Un año después, el espíritu del 15-M sigue vivo. Parece evidente que tuviera que ser así. La situación económica no ha mejorado, sino que va a peor, el marco político democrático, con el recorte de derechos y libertades democráticos de los que teóricamente gozábamos está en fase terminal… Además, nos han introducido el miedo, que es la mejor manera de prevenir protestas, revueltas o revoluciones. Tenemos miedo a que nos echen de casa si no pagamos la hipoteca o el alquiler (cuando según la Constitución tenemos derecho a una vivienda digna), tenemos miedo a que nos echen del trabajo si enfermamos, a que nos reduzcan el sueldo arbitrariamente o nos cambien la jornada laboral sin consultarnos sobre nuestra vida personal (cuando según la Constitución tenemos derecho a un trabajo digno), tenemos miedo a salir a la calle a protestar o a organizar una manifestación porque sabemos que la policía puede poner nuestra foto en internet, o nos puede acusar de ser demasiado noviolentos (cuando según la Constitución tenemos derecho a manifestarnos, dignamente y sin violencia).
Ante el comprensible miedo de la gente normal y corriente no nos queda otra opción que indignarnos, para recuperar la dignidad que nos están quitando, paso a paso, decreto a decreto. Nunca en tan poco tiempo se habían tomado en este país tantas decisiones políticas, económicas y sociales antidemocráticas. Porque la democracia no es solo votar cada cuatro años. La democracia es que todas las personas vivamos con dignidad, trabajemos con dignidad, nos manifestemos con dignidad… Por eso es más necesaria que nunca la lucha del 15-M, que un año después ha demostrado que sigue estando ahí, canalizando el enojo, la ira y el enfado contra políticos y banqueros. Gracias al 15-M seguimos mostrando nuestra indignación, por mucho que se empeñen en hacernos pensar que somos inferiories, que somos indignos de vivir como ellos. Sin miedo.
Bankia ha sido nacionalizada, pero no en el sentido de recuperar una entidad que pudiera ser estratégica para la gestión financiera del país, sino porque será el Estado, con nuestros impuestos, quien la saneará. Para venderla de nuevo a un buen precio en un futuro no muy lejano. Otro ejemplo más de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Porque, ¿quién le pedirá a Rodrigo Rato y otros directivos de Bankia que devuelvan las millonarias retribuciones que han obtenido de una empresa cuando ésta no tenía con qué pagarles? Probablemente nadie.
Pero de Bankia se puede explicar algo más, por si sirve para entender dónde estaban sus prioridades en momentos en que estaba caminando hacia la quiebra, como se puede comprobar en el informe La banca armada, inversiones explosivas de bancos y cajas, y en la web bancaarmada.org. Esta entidad compuesta por Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, pero controlada por las dos primeras, ha dedicado en los últimos años 162,9 millones de euros al negocio armamentístico. Las formas de desviar parte de sus recursos al sector militar y no al civil se ha realizado mediante participaciones accionariales, concesión de créditos y gestión de fondos de inversión armados. Bankia ha ayudado a empresas de armamento que por ejemplo se dedican a la fabricación de componentes para misiles, armas nucleares, aviones de guerra, blindados, municiones, tanques…
Hay muchas razones para dejar de ser cliente de Bankia e ir a la banca ética, una es la poca confianza que sus cuentas ofrecen, otra la acumulación de emolumentos millonarios por los directivos que la han llevado a esta situación y, la aquí reseñada, su participación en la promoción del armamentismo en el mundo.
Vistas las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy, bien podría tener a Milton Friedman o a Friedrich Hayek como asesores económicos, o a Jean Marie Le Pen o Blas Piñar como asesores de política social. Porque díganme en qué gobierno democrático se ha emprendido una batería de medidas antisociales y antidemocráticas de tal calado, a excepción de los países intervenidos. Aunque a España no le hace falta que nadie le intervenga para que se recorten presupuestos sociales, derechos y libertades, a la par que aumenta el paro y se reduce la actividad económica. Aquí nadie nos tiene que enseñar a tomar medidas duras (y a aceptarlas), ¡algo nos debe queda de 40 años de dictadura militar!
La estrategia de Rajoy es la que mostró con tanto acierto Namoi Klein en La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre, que consiste en aprovechar los momentos de crisis y desconcierto para emprender reformas de gran calado que la sociedad no hubiera aceptado en otra situación. Se trata de aprovecharse del miedo para cambiar las reglas del juego. Eso es lo que está haciendo Rajoy con su ultraneoliberal equipo de gobierno.
