ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Los poderes cercanos levantan miedos que pueden asfixiar la convivencia. Eso es lo que está ocurriendo con el goteo de ataques a los inmigrantes desde los ayuntamientos al prohibir los lugares de culto, obstaculizar el empadronamiento y azuzar la inseguridad en los barrios. Da que pensar que las iniciativas políticas de los gobiernos locales sean más restrictivas que las del Gobierno autonómico y estas, a su vez, más lesivas para la integración de los inmigrantes que las del Gobierno español. Cuanto más abajo, más se aprieta la tuerca. Como si una constelación de agujeros negros se tragara los derechos de los habitantes.
Haciendo entrevistas a inmigrantes rumanos, marroquíes y ecuatorianos se escuchan los sonidos del miedo. Son miedos distintos en unos y otros, diferentes en su expresión y en sus causas. Pero su registro debiera conducirnos a reflexionar sobre el curso que sigue la integración de los inmigrantes y el papel de los municipios en la convivencia. En las conversaciones aparece con claridad esa ambivalencia entre cercanía del poder y acogida.
Son residentes legales, pero desconfían a la hora de dar su teléfono para mantener el contacto. La investigación quiere determinar cómo se desenvuelven en la crisis y qué les deparará el porvenir. Pero ese recelo al seguimiento unido a su movilidad residencial constituye un obstáculo para analizar cómo evoluciona su situación laboral y la de sus hijos en la escuela. Y sin estudios longitudinales, la demagogia política campará a sus anchas.
Tienen miedo a hablar de política, de religión y de empleo. De lo primero porque temen que “si critican, luego lo van a pagar”. De religión, porque sienten el rechazo a todo credo que no sea el católico. Y del trabajo, porque no quieren destapar las trampas de los contratos. Pese a su situación legal, aún temen la expulsión.
Nuestra hipótesis es que quizás estemos confundiendo el miedo con la convivencia. Y la integración no es silenciosa. Hay que celebrar, para desespero de los militantes antiinmigración, que no haya conflictos visibles, masivos y violentos. Pero ¿hay avances reales en la integración? La respuesta es que los inmigrantes aún no se sienten ciudadanos.
Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
La natalidad ha disminuido y, según el avance del “Movimiento Natural de la Población de 2010”, un tercio de esa caída se debe a que las madres extranjeras aportan menos niños. Aun así, la natalidad extranjera, descontando los hijos de madres naturalizadas, representa el 20% del total y llega al 25% si le añadimos los vástagos de padre extranjero y madre española. En números redondos, las extranjeras produjeron 100.000 retoños, sobre 485.000 alumbramientos. La noticia es que, por vez primera en la última década, la natalidad africana ha superado a la latinoamericana, y eso pide un análisis.
Esa reducción de natalidad extranjera se debe a la mengua del número de mujeres en edad fértil y de su fecundidad. Es decir, se han ido algunas mujeres y, además, las que se han quedado evitan el embarazo. Es, pues, una cuestión de número, de conducta y, cabe añadir, de estrategia familiar ante la crisis. Porque se han marchado más maridos que esposas, así que la maternidad también disminuye por la separación. Mantener el empleo, enviar remesas y tener separada a la familia es una combinación que frena los natalicios.
La conducta reproductiva de las extranjeras refleja la dificultad de conciliar el trabajo y la familia, pues su implicación en el mercado laboral es superior a la de las nativas. Pero las diferencias en la evolución de la natalidad extranjera según la nacionalidad sugieren que en la explicación de lo que sucede se mezclan factores sociales y culturales. Porque aumenta la natalidad de las marroquíes, disminuye significativamente en las ecuatorianas y bolivianas, mientras se sostiene entre las rumanas.
