Tags: políticaJUAN CARLOS MONEDERO
Desde que se empezó a hablar de derecha e izquierda en la Revolución Francesa, la derecha está conservando y la izquierda se está refundando. Conservadores y reaccionarios miran al pasado. Progresistas y revolucionarios, al futuro. Margaret Thatcher golpeó esa idea cuando reprochó a los dinosaurios del PCUS querer mantener la Unión Soviética. Anthony Giddens habló al oído de la socialdemocracia, susurrándole la conveniencia de aceptar, junto al liberalismo político, el liberalismo económico. Se hicieron socialistas a fuer de liberales. En EEUU no hay pobres, sino loosers (perdedores). Aquí vamos en camino. Lo que el mercado no te dé, San Pedro te lo bendiga.
La izquierda está herida. De éxito –construir una sociedad real o potencial de clases medias–, de fracaso –no lograr esa sociedad en donde “la libertad de cada cual sea la condición de la libertad de todos”– y de indolencia –haber abandonado la lucha por la hegemonía–. Con el siglo, fue dando vueltas y vueltas a la estaca, acortando en cada giro la cuerda. Cuando se aproxima a tareas de gobierno no hace nada radicalmente diferente de lo que impulsan las fuerzas del gran centro. En tiempos de crisis, lejos de dar una respuesta a por qué en mitad de la barbarie no surge un cambio radical, se limita a adjetivar al sistema como “salvaje”, ofreciéndose como el domador firme de los desmanes de la fiera. Cuando habla de modelos, insiste en algunos claramente insuficientes. No hay ideas. Difícil despertar así a los dormidos.
En las postrimerías del franquismo, Fraga ganó una espectacular batalla después de vivo: “España –dijo, y todos asintieron– es diferente”. Muerto el caudillo, la ciencia económica se lanzó a demostrar que el atraso de España en realidad no era tal, y los sociólogos se empeñaron en certificar la normalidad hispánica. La izquierda olvidó su propia experiencia y se resignó a importar ese patrón europeo. Aún sigue haciéndolo, y por eso sigue rehén de la última moda ideológica.
En Europa, al igual que en España, las democracias liberales implosionaron en los años treinta, dejando paso a regímenes fascistas. La respuesta fue el antifascismo, responsable de la derrota de las potencias del eje (y en España, de los tres años que lució el cartel de “no pasarán” en la Plaza Mayor de Madrid). Comenzó entonces una pugna entre el liberalismo que pretendía sin más regresar al pasado, y las fuerzas antifascistas, que incorporaban una superación de la democracia liberal.
Triunfó el pasado, aunque tuvo que negociar con esa izquierda las bases constitucionales e, incluso, su participación en diferentes niveles de gobierno. La construcción europea, hasta el Tratado de Maastricht de 1992, estuvo marcada por esa impronta social.
Ahí están las claves de la diferencia de España. No en el nacional-catolicismo, sino en la ausencia social y política del antifascismo, fusilado y enterrado en cunetas, preso y torturado, exiliado, separado de sus cátedras y escuelas, desempleado y excluido, olvidado y, en la Transición, vuelto a olvidar. No hay diferencia con la Europa demoliberal –incluso puede encontrarse fuera una mayor densidad, como demuestra el caso de Berlusconi–, pero paga el precio de la ausencia de ese porcentaje de sociedad civil dura, republicana y defensora de las virtudes públicas, demócrata radical y movilizada de izquierda transformadora. El pacto de la Transición hizo olvidar la II República, la Guerra Civil y el franquismo. También el antifranquismo. El Partido Comunista de España, en nombre del consenso, aparcó el reconocimiento de todos aquellos y aquellas que lucharon por la legalidad republicana. Ese exceso de prudencia sepultó la memoria histórica y negó la impronta del antifranquismo en la democracia. E incluso impidió cualquier tipo de democracia interna en el partido que resumía la oposición al régimen del general Franco. La huella genética de la democracia española reposaba en una Transición salvada por el rey, y no en la lucha de los que se jugaron todo peleando contra nuestra prolongada ración de fascismo. Se nos hurtó discutir la Constitución del 78, asumimos Europa como un mantra, dimos a la extrema derecha marchamo democrático al esconderla –a veces ni siquiera– en uno de los partidos del consenso. En definitiva, arrastramos renqueantes algo mal resuelto.
La última gran refundación de la izquierda española nació del impulso social del referéndum contra la OTAN. El loable intento en marcha no presenta una gran diferencia con aquel proceso que dio nacimiento a IU, fuera de que no hay acción colectiva relevante y aquella Izquierda Unida se ha fragmentado en más grupos que los que le dieron origen. La refundación de la izquierda impulsada por un PCE al que le pesa un pasado –y a menudo un presente– cainita, hace ruido con el sentido común social de izquierda, fruto de la memoria y de las contradicciones que genera el sistema. Lleva, pese a haber votado o trabajado en ese espacio, 30 años sin poder referenciarse políticamente. ¿Qué es lo nuevo? Repeticiones no refundan.
Decía Saint Exupéry: “Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo por el mar”. La refundación de la izquierda no pasa hoy por reunirse en torno a una marca electoral golpeada, sino por evocar ese anhelo de mar. Si quieres construir el socialismo, no empieces por buscar un partido, ganar concejales o negociar puestos (cosas importantes), sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo por la emancipación. Es, una vez más, hora de ideas y pedagogías.
Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Iker Ayestaran
Tags: políticaVÍCTOR SAMPEDRO
La Transición negó la redemocratización: retomar la II República, el Estado federal y laico que aquella quiso alumbrar. En su lugar, se anunció la democracia como el fruto natural de la dictadura. Franco habría exorcizado dos fracasos colectivos: el “caos republicano” y la “lucha fratricida”. El primero había causado la segunda, que se saldó con 40 años de cohesión, desarrollo y “democracia orgánica”. Esta falaz historia funciona aún como credo político, invocado en cuanto alguien rompe el tabú. República, federalismo y laicismo son una ponzoñosa hidra de tres cabezas, que alimenta el imaginario tradicionalista del nacionalismo español y nos devuelve a la España negra: inquisiciones y autos de fe. Todo un retroceso, tras haber representado la “modélica Transición”.
Cualquier proyecto republicano, federal y/o laico enfrenta prácticas o intentos de exclusión injustificables en ausencia de una amenaza involucionista. Quienes entonces encarnaban esa amenaza y atacaban la Constitución, han convertido el texto constitucional en las Tablas de la Ley. Al ciudadano creyente le adjudican la misma pasividad que en el rito católico preconciliar: escuchar a quien da la espalda y, desde que redescubrieron su potencial movilizador, acudir a las procesiones en las mani-fiestas de guardar. Los ateos son estigmatizados como herejes. Tanta es su fuerza que los agnósticos veneran en público a los santos padres del Códice del 78 y al Gran Demiurgo. En suma, el juego político rezuma aires clericales. Se libra entre fieles y sacerdotes. Lo dirimen los inquisidores.
La historiografía más sólida y los foros sobre políticas de la memoria nos retratan ya instalados en una esfera pública preilustrada. Las repúblicas federales y laicas que conocemos se gestaron en los siglos XVIII y XIX. Pero entre nosotros este modelo representa aún una amenaza a la convivencia. En puridad democrática, debatirlo sería una ocasión excelente para defender el actual marco de convivencia, renovar adhesiones y revalidar su legitimidad. Pero en estos pagos todo cambio estructural se demoniza como antimonárquico, antiespañol y anticlerical. En una democracia sus promotores serían considerados, ante todo, interlocutores válidos. Y luego, según su voluntad, compañeros de viaje. Y, mientras se aclaran y deciden, socios de convivencia obligada. Nunca por la fuerza. Nunca procesados y encarcelados. Siempre escuchados.
Pero los antisistema en España pecan de palabra, obra u omisión. Cuando sólo lo segundo –lo que hacen– sería considerado delito político según el canon democrático básico. En principio, la expresión de pensamiento y voluntades no delinque. Es nuestra primera premisa y última garantía de libertad. Pero en una democracia clerical y mojigata, como la nuestra, la penitencia a pagar por promover transformaciones de raíz resulta siempre merecida y necesaria. Es el caso del recorte que ha sufrido el Estatut y la negativa a reconocer lo aprobado por la inmensa mayoría del Parlamento catalán. No hay alternativa posible. Sólo un dilema. El mismo de 1936 y 1975: “Esto o el caos”.
La insolvencia política que delata esta disyuntiva -–propia de líderes autoritarios que la convierten en “yo o el caos”– supone además un insulto a la ciudadanía: “No se os puede dejar solos”. Debieran sonrojarse quienes la proclaman y sentir ira quienes les escuchamos. Los políticos sirven para conciliar e integrar voluntades, aunar proyectos de realización personal y colectiva, diversos y hasta opuestos. Si no, no sirven para nada. Y la ciudadanía nunca es menor de edad. Se autodetermina a diario. “Va sola”, aprendiendo a decidir “por sí misma”, como sostiene la pedagogía más elemental (laica, claro).
Sin embargo, nuestros debates sobre la jefatura, el modelo o la confesionalidad del Estado discurren como en catequesis: acaban en cuanto se plantean. Ahora, como entonces, quienes de verdad sostienen el tabú no fueron nunca las sotanas ni las togas, sino los mojigatos: la progresía postiza que abraza la denuncia de un único fascismo (ETA y su “entorno”), la defensa de un único idioma oficial (español) o la cruzada contra un único fundamentalismo (islámico). Cautivos y desarmados en un tablero de guerra forjado en 40 años, enmudecen ante los contertulios ultras, que con más gracejo y desenvoltura (juegan en campo propio) invocan o se mofan del monarca, crucifican a los obispos vascos o catalanes y alientan la islamofobia.
Si resultábamos modélicos en el tránsito a la posmodernidad, volvemos a parecer excéntricos. Ante los irlandeses, los escoceses o los canadienses, como poco, somos premodernos. Pero frente a ellos siempre lo fuimos. Por ello, quizás quepa compararnos en cultura política, por ejemplo… con Brasil.
Un profesor brasileño amigo interpretaba así la viñeta de El Jueves, que fue multada por la Audiencia Nacional como si se tratase de un delito “especial”. Me preguntó si el secuestro de la revista implicaba retirarla de los kioscos y custodiarla en el juzgado. Puso cara de horror. Tras señalar la falta de decoro del dibujo (el príncipe en coyunda marital reconocía trabajar por primera vez en su vida, gracias al “cheque bebé”), suscribió la pertinencia del mensaje político. Argumentaba mi colega que la ayuda por el nacimiento de un hijo, al margen de los ingresos, no es una medida progresista, sino de los defensores de la familia clásica. Además, opinaba que en el capitalismo el argumento más duro contra la monarquía señala que sólo trabaja reproduciéndose.
