Antes de que llegara aquí, ya lo sabíamos, el avance de la Covid-19 desde Wuham, nos había informado de los mayores riesgos de esta enfermedad para las personas mayores, especialmente aquellas afectadas por otras problemáticas de salud. La OMS se pronunció al respecto cuando el 11 de marzo declaró la pandemia por la COVID-19, dando indicaciones sobre la protección del colectivo de los más mayores debido a su vulnerabilidad. De hecho, esta ha sido una de las primeras consecuencias: el mayor número de fallecimientos de personas mayores, el 87,6% tenía más de 70 años.

La situación ha sido mucho peor, si cabe, en aquellas que vivían en residencias, actualmente con un nivel de ocupación del 86%. A fecha de 25 de mayo, en España 19.066 personas mayores (el 71% del total de fallecidos notificado), han muerto en residencias con COVID-19 o síntomas compatibles con la enfermedad (datos procedentes de Ministerio de Sanidad y Consejerías de las CCAA). No consuela saber que esta realidad ha sido parecida a la de otros países europeos. Estos datos reflejan que algo no se ha hecho bien en la gestión de  la pandemia en estos centros residenciales para personas mayores. A medida que nos acercamos a la salida de esta crisis –por lo menos a nivel sanitario-, oímos las voces de quienes reclaman analizar y evaluar a fondo esta situación, que si no fuera por la fuerza de los datos, sería difícil de creer.

Desvinculadas de la realidad exterior, apenas se sabe nada de estas instituciones de alojamiento colectivo que son las residencias de mayores, excepto eso, que son lugares donde viven personas mayores. Las hemos visto evolucionar desde la romántica e irreal consideración de hotelitos más o menos confortables en los que poder estar en compañía los últimos años de la vida, hasta la realidad actual en la que se reservan mayoritariamente para personas de mayor edad (el 82% tiene más de 80 años) en situación de dependencia por una o varias patologías.

Hace tiempo que el modelo de las residencias está en crisis

Hace tiempo que el modelo de las residencias está en crisis, por la falta de atención a las necesidades especificas de la persona, y no tanto económica. Hay margen de negocio –uno de los aspectos importantes que hay que abordar- y prospectiva, en un país de los más envejecidos del mundo con un 19,3% de personas mayores de 65 años del total de la población española.

Las residencias (casi 5.500 sumando públicas, privadas y concertadas) son mayoritariamente de gestión privada (El 84,8% de todas las plazas residenciales según datos Inred, 22/05/2020) y son el hogar de más de 375.000 personas mayores, mujeres, el 70% de ellas. Lo sucedido en esta pandemia nos interpela claramente ¿están adaptadas a las necesidades reales de sus usuarias?. La respuesta es no, ni siquiera a nivel estructural. Durante estos meses muchas residencias han tenido dificultades serias para garantizar la protección de las personas mayores, -incluso la de los profesionales que están a su cuidado- y a la vez no tenerlas aisladas, estigmatizadas y en mayor situación de vulnerabilidad que antes de la Covid-19.

El miedo al contagio coexiste con la soledad que produce el contagio mismo; la enfermedad, la separación, el confinamiento..., se han ido ampliando a todo el entorno. Aunque las tecnologías han ayudado en el confinamiento, muchas familias apenas pudieron acompañarles en el aislamiento inicial ni posterior. Tampoco despedirlos y consolarles ante la muerte. Solo llorarles en la distancia.

La experiencia acumulada debe servir para elaborar protocolos ante un posible rebrote, y mejorar las consecuencias del confinamiento en las personas mayores. La distancia social ha incrementado, si cabe, el aislamiento, y ha tenido consecuencias a nivel emocional, físico y social. Ha generado nuevas barreras en una amplia variedad de entornos médicos y sociales de los cuales las personas mayores se han visto excluidos.

Es el momento de invertir en recursos tecnológicos para reducir el aislamiento

Es el momento de invertir en recursos tecnológicos para reducir el aislamiento, mejorar la calidad de vida, ayudar a mantener la red de apoyo social y mejorar su estado físico y emocional. Entre otros, hay que invertir en clases virtuales de ejercicio físico así como proporcionar recursos tecnológicos y tutoriales para hacer video llamadas. En definitiva tener en cuenta el apoyo de la tecnología y la innovación para luchar contra algunas de las consecuencias negativas para la salud asociadas al confinamiento y a la capacidad de recuperación de las personas mayores.

En paralelo, parece la hora de iniciar la fase de desconfinamiento: la salida de las habitaciones en las que las personas mayores han estado recluidas, dado que el proceso de desescalada apenas se ha iniciado aún en estos espacios de convivencia. La  apertura de los centros al exterior: acceso de los familiares y de los servicios habituales (podología, peluquería y similar).

Con todo, sin duda el tema más importante de esta crisis surge de la necesidad de incorporar a las personas mayores en la toma de decisiones en su vida cotidiana, conocer sus necesidades actuales y potenciales y orientar los recursos y los servicios, necesariamente públicos, en esa dirección. Considerar nuevas fórmulas de atención: apostar por modelos de atención sociosanitaria y modelos centrados en la persona que eviten el edadismo y otras violaciones de los derechos humanos. En definitiva, fomentando una mayor calidad de vida, tal como han puesto sobre la mesa muchas sociedades geriátricas y gerontológicas nacionales e internacionales.

FIRMANTES DEL BLOG

• Carmen Orte Socias. Catedrática en Universidad Illes Balears (UIB).
• Liberto Macías González. Profesor asociado en Universidad Illes Balears (UIB).
• Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.
• Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad.
• Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.
• Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental.
• José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad.
• Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche así como Directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)
• Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia.
• Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados.
• Pere Herrera de Pablo. Medico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana.
• Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.
• Aurelio Duque Valencia. Médico de Familia y Comunitaria y representante sindical. Ha sido presidente de la Sociedad Científica de Medicina Familiar en la Comunitat Valenciana.
• Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar. Ilustradora del Blog Coronavirus en positivo.
• Juan Domene. Médico Inspector en el servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ha sido gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.