Cuando la percepción sensorial se transforma en impulso político, el asunto suele acabar en el médico. He aquí dos casos: el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Carlos Salvador, escuchó al presidente Zapatero decir que “los emigrantes son seres humanos” y no va a permitir que se les prive de sus derechos en Vic ni en ningún sitio con el ardid de no inscribirles en el padrón y se lanzó de inmediato a preguntar a Bibiana Aído si es que los fetos no son también seres humanos. La ministra le contestará con un informe sobre la vida embrionaria. Otro caso más prosaico, que también ha acabado en el médico, lo protagonizó el diputado del PP Miguel Landaluce. Este hombre vio en una feria unos “váteres químicos” –retretes portátiles para las caravanas– y se apresuró a preguntar a Alfredo Pérez Rubalcaba por qué no se los proporciona a la policía para que quienes transportan droga en su aparato digestivo la expulsen in situ y puedan ser detenidos in fraganti. El titular de Interior le ha contestado que eso no procede y le ha explicado que los sospechosos son llevados a un servicio médico, donde se les mira y se extrae la droga o se espera a que la expulsen bajo el control de un facultativo. En fin, estas cosas pasan por no haber leído a Demócrito allí donde dice que los sentidos nos engañan. Y acaso también porque el dogmatismo obtura las entendederas a sus señorías.
Puesto que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no tiene ningún deseo de contrariar al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ni mucho menos al honorable José Montilla en la disputa entre Yebra (Guadalajara) y Ascó (Tarragona) por el futuro cementerio de residuos nucleares, en la Moncloa y en el Ministerio de Industria, del que es titular Miguel Sebastián, aseguran estos días que la decisión será técnica y no política. Es decir, que el Gobierno aplicará el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Quién le iba a decir a su presidenta, la histórica feminista Carmen Martínez Ten, compañera del teórico del socialismo Ludolfo Paramio, que tendría que resolver el peliagudo dilema histórico y territorial? Cierto es que a estas alturas ha demostrado energía suficiente para tomar decisiones. Si examinamos los 33 informes más representativos del último semestre de 2009 sobre el funcionamiento de las centrales nucleares, enseguida vemos un apercibimiento a la nuclear de Trillo por el incumplimiento del reglamento de instalaciones radiactivas, otro a la de Cofrentes por desobedecer una orden ministerial y dos propuestas de expediente sancionador a los titulares de Almaraz: una por no cumplir las bases de la licencia y las garantías de calidad de la seguridad y otra por “incumplimientos relativos a la protección contra incendios”.
Por más que el jefe de los obispos, Antonio María Rouco Varela, y sus acólitos del PP afirmen lo contrario, a los socialistas parece importarles la familia y la natalidad. Si no fuera así, su portavoz parlamentaria en materia de política social, Soledad Pérez Domínguez, no se habría comprometido en la discreta reunión que mantuvo el lunes con el dirigente de la Federación Española de Familias Numerosas, Luis Herrera, que agrupa a 78 asociaciones en toda España, a ampliar este mismo año el concepto y los beneficios sociales y fiscales de las familias numerosas a las monoparentales con dos hijos. Hasta ahora, sólo recibían el título de familia numerosa aquellas que –como quería Ana Botella– acreditaban estar compuestas de padre, madre y tres o más hijos. En el futuro inmediato podrán recibirlo las integradas por un progenitor o tutor y dos o más hijos, que suelen ser las que más ayuda necesitan. Y, naturalmente, las asociaciones están encantadas y han invitado a la diputada y a la ministra Trinidad Jiménez al congreso que celebrarán en noviembre. Esto no quiere decir que no se quejen de las restricciones al cheque-bebé de 3.500 euros por el tercer hijo. De hecho, sólo reciben esa cantidad las que poseen una renta inferior a 16.000 euros anuales, que, según estimaciones de la propia FEFN, representan el 4% del millón cien mil familias numerosas existentes en España.
