José Antonio Nieto Solís
Profesor titular de Economía Aplicada en la UCM, miembro de econoNuestra 

O las grandes figuras del equipo económico de Mariano Rajoy han olvidado las lecciones más elementales de Teoría de la Hacienda Pública o toman por idiotas a la mayoría de los ciudadanos. Eso es lo que se percibe al analizar los fundamentos de la política fiscal de los ministros Montoro y De Guindos, y comprobar a continuación cómo ambos presentan ante la opinión pública sus decisiones, convenientemente revestidas y edulcoradas. Lejos de promover (de acuerdo con Musgrave) la equidad, la estabilidad y la eficacia, el Gobierno de España insiste en la aplicación sostenida de una política fiscal crecientemente sectaria, sin visión de futuro, y orientada a aumentar la dependencia exterior de nuestro sistema económico, social y político. Veamos algunos ejemplos, en cada una de estas dimensiones.

Primero. Donde la teoría dice que uno de los objetivos de la política fiscal es mejorar la equidad del sistema económico, casi todo el mundo sabe que en España en los últimos tres años lo que más ha aumentado ha sido la recaudación por fiscalidad indirecta y lo que más se han recortado han sido los gastos sociales. Como denuncia el sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA), las subidas del IVA acentúan la falta de progresividad de nuestro sistema fiscal.

Aumentar la recaudación por IVA un 10% en los siete primeros meses de 2014 sería una buena noticia si no contribuyera a hundir más la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población y no coexistiera con un trato fiscal más favorable para las grandes fortunas y las grandes empresas. Además, al valorar la política fiscal hay que tener en cuenta también el gasto público y cómo la población española ha visto deteriorarse de manera progresiva el acceso a los servicios públicos y a las políticas sociales, en particular la Sanidad, la Educación, la Justicia...

La conclusión parece clara: la política fiscal española es cada vez más sectaria. En lugar de atender las necesidades de unos ciudadanos crecientemente empobrecidos, se decanta por aumentar la presión fiscal sobre las clases medias y bajas. Y en vez de perseguir el fraude fiscal, opta por perpetuar los privilegios de los más ricos y por reforzar el dominio del sector financiero. Para colmo, el Gobierno de España presenta sus decisiones como inevitables y beneficiosas para todos. Y no son ni lo uno ni lo otro.

Segundo. Donde la teoría establece que la política fiscal, como parte de la política económica, ha de reforzar la estabilidad del sistema económico, en España solo parece preocupar la situación coyuntural: el corto plazo. Poco importa sentar las bases para estimular un modelo de desarrollo económico y social más sostenible, equitativo y estable a medio-largo plazo, incluso como estrategia para afrontar la coyuntura actual. Como estrategia para abordar también las reformas estructurales que necesita la economía española, que no consisten en liberalizar y desregular aún más el mercado de trabajo, sino en estimular la creación de empleo digno.

Así lo señalan la OIT, la OCDE, y hasta el FMI. La reforma del mercado de trabajo en España no ha facilitado la creación de empleo, aunque sí ha ayudado a reducir los salarios y a deteriorar las condiciones laborales hasta extremos difíciles de imaginar hace años. A la vista de estos resultados, una política fiscal que ponga la atención prioritaria en gravar las rentas laborales, en lugar de estimular la creación de empleo, ha de ser calificada, en el mejor de los casos, de política ciega, sin visión de futuro, e impropia de un gobierno europeo que debería respetar más la dignidad de sus ciudadanos.

Si no se empieza a ampliar hoy la base tributaria del futuro, favoreciendo la creación de empleo de calidad, es porque nuestros gobernantes carecen de una visión estructurada y estructural de lo que ha de ser nuestro desarrollo económico y social, o porque ignoran a la mayoría de la población y velan únicamente por los intereses de las minorías que están a su vera.

Tercero. Donde la teoría habla de promover la eficacia en la asignación de recursos como uno más de los objetivos centrales de la política económica (y la estrategia fiscal), en España se sigue apostando por un estilo de crecimiento que favorece la dependencia exterior: nuestra dependencia financiera, tecnológica, energética, cultural y estratégica.

