El último informe que la Brigada de Blanqueo de Capitales ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en relación con el caso Gürtel, no puede ser más demoledor. El texto, de unos cien folios, describe con lujo de detalles la forma en que operaba la trama de financiación ilegal del PP valenciano.

El procedimiento era sencillo: el partido contrataba actos con Orange Market –empresa de la red de Francisco Correa– y le abonaba una parte de manera legal, pero el grueso del montante lo pagaba en dinero negro o lo asumían empresas amigas que mantenían cuantiosos contratos con la Generalitat, a las que Orange Market les facturaba por servicios inexistentes para que pudiesen justificar el desembolso. Sólo en 2008, el PP pagó a Orange Market 846.000 euros de espaldas a Hacienda.

La conducta del PP valenciano no supone sólo una vulneración de la Ley de Financiación de Partidos, sino una defraudación al fisco. Además, como bien señala el informe policial, no hay motivo para que unas empresas privadas corran con gastos de un partido "salvo que exista contraprestación o favorecimiento", en este caso la adjudicación de contratos públicos por la Generalitat.

La responsabilidad política (y está por ver si penal) directa de esta actuación impropia de una democracia recae en Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP valencianos. Pero la responsabilidad última es del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, que ha apoyado y encomiado en todo momento a Camps. Eso es lo que cuenta en términos morales, por mucho que en los últimos tiempos juegue a marcar distancias con su amigo en dificultades.