Recuerden: horror ante la vulneración de derechos, tacto para no incurrir en la chabacanería, respeto y reflexión ante los embates. Con este bagaje, sin perder el humor ni la paciencia, con la certeza de que juegan a favor nuestro, afrontemos los autos de fe venideros.
Víctor Sampedro es catedrático de Comunicación Política
Ilustración de Miguel Ordóñez
Tags: elecciones Latinoamérica política internacionalGERMÁN OJEDA
A la tercera va la vencida: después de las históricas derrotas frente al dominio imperial español de Tupac Amaru y Tupac Katari, después de la sublevación de independencia iniciada en 1809 –hace ahora 200 años– y de las grandes pérdidas territoriales a manos de sus vecinos, después de cinco siglos de saqueo internacional, las mayorías indígenas y mestizas del viejo “Alto Perú” van a ratificar masivamente, salvo sorpresas, el 6 de diciembre a Evo Morales como presidente del país con el propósito de certificar el fin de la Bolivia colonial.
Para Evo; para los indígenas aymaras, quechuas, guaraníes y pueblos amazónicos; para la Bolivia de origen precolombino –la inmensa mayoría de la población– el camino hacia la definitiva descolonización ha sido dramático. Lo ha sido después de soportar durante siglos un sistema de “repartimiento” que desde comienzos de la conquista les arrebató las tierras y un régimen de encomienda que les privó de su libertad personal. O sea, de padecer un colonialismo interno donde, hasta la revolución de 1952, existía legalizada la servidumbre personal –pongüeaje– y donde hasta ahora el racismo secular marcaba las relaciones sociales y la extrema pobreza definía la situación económica de las mayorías indígenas.
Por eso, la nueva victoria del indio Evo Morales será histórica, y lo será además porque durante estos últimos cuatro años su Gobierno ha tenido que dedicar todas sus energías a combatir a los movimientos oligárquicos separatistas de las regiones del rico oriente del país, a recuperar el control de los grandes recursos estratégicos –sobre todo petróleo y gas– entregados a las multinacionales por los anteriores gobiernos militares o neoliberales, y a conseguir la aprobación de una nueva Constitución democrática que pone fin al colonialismo interior y exterior y reconoce de una vez por todas la pluralidad étnica y los derechos históricos de los pueblos indígenas.
Y es que los indios, empezando por el aymara Evo Morales, no tenían derechos porque eran seres inferiores, seres sin alma, según los colonizadores, o como escribió el autor que da nombre a la Universidad de Santa Cruz, Gabriel René Moreno, “el indio incaico es sombrío, asqueroso, huraño, prosternado y sórdido”.
Un ser inferior sin derechos, tal como contaba el propio Morales solemnemente en la sede de la ONU hablando de su madre, “pues cuando iba a la ciudad no tenía derecho a caminar libremente por las calles y aceras”. Mientras, al otro lado, está la oligarquía criolla, dueña absoluta del poder y las riquezas del país. Sin ir más lejos el anterior presidente neoliberal Sánchez de Lozada –hoy prófugo de la justicia boliviana por la masacre ocurrida en 2003 y refugiado en Estados Unidos–, un terrateniente que vendió a la multinacional Glencore grandes yacimientos de oro, plata y zinc que eran de propiedad familiar.
Una Bolivia, dos mundos; un país, dos colonialismos: esa es la brutal realidad histórica de Bolivia, y esa es precisamente la razón de la refundación que propone Evo Morales, una refundación sin revanchismos, sin exclusiones y sin privilegios, basada en el socialismo comunitario y democrático.
Para ello, Morales ha demostrado estos cuatro años un gran talento político, pues ha tenido que afrontar una desestabilización institucional permanente de la oposición golpista, soportar continuas campañas mediáticas, someterse a un referéndum revocatorio, ganar cuatro consultas electorales, enfrentarse a las sanciones de EEUU expulsando al embajador Goldberg, e incluso ha tenido que realizar este mismo año una huelga de hambre para que se aprobara una nueva ley electoral que habilitara la convocatoria anticipada de estos comicios presidenciales y legislativas, donde el oficialismo aspira a controlar las dos cámaras para poder realizar sin sobresaltos el cambio histórico prometido.
Un cambio basado en esta dificilísima gestión de cuatro años donde el Gobierno ha sido capaz de derrotar a la oposición separatista, de frenar las transferencias de excedentes sin control al exterior y de lograr además un importante despegue económico en plena crisis internacional, lo que le ha permitido promover avances en las políticas públicas y sobre todo en educación, hasta el punto de que Bolivia ha sido declarado por la ONU país libre de analfabetismo.
Durante su segundo mandato, Morales se propone arrancar de raíz la hidra de los colonialismos y plantar con la nueva Constitución –refrendada por los bolivianos a comienzos de este mismo año– un nuevo Estado plurinacional y autonómico que respete los derechos de los pueblos indígenas y ponga fin a la marginación integral de la gran mayoría de los bolivianos.
