Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
El sarampión, cuya incidencia en los últimos años había pasado a ser insignificante en España, rebrotó en 2011 con casi 2.000 casos, algunos de ellos con complicaciones muy severas. La causa: un creciente número de padres no vacunan a sus hijos. Los enormes logros de las campañas públicas de vacunación, que han conseguido erradicar enfermedades como la viruela o, casi, la poliomielitis, están en riesgo por esas decisiones paternas.
Puede haber al menos tres razones que expliquen la falta de vacunación. Primera, una actitud fanática, como la de algunos seguidores de determinadas iglesias y sectas. Ese fanatismo (quizás, en este caso, mezclado con ciertos intereses económicos) ha llevado, incluso, a la publicación de investigaciones fraudulentas que asociaban la vacuna del sarampión con una mayor incidencia del autismo. Me refiero al artículo de Wakefield (et al.) de 1998 en The Lancet. Una investigación posterior, dirigida por el Consejo General Médico británico, concluyó que los resultados del artículo procedían de una manipulación deliberada y The Lancet publicó 12 años después una retractación. Una convicción personal de Wakefield estaba detrás del fraude. Segunda, un alto nivel de desinformación y/o tratamiento irracional de la información. Esta es frecuente en los grupos socialmente excluidos, pero quizás en la misma categoría se pueden encuadrar algunas corrientes alternativas. Valga un ejemplo: padres que organizan “fiestas del sarampión”, destinadas a inmunizar “naturalmente” a los niños y niñas, incurriendo, simultáneamente, en un riesgo de complicaciones no controlado. Y tercera, un comportamiento oportunista, la típica conducta free rider, con la cual algunos padres se aprovechan de que el resto de niños están vacunados, lo que genera una protección a los suyos sin necesidad de vacunarse.
En los tres casos que he comentado parece claro que sólo la intervención decidida del sector público puede solventar el problema, reforzando la aplicación universal de determinadas vacunas. El fanatismo, la ignorancia y el oportunismo y, frecuentemente, su mezcla en proporciones diversas, no pueden poner en juego avances que han hecho retroceder el sufrimiento y la muerte de forma muy significativa.
Pere Vilanova
Catedrático de Ciencia Política
Este año que cerramos, 2011, celebra varios aniversarios, el del 11-S por ejemplo, pero uno de ellos merece especial atención: el fin de la Unión Soviética, el más formidable experimento de ingeniería social y política del siglo XX. En efecto, esos últimos días de diciembre de 1991 vieron, al final, cómo a las 12 de la noche del último día del año se arriaba la bandera de la URSS y en su lugar, en el propio Kremlin, se izaba la bandera de Rusia. La primera pregunta, 20 años después, es obvia: ¿se cerraba un simple –aunque dramático– paréntesis de 70 años de experimento soviético, mal llamado “socialismo científico”? ¿O bien empezaba una nueva era histórica con una nueva Rusia? Si es cierto lo primero, Rusia reanudó en 1992 una historia milenaria, con todas sus virtudes y vicios, que permiten explicar muy bien los tics y reflejos autoritarios de lo que venimos en llamar “putinismo”, que por cierto tiene una fuerte base social, además de una oposición creciente en las calles.
Es interesante recordar cómo 1991 fue el año del cierre de ese experimento que se llamó “perestroika”, que Gorbachov había iniciado con increíble audacia siete años antes. Intentó por todos los medios (democráticos) una reforma estructural del sistema soviético para hacerlo competente y competitivo en un mundo ya globalizado de modo irreversible. Tuvo que apoyarse en la
estructura piramidal de un poder que tenía dos patas y que veía en la reforma una amenaza existencial: la “nomenclatura”, por un lado, y las 15 repúblicas federadas, por el otro.
La “nomenclatura”, o el sector más duro del “aparato” del partido, intentó un ridículo y absurdo golpe de Estado en agosto de ese año, que fracasó porque la gente (y parte del Ejército) salió a la calle encabezada por Yeltsin, presidente electo de Rusia. Pero ello llevó a Yeltsin y otros presidentes de algunas repúblicas (Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán) a un último complot: si las repúblicas federadas se declaran independientes, la URSS se reduciría a cero. Literalmente eso es lo que pasó entre el 6 y el 31 de diciembre de 1991.