Sucede que las latinoamericanas son las más activas y ocupadas, las europeas se hallan en una situación intermedia y las africanas son las menos participativas. Así que la natalidad latinoamericana, que era mayoritaria, es la más adaptativa y por eso cae, la europea aún se mantiene y la africana, la más desvinculada del trabajo asalariado, es la que más aumenta. Pero nuestra interpretación es que la crisis de empleo está acelerando la integración de las extranjeras en el régimen de baja fecundidad, aunque algunas piensen en un aplazamiento de los hijos.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Este editorial bebe de dos investigaciones que prueban que la integración de los inmigrantes no es sólo una cuestión de tiempo, ni de aprender el idioma, ni de abrazar las costumbres. Y que los estereotipos que se forjan en la sociedad de acogida amargan la vida de los pioneros y la de sus descendientes, que ya no son inmigrantes. En otras palabras, la tercera y la cuarta generación desde la inmigración pueden, respectivamente, estancarse y retroceder en su ocupación, renta y riqueza respecto de la primera, pese a su asimilación cultural.
El Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés) acaba de hacer público un estudio sobre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos en donde se concluye que una mayoría no tiene documentación, desempeña empleos de bajos salarios y presenta un escaso conocimiento del inglés. En concreto, hay 6,7 millones de mexicanos indocumentados y el 62% de los mexicanos mayores de 25 años no contaba con certificado de preparatoria. Pero el estudio también muestra que la participación laboral de las mujeres aumenta mucho entre la primera y la segunda generación. Además, sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, hablan perfectamente inglés y van perdiendo el español.
Así que podría pensarse que los lastres de la primera generación se disiparán con el paso del tiempo y que los hijos no sufrirán las discriminaciones que padecen sus padres. La idea de la integración que domina en las ciencias sociales es que, en los nietos, apenas quedará algún rastro de los orígenes migratorios.
Pero una investigación excepcional desarrollada en la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA) que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) demuestra, de un modo contundente, lo contrario. Ese estudio se titula “Generaciones excluidas”, y se refiere a los estadounidenses de origen mexicano. En él se prueba que la exclusión se trasmite y se mantiene hasta cinco generaciones después de la emigración porque el estigma no se reduce en lo que realmente importa, es decir, en la educación y en la ocupación. La conclusión es que el pasado marca el futuro y que el progreso de la segunda generación puede ser un espejismo.
ANTONIO IZQUIERDO
Catalunya es una comunidad que nunca se ha sentido económicamente pobre y que no tendría que ver a los inmigrantes como competidores en el trabajo, ni en los recursos públicos. Sin embargo, las plataformas xenófobas y los mensajes egoístas han recolectado adeptos tanto en municipios catalanistas como en ciudades con memoria emigratoria. ¿Cómo analizar el voto antiinmigrante?
Para empezar con buena investigación –y no con encuestas que fabrican propaganda y que resultan inútiles a la hora de averiguar cuáles son las cuitas sociales–, no es de recibo preguntar, como ha hecho el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, si se está de acuerdo en que “los inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita”. La cuestión induce la respuesta y el resultado es esperpéntico porque iguala en proporción a los votantes de ERC, PSC, CiU y PPC. En fin, la pregunta es un pecado y en el resultado lleva la penitencia.
Porque ocurre que cada clase de catalanes respira por su propia herida social y además sabe distinguir entre diversos tipos de inmigrantes a la hora de hablar, por seguir con el ejemplo, de su impacto en la sanidad. El sentimiento de agravio existe, pero aparece con distinto enfoque e intensidad según la posición social. Las investigaciones cualitativas han detectado que las prioridades y quejas para los jubilados de la industria y exemigrantes de Badalona no son las mismas que para los empresarios de la hostelería o los comerciantes de Barcelona. A los primeros les incomoda la cantidad de inmigrantes en el ambulatorio, los segundos se inquietan porque el médico foráneo que les atiende sepa menos que el nativo, y los autónomos se alarman por que traigan enfermedades.
En resumen, el voto es una síntesis de tensiones y su interpretación no es simple. Parece que los resultados del 22-M indican que la fábrica catalana de integración necesita reforzarse. Porque hoy la sociedad civil está más fragmentada y la estructura de oportunidades laborales es más insegura que hace medio siglo cuando llegaron los que ya se consideran catalanes. Pero entonces no había Gobierno autonómico y ahora es él quién tiene las competencias.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Llevamos un cuarto de siglo de inmigración y aún no tenemos un grupo de inmigrantes exitoso. Ciertamente hay inmigrantes de clase media salpicados aquí y allá, pero no como grupo diferenciado en el imaginario colectivo. La idea que domina es que los inmigrantes, todos y revueltos, son inferiores y por eso ocupan un lugar subalterno en la jerarquía social. Y eso, cuando llevamos ya una generación desde la inmigración, es
preocupante. Porque si esa percepción se afianza, lo que va a ocurrir es que la primera generación se encerrará, sus hijos se desilusionarán y todos habremos perdido.