El cambio pasa ante todo por descolonizar Bolivia, porque como ha dicho con razón el vicepresidente Linera, el país estaba “colonizado hasta los tuétanos: acá había que pedir permiso a los embajadores para escoger ministros, acá el ministro de Gobierno tenía que pasar por el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos, el ministro de Hacienda por el visto bueno del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, etc.”.
Con la victoria de la revolución democrática encabezada por Evo Morales se trata de decir definitivamente adiós al colonialismo, de acabar de una vez con la humillante política del visto bueno, de fundar un nuevo Estado donde se respete a la madre tierra –los derechos de la Pachamama–, se promueva el desarrollo social y económico, y donde Bolivia tenga por fin –según repite el presidente– “socios pero no amos”, en una Latinoamérica libre y confederada, como quería el gran Simón Bolívar, que le da nombre al país.
Germán Ojeda es profesor Titular de Historia Económica de España y América de la Universidad de Oviedo
Iliustración de Patrick Thomas
Tags: Latinoamérica política internacional VenezuelaISAÍAS RODRÍGUEZ
Todo iba lento y el futuro llegó deprisa. Los cambios aparecieron y, como leyes ciegas, nada impidió que los hechos ocurrieran. Un nuevo concepto de integración se instaló en la región latina del continente. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América y del Caribe nació como respuesta al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y para no reeditar el pasado. Nueve países se asociaron para construir un nuevo eje geopolítico. Dejó de ser alternativa para convertirse en alianza de voluntades emergentes. La solidez del espacio conquistado empezó a verse con precaución y la guerra relámpago apareció.
Honduras, uno de los últimos países integrados en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fue objeto de un golpe militar donde cada vez está más clara la participación norteamericana. La ofensiva imperial ha desafiado la paz de nuestro continente con la instalación de siete bases militares en la hermana Colombia. Nuestra propuesta para construir consensos, erradicar pobreza, protegernos contra los cambios climáticos, corregir desigualdades sociales y profundizar la soberanía y dignidad de la integración latinoamericana parece haber chocado contra ese muro que Noam Chomsky ha llamado “seguridad preventiva de EEUU”.
La base de Palanquero ha pasado a ser esencial para los norteamericanos. El Comando Sur oteó allí “una oportunidad única” para enfrentar una supuesta “subregión crítica”. La Fuerza Aérea estadounidense ha explicado al Senado de su país que la estabilidad de su nación está sometida a la amenaza constante de la pobreza, la narco-insurgencia, los desastres naturales y “los gobiernos anti-norteamericanos”. El mismo informe solicita al Senado 43 millones de dólares con el fin de acondicionar Palanquero para realizar desde allí operaciones de presencia y seguridad norteamericana.
Ante estos hechos, nos sorprende que una periodista nos pregunte: embajador, ¿de cuál guerra habla el presidente Chávez? Le respondemos que hay desinformación y sesgos en algunos titulares y que el mandatario venezolano no ha proferido, ni ahora ni antes, declaración de guerra alguna y que nos preocupa la manera como se manipulan las palabras de un jefe de Estado. Le recordamos lo que verdaderamente ha dicho: “Hay que prepararse para la guerra”, y agregamos que el sacerdote Miguel D’Escoto, ex presidente de la ONU, repitió e hizo suya la declaración del presidente Chávez, declaración legítima y formulada con carácter total y absolutamente preventivo.
El sociólogo mexicano-alemán Heinz Dieterich sostiene que “de facto existe una guerra contra la nueva manera de integrarse”. Se teme una integración que aspira a una agenda económica soberana, sin tutela ni influencia de organismos económicos internacionales. Mercenarios de la comunicación aterrorizan y desarrollan acciones bélicas no sobre espacios físicos, sino sobre la mente de las personas. Es un plan intimidatorio para tratar de evitar que la mayor parte de los latinoamericanos llegue a creer que otro mundo es posible. Tal vez por ello, no sólo la periodista sino cualquier lector envenenado es capaz de preguntar: ¿cuál guerra…? Y (sin dejarse notar) la campaña implacable apunta, dispara, descalifica y desprestigia. Olvidan que fue Ernesto Samper, ex presidente colombiano, quien, a raíz del acuerdo entre su país y EEUU, acusó de “preguerra” las relaciones de Colombia con Venezuela. Olvidan que ha sido el propio Consejo de Estado del hermano país el que ha denunciado, en perjuicio de Bogotá, la desigualdad del convenio con el cual se instalaron las siete bases militares.
Con siglas en inglés, PSYOP, un mecanismo mediático instalado para operaciones psicológicas contra Venezuela, dispone de un equipo contratado para desarrollar conflictos de cuarta generación. ¿Cuál guerra, embajador? En efecto, no se ve; es invisible, pero sus objetivos están perfectamente planificados. Son sucias las matrices de opinión que entre sí se replican los medios comprometidos en esta campaña de descrédito. Es feroz la estrategia puesta en práctica contra un país para descalificar a su gobierno y a sus gobernantes. Un arsenal de palabras “bien asesoradas” ha sustituido por ahora a los ejércitos.