El Estado español no ha tenido mucho de lo que presumir, pero la sanidad y la educación han jugado en las mejores ligas del mundo desde los años 80, basadas en la universalidad, la solidaridad y el equilibrio social, al tiempo que se aumentaba la calidad.
Con las enormes subidas de las tasas universitarias y los numerosos recortes a la educación pública, el Partido Popular promueve la educación privada, la de esos empresarios que además de votarles les financian las campañas. En no mucho tiempo ya diremos que tenemos que ir guardando, además de para la jubilación, para la universidad de los niños.
Con los recortes y eliminación de la universalidad en la sanidad española, el Gobierno español hace de la sanidad pública un espacio para privilegiados, de discriminación social. El mensaje de la Ministra de Sanidad es que quien se encuentre en situación irregular no tiene derecho a vivir en este país con los mismos derechos que el resto. Esta medida puede considerarse que tiene tintes nazis, ya que no se quiere atender en los centros de salud españoles a enfermos que no tengan un cartoncito con la bandera rojigualda. Quizá la próxima medida sea marcarlos con una “X”. Tiempo al tiempo, la doctrina del shock puede llegar muy lejos.
Según el informe anual que presenta Cáritas sobre la pobreza en España, actualmente tenemos un 22% de pobres (solo superada en Europa por Rumanía y Letonia). Una buena parte de estos pobres son personas inmigradas. Si a su situación de penuria tenemos que añadir un plus de precariedad en atención sanitaria y una todavía menor capacidad de acceso a educación de calidad, convertimos a ciudadanos pobres en esclavos, en parias. La España del PP no es un país para pobres, es un país para esclavos.
La violencia se presenta en nuestra sociedad de muchas maneras. Hay manifestaciones y concentraciones políticas, así como celebraciones por victorias futbolísticas que acaban con altercados violentos, totalmente censurables. Hay declaraciones y comentarios que alimentan la violencia, la de los altercados, la de la gente de la calle, como cuando se incita al rechazo a las personas inmigradas, a las homosexuales o a las mujeres, por ejemplo. Ésta es incluso más grave. Intelectuales y políticos son responsables en muchos casos de esta violencia verbal con efectos colaterales. Qué decir de la violencia armada, de delincuentes de poca monta o de ejércitos que bombardean poblaciones y pueblos por aquí y por allá. No debemos olvidar la violencia de quienes la pueden ejercer con la legitimidad que le da la sociedad, que no deben olvidar que solo deben usar la violencia cuando no hay otro remedio, y que no deben incitarla. Lo saben, pero no está de más recordarlo, ya que ocurre con frecuencia que las bolas de goma antidisturbios se convierten en armas letales.
Pero hay más violencias, y en los últimos tiempos vivimos un auge sin precedentes de éstas. Son aquellas que nos hacen sentir miedo, que nos discriminan, que nos rebajan los derechos, que nos relegan a la sumisión. La violencia de las reformas económicas es tan grave, o quizá más, como las anteriormente expuestas, ya que las alienta, las potencia y nos meten en una espiral de difícil salida. Cuando nos dicen que peligran las pensiones, que no hay dinero para la sanidad universal, que la educación pública es inviable, que quien más ha defraudado a Hacienda va a ser amnistiado, que cada vez se venden más bienes de lujo, que no tenemos trabajo para cinco millones y que pronto serán seis, que si estamos enfermos nueve días en un corto período de tiempo nos pueden echar a la calle, que nos pueden bajar el sueldo prácticamente de forma arbitraria, que tenemos que negociar nuestras condiciones laborales con nuestro patrón sin convenios colectivos, que hay quitar las subvenciones para la ayuda a los más pobres, que no hay dinero para la ley de dependencia…
El Gobierno español está violentando las bases de nuestra sociedad, está rompiendo el statu quo en el que hemos vivido las últimas décadas. Están aprovechando la crisis de un modelo económico, que no funciona más que en beneficio de las rentas más altas, para tomar medidas de urgencia. Nos hacen creer que estamos moribundos, que sin este electroshock de medidas regresivas todo será peor. Pero no nos matarán, porque nos necesitan para que les aplaudamos y les votemos. Nos dejarán en coma permanente, quizá no físico, aunque sí psicológico. Quieren que dejemos de sentir que tenemos derechos, para someternos a su voluntad y a la de sus amiguitos del alma. Estas reformas económicas son violencia propia de una dictadura militar, es la dictadura de los liberales, del mercado, la dictadura de los ricos. Nos podrán someter durante unos pocos o muchos años, pero algún día volveremos a rebelarnos y esta violencia se volverá en su contra. Es más fácil de lo que parece, solo tenemos que dejar de obedecerles, eso sí, sin violencia.