No era Haití ni había codazos a lo Ronaldo entre los diputados que esperaban turno para servirse un café con leche que les ayudase a digerir los malos pronósticos para el empleo que les acababa de dar el ministro Celestino Corbacho. “Enero y empleo nunca han ido de la mano”, decía el ministro, al que tanto da que 2009 haya terminado con 3,9 millones de parados que con 4,2, “pues el dato es suficientemente grave”. Gaspar Llamazares le preguntó si prorrogará la ayuda de los 420 euros a los parados y Corbacho no le contestó. El titular de Trabajo e Inmigración tampoco pudo informar si la bonificación en las cotizaciones a la Seguridad Social está teniendo efectos positivos en la contratación. “Eso lo veremos a final de año”, dijo antes de reconocer que la medida está siendo poco publicitada y menos utilizada. Todo eran malos pronósticos. Y si 2008, 2009 y parte de 2010 son años de destrucción de empleo, se necesitará “un tiempo igual o superior” para corregir los efectos, decía Corbacho. Su “invitación a la desesperanza”, según Emilio Olabarría, exigía otro cafetito. Y entonces le tocó al presidente de la Comisión de Trabajo dar otra mala noticia: “El café y la leche se han agotado, o sea, que es inútil que hagan cola”. El único dato positivo fue que la Seguridad Social tuvo en 2009 un superávit de 8.000 millones, el doble de lo que estimó el ministro.
Cuando se juntan el interés histórico, cultural y patriótico, alguien acaba pagando la síntesis. En este caso, el Ministerio de Cultura, del que es titular Ángeles González-Sinde, ha satisfecho una cantidad no confesada a los herederos del que fuera presidente vitalicio de la Sociedad General de Autores, el compositor Federico Moreno Torroba, por la partitura del himno nacional-sindicalista, que data de cuando los “productores” cantaban aquello de “¡Basta de obrero envenenado y de patrón explotador!” y se consideraban “la España imperial”. El departamento de González-Sinde ha considerado también de interés histórico y cultural la colección de dos mil pegatinas que guardaba un ciudadano vasco y se las ha comprado. Son símbolos, lemas, enseñas y emblemas de partidos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones de vecinos, movimientos feministas, ecologistas, pacifistas, de objetores de conciencia, etcétera, que adornaron las farolas, paradas de autobuses, vagones del metro y lugares diversos de nuestras calles entre los años 1976 y 1982. Dicen que a través de ellas podremos hacernos una idea del sentir popular durante la Transición, cuando había que conquistar cada día parcelas de libertad, de autonomía y el Estado social y democrático de derecho. La partitura y la colección de pegatinas enriquecerán el Centro Documental de la Memoria en Salamanca.
La eurodiputada socialista Carmen Romero ha invitado a un grupo de periodistas andaluces a viajar a Bruselas el próximo lunes para que asistan a la presentación de las políticas de igualdad de género y de lucha contra la violencia doméstica que realizará la ministra Bibiana Aído, gaditana como ella, ante los miembros de la Comisión Europea. Tras escuchar las propuestas de discriminación positiva hacia las mujeres, los informadores aprovecharán el viaje con el fin de asistir el martes a la presentación de las políticas de seguridad y prevención y combate del terrorismo y el crimen organizado que realizará el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, uno de los ministros que mejor gestión interna puede exhibir. En efecto, a pesar de los malos augurios del Partido Popular sobre el aumento de la inseguridad ciudadana a partir del incremento del paro, España es uno de los países de la Unión Europea con menor índice de delincuencia, concretamente, 47 infracciones por cada 1.000 habitantes, frente a una media de 70,4 en el conjunto de la Unión Europea. La reducción de los accidentes de tráfico un 10% en 2009 –el índice más alto de los últimos 40 años– le permitirá explayarse sobre las medidas adoptadas en nuestro país por si a los socios comunitarios y a la propia Comisión les sirven de ejemplo.
La regularización de inmigrantes sin papeles que acometió en 2005 el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ni fue tan “masiva” como tronaba Mariano Rajoy ni condujo a ayuntamiento alguno gobernado por la derecha nacional o nacionalista a negar el empadronamiento a los sin papeles. Según los datos que el Gobierno ha remitido al diputado de CiU Carles Campuzano, las autorizaciones de residencia concedidas a partir de la formalización de contratos de trabajo fueron exactamente 578.375, de las que 288.134 correspondieron a personas procedentes de Iberoamérica. En 2006 se denegó la primera renovación de residencia a 5.905 inmigrantes y en 2007, la segunda a 13.460. Tras la “regularización masiva”, el PP agitó el “coladero”, cargó contra la “reagrupación familiar” y si no impuso el famoso “contrato de integración” se debió a su fracaso en las urnas. Los socialistas han endurecido la ley, pero se muestran convencidos de que la derecha no perdona que hayan sacado de la negra explotación a medio millón de personas. Y ante la negativa de los ayuntamientos de Vic y Torrejón de Ardoz a empadronar sin papeles exhiben una resolución de 4 de julio de 1997, promulgada por Rajoy como ministro de Administraciones Públicas, que los obliga a inscribir a todos los habitantes en el padrón “tengan o no regularizada su situación”. ¿Amnesia o cinismo para volver al poder como sea?
