RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
La Conferencia Política del PSOE ha alumbrado un programa electoral que recupera la tradición reformista de la socialdemocracia y, por lo tanto, se sitúa a la izquierda de la práctica del Gobierno socialista en los últimos dos años. En su justificación, el candidato Rubalcaba esbozó una crítica (en el fondo, autocrítica) a las políticas de recortes que pudieran haber sido excesivas, abriendo la posibilidad de retorno a medidas incentivadoras de corte keynesiano y redistributivo.
El giro a la izquierda pretende hacerse patente con una defensa a ultranza del Estado del bienestar, la línea roja a las privatizaciones, la combativa intangibilidad de la sanidad y la educación públicas, una política fiscal progresista (aunque no esté tan claro en la mayor fiscalidad del alcohol y el tabaco, o sea, impuestos indirectos), la lucha contra el fraude, la prioridad al feminismo, la igualdad y la afirmación de las políticas sociales. Recoge, asimismo, aspiraciones de la calle como la transparencia, la rendición de cuentas y la tímida reforma electoral con las listas cerradas y no bloqueadas.
Se trata de medidas moderadas, no radicales. La socialdemocracia no es una doctrina revolucionaria sino reformista, y este es el espíritu que el programa trata de rescatar para reconstruir el bloque que hicieron posibles los anteriores gobiernos socialistas durante el mayor tiempo posterior a la Transición: una alianza de parte de la clase media con la trabajadora y sectores sociales singularizados como las mujeres, los ecologistas, los inmigrantes nacionalizados, los defensores de los derechos de las minorías. Un bloque mayoritario pero no hegemónico.
Se puede decir que este programa es hacer de la necesidad virtud, una declaración del PSOE a la desesperada para evitar una derrota electoral frente al PP, del que apenas se distingue ya. Y quizá algo peor que una derrota electoral: un cataclismo como el que hundió UCD en 1982, cuando perdió casi cinco millones de votos. Que no será así permite suponerlo la Conferencia Política que ha mostrado un partido unido. Y si la perspectiva sigue siendo de derrota electoral o no, lo dirán los sondeos los próximos días.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
El caso Faisán es políticamente explosivo porque afecta al núcleo de la seguridad del Estado de derecho, la lucha contra el terrorismo. Un terreno en donde no es admisible la política partidista. Por eso es tanto mayor la tentación de servirse de él para obtener beneficios electorales a partir de lo que uno de los magistrados consideraba en un voto particular a un auto de la Audiencia como una “instrumentalización política del caso”.
Junto a ese aspecto institucional de obvia trascendencia hay un lado humano que, aun siendo de otro orden, nadie con sensibilidad puede ignorar. Los encausados son tres funcionarios policiales con largas hojas de servicios a la seguridad de los ciudadanos y de experiencia en la lucha contra ETA quienes, por la naturaleza del proceso y el uso político y mediático que el PP hace de él, se encuentran en una situación que sólo cabe calificar de kafkiana.
En uso de su derecho, el PP se ha personado como acusación popular. Ello le obliga a guardar exquisitamente las formas y extremar la cautela para impedir que el proceso quede adulterado por una instrumentalización política. Sin embargo, no otra puede ser la finalidad de los constantes ataques del PP y los patronos de su fundación, FAES, en sede parlamentaria y no parlamentaria, que comparan el caso Faisán con los GAL, hablan de “alta traición” de Rubalcaba y presumen colaboración de la Policía con banda armada.
Es el caso de uno de los magistrados decisivos en el curso del caso, Enrique López, quien no sólo es persona próxima al PP, ya que este avala su candidatura al Tribunal Constitucional, sino que además colabora de modo directo y permanente con la FAES, que es una fundación del PP, presidida por José María Aznar. Cuando la Constitución prohíbe taxativamente a jueces y magistrados “pertenecer a partidos políticos”, quizá debió especificar qué se entiende por “pertenecer”. Para el uso normal del castellano y en la interpretación ordinaria, el magistrado López “pertenece” al PP, aunque no sea militante ni pague cuotas. Y por lo tanto debiera abstenerse de toda participación en una causa en la que el partido con el que colabora, según parece a cambio de retribución, está personado como parte.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Esperanza Aguirre dijo hace unos días que los profesores trabajan 20 horas por semana y Ana Botella, concejala del Ayuntamiento de Madrid, remachó que trabajan menos que los funcionarios municipales. Ambas afirmaciones eran falsas, como reconoció la presidenta de la Comunidad de Madrid al admitir que los docentes trabajan 37,5 horas por semana, como es su obligación. En realidad, la inmensa mayoría trabaja mucho más, pero lo importante es que Aguirre faltó clamorosamente a la verdad y hubo de disculparse por ello.