Venezuela ha sido totalmente contundente y coherente al negar “iniciativas” para cualquier choque armado, pero de poco vale que el presidente y el país nieguen el conflicto bélico. Artimañas mediáticas convierten pasarelas artesanales en puentes y la destrucción de las mismas son señales de agresión. No hay una sola palabra que recuerde cuántas veces antes se ha hecho lo mismo para evitar el paso ilegal de las drogas y el contrabando desde Colombia. Las grandes agencias de noticias muestran en negativo informaciones sin autoría ni procedencia. Está reciente aún el llamado de nuestra Cancillería a la UE para exhortar a la paz y a la estabilidad en la región. Sin embargo, PSYOP continúa su tarea. Ejércitos mediáticos distorsionan la realidad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe resaltó que en 2008 la pobreza en Venezuela disminuyó respecto a 2007. El Latino-barómetro nos ubica como el primer país donde “lo más efectivo para cambiar las cosas es votar (80%)”. Asimismo, nos asigna el primer lugar en equidad social. Venezuela es el país en América Latina que en democracia está en el primer lugar respecto a la disminución de sus desigualdades sociales. Entre 30 países, la misión destinada a incorporar a los excluidos de la educación universitaria ha sido reconocida por la Unesco como el mejor programa de América Latina. La Unión Latina, organización internacional que difunde la identidad del mundo latino, nos señala con el índice de inclusión educativa más alto del continente.
Ninguna de estas cifras las vamos a arriesgar en una guerra, excepto que sea para defenderlas y para defender una soberanía que está hecha de pueblo y dignidad.
Isaías Rodríguez es embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España
Ilustración de Javier Olivares
Tags: fascismo políticaVICENÇ NAVARRO
Hay que enseñarle a la juventud que lo que se llama Guerra Civil en España fue predominantemente una lucha de clases en la que la banca, la patronal, las oligarquías terratenientes, la Iglesia y la gran mayoría de la oficialidad del Ejército se levantaron en contra de un Gobierno democráticamente elegido cuyas reformas estaban afectando a sus privilegios. Tal golpe estableció una dictadura enormemente represiva en contra de las clases populares de las distintas nacionalidades y regiones de España. Pero también hay que informarles de que la mal llamada Guerra Civil (en realidad un golpe militar en contra de la mayoría de la población) fue también una lucha entre dos visiones de España, que se entrelazó con el otro conflicto. Los golpistas y sus partidarios tenían una visión uniforme de España, altamente centralizada en una visión jacobina que negaba su pluralidad. Esta visión era empobrecedora, pues imponía una uniformidad enormemente opresiva a las clases populares de las distintas nacionalidades y regiones de España.
Recuerdo bien cuando a la temprana edad de 7 años un policía nacional me paró en una calle de Barcelona por hablar mi lengua materna, el catalán, y dándome un bofetón, me gritó “no hables como un perro, habla como un cristiano”. Le escupí en la cara y me llevó al cuartelillo desde donde llamaron a mis padres. Mi padre (que había luchado en muchos frentes de España defendiendo la República española y la Generalitat de Catalunya) no me dijo nada. Sólo acarició mi cabeza y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande de su vida. En Catalunya, la burguesía y otros grupos dominantes hablaban castellano, considerando el catalán como un lenguaje vulgar y de las clases populares, supuestamente poco educadas. Esta fue la experiencia de millones de catalanes.
El golpe fascista se definió a sí mismo como un movimiento nacionalista (Alzamiento Nacional), que prohibió cualquier expresión de cualquier otra nacionalidad, incluyendo la catalana. No deja de ser paradójico, por cierto, que el golpe que se autodefinió como nacional no hubiera podido vencer la resistencia al golpe por parte de las clases populares de todas las nacionalidades y regiones de España sin la ayuda de las tropas extranjeras (más de 177.000) y el material militar enviado por Hitler y Mussolini. Tal golpe inició el régimen que ha asesinado al mayor número de españoles que hayan perdido su vida en tiempos de paz en el siglo XX, con más de 120.000 personas todavía hoy desaparecidas. Su caudillo (uno de los mayores asesinos que ha tenido Europa) era la expresión de su brutalidad.
Los fascistas justificaron la represión con el argumento de defender la unidad de España (tal como ahora los nacionalistas españolistas están justificando su oposición a reconocer la identidad catalana). El fascismo justificó su golpe como la defensa de España contra “comunistas, masones y separatistas”, definiendo como comunistas a todos aquellos que se oponían al régimen, masones a todos aquellos que no eran cristianos, y separatistas a todos aquellos que defendían la identidad catalana, vasca o gallega. Naturalmente que hubo comunistas entre los luchadores por la República (lo cual se les debe agradecer por su labor heroica en aquella lucha) y separatistas entre los que defendieron la identidad catalana (tienen todo el derecho de serlo). Pero la enorme mayoría de los que se les opusieron no fueron ni comunistas, ni masones, ni separatistas. En realidad, defender la identidad catalana no era (ni lo es ahora) el deseo de separarse de España. Lo que en realidad defendían los fascistas no era España sino sus intereses de clase, utilizando a España para alcanzar sus fines. Y los números hablan por sí mismos. Cuando la dictadura terminó en 1978, la concentración de renta y propiedad era la más elevada de Europa, y el retraso social, económico y cultural era el mayor en este continente.
