek sabía mucho de cercos y de guetos, había venido a ver qué se podía hacer.
Pere Vilanova es catedrático de Políticas de la Universidad de Barcelona y analista del Ministerio de Defensa
Ilustración de Mikel Casal
Vicenç Navarro
La mal llamada “Transición modélica” de la dictadura a la democracia se realizó en España en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras, culpables de que España tenga una democracia muy incompleta y un Estado del bienestar muy insuficiente. Ni que decir tiene que se hicieron progresos y muy en particular en los años ochenta (acentuados por la presión y movilizaciones populares), cuando el enorme déficit de gasto público social por habitante de España con la UE-15 se redujo considerablemente, estableciéndose en el periodo 1978-1993 las bases para el desarrollo del claramente insuficiente Estado del bienestar. Pero a partir de 1993, cuando el Gobierno del PSOE se alió con la derecha catalana –CiU– y Pedro Solbes dirigió la política económica del Gobierno socialista, se implantó una cultura liberal, que incluyó una austeridad de gasto público (incluyendo el gasto público social), considerada necesaria para reducir el déficit del Estado y, de esta manera, alcanzar la convergencia monetaria. El gasto público social per cápita bajó en términos absolutos en los años 1993-1995 (época Solbes) para subir más tarde (con Rodrigo Rato) pero mucho más lentamente que en el promedio de países de la UE-15, con lo cual la diferencia de gasto entre España y la UE-15 aumentó considerablemente. Cuando, por fin, se consiguieron equilibrar las cuentas del Estado, tal déficit de gasto público social se había disparado de nuevo, colocando a España a la cola de la Europa social.
Este periodo 1993-2004 vio el triunfo de la cultura liberal que se reprodujo también en la sensibilidad del PSOE llamada Nueva Vía, liderada por el candidato Zapatero, guiado por su mentor económico, Jordi Sevilla, que en su libro El nuevo socialismo había escrito: “¿Alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata debe estar a favor de más impuestos y más gasto público?”. De ahí el mensaje de Zapatero de que “bajar impuestos es de izquierdas”. En la Comisión Europea este pensamiento liberal estaba dirigido por el mismo Pedro Solbes, que se convirtió en el guardián de tal cultura de austeridad en la UE, asegurándose que el déficit de los estados miembros de la UE se mantuviera bajo, tal como instruye el Pacto de Estabilidad. Más tarde, cuando Pedro Solbes condujo la política fiscal y económica del Gobierno del PSOE, continuó la política de contención del gasto público, indicando en una entrevista a El País que “la medida de la cual estaba más orgulloso era la de no haber aumentado el gasto público” (22-07-09), dicho en el país que tenía un gasto público (incluido el social) per cápita más bajo de la UE-15. El dominio liberal en la cultura política y económica era tal que el gran debate en las elecciones de 2008 estuvo entre bajar el gasto público (la derecha) o mantenerlo (la izquierda gobernante), sin incluir su ascenso. La presión de los sindicatos y de los partidos a su izquierda forzó, sin embargo, un aumento del gasto público social por habitante en los últimos años (2004-2008), insuficiente, no obstante, para converger con el gasto público social promedio de la UE-15. España, cuyo PIB per cápita es el 94% del promedio de la UE, tiene un gasto público social (con el que financiar las pensiones, la sanidad, la vivienda social, las escuelas de infancia, los servicios domiciliarios y otros) que es sólo un 74% del promedio de la UE-15, lo cual quiere decir que deberíamos gastar 70.000 millones de euros más en gasto público social para alcanzar el nivel de gasto social que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos. España cuenta con los recursos para tener un Estado del bienestar mucho mejor que el que tenemos, pero el Estado no recoge estos recursos. La carga fiscal es la más baja y el fraude fiscal es el más elevado de la UE-15.
La crisis económica actual mostró las enormes insuficiencias de la cultura económica liberal de austeridad de gasto público. En España tal crisis dio pie a la salida del Gobierno de los arquitectos de aquella cultura de austeridad, y muy en particular de Solbes, lo cual ha creado una enorme protesta en los medios liberales (incluyendo El País) que habían canonizado a Solbes durante todos estos años. La línea editorial de aquel rotativo había representado uno de los máximos exponentes del pensamiento liberal al haber promovido la desregularización del mercado de trabajo y el retraso de la edad obligatoria de jubilación (entre otras medidas), apoyando al sector más liberal del PSOE representado por el hoy gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez (ver editoriales 23-04-09 y 12-02-07). Los recientes discursos de Zapatero parecían señalar una necesidad de cambiar estas políticas liberales, con un mayor incremento del gasto público social y una mayor carga fiscal, de carácter progresista, incluso a costa de enfrentarse a “los poderosos”, que inmediatamente se movilizaron para acusarle de populista. Como era de esperar, Antonio Elorza se lamentó en El País de que Zapatero utilizara un lenguaje populista, siendo el único líder de Europa –según él– que habla de oponerse a “los poderosos” (27-09-09), acusándole además de dirigir un partido estalinista, incapaz de aceptar la crítica.
Algo semejante, aunque menos hiperbólico, escribió Santos Juliá el mismo día en El País. Lo que es llamativo es que no hubo ninguna acusación de supuesto estalinismo antes, cuando Zapatero y Solbes marginaron a las izquierdas de su equipo económico. Presentar, ahora, como hace Elorza, a El País como el diario crítico al Gobierno (cuando fue uno de los máximos defensores de su política liberal) y a Público como el gran defensor de Zapatero es un error fácil de demostrar. Hay más artículos críticos de la política económica y fiscal del Gobierno Zapatero en Público que en El País. Público es hoy uno de los escasos foros abiertos a las izquierdas. De ahí, la hostilidad hacia este foro por parte de los medios liberales (la mayoría) que se resisten a perder su monopolio ideológico.
Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra. Director
del Observatorio Social de España
Ilustración de Jordi Duró