Ahora es la misma Aguirre la que acusa al PSOE, a IU, a los indignados y a “los de la ceja” de mentir porque afirman que la Comunidad de Madrid está aplicando recortes en educación. Según ella, lo que sucede es que se pide a los profesores que cumplan 20 horas lectivas del total de la jornada laboral semanal en lugar de las 18 que venían haciendo. Pero esas dos horas de diferencia de horario significarán que este año dejará de contratarse una cantidad considerable de profesores interinos como ella misma admite, aunque no sepa cuántos en concreto. Luego sí habrá recortes en educación que afectarán negativamente a la calidad de la enseñanza pública en Madrid, ya que necesariamente mermará la idoneidad del profesorado y, por tanto, no son los acusados de mentir quienes mienten sino, en todo caso, quienes los acusan y, como se ve, no por primera vez.
Y no sólo se falta a la verdad en los recortes de la enseñanza pública sino que también pretende ocultarse el trato de favor que la Comunidad dispensa a la enseñanza privada religiosa a costa de la pública, que es otra forma de mentir. La consejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, explicó el pasado agosto cómo su departamento ha ampliado la oferta de plazas de profesores de centros privados subvencionados con fondos públicos, ampliación que contrasta con el recorte en la contratación de profesorado en los centros públicos. De igual modo proyecta ceder gratuitamente terrenos públicos para que las congregaciones religiosas puedan desarrollar sus proyectos educativos privados en Madrid. Pero esto no lo explicó en España, sino en Rímini, en Italia, en un congreso de la organización ultracatólica Comunión y liberación.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
La propuesta bipartidista de reforma constitucional que se vota hoy se ha encontrado con la hostilidad de un sector de la opinión. Se habla de “golpe de Estado financiero”, de “golpe a la democracia”, de “ruptura del consenso constitucional”, etc. Son términos irritados, fuertes, que además coinciden con el resurgimiento del 15-M después del paréntesis papal y que se ha añadido a la nueva causa contra la entrega del Gobierno al neoliberalismo.
Sin embargo, la iniciativa por acuerdo del PSOE y el PP es perfectamente legal. Si es o no democrática dependerá del concepto de democracia que se tenga. Pero legal, es. Nada puede obligar a convocar un referéndum como no sea el voto favorable de 35 diputados o 26 senadores, números que es muy dudoso que se consigan. Las peticiones y las manifestaciones hacen visible la propuesta, pero no más eficaz.
Se puede decir que, aunque el referéndum no sea legalmente obligatorio, lo es moralmente dada la trascendencia de lo que se reforma. Pero aquí aparecen discrepancias. Para unos, el tope del déficit es enterrar el Estado del bienestar; para otros, es una garantía del Estado del bienestar. Si no hay acuerdo mayoritario, la obligación moral se debilita.
El argumento del escaso consenso y la imposición del bipartidismo, aun siendo menor, también cuenta. Parece que el Gobierno y la oposición de derecha harán lo imaginable por atraer a su lado a CiU o, cuando menos, neutralizarla, ya que con el PNV, que pide la autodeterminación, es difícil el pacto. Quizá no sea mucho, pero garantiza el triunfo de la política (de qué política es otro cantar) en el sentido de que será impensable que se alcancen los 35 diputados en pro del referéndum.
Los sectores contrarios a la reforma y partidarios del referéndum centrarán sus baterías en el Grupo Parlamentario Socialista del que, en todo caso, podrían salir los votos que rompan la disciplina de partido, si no son muchos. Querrán poner a los diputados más a la izquierda en el dilema de actuar según sus convicciones o según las directrices de su partido. Y este reaccionará haciendo política con los diputados más vacilantes; que puede ser política de conciliábulo. Pero es la que hay.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
La propuesta de fijar en la Constitución el tope de gasto ha suscitado las iras de la izquierda, dentro y fuera del PSOE. Hay quien habla de “golpe de Estado constitucional”, que es una expresión contradictoria. La culminación de la entrega del Gobierno a las políticas neoliberales. Y se multiplican las campañas pidiendo un referéndum. Pero es difícil que se materialice esa consulta.