Piense el lector en las tres comunidades más numerosas y verá que, por unos u otros motivos y prejuicios, las tres están mal consideradas. Ni los rumanos (861.000) que son comunitarios, ni los marroquíes (809.000) que necesitan una década para naturalizarse, ni siquiera los ecuatorianos (411.000) que hablan español y pueden votar alcaldes, han conseguido una imagen de grupo que alcance un cierto éxito. Algunos dirán que es cuestión de tiempo, pero sostenemos que analizar y educar la percepción puede acortar la espera. Así pues, ¿cuáles son las razones que abonan esa imagen negativa y generalizada?
Desde luego una de ellas y no la menor es que fueron presentados como mano de obra descualificada, cuando no ilegal, y eso ha menoscabado la percepción de sus capacidades. Además, está el hecho de su fuerza demográfica y de su densidad residencial que disipa la ilusión de que su estancia es temporal. Y por último, su creciente visibilidad como grupos étnicos con costumbres y personalidad que demanda reconocimiento. En otras palabras, el cepo del nicho laboral, la desvalorización debida a su concentración en la escuela pública y el menosprecio cultural son datos que alimentan la imagen de inferioridad.
Pero el estigma se hereda y tiene un alto precio económico y social. Porque cuando la imagen de un grupo es positiva, todos los miembros se esfuerzan por mantenerla, pero cuando se les discrimina, resurge la etnicidad negativa que bloquea los resultados educativos y la promoción social de los descendientes. Es hora de romper el corsé y pensar en que el estigma retrasa el éxito.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Las políticas construyen estereotipos inmigratorios que las encuestas miden. Y las preguntas de los sondeos suelen reforzar esas simplificaciones que los investigadores se dedican a rebatir, sobre todo cuando son negativos. Cada periodo levanta su estereotipo y en nuestra corta historia
inmigratoria ya tenemos tres. Primero fue la inundación migratoria, luego vino el trabajador beneficioso y, ahora, estamos en la época del abusón del Estado del bienestar.
Hace ya dos décadas, una buena porción de encuestados respondía que los inmigrantes eran demasiados. Y como esa inundación no se correspondía con los registros estadísticos, los investigadores nos afanábamos por llevarle la contraria a la opinión pública. Convenimos que el chorro de imágenes televisivas, la visibilidad de los forasteros y su concentración urbana eran los factores que agrandaban la percepción. De modo que las estadísticas no mentían, pero la vista tampoco.
Al despuntar este siglo, las políticas construían la figura del trabajador beneficioso. La mano de obra inmigrante desempeñaba trabajos no queridos, alzaba socialmente al autóctono y le aseguraba la pensión. Pero esa imagen ha pinchado con la destrucción del empleo y ahora se apunta a que las ganancias extraídas de su explotación, con frecuencia irregular, fueron y son privadas, mientras que los costes de su permanencia se socializan.
En la crisis despunta el mito del abusón de los servicios de bienestar que, además, deteriora la educación y la sanidad. Es lo que el estudio publicado por La Caixa sobre Inmigración y Estado de Bienestar en España denomina los “usurpadores” de recursos públicos. Y resulta que la investigación demuestra que no es así, que los inmigrantes no hacen un uso intensivo de los sistemas de protección social y, además, se hallan subrepresentados en ellos. La explicación es que son jóvenes y no ciudadanos, es decir, tienen menos necesidades y están discriminados.