Cuarenta años de dictadura y 32 de olvido de nuestra historia explican la enorme fuerza que aquella visión nacionalista españolista todavía tiene en sectores de la población que ven cualquier defensa de la identidad catalana como un separatismo (actual o potencial) o una defensa de privilegios. Y hoy las derechas (en complicidad con ciertos sectores confusos jacobinos de las izquierdas) están utilizando este anticatalanismo para movilizar un apoyo electoral, dividiendo y rompiendo España. Aunque tanto el PP como UPyD se definen como no nacionalistas (limitando el término para definir los nacionalismos periféricos) ambos lo son profundamente, pues promueven un nacionalismo excluyente y enormemente opresor, heredero del fascismo.
Catalunya es una parte de España que corre el riesgo de perder su identidad, tal como ha ocurrido en Francia, bajo un Estado jacobino. Catalunya, para mantener su identidad, debe defender su propia lengua, cultura y símbolos. De ahí que la gran mayoría de la población allí sea bilingüe, puesto que el Gobierno catalán no amenaza al castellano (que continúa siendo mayoritario), sino que defiende el catalán.
Dos últimas observaciones. Creerse que recuperar la identidad es un deseo de las élites catalanas es no conocer la historia de Catalunya. Allí, las fuerzas que históricamente defendieron la identidad catalana fueron las de izquierdas, las cuales lideraron la lucha antifascista. La otra observación es que la movilización en defensa del Estatut no es, en contra de lo que presentan los nacionalistas de ambos lados del Ebro, una muestra del conflicto Catalunya versus España. En realidad, la mayoría del Parlamento español la ha aprobado. Y la mayoría de la población española (68%) aprueba el Estatut. Lo que tenemos es un conflicto, no de Catalunya en contra de España, sino entre las fuerzas democráticas anticentralistas que tienen una visión plural de España, y las derechas herederas del fascismo que no renuncian a su visión uniforme de nuestro país.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
Tags: África justicia ONU política exterior política internacionalINÉS MIRANDA, JAVIER GALPALSORO Y MAURICIO VALIENTE
Aminattou Haidar es el símbolo de la dignidad y la tenacidad de un pueblo pacífico y solidario. De un pueblo traicionado por la dictadura franquista, que el 14 de noviembre de 1975, tras la invasión militar marroquí del Sáhara Occidental, cedió la administración de este territorio a Mauritania y Marruecos. Hacía sólo un mes que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya había rechazado las pretensiones anexionistas de Nuakchot y Rabat y reafirmado que, en virtud de la Resolución 1.514 (XV) de 1960 de las Naciones Unidas, el pueblo saharaui tenía derecho a la autodeterminación.
En 1976 empezó la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos. La brutal violencia desplegada por el régimen de Hassan II, con bombardeos de napalm sobre los civiles, desplazó a una gran parte de la población saharaui hacia los actuales campamentos de refugiados en el desierto de Tinduf, en la Hamada argelina. El 6 de septiembre de 1991 se produjo el alto el fuego y ambas partes aceptaron la propuesta de Naciones Unidas de celebrar el referéndum de autodeterminación el 26 de enero de 1992. Pero durante años Rabat ha maniobrado con éxito para posponer una y otra vez esta consulta a través de la farragosa discusión sobre la composición del censo y en la última década ha planteado opciones alternativas que se apartan de la legalidad internacional y han sido rechazadas por Naciones Unidas. Mientras tanto, Marruecos y varias empresas extranjeras (entre ellas algunas españolas) expolian los valiosos recursos naturales de este territorio, como el fosfato, el petróleo, el gas natural, el hierro, el uranio o la pesca que ofrece sus 1.600 kilómetros de litoral.
En todo este tiempo la política de los sucesivos gobiernos de la España democrática se asemeja demasiado a la traición de la dictadura franquista. Ninguno de ellos ha asumido el papel de “potencia descolonizadora” que nos otorga la legalidad internacional sobre la antigua provincia, al contrario, han privilegiado las relaciones con Marruecos: inicialmente, por los acuerdos de pesca y hoy por el papel de gendarme de Rabat en la contención de las migraciones y por la protección de las importantes inversiones de las empresas españolas.
“El Gobierno de Zapatero cierra los ojos ante el sufrimiento del pueblo saharaui. Con su silencio tolera las violaciones de los derechos humanos y permite que nos masacren”, señaló en mayo de 2006, en Madrid, Aminattou Haidar cuando recibió el V Premio Juan María Bandrés de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Tres años después, la represión marroquí prosigue en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y casi un cuarto de millón de refugiados continúa resistiendo ejemplarmente en la Hamada, aguardando una solución justa, acorde con la legalidad internacional, que permita el retorno a su territorio originario.
Aminattou conoce muy bien todo esto. Fue detenida por primera vez en 1987, cuando tenía 20 años, por participar en una manifestación contra la ocupación cuando una comisión de la ONU visitaba el Sáhara Occidental. Desaparecida y torturada durante casi cuatro años (tiempo en el que permaneció con los ojos vendados, atada de pies y manos, en condiciones infrahumanas de alimentación e higiene), y a pesar de sufrir posteriormente otras detenciones y vejaciones por parte de las autoridades marroquíes, no ha cesado de luchar por el derecho a la autodeterminación de su pueblo.
En mayo de 2005, participó en las manifestaciones pacíficas para denunciar el agravamiento de la represión, fue apaleada y torturada por la policía y conducida a prisión. El 13 de diciembre de aquel año un tribunal marroquí la condenó a siete meses de presidio y a trece compañeros a penas de hasta tres años en unos procesos irregulares según los observadores internacionales, entre ellos una comisión del Consejo General de la Abogacía Española.