El viernes 30 de marzo fue la Junta del Banco Santander. Anunciaron miles de millones de beneficios, de los que 5.000 serán los oficiales sobre los que calcular el reparto de dividendos. El aplauso de los miles de accionistas presentes en el Palacio de Congresos de Santander ante el anuncio del reparto de dinero fresco se convirtió en una ovación. Botín, obligado a mantener el semblante serio de un gran banquero, no podía dejar escapar una mueca de satisfacción ante la ovación de sus fieles, compañeros en el camino de la codicia. La escenificación de una Junta de accionistas de una gran sociedad anónima debe ser una fiesta, en la que su presidente lanza un mensaje político, este año el de que el Gobierno lo está haciendo bien. Cada año el mensaje es el mismo, no sabemos si porque el gobierno lo hace bien en un análisis a posteriori, o porque el gobierno hace lo que se le ha dicho que tiene que hacer, que evidentemente está bien para el Sr Botín, si es él quien ha marcado las directrices del gobierno. Toda esta parafernalia es necesaria para lanzar un mensaje de optimismo y euforia al mercado, con el que conseguir futuros clientes e inversores y, además, algunas portadas en los medios de comunicación.
Las sociedades anónimas gigantes presumen de transparencia, responsabilidad y, si me apuran, de ética, nada más lejos de la realidad. Este año la campaña Banco Santander sin armas, promovida por el Centro Delàs de Estudios por la Paz de Justícia i Pau, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y la Federación Setem, ha participado por cuarto año consecutivo en la Junta del Santander. Su objetivo fue el de siempre, decirle al Sr. Botín que no está bien hacerse rico con dinero sucio, como el procedente de la venta de armas, y que además es cada vez más gente la que sabe que el Santander es un actor clave en el negocio armamentístico y, quizá lo tengan en cuenta para meter sus ahorros en un banco tan poco ético.
Las intervenciones realizadas fueron cuatro, más de 20 minutos de reproches y verdades dichas a la cara de una de las personas más poderosas del mundo. Su respuesta de poco más de un minuto (y gracias), negándolo todo, pero sin demostrar nada. A un lado de Botín estaba Matias Rodríguez Inciarte, fijo del Club Bilderberg, donde se reúnen los que verdaderamente cortan el bacalao. Y al otro Alfredo Sáenz, condenado por los tribunales pero rápidamente indultado por el Gobierno español, porque las leyes no están hechas para que las cumpla según quien.
Cabe decir que este año el Banco Santander cortó la retransmisión en directo (que se podía seguir por Internet) justo cuando empezaron las intervenciones de los accionistas críticos, entre ellas las cuatro aquí mencionadas. ¿De qué tiene miedo el todopoderoso Banco Santander, para censurar unas críticas que Don Emilio Botín califica de falsas? ¿Será que hay algo de verdad en todo ello? Quizá valga la pena seguir dando la tabarra, también desde dentro. Eso sí, sin caer en complicidades con quienes sabemos que son parte del problema, no de la solución.
Sabemos que los bancos no tienen muchos escrúpulos, o más bien ninguno. Sabemos que tienen mucho poder, tanto que el gobierno no se atreve a legislarles, sino a hacerles recomendaciones de buenas prácticas. Pero, ¿sabemos que una buena parte del negocio de las armas no existiría de no ser por el apoyo financiero que reciben las empresas del sector armamentístico? En el nuevo informe del Centro Delàs de estudios por la paz de Justícia i Pau: La banca armada. Inversiones explosivas de bancos y cajas se demuestra que hasta 60 entidades financieras que operan en España han financiado con un total de 45.000 millones de euros al complejo militar-industrial de medio mundo. Para que luego digan que no tienen dinero.