Combatiendo los simplismos al uso estamos creando, sin querer, otro estereotipo, el del inmigrante extraordinario. Aquel que sólo produce beneficios, no envejece, ni enferma, pero renuncia a la protección por desempleo y a la beca educativa. Personas, en fin, que no son como las demás.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
El trágico terremoto en superficie de Lorca ha dejado al desnudo una profunda falla social. Hemos visto que los inmigrantes son los grandes damnificados de la crisis también en lo que hace a la vivienda. Es sabido que la tasa de desempleo de los trabajadores foráneos duplica a la de los nativos y que la crisis del ladrillo ha sido un factor capital en esa desgracia. Pero ahora comprobamos cómo otra crisis, la sísmica, los ha empujado del ladrillo a la lona.
Las estadísticas dicen que el 20% de los habitantes eran inmigrantes, pero las imágenes muestran que el 80% de los que duermen en el campamento no son lorquinos de nacimiento. De modo que la catástrofe ha invertido las proporciones entre los empadronados. Se han dado dos explicaciones razonables. Una es que tienen menos red familiar a la que acudir y la otra que carecen de una segunda residencia en la que recalar. Pero más allá de Lorca, las imágenes nos hablan acerca del impacto de la crisis en la vivienda de los vulnerables. La Fundación Foessa acaba de publicar “El primer impacto de la crisis en la cohesión social en España”, y de ahí salen los siguientes datos sobre inmigración y vivienda.
Un 20% tiene dificultades para pagar el agua, la luz y los alquileres y, como consecuencia, el 10% se halla amenazado de expulsión. El estudio muestra que al cabo de dos años de crisis se han duplicado las dificultades de los extranjeros para mantener las viviendas. También cuantifica las estrategias que están empleando los inmigrantes para aguantar la sacudida: el 9% comparte el piso con personas sin parentesco y el 7% alquila alguna habitación. Por ahora no aumenta el hacinamiento, pero sí que han empeorado las condiciones de la vivienda y se ha achicado el espacio disponible.
En números redondos, hay dos millones y medio de hogares extranjeros en España y, aunque esta acumulación se ha producido en poco tiempo, lo cierto es que no ha crecido el chabolismo como cuando, hace 50 años, los españoles fueron los que emigraron a las ciudades. Sin embargo, la recesión ha empujado a la exclusión a dos millones de hogares, principalmente a los encabezados por jóvenes, por mujeres y por inmigrantes.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Acaban de salir los datos del padrón que nos traen varias noticias sobre la repercusión de la crisis entre la población extranjera. La primera es que la población se ha estabilizado en número y que importa menos la cantidad, 5.730.000, que el perfil de los que han desaparecido de la contabilidad. La segunda dice que hay 100.000 latinoamericanos menos, pero que aún no sabemos cuántos se han naturalizado ni quiénes se han ido.
Sin embargo, los dos datos con más enjundia sociológica han sido que la crisis ha golpeado más a los hombres que a las mujeres y, sobre todo, que han desaparecido del recuento 100.000 extranjeros jóvenes. Resulta que han aumentado las mujeres empadronadas, mientras que hay 28.000 hombres menos. Pero, sobre todo, se ha partido en dos mitades la pirámide de edades. Por un lado han crecido los mayores de 35 años y han menguado los que aún no han cumplido esa edad, con la excepción de los menores de cinco años. La conclusión es que las mujeres y los varones en edad madura han resistido mejor los golpes de la crisis, mientras que los jóvenes han salido más perjudicados.
Estas informaciones traslucen una estrategia individual y otra familiar para enfrentarse a la recesión. La primera sugiere la re-emigración de los jóvenes activos entre 20 y 35 años, que se marchan a otro país cuando pierden el empleo y, con él, la residencia legal. La segunda estrategia implica la fragmentación familiar, porque es la madre la que se queda en España trabajando en los servicios y viviendo como empleada de hogar interna o compartiendo el piso con otras mujeres, mientras que el padre regresa al país de origen acompañado por algún menor.
Pero también ha sido un año de padrón político. Los alcaldes lo han usado para atraer el voto de los ciudadanos atemorizados por las consecuencias sociales de la crisis. Y los inmigrantes para reclamar que existen, porque no obtienen el permiso de residencia si el empleador no les contrata como la ley manda, y para tener acceso a algunos derechos sociales básicos como la educación y la atención sanitaria. Los unos para seguir mandando y los otros con la esperanza de obtener la libertad de residir.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Hay que admirar la tenacidad de los partidarios del contrato de integración porque no les salen las cuentas. Llevamos tres años de crisis intensa y el racismo sigue enlatado en las encuestas. El racismo social no ha estallado pese al medio millón de desempleados foráneos. El racismo político no supera el umbral municipal y el racismo cultural se ha enredado en el pañuelo. Y, sin embargo, la clase trabajadora en España es más inmigrante. Los trabajadores extranjeros superan los tres millones y suponen el 25% de los ocupados entre 25 y 44 años.