Cayó el telón.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
La intención de Rajoy de que el relevo del Gobierno sea “business as usual” (esto es, una alternancia ordinaria, ordenada, tranquila, producida por unas elecciones) quiebra en un punto esencial. Esas elecciones fueron anticipadas casi exclusivamente por la tediosa insistencia de Rajoy y su batería de medios en que la situación era gravísima, crítica, casi agónica; que el Gobierno socialista debía desalojar de inmediato la plaza, que no se podía esperar un día más a dar paso a un Ejecutivo conservador capaz de restaurar la confianza, de dar comienzo a la recuperación gracias a su mucho más acertado paquete de medidas y, desde luego, cuando menos, de detener el ascenso del paro.
Las soluciones nunca se explicitaron durante la campaña electoral ni tampoco en el discurso de investidura, pues en este se enunciaron objetivos de forma que, a día de hoy, aquellas soluciones siguen siendo una incógnita. A lo cual se añade el súbito reconocimiento de que no habrá recuperación en 2012 y de que el paro seguirá aumentando. Sólo faltaba que el Gobierno entendiera que los famosos cien días deben ser un merecido descanso y tardara otros tantos en aplicar las famosas e ignotas medidas que ayer eran asunto de vida o muerte.
Las urgencias políticas sostenidas en motivos económicos suelen tener más de psicología, de estado de ánimo, de interpretación que de objetividad. Pero, aun siendo así, no es prudente que el segundo Gobierno de la crisis se tome esta a beneficio de inventario y desaproveche el generalizado ánimo de resignación que, según las encuestas, reina entre la gente. Además, al dejar las cosas para más adelante (suelen mencionarse aquí las elecciones andaluzas), mostrando que en realidad no había urgencia, puede encontrarse una resistencia crecida que ahora ni se insinúa.
Está tan clara esta necesidad de acción que hasta Angela Merkel insta a Rajoy a poner sin dilación en marcha su “ambicioso” programa. El hecho de que ella sepa que un programa aún no formulado por el presidente es “ambicioso” sólo puede explicarse porque, en realidad, lo ha formulado ella. Y quizá esto explique también la tardanza de Rajoy en exponerlo: está esperándolo.
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
La CEOE, coincidiendo con la semana de puentes del 6 y 8 de diciembre, repitió su propuesta de eliminar puentes y concentrar el máximo posible de días festivos en lunes. Tal propuesta se enmarca en el actual contexto de crisis y de las recetas para combatirla que, finalmente, suponen una redistribución más intensa de los recursos hacia el capital en detrimento de la posición de los trabajadores. Hacer trabajar más días a los trabajadores españoles, lógicamente, incrementa la productividad por persona ocupada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los trabajadores españoles ya trabajamos bastantes más horas, como media, que los trabajadores europeos. Los posibles incrementos de la productividad deberían generarse en otros factores y no justamente en las horas anuales trabajadas, donde en España batimos ya bastantes récords. Nos superan, de hecho, muy pocos países: por poco, Japón y Estados Unidos y, con mayor diferencia, Corea.
Entre los “otros factores” a los que me refiero podríamos distinguir dos grupos: en primer lugar, los que tienen que ver con el tipo de puesto de trabajo, determinado por el capital físico que se ha invertido previamente en él y por las infraestructuras, muchas de ellas públicas, que lo rodean. Y, en segundo lugar, los relacionados con el capital humano en forma de competencias que pueden desarrollar los trabajadores. El primer grupo queda prácticamente fuera del ámbito de decisión de los trabajadores, depende de la inversión empresarial y pública; el segundo, el capital humano, depende de una larga historia que en nuestro caso no ha sido especialmente brillante.
Hacer “trabajar más”, en España, es la respuesta facilona (y cargada ideológicamente) al problema de la productividad. El quid de la cuestión está en otras zonas, como el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, que no mejoran por trabajar 1.800 horas al año. Mejoran con una conjunción de esfuerzos inversores privados y públicos continuos. Aunque en una crisis como la actual estos esfuerzos resultan difíciles de mantener, debido a las limitaciones del acceso al crédito y a las restricciones en el gasto público, centrar la atención en las horas de trabajo es más propio del siglo XIX que del XXI.