Las peticiones populares en forma de recogida de firmas carecen de fuerza salvo que se presenten en forma de iniciativa popular. Y no se ve cómo esta pueda encajarse en el proceso de tramitación de un proyecto en curso. También cabe imponer el referéndum mediante el 10% de diputados (35) o de senadores (26). Pero esas cifras sólo pueden alcanzarse si se rompe la disciplina de voto de alguno de los dos partidos mayoritarios, lo que es posible, pero improbable; aunque, al estar al final de la legislatura, pueda haber sorpresas.
Aún suponiendo que cupiera forzar un referéndum, es muy poco probable que ganara el “no”. Quienes estén tentados de comparar este referéndum con el de la OTAN deben recordar que entonces la derecha se abstuvo (algunos votaron “no”), pero aquí votará “sí” en bloque. Las deserciones se darán en el PSOE, aunque seguramente la mayoría de estas se irán a la abstención, no a su izquierda. Lo más probable es que gane el “sí”, con las desagradables consecuencias que se esperan redobladas. Pero, en el caso improbable de que ganara el “no”, las consecuencias podrían ser peores. Forzar por ejemplo una salida de España del euro.
Más que pedir un problemático referéndum para una medida obligada, impuesta de fuera (será cuestión de saber por quién en concreto), la izquierda podría presentar un plan de interpretación del techo de gasto que no se diferencie en lo sustancial del que ya existe como compromiso del Tratado de Maastricht, pero que tenga más flexibilidad y arrastrar así al PSOE, que tiene que cultivar la izquierda para las elecciones. Porque el techo ya existe. Lo que pretende ahora la doctrina neoliberal dominante (la derecha española, por ejemplo, pide déficit cero) es hacerlo rígido porque la Comisión Europea es incapaz de imponerlo.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Desde que el pasado mes de julio José Luis Rodríguez Zapatero decidió adelantar las elecciones generales al 20-N, España vive una larga precampaña electoral. Los comicios sirven para que los ciudadanos decidamos entre propuestas alternativas de los partidos. Pero, para decidir sobre ellas, es preciso que existan.
Alfredo Pérez Rubalcaba, consciente de que parte de una posición de desventaja, ha multiplicado sus comparecencias haciendo propuestas innovadoras en un intento por perfilar un programa electoral que le permita dar la vuelta a las encuestas. Así, tras asegurar que acepta todas las formas de debate que las televisiones quieran proponer, ha desgranado ideas (no meros deseos) y proposiciones de reformas que ya forman un cuerpo considerable que da solidez a su candidatura: se ha mostrado dispuesto a reformar el sistema electoral, en sintonía con la petición del 15-M; así como a posibilitar que las iniciativas ciudadanas se escuchen en el Congreso (“escaño 351”); pide que se regulen los beneficios de los bancos y que estos ayuden a crear empleo; reclama que Alemania lidere la recuperación europea; que el Banco Central Europeo baje los tipos de interés; que se imponga una tasa a las transacciones financieras y eliminar o transformar las diputaciones provinciales.
Frente a esto, la candidatura de Mariano Rajoy se basa en la idea de que cuanto más hable la derecha, más se perjudica en sus expectativas. Se muestra reticente o contraria a los debates televisivos y se mantiene en silencio o se limita a enunciar obviedades (como volver al crecimiento creando empleo y viceversa), pero sin enunciar medida práctica alguna. Es una candidatura que solicita un cheque en blanco para unas medidas que se desconocen y que, cuando se conocen, como en el caso de las comunidades autónomas que el PP gobierna, no producen los resultados anunciados.