En aquellos días, desde la Cárcel Negra de El Aaiún (construida por el colonialismo español) dijo al mundo: “Es un milagro que siga con vida, porque soy una mujer agotada físicamente por tantos años de desaparición y encarcelamiento, tanta tortura y tantas vejaciones. Pero aquí estoy y seguiré luchando con todas mis fuerzas, sabiendo que estáis allí luchando por nosotros. Estoy tan segura de vosotros como lo estoy del mar que me espera a 25 kilómetros, tan segura como lo estoy de que esos niños saharauis refugiados en Argelia volverán a su tierra liberada. Estoy tan segura de vosotros como lo estoy de la mirada cariñosa de mis dos hijos, Mohamed y Hayat, a quienes añoro tanto…”.
Hoy, en el aeropuerto de Lanzarote, Aminattou Haidar exige con su huelga de hambre desde el 14 de noviembre su derecho a regresar al Sáhara Occidental para reencontrarse con sus hijos y seguir la lucha junto con su pueblo, un pueblo abrazado por la solidaridad de miles de ciudadanos de España –que cada verano acogen a sus hijos y que estos días se movilizan en su apoyo–, pero también un pueblo maltratado por nuestro Gobierno, que contemporiza con el régimen represor de Rabat e ignora el papel que la legalidad internacional le impone: defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Inés Miranda es Abogada de Aminattou Haidar
Javier Galparsoro es presidente de la Comisión Española de Ayuda al Redugiado (CEAR)-Euskadi
Mauricio Valiente escoordinador del servicio jurídico de CEAR
Ilustración de Mikel Casal
Tags: sanidad sociedad solidaridadTERESA GONZÁLEZ
Esta semana hemos recibido una buena noticia en relación con la epidemia del VIH/sida. ONUSIDA presentaba en Shanghai el último informe sobre el estado mundial de la pandemia y ofrecía datos esperanzadores en la lucha contra la enfermedad. Entre las grandes cifras destaca la reducción en el número de nuevas infecciones y el aumento de personas viviendo con VIH, gracias a la extensión de los tratamientos antirretrovirales.
Es uno de los datos alentadores tras años de lucha contra una enfermedad que afecta de forma directa a 33,4 millones de personas en todo el planeta y que, en el caso del África subsahariana, donde vive el 67% de las personas VIH positivas, ha agravado la situación de pobreza. Estos avances deben servir para demostrarnos que las estrategias de prevención y de tratamiento dan resultados.
Sin embargo, no debemos caer en la autocomplacencia al igual que no arrojamos la toalla cuando la epidemia crecía sin freno. Todavía existen ámbitos y grupos de población a los que los métodos de prevención y detección y los tratamientos con antirretrovirales (ARV) llegan con dificultad.
La incidencia del sida en las comunidades rurales –especialmente en Asia y África, donde más de la mitad de la población vive en el campo– es profunda y la enfermedad supone una doble carga para las familias. La propia enfermedad en sí, por un lado, y la necesidad de prestar atención a los enfermos, por el otro, debilita la productividad agrícola y la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades. Esta situación se da en un contexto en el que los habitantes de las zonas rurales en los países pobres suelen encontrarse especialmente desfavorecidos en términos de servicios sociales y sanitarios básicos.
Una de las tendencias que se vienen observando en los últimos análisis es que, si bien el número de nuevos casos se ha estabilizado, en las comunidades rurales los datos no llaman al optimismo. El propio informe de ONUSIDA pone como ejemplos los casos de Angola y Kenia, donde la incidencia del VIH entre los adultos aumenta en las zonas rurales, o de Burundi, país en el que la prevalencia del virus en los jóvenes ha disminuido en las ciudades pero se ha incrementado en el campo.
Otro de los estudios de ONUSIDA señalaba que la prevalencia del VIH entre las mujeres jóvenes atendidas en los dispensarios prenatales había disminuido en 14 de los 17 países, pero en cinco de ellos la disminución sólo se ha producido en las zonas urbanas. En Haití, país que padece la mayor epidemia del Caribe, se habían documentado niveles importantes de comportamientos de alto riesgo en las zonas rurales. Así mismo, en República Dominicana, su vecino en la isla, la población rural tenía un 20% más de posibilidades de tener el VIH que sus compatriotas de las ciudades y en las fincas donde se extrae el azúcar la prevalencia del VIH es cuatro veces mayor.
Las prácticas de riesgo, la falta de conocimiento sobre la enfermedad, la lejanía de los centros donde se dispensa tratamiento y la escasez de medios económicos para llegar a ellos hacen de las zonas rurales un espacio al que, quizás, es más difícil llegar.
En el ámbito sanitario, los retos que plantean las comunidades rurales son especialmente exigentes en países con sistemas sanitarios ya de por sí débiles. Así le ocurre a Leonardo, persona con VIH que vive en Angola. Para llegar a Benguela, a 70 kilómetros de su hogar y donde está el centro más cercano en el que puede recibir tratamiento, tiene que pagar 500 kuanzas (cinco euros) de transporte al día, cuando su salario diario como zapatero es de un euro.