Óscar Celador
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
La jerarquía católica utiliza habitualmente el término “laicista” para descalificar, bien a aquellos que se oponen a que las administraciones apoyen financiera o institucionalmente proyectos de naturaleza confesional –como la reciente visita del papa a Madrid–, bien a los poderes públicos cuando aprueban normas o reconocen derechos que permiten a los ciudadanos realizar actividades contrarias al ideario católico –como el matrimonio entre personas del mismo sexo–. La Iglesia católica entiende que el Estado no puede regular determinados sectores de la vida civil (como la educación, la familia o la muerte digna) en contra de sus principios de fe, so pena de convertirse en un Estado laicista. Asimismo, los sectores más conservadores defienden la tesis de que el laicismo es uno de los principales culpables del profundo proceso de secularización que desde la Segunda Guerra Mundial asola Europa en general, y a los países tradicionalmente católicos en particular.
Las posiciones clericales sólo pueden comprenderse adecuadamente si se tiene en cuenta que históricamente en la Europa católica, bien la Iglesia católica era un auténtico poder político que perseguía directamente la herejía a través de tribunales como la Inquisición, bien los estados ejercían de brazo secular obligando a todos sus ciudadanos a profesar la verdadera fe, como ocurrió en nuestro país durante la dictadura franquista. Ahora bien, es insólito que la Iglesia católica se harte de calificar a nuestro país como laicista, cuando España es probablemente el país europeo más generoso económica e institucionalmente con ella pues, entre otros muchos privilegios, financia su labor confesional y benéfica, y permite que controle prácticamente la mitad del sistema escolar financiado con recursos públicos concertando sus escuelas (algo único en Europa).
Las acusaciones mencionadas sólo pueden entenderse en el marco de un clericalismo exacerbado que no conoce límites gracias a la cobardía política que han exhibido tradicionalmente nuestros gobernantes, y al hecho de que la Iglesia católica española todavía no haya realizado la Transición democrática que en estos años ha abordado de forma ejemplar la ciudadanía española.
Pere Vilanova
Catedrático de Políticas
Pues sí, todavía hay política para rato, es decir, para siempre. Las reacciones al discurso de Rubalcaba del pasado sábado son buena prueba de ello. Para un académico, sector ciencias sociales, resulta siempre interesante el siguiente experimento, en clase, con estudiantes de primer año de Ciencias Políticas o de Sociología (los de cursos superiores lógicamente ya conocen la materia de modo más matizado y diverso): “define en menos de una línea el concepto política, del modo que incluya la mayor cantidad de significados posibles”. La primera reacción suele ser de cierta sorpresa, pues descubren que explicar en menos de una línea algo aparentemente tan obvio y sobreutilizado como la palabra política es una tarea de cierta dificultad. Unos se inclinan por la línea de “es la defensa del interés general”, otros apuntan más bien a “es la gestión de los asuntos públicos”, otros van más a la greña y despotrican (curiosamente) no de la política, sino de los políticos, como si aquella fuera una cosa demasiado seria para dejarla sólo en manos de estos.
Pocos apuntan al núcleo duro de la cuestión: es la competición por el poder. Que dicha competición esté sujeta a normas y reglas aceptadas socialmente (leyes, Constitución, elecciones) o esté sujeta a procesos más desregulados, incluso violentos, son toda la diferencia entre, pongamos por caso, las elecciones en España o Portugal y lo que ha pasado desde 1973 hasta enero pasado en Sudán del Sur, nuevo Estado recién estrenado.
Pero lo que hizo Rubalcaba el sábado es entrar en (otra fase de) la competición. Y ahí entra en un terreno lleno de dilemas, que algunos medios y analistas ya han puesto sobre la mesa. Si lleva en el Gobierno tantos años, ¿por qué no ha puesto en marcha estas propuestas antes? En realidad la pregunta es otra: ¿cómo piensa poder hacer lo que propone? Y ahí la respuesta nos concierne a todos, porque lo que plantea sólo se puede ir haciendo (o intentando) desde el espacio de lo público, desde las instituciones, desde el Derecho. Pero las ocho o nueve propuestas más llamativas, imprescindibles más que atractivas, no sé si van a impresionar mucho a los mercados y las agencias de calificación. Es cosa de todos (líderes, partidos, instituciones y ciudadanía) que así sea.
JORGE CALERO
Por qué no nos podemos permitir utilizar la energía nuclear? La respuesta a esta pregunta, en mi opinión, no puede limitarse a señalar el riesgo de la tecnología nuclear. Ningún economista plantearía las decisiones relacionadas con el riesgo en términos absolutos: tanto en el nivel individual como en el social aceptamos constantemente riesgos asumibles en función de las ventajas que comporta cada actividad.
Un único accidente nuclear tiene consecuencias extraordinariamente desastrosas; puede acabar con la vida de decenas de miles de personas y afectar a las generaciones futuras de un modo impredecible. Aún así, al menos en teoría, podría ser aceptable incurrir en el riesgo. Todo dependerá de dos cosas: de los beneficios sociales que perciban los ciudadanos y de la probabilidad de que sucediera tal accidente. La cuestión esencial, entonces, no es que existe riesgo, sino si este es asumible. Y va creciendo la evidencia que apunta en un sentido negativo.
Después de descartar cualquier prejuicio antinuclear, sigue siendo inevitable prestar atención a cómo se acumulan factores que hacen que la probabilidad de accidente nunca sea suficientemente baja. Siempre se trata de circunstancias excepcionales: hoy es un terremoto de grado 9, ayer fue un error humano, mañana puede ser un ciclón o un ataque terrorista. Una excepcionalidad que no deja de subrayar en cada caso el lobby nuclear. Pero nuestras estructuras técnicas, institucionales y políticas no tienen, hasta la fecha, respuestas adecuadas ante tal excepcionalidad. Quizás en una sociedad diferente a las nuestras las respuestas existirían. Sin embargo, no parece que las diferentes formas de organización con las que hemos gestionado la energía nuclear den suficiente garantía. Los accidentes que todos recordamos, los más antiguos y los más modernos, han sido provocados por muy diferentes combinaciones de errores, atribuibles unos al exceso de burocracia, otros al exceso de mercado, todo ello combinado con rasgos humanos, en este caso no controlados, como la estupidez o la codicia. En este contexto puede que lo más juicioso sea empezar a asumir que los costes de la energía nuclear, aquí y ahora, son ampliamente mayores que sus beneficios.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
LUIS MATÍAS LÓPEZ
Periodista
Aung San Suu Kyi ha pasado 14 de los últimos 21 años en arresto domiciliario por exigir democracia en Myanmar, sin que la obtención en 1991 del Nobel de la Paz torciese la voluntad de la dictadura militar. La concesión del galardón al disidente chino Liu Xiaobo, condenado en 2009 a 11 años de prisión por “incitar a la subversión del poder del Estado”, tampoco le pondrá en libertad. Ni a él ni a los otros presos políticos, pese a la oleada de peticiones de todo el mundo, como la de Barack Obama, apenas un gesto para no irritar demasiado a un país con 850.000 millones de dólares en deuda pública norteamericana.
La Carta 08, firmada en principio por 300 intelectuales y después por más de 10.000 personas, exigía democracia parlamentaria, libertades de asociación y prensa y separación de poderes. Justo lo que Pekín considera graves amenazas a la seguridad nacional, es decir, a la supremacía del partido comunista, bajo cuya férula avanza desde hace 30 años un experimento de desarrollo social y económico sin precedentes que, por ahora, excluye la reforma política.
El régimen yerra el tiro al calificar de “obscenidad” la concesión del Nobel. Obscenidad es tener a Liu en la cárcel, no que el comité del premio inste a respetar derechos universalmente reconocidos. Sin embargo, lo más probable es que a medio plazo no mejore la situación de los disidentes chinos, y de este en concreto. Incluso no cabe descartar un endurecimiento.
China reacciona ante críticas y ataques exteriores bajo el síndrome de país acosado, y sólo suaviza su postura cuando la presión se desvanece. En casos como este resurge un nacionalismo como el que, en las últimas semanas, se ha alimentado de la crisis con Japón tras la detención de un pesquero chino en un área en disputa. Pekín aprovechó el incidente para renovar su reivindicación sobre mar del Sur de China, que inquieta a los países de la zona.
El liderazgo chino cree, y tal vez no le falte razón, que la historia le absolverá, que la represión de la disidencia y casos como el de Liu Xiaobo quedarán como notas a pie de página que no empañarán otros capítulos brillantes, como sacar de la miseria a centenares de millones de habitantes y convertir el país en una superpotencia que trata de tú a tú a EEUU y cuyo peso como fábrica del mundo y gran mercado emergente es vital para la estabilidad global.
LUIS MATÍAS LÓPEZ
Periodista
Sólo faltaba el ataque terrorista que ayer costó la vida a cuatro colonos judíos para marcar a sangre y fuego la tremenda dificultad a la que se enfrenta el diálogo directo entre israelíes y palestinos que, si este atentado no lo impide, se abrirá mañana con Obama de mediador. El gran interlocutor ausente de las conversaciones, el grupo radical islamista Hamás, entra en escena para dejar claro que la paz no es posible sin su concurso, y amenaza así con echar por tierra toda esperanza de acuerdo, por frágil que fuese.