Son dos modelos que anuncian dos campañas muy distintas: una dialogante y propositiva y otra de opacidad y silencio. Sería bueno que, además, antes de entrar en ella, el PP explicara a la ciudadanía cómo se financió la campaña de 2008, hoy acusada de financiación ilegal por la Fiscalía anticorrupción. Para que a la falta de ideas no se una la impresión de prácticas corruptas.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
La llegada la próxima semana del papa está rodeada de controversia, y con razón. La Iglesia española ha probado su maestría en la organización, garantizando al pontífice unos actos multitudinarios, llenos de pompa y boato con la máxima proyección mediática. Y eso a pesar de que, como se empiezan a temer, la asistencia vaya a ser menor de la inicialmente prevista.
La Iglesia parte del supuesto de que le asiste un derecho a ocupar los espacios públicos para actos privados (ya que la visita es pastoral), lo cual es más que discutible en un Estado carente de religión oficial. En eso goza de la aquiescencia de las autoridades, que ponen cuantiosos recursos públicos, humanos y materiales, a disposición de las jornadas y a cuenta del contribuyente. Las autoridades estatales han manifestado el deseo de que el papa no se pronuncie sobre la legislación vigente en el Estado a tres meses de las elecciones. Pero no es el ánimo de la jerarquía ni del ilustre visitante, que ya ha advertido de que hará las consideraciones morales que el momento requiere. Algo de nuevo más que discutible porque la visita es pastoral, pero es en realidad de Estado y en parte la sufragan los contribuyentes, incluso los partidarios de dicha legislación.
Otro asunto es el coste desmesurado del acontecimiento en un momento de estrecheces generales. Produce una impresión muy negativa que en nombre de Cristo se haga ostentación de tanto despilfarro. Y esa impresión no se contrarresta al escuchar que los peregrinos dejarán mucho dinero en Madrid; al contrario, se agudiza al revelarse la faceta mercantil del acontecimiento. Y menos aún con afirmaciones insólitas como la del cardenal Antonio Cañizares, para quien el problema de Europa no es la crisis, sino que ha perdido a Dios. Lo que han perdido más de cuatro millones de personas en España es el empleo.
La llegada del pontífice coincide con un momento de agitación ciudadana a cuenta de los indignados y acampados del 15-M, cuyo derecho a la ocupación de espacios públicos no puede ser mayor que el de los seguidores de Benedicto XVI, pero tampoco menor. Las autoridades están obligadas a garantizar el orden público, pero no pueden hacerlo privilegiando a unos y persiguiendo a otros.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
El barómetro de julio del CIS muestra que la preocupación de los ciudadanos con la corrupción va en aumento. La idea de que la corrupción no tiene coste electoral, aun siendo empíricamente cierta por ahora, contradice de tal modo los fundamentos legales y éticos de nuestra sociedad que puede dejar de serlo en cualquier momento. Especialmente cuando se sospecha que la corrupción tiene bastante que ver con la crisis y, desde luego, con la burbuja inmobiliaria.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) abre actuaciones sobre los presuntos delitos de financiación ilegal, prevaricación y cohecho entre otros, en los que aparecen imputados destacados cargos del PP. Es imposible seguir sosteniendo, como hacía Rajoy en 2009, que la trama Gürtel sea una trama para aprovecharse del PP. De aquí a las elecciones esta trama va a estar en los medios con un efecto negativo para las expectativas electorales del PP.
De hecho ya lo está. La dimisión de Camps no es más que un episodio del caso Gürtel muy mal administrado por la dirección del PP cuando se permitió que Camps fuera candidato estando imputado y se le apoyó en su demencial huida hacia delante de querer contrarrestar la legitimidad de los jueces con la del voto popular, en un alarde de populismo plebiscitario. Sin embargo, la salida de Camps resuelve un problema pero genera otro mayor, si el nuevo presidente de la Generalitat valenciana, Fabra, hace honor a su promesa de publicar los contratos de la Administración con las empresas de la trama Gürtel.
Son los contratos que Camps lleva dos años negando a la oposición en las Corts valencianas, incluso con desobediencia de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que le obliga a hacerlo. Los mismos dos años que lleva negándose a contestar las preguntas de los periodistas en una evidencia más de la especie de estado de excepción en que ha vivido el País Valencià desde que se supo el caso de los trajes.