En lugar de fortalecer las actividades intensivas en I+D+i y promover un modelo energético más sostenible, el Gobierno recorta el apoyo a la investigación y la formación, recorta las becas (incluidas las dotaciones para intercambios Erasmus), y parece conformarse con reforzar la dotación factorial que ya tenemos, sol y playas, aunque esas actividades no siempre aporten a la economía y a la sociedad todo lo que sería deseable.

Lejos de promover un lógico debate sobre la auditoría y reestructuración de la deuda exterior, el Gobierno zanjó el rescate a los bancos sin voluntad alguna de aprovechar la ocasión para mejorar la situación real del sector financiero español. Para mejorarla, sin ir más lejos, configurando una banca pública concurrencial, capaz de canalizar recursos en beneficio del conjunto de la ciudadanía, en vez de devorarlos o de usarlos para provecho exclusivo de las entidades privadas que ya reciben un trato más que privilegiado en España, en Europa, por parte del BCE, y en la legislación internacional, puesto que los bancos son los agentes fundamentales de las operaciones radicadas en paraísos financieros.

Y en lugar de apoyar decisiones sobre el aumento del gasto militar, que solo benefician a las grandes potencias de la OTAN, el Gobierno parece más interesado en ocupar un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad que en apoyar una reforma integral del sistema de las Naciones Unidas. Una reforma en favor de la multilateralidad y de un sistema de relaciones internacionales más equilibrado que ayudaría a afrontar mejor los efectos de la globalización en países como España y sus socios europeos, cada vez menos relevantes en el contexto mundial. Porque esas decisiones de política interna y externa también condicionan los recursos disponibles y sus efectos sobre el resto de la economía.

Para concluir. Ni eficacia, ni estabilidad, ni equidad, sino sectarismo, miopía y papanatismo. Esos son los fundamentos más visibles de la política fiscal española. Esa es la realidad de un Gobierno que no escucha a la sociedad, ni a las regiones y pueblos del Estado español, ni a los trabajadores y pequeños empresarios, ni a las mujeres y jóvenes, ni a casi nadie. Solo tiene oídos para lo que le susurran o le imponen los portavoces de los grandes grupos financieros y las corporaciones trasnacionales.

Nuestro Gobierno administra con creciente racanería las políticas de gasto destinadas a la mayoría de la población, mientras reserva lo más lustroso de los recursos recaudados con nuestros impuestos para seguir apoyando un sistema económico, político y social que está en quiebra. Que está en quiebra por la falta de transparencia, la corrupción, las crecientes disparidades, y la falsedad de los planteamientos y argumentaciones que ofrecen gran parte de nuestros gobernantes nacionales, regionales y locales. Tal vez son muchos los expertos que les sirven en la sombra. Y los que se sirven de ello en beneficio propio. Son tantos, que haría falta un gran pacto para refundar los fundamentos de la convivencia en España.

Mientras tanto, y dado que la política monetaria siempre va a rebufo de la situación porque sus intereses no coinciden con los de la mayoría de los ciudadanos, conviene no olvidar que la política fiscal es uno de los escasos instrumentos de política económica que los gobiernos de la UE pueden manejar con relativa autonomía para combatir los efectos asimétricos de la recesión que asola Europa, con creciente gravedad y persistencia.

Es cierto que esa autonomía no es muy amplia, porque hay que respetar, entre otros aspectos, los topes de déficit público asumidos, además de hacer frente a compromisos financieros difíciles de eludir. Pero, con serenidad y rigor, casi todo es revisable: al menos si se acepta que ni el actual funcionamiento de la UE ni el de los mal llamados mercados financieros son dogmas colocados sobre un pedestal inamovible. En cualquier caso, nuestra obligación es exigir el mejor uso posible de los recursos públicos, en la recaudación y en el gasto. Y en ambas facetas hay mucho que mejorar, si existe voluntad y sensibilidad para hacerlo. Si se nos considera ciudadanos responsables y partícipes de nuestra democracia.