A juzgar por lo ocurrido en el pasado, el radicalismo de Hamás no quedará sin respuesta, y el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, un halcón que parece moderado si se le compara con alguno de sus socios en el Gobierno, no tendrá fácil practicar una contención más necesaria que nunca.
Empeoran así unos augurios que ya eran pésimos: en Israel, gobierna la derecha de Netanyahu en coalición con la ultraderecha más cerril; en Palestina, sólo la rama moderada de su doble liderazgo, la de Mahmud Abás, apoya el proceso de paz. Y las partes que se dan cita en EE UU difieren en todo: límites del futuro Estado palestino, capitalidad en Jerusalén Este, colonias judías en Cisjordania, retorno de refugiados o garantías de seguridad para Israel.
¿Qué juega a favor? 1) La implicación de Obama, cuyo declive podría frenarse con un éxito allá donde fracasaron Clinton y Bush. 2) Que, como Beguin al devolver el Sinaí a Egipto, el halcón Netanyahu podría contar con la no beligerancia de la oposición. Y 3) Que si la negociación fracasa, será inevitable un nuevo ciclo de violencia. ¿O se ha iniciado ya?
¿Lo peor? Que todo quedará en nada si Netanyahu no prolonga la moratoria sobre la construcción de nuevos asentamientos, y que Hamás, dueño y señor de Gaza, está fuera del proceso y, a lo que parece, dispuesto a boicotearlo. La calculada inoportunidad del ataque de ayer da argumentos a Israel, EEUU y la UE, que tachan a la organización de terrorista, pero no condenan el terrorismo de Estado israelí.
Sin embargo, en este conflicto marcado por excesos salvajes en los dos bandos, la paz nunca será posible si no la acuerdan quienes hacen la guerra. Hamás, parte del problema, debe ser también parte de la solución. Pese a los cuatro muertos (o tal vez más) que estarán sobre la mesa cuando Netanyahu y Abás comiencen a dialogar.
CARLOS TAIBO
Profesor de Ciencia Política
Sabido es que la visita a Israel del vicepresidente norteamericano, Joe Biden, coincidió, días atrás, con el anuncio de la construcción de 1.600 nuevas viviendas en la Cisjordania ocupada. Es lógico que los gobernantes estadounidenses se hayan sentido molestos ante una decisión que revela bien a las claras dos hechos: por un lado, la firme voluntad israelí de obstaculizar cualquier acuerdo de paz, y por el otro, el no menos firme designio de la Casa Blanca en el sentido de evitar, más allá de las quejas rituales, cualquier suerte de sanción al ocupante.
Lo ocurrido desnuda la política de Barack Obama en relación con el conflicto palestino, y lo hace de la mano de la certificación de que, pese a alguna coyuntural apariencia, el actual primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, se siente tan cómodo con el presidente estadounidense de estas horas como se sintieron en el pasado, con Bush hijo, sus antecesores Sharon y Olmert. Por cierto, que, en un ejercicio lamentable que homologa las responsabilidades de israelíes y palestinos en lo que atañe a la dificultad de reabrir las negociaciones, hace unas semanas Obama señaló que había sobreestimado la capacidad de Estados Unidos para convencer a unos y a otros de la necesidad de dialogar…
A estas alturas, sólo los más ingenuos pueden concluir que hay alguna esperanza de que las cosas cambien del lado israelí, al amparo, por ejemplo, de una incorporación del partido centrista Kadima al Gobierno en detrimento de ultranacionalistas y ultrarreligiosos. Por qué habría de alterar Israel sus posiciones si todo va razonablemente bien para sus intereses. Cómo estarán las cosas para que el propio presidente palestino, Mahmud Abbas, a menudo plegado a las imposiciones israelíes –ahí está su decisivo apoyo para que el informe Goldstone no llegase a La Haya– y poco más que un títere de las potencias occidentales, haya llegado a la conclusión de que, dadas las condiciones presentes, ninguna negociación es posible. El círculo se cierra, en fin, con la lamentable política que abrazan gobiernos árabes como el de Egipto, siempre de espaldas a cualquier proyecto que acarree un respaldo elemental al pueblo palestino.
Que Obama aún está a tiempo de actuar es evidente. Tanto como que no hay ningún motivo sólido para concluir que, de una vez por todas, y asumiendo riesgos, vaya a romper la baraja de una impresentable y duradera solidaridad con Israel.