Lo cierto es que, aunque no andamos mal en eso del racismo, tenemos que mejorar mucho la integración. El Índice de Políticas de Integración de Inmigrantes (Mipex) nos deja en buen lugar en una perspectiva comparada respecto de otros países europeos, pero evidencia que los fallos se encuentran en la política y en la legislación. Flaqueamos en algunos de los indicadores más básicos para la integración como son el fomento de la participación política, el acceso a la nacionalidad y las medidas antidiscriminatorias. En otras palabras, no andamos mal en el “ahora”, pero no actuamos con la suficiente determinación sobre su futuro como ciudadanos.
Pero si el mercado de trabajo despide y las políticas de integración renquean, ¿por qué razón no se han roto las costuras sociales? Pues precisamente porque la capacidad de acogida de la sociedad, contra lo que predican los agoreros, es mayor que la del mercado de trabajo y tiene fuerza para zurcir los agujeros de la política de integración. Así que hay que regularizar el trabajo sumergido y la evasión tributaria y exigir a los políticos que no erosionen el capital social en cada reyerta electoral.
Pero hay otra razón de fondo para que el racismo siga enlatado una vez reconocido que el grueso de los inmigrantes entra por abajo en la escala social y aúpa a los autóctonos. El motivo es que España ya era multinacional y emigrante antes de su llegada. Los españoles conocíamos bien el pluralismo cultural y la subordinación laboral. Si el golpe inmigrante hubiera repicado sobre una nación homogénea y desmemoriada, el ruido en los sondeos habría sido más sonoro y el rechazo de clase más activo.
ANTONIO IZQUIERDO
Contra lo que se ha dicho, los 8.000 embarcados que han huido a Lampedusa no constituyen un éxodo migratorio. Son una expresión torcida del brutal tapón migratorio que, con la connivencia europea, se impuso en Túnez y Libia. Esa erupción y sus protagonistas, ni son propiamente migrantes, ni representan el potencial de la región. Porque la migración no es un espasmo violento sino un hecho selectivo, de maduración lenta y discurrir prolongado. Un proceso social, no una explosión. Por eso, en el nuevo escenario, la Unión Europea tiene que diseñar un espacio de movilidad y migración en lugar de acorazarse, asustada como está, por las demandas de democracia y trabajo. Es urgente atender a los fugados, pero es básico no caer en el error de levantar otra empalizada para detener a los migrantes.
La teoría dice que las migraciones persistentes probablemente tengan lugar cuando se frustren las expectativas que los jóvenes han puesto en una democracia y en un sistema de producción que genere libertad y oportunidades. La esperanza que se ha manifestado con el derribo de las autocracias es la red que, por un tiempo, contendrá la presión migratoria. Pero esa presión no es sólo la del trabajador rural analfabeto sino que ahora es, sobre todo, la del joven urbano informado. Dado que la población y la educación crecen con paso más seguro y rápido que la equidad y el empleo, conviene articular una política migratoria euro-magrebí que canalice la impaciencia, amortigüe la necesidad y administre, sin arrebatos, los intereses.
Las fronteras son un instrumento para ordenar la circulación de las personas y la política de “muros contra flujos” es un indicador de envejecimiento analítico. El enfoque más realista para el desarrollo socioeconómico norteafricano requiere acordar qué lugar le corresponde a la circulación y cuál a la migración. El libre comercio no ha reducido significativamente la pobreza y el desempleo. Y la inversión de capital ha sido incapaz de satisfacer las aspiraciones de los jóvenes cualificados. Organizar un espacio migratorio salva vidas, pero además, produce admiración, confianza y desarrollo. Cuando los vecinos cambian, las relaciones también.
Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología
