Reza un antiguo proverbio que árbol que nace torcido, crece torcido. Eso es, justamente, lo que ha sucedido con la ley antidescargas presentada por el Gobierno en marzo pasado y que el Congreso de los Diputados tumbó ayer en medio de un intenso debate. El error originario del Ejecutivo consistió en intentar camuflar el proyecto dentro de la Ley de Economía Sostenible (contra el criterio de la propia ministra de Cultura), sin someter la iniciativa a un debate público abierto y serio, pues lo que está en juego no es sólo una confrontación de índole económica entre creadores y usuarios de las nuevas tecnologías de comunicación –lo cual es ya importante–, sino el marco en que se desarrollarán las libertades civiles en un mundo incierto marcado por la revolución digital.

En este debate hay una premisa básica y es el derecho a la propiedad intelectual. Ese derecho, sin embargo, no se debe garantizar por cualquier medio, como por ejemplo con procedimientos exprés que en algún momento podrían ser utilizados abusivamente por mandatarios poco amigos de la libertad de expresión. Si hay que adoptar medidas legales contra la piratería, estas han de ser escrupulosas y extremadamente garantistas. Pero, por encima de todo, lo que se impone para abordar el problema es la búsqueda de un nuevo enfoque que invite realmente a los usuarios a hacer compatibles sus intereses con los de los creadores y la industria audiovisual. Por ejemplo, agilizando y abaratando la adquisición de productos por internet. Lamentablemente, frente a la reflexión serena, el Ejecutivo optó por la prisa.