La banca armada es definida como aquella que ayuda a la industria de las armas de una, varias o todas de las siguientes formas: con participaciones accionariales; con la emisión de bonos, acciones y pagarés; con la concesión de créditos y préstamos; con los fondos de inversión; y con la financiación de exportaciones. Este informe ofrece una reveladora tabla, la del ranking de la banca armada española, liderada por el BBVA (con 1.824 millones de euros en armas durante los últimos años) y el Santander (con 1020). Le siguen en el ranking Bankia, Liberbank y Banca Cívica y la lista española del deshonor llega hasta 21 entidades. Pueden buscar la suya en bancaarmada.org o en el propio informe.
El viernes la campaña BBVA sin armas acudió por quinto año consecutivo a la Junta del BBVA a denunciar sus inversiones en armas. La intervención de la campaña tuvo como respuesta que hay armas y armas, unas que puede estar bien no financiar (las prohibidas por tratados internacionales) y el resto que puede ser incluso bueno porque “hay armas que pueden llevar la paz”. No, esto no lo dijo Bush, sino el presidente del BBVA el pasado viernes. Esperemos a escuchar la respuesta de Emilio Botín en tan solo dos semanas, la campaña Banco Santander sin armas se dejará caer de nuevo por Santander para seguir incomodando a nuestros “responsables” banqueros.
Un profesor de la facultad de economicas y empresariales nos decía que “estructura es lo que dura, lo demás es coyuntura”. Con esta simple, pero acertada definición, podemos afirmar que la violencia de género es estructural, quizá la violencia más profundamente estructural en la historia de la Humanidad.
La violencia de género estructural viene dada por el dominio mayoritario del patriarcado, por el que los hombres, solo por la condición de ser hombres, tienen privilegios para hacer política (74% de cargos en los gobiernos), para acceder al trabajo (90% de los cargos directivos), para tener un mejor salario (16,1% más que una mujer), para ser escuchado, e incluso en algunos países todavía tiene privilegios legales.
Esta violencia de género estructural se traduce en violencias directas y culturales contra las niñas y mujeres. Actualmente, el hombre es un ser privilegiado por el mero hecho de haber nacido varón y, como consecuencia, la mujer es inferior a éste. Los hombres desarrollan su sentimiento de superioridad de tal modo que cuando no ven cumplidos sus deseos o expectativas con las mujeres que les rodean, responden con violencia; de manera directa, insultando, menospreciando, ignorando e incluso agrediendo física y sexualmente; y de un modo cultural, legitimando la inferioridad de las mujeres y la violencia contra éstas. Quién no ha escuchado alguna vez, ante un suceso en el que una mujer ha sido agredida por su pareja: “algo habrá hecho…”
Violencia de género estructural es que la mujer sea rechazada de muchos trabajos si está en edad fértil y quisiera tener familia, o si ya tiene hijos e hijas (porque los tiene que cuidar, ya que es su rol estructural). El sector empresarial en el capitalismo actúa con lógica de mercado, si una mujer no va a rendir tanto como un hombre, lo lógico es contratar a un hombre. Es por ello que se debe legislar en favor de la mujer en materia laboral. Y con la nueva reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy ocurre todo lo contrario. Porque limita y condiciona el derecho a jornada reducida para cuidar a hijos o familiares, el derecho a la lactancia y elimina la bonificación en las cuotas de la Seguridad Social de 1.200 euros al año de la que podían beneficiarse las empresas cuando una mujer se reincorpora a su puesto tras una excedencia para cuidar a sus hijos.
Esto es violencia de género estructural, señor Gallardón.
Según apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado de 31 de diciembre de 2011, el Gobierno español ha dedicado 1.488.570 de euros en la adquisición de artificios lacrimógenos y fumígenos a la empresa madrileña Falken S.A., especialista en la fabricación de productos pirotécnicos destinados a fuerzas policiales y militares. Esta operación supone un total de 50.000 botes de gases lacrimógenos y de humo en los próximos dos años. En concreto, las fuerzas de seguridad del estado podrán contar con 36.000 artificios lacrimógenos y 14.000 artificios fumígenos para 2012 y 2013.
Mucha prisa se ha dado el gobierno de Rajoy en prepararse con materiales contundentes contra las protestas, quizá porque sabía que iba a subir los impuestos y reducir el gasto público, quizá porque sabía que sus políticas provocarían una huelga general, quizá porque la reforma laboral hará que aumente el número de personas en desempleo hasta los seis millones… una combinación explosiva, lacrimógena y fumígena.