Las decisiones de Fabra y del TSJV convierten el caso Gürtel en uno de los actores en la campaña de las próximas elecciones y una ocasión única para comprobar la validez de la idea de que la corrupción no tiene coste electoral.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Las crisis son circunstancias complejas en las que se cruzan factores económicos, políticos, sociales y proyectos vitales personales. Comprenderlas, tratar de neutralizarlas y hasta aprovecharlas en el bien común requiere clarividencia, decisión y, sobre todo, temple para no perder la cabeza o, lo que es peor, aprovecharse de ellas pretextando haber perdido la cabeza.
El modo en que Zapatero se enfrentó a la crisis es conocido en sus luces y sombras. Y discutido. Pero nadie parece cuestionar dos aspectos: la crisis es importada (aunque encontrara aquí terreno fértil) y el giro radical del Gobierno en mayo de 2010 con sus medidas impopulares probablemente salvó a España de seguir el rumbo de Grecia, Irlanda y Portugal. Probablemente.
Seguro es que aquel giro provocó el reciente batacazo electoral, el comienzo del 15-M y permitió que una oposición sin programa conocido ni liderazgo claro, minada por la corrupción, endureciera su boicot al Gobierno, enrocándose en una petición de elecciones anticipadas que, si hace un año era arbitraria, hoy, cuando las ordinarias están en puertas, es ridícula.
Así pues, habiendo tomado las medidas políticas y económicas que la situación requiere, con un horizonte de recuperación débil, sí, pero real y a menor coste que los demás, introducir un nuevo elemento de incertidumbre pidiendo elecciones ya sólo puede ser un intento deliberado de impedir que las medidas den frutos y la situación se estabilice, y embarcar al país en meses de zozobra que no por breves serán menos devastadores. ¿O cree alguien que los temibles mercados perderán la ocasión de seguir atacando la nave aprovechando el cambio de guardia?
Que la oposición, tan falta de crédito como el Gobierno, pero ignorante además de la situación real, acoja con satisfacción semejante disparate (que viene en su socorro, ocultando así su falta de alternativa real) es cosa comprensible. Que ese empeño cuente con la ayuda de sectores de opinión en quienes cabía esperar mayor sensatez y temple no lo es. Salvo que estén movidos por la oscura esperanza de una alternancia favorable o un afán destructivo que sólo cabe entender como el paroxismo de la prepotencia y el engreimiento.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Democracia y Estado de derecho son conceptos complementarios. La democracia obliga a que las decisiones sean por mayoría. El Estado de derecho supone que nadie está por encima de la ley. Las mayorías, tampoco. Así, la pretensión de Camps de que su triunfo electoral lo exima de su responsabilidad penal es una falacia. A su vez, la responsabilidad penal y la política también son paralelas. La penal es objetiva, se atiene a los hechos y es de asunción forzosa; la política es subjetiva, afecta también a las actitudes y su asunción es voluntaria, pero muchas veces moralmente imprescindible so pena de causar estragos en la legitimidad del Estado democrático de derecho.
Camps lleva dos años sosteniendo que él paga sus trajes y se ha negado sistemáticamente a responder a las preguntas de los periodistas sobre el asunto. Ahora resulta que, al revelarse pruebas incontrovertibles (y no por voluntad de colaborar con la Justicia), admite que podría haber recibido los trajes regalados. Jurídicamente, el asunto es irrelevante porque la ley reconoce a los acusados el derecho a mentir, aunque el Tribunal Constitucional lo matiza en el caso de los servidores públicos. Pero políticamente es impresentable. No es admisible que un cargo político tan importante mienta a la ciudadanía. Y mucho menos que pretenda ocultar esa mentira con una triquiñuela: que los regalos se hacían al presidente del Partido Popular de Valencia y no al de la Generalitat, como si lo uno fuera separable de lo otro.
Por lo que se va sabiendo, los trajes, en efecto, son una pequeñez. Pero una pequeñez como la de la punta del iceberg, que permite sospechar una trama de corrupción casi mafiosa en todas las administraciones públicas valencianas gestionadas por el PP en la que estarían presuntamente implicados docenas de cargos públicos del partido y de empresarios. Asuntos que están sustanciándose en procedimientos aparte (Gürtel, Brugal, la supuesta financiación ilegal del Partido Popular), que tienen un nexo en común: en todos ellos aparecen imputados por ilícitos cargos del Partido Popular que lo son también de las administraciones públicas.