El Gobierno español ha demostrado buenos reflejos ante la situación en Haití, con el envío urgente de ayuda de emergencia y de equipos de rescate que en una semana han sacado a más de diez personas vivas de entre los escombros de Puerto Príncipe. Los alumnos de periodismo de la Universidad Camilo José Cela que el viernes asistieron a la rueda de prensa de María Teresa Fernández de la Vega tras la reunión del Consejo de Ministros pudieron comprobar cómo la vicepresidenta se aprestaba a viajar al epicentro del terremoto para conocer las necesidades de la pobre gente. Todos los grupos parlamentarios suscribieron 24 horas después del terremoto una propuesta animando al Ejecutivo a seguir enviando ayuda humanitaria durante el tiempo que sea necesario, a coordinar los esfuerzos con las organizaciones no gubernamentales y las agencias de cooperación europeas y estadounidense y a participar en la reconstrucción del país. La resolución apelaba a la solidaridad de la “sociedad civil”. Y las colectas en universidades, colegios, centros de trabajo… no se han hecho esperar. Pero la iniciativa parlamentaria tenía un fallo: olvidó que los banqueros se quedan con un porcentaje del dinero, como ya ocurrió en 2004 ante el tsunami que arrasó parte de Indonesia. Si la banca no se considera sociedad civil sino anónima, ¿enmendarán esa resolución para obligarla a colaborar?
Primero se fue Manuel Montilla y ahora, con 92 años, se acaba de ir su compañero José María Bravo-Fernández Hermosa. Eran los dos supervivientes más veteranos de la aviación republicana. Desde el invierno de 1936 hasta el final de la Guerra Civil se enfrentaron a los bombarderos y cazas alemanes e italianos al servicio de Franco. Los ametrallaban, pero sobrevivían y siguieron combatiendo hasta que al final arrasaron sus aviones en el aeródromo de Villajuiga (Girona). Cruzaron a pie los Pirineos y acabaron en el campo de Gurs (Francia). Montilla salió hacia México en el buque Ipanema. Allí publicó un libro hermosísimo: Héroes sin rostro. Y Bravo se fue a la URSS, donde llegó a ser jefe de una escuadrilla de Kittyhawks que se encargó de mantener a raya a los nazis, empeñados en bombardear los pozos de petróleo de la región de Bakú. Un día recibió la orden de escoltar a dos aviones Li-2 con rumbo desconocido. En uno iba José Stalin. Acudía a una cita secreta con Churchill y Roosevelt sobre el curso de la Segunda Guerra Mundial. Cuando aterrizaron en Teherán, Bravo hizo ver al jefe soviético que los uniformes de sus hombres eran muy malos y se los comía el sol de Ucrania. Días después recibió unos trajes ignífugos, superiores. De su apasionante vida nos dejó El seis doble –la ficha pintada en su Mosca–, libro lleno de lecciones de coherencia y dignidad.
El alcalde desokupador de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, se dispone a gastar una millonada en tirar abajo el revoque reciente de la fachada y del enorme patio interior del cuartel de Conde Duque, que se enfoscó con cemento de color rojizo dentro de un plan de
rehabilitación del edificio que culminó en 2004 y en el que se invirtieron más de 45 millones de euros. La decisión de Gallardón, de acuerdo con las constructoras, correrá a cuenta del Plan E, es decir, de todos los españoles. El histórico cuartel, convertido en el “mayor contenedor cultural” madrileño, según la terminología municipal, se llevará 35,77 millones de los 277 asignados a la capital. Sus instalaciones –teatro, salón de actos, archivo de la villa, hemeroteca, biblioteca, museo municipal y salas de exposiciones– han sido clausuradas y sus empleados se hallan “encapsulados”, como ellos dicen. Puertas, ventanas y conductos de aire acondicionado serán sellados para evitar que respiren la polvareda de la operación estética del regidor, que, por eso, no ha podido ceder el recinto, como otros años, a su colega Teófila Martínez para la presentación de los Carnavales de Cádiz en Madrid. Queda claro que a Gallardón le va el dispendio y el ladrillo visto originario. Pero no se preocupe doña Teófila, que el teatro Conde Duque renacerá en 2012 con mayor aforo y será mucho más bonito. Eso le ha dicho.