El Ministro de economía, ex-Lehman Brothers, ha propuesto códigos de conducta, de buenas prácticas,pide de buen rollito que los bancos sean buenos y acepten la dación en pago en aquellos casos en que consideren que deben hacerlo. Es decir, de Guindos no hace una ley que legisle la injusta situación de quien compra una casa en este país, sino que pide a los bancos (por favor) que además de echar a los propietarios que no pueden pagar su hipoteca, no les exija el pago de la misma una vez ya han perdido su casa. Lo que cabe preguntarse es que, si este señor piensa que se debe cancelar la deuda de la hipoteca entregando el piso, ¿por qué no hace una ley y se limita a proponer un código de buenas prácticas?
Los bancos dicen que si existiera la dación en pago las hipotecas serían más caras. Puede ser cierto, pero también también es algo que está por ver, porque los bancos darán hipotecas si piensan que les será devuelta la deuda, si no, no lo harán. Todo dependerá de las garantías que ofrezca el cliente. Y si lo han hecho, deberían asumir las consecuencias de su error, quizá metiendo mano a los miles de millones de beneficios acumulados de los últimos años a costa del hipotecado. Además, su derecho a cobrar y a quedarse con el piso no está por encima del derecho a una vivienda digna.
Luís de Guindos ha hecho un ejercicio (muy hábil) de propaganda pura y dura, vacía de contenido. Porque los bancos, antes de la propuesta de este código del buen rollo de la banca que nadie se cree, ya tenían infinidad de fórmulas para conseguir el cobro de la deuda, como quedarse el piso y alquilárselo después a su cliente, o reducir la deuda a límites que les haga recuperar el máximo posible según la situación de cada caso. Es decir, la propuesta del ministro no aporta nada que ya no existiera. Eso sí, ahora serán muchos los bancos que dirán que lo van a hacer, pero no porque lo diga el ministro, sino porque ya lo hacían. Y además así conseguirán buena prensa.
Aunque esta pequeña declaración del gobierno puede tener una lectura positiva. La lucha de Stop deshaucios y de la Plataforma Afectados por la Hipoteca está obligando a reaccionar a los poderes político y financiero. La gente normal y corriente no acepta tantas injusticias, y que no exista la dación en pago es una de las más flagrantes de los tiempos que corren. Que no decaiga la protesta y las movilizaciones contra los deshaucios, porque si no lo exigimos, ni el gobierno ni los bancos lo harán por iniciativa propia.
En relación a la protesta contra el rescate de los bancos de DRY no puedo hacer otra cosa que estar de acuerdo, para que se siga conociendo uno de los fraudes más escandalosos de la historia reciente de España. Sin embargo hay dos elementos a tener en cuenta. El primero es que quien más quien menos tiene sus ahorros en algún banco o caja, y sería dramático que se produjera un “corralito” en España que hiciera que la gente normal y corriente perdiera lo poco que tiene. Es por eso que una intervención pública en todos los bancos con problemas es necesaria y si es necesario se debe inyectar dinero público. Pero, en segundo lugar hay que tener en cuenta que esta ayuda no puede ser a cambio de nada. Además se debe también ayudar a salir de situaciones de falta de liquidez a pequeñas cooperativas, que cuando se encuentran en problemas no reciben el mismo trato que los grandes bancos. Si un banco recibe dinero público debe pasar a ser público y gestionado en función de los intereses generales. Esto lo ha hecho Obama y no ha pasado nada.
Pero los culpables de la burbuja financiera deben pagar por lo que han hecho, y deben hacerlo con su patrimonio. No sería tan difícil identificar las operaciones dolosas y de mala gestión que han provocado esta situación, sacar a la luz a sus responsables, juzgarlos y hacerles devolver las fortunas que han atesorado. No en vano, en esta época de profunda crisis económica el mercado de los bienes y servicios de lujo ha aumentado considerablemente. El caso islandés podría ser una buena fórmula que no sería tan difícil de aplicar en España. Solo haría falta voluntad política, que ni la hay ni se la espera, quizá porque el poder político está más ligado de lo que nos imaginamos al financiero.
Puede que no sea delito engañar y robar mediante artimañas financieras, ni vivir con lujos siberianos, pero es indecente e inmoral. Lo que son razones suficientes para que se decidiera recuperar (mediante impuestos y expropiaciones) toda la riqueza innecesaria, que tanta falta hace a los millones de personas que en este país viven en graves dificultades económicas y, sobre todo, a los miles de millones de personas que cada día viven en la más absoluta miseria.