En las raras ocasiones en las que un dispensario rural puede proveer medicamentos antirretrovirales, continúa siendo necesario viajar a las grandes ciudades para poder realizar las pruebas de control de la enfermedad.
Por ello, resulta imperativo integrar el diagnóstico y el acceso a los tratamientos en la estructura de la salud primaria, el primer nivel de atención. Las actividades de la lucha contra el sida deben estar lo más cerca de las poblaciones aisladas.
Las mejoras que ofrece esta estrategia son evidentes. Así, la población prefiere pasar consulta en su centro de salud habitual que desplazarse a un centro alejado pero especializado en sida. Esto permite luchar contra la estigmatización ligada al VIH, ya que las personas no delatan su condición de seropositivas al entrar en el centro, preservando así su derecho a la intimidad y previniendo su estigmatización y aislamiento.
Los médicos rurales también se enfrentan al desafío de la observancia del tratamiento. Por ejemplo, el cumplimiento de los tratamientos contra la tuberculosis, una de las enfermedades oportunistas del sida, debe ser estricto para evitar la resistencia a los fármacos. La cercanía al paciente con sida, que en muchos casos padece también tuberculosis, reduce la tasa de abandono del tratamiento de esta última. En Benin, hemos reducido las tasas de abandono de un 33% a un 15%.
El sida ha supuesto una movilización social sin precedentes de las sociedades civiles del Sur y del Norte, que han conseguido que no se diera por perdida una guerra que se pensaba imposible de ganar. En estos momentos, uno de los campos de batalla contra la enfermedad en los países en desarrollo se libra en las zonas rurales, la última frontera para una epidemia que necesita ser abordada de una forma integral.
En este sentido, el esfuerzo para combatir la enfermedad puede y debe contribuir al fortalecimiento de los sistemas públicos de salud. De hecho, el sida podría servir de acicate en beneficio del tratamiento de otras patologías crónicas y de la mejora del conjunto del sistema de salud de estos países. Aprovechémoslo.
Teresa González es presidenta de Médicos del Mundo
Ilustración de Javier Jaén
Josep María Antentas y Esther Vivas
Hace 10 años, las protestas en Seattle durante el encuentro ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sacudían al mundo y marcaban la abrupta irrupción de lo que se conocería como movimiento antiglobalización. La crítica a la globalización, aunque poco visible para el gran público, venía sin embargo de lejos, teniendo su inicio simbólico con el alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994.
El décimo aniversario de Seattle llega en vísperas de la Cumbre Mundial del Clima en Copenhague. La movilización para ambas citas tiene una lógica diferente. En la primera se buscaba bloquear las políticas de una institución cuya legitimidad era contestada. En la segunda se intenta forzar la adopción de medidas reales frente al cambio climático. Pero detrás subyace la misma preocupación: la imperiosa necesidad de un cambio de modelo.
Con la irrupción de la ola antiglobalizadora, miles de personas se identificaron con las protestas emergentes y tuvieron la sensación de formar parte de un mismo movimiento y compartir unos objetivos comunes. Parecía que cada vez más sectores empezaban a ver sus problemas concretos desde una óptica global y a percibirlos, difusamente, como parte de un proceso más general.
El lanzamiento del Foro Social Mundial permitió la afirmación de un espacio simbólico de convergencia de las solidaridades y de un referente de las luchas sociales. Su eslogan Otro mundo es posible se convirtió en el símbolo del renacer del cuestionamiento del orden existente y de las expectativas de cambio social. Atrás quedaban las tesis del “fin de la historia” y la codificación del neoliberalismo como la única política y visión del mundo posibles.
Las protestas antiglobalización significaron el retorno de la movilización social, pero remontando desde niveles muy bajos, después del apogeo neoliberal a comienzos de los noventa. Consiguieron canalizar el malestar frente al neoliberalismo y contribuir a su erosión en el terreno simbólico e ideológico. El movimiento desgastó la legitimidad de las instituciones internacionales, pero apenas obtuvo victorias significativas. Forzó cambios de discurso, medidas retóricas y poco más, pero no transformaciones de fondo, ni la parálisis de la lógica imperante, debido a la muy desfavorable correlación de fuerzas existente a escala global.
Después de un primer gran periodo marcado por la centralidad y visibilidad de las protestas antiglobalización, primero, y antiguerra, después, las luchas sociales tendieron hacia una mayor dispersión y fragmentación. La imagen de un movimiento internacional coordinado, que actuaba como polo de atracción y de referencia, desapareció. Éste afrontó una fuerte crisis de perspectivas y crecientes dilemas estratégicos, a medida que el impulso inicial se agotaba.
El proceso del Foro Social Mundial perdió impacto, influencia y utilidad concreta aparente. Una vez pasado el efecto novedad, el interés por él decreció y experimentó tendencias a la rutinización y al alejamiento respecto a las luchas sociales, debido a la pérdida de empuje del movimiento por abajo. Sigue siendo, sin embargo, el espacio de confluencia internacional más amplio reconocido y una palanca de referencia que puede permitir nuevos saltos en el futuro.
La pérdida de visibilidad del movimiento no significó un retroceso de las luchas sociales, pero sí el fin de un cierto optimismo antiglobalizador nacido tras Seattle. En términos generales, las luchas sociales en estos últimos años han tenido una lógica globalmente defensiva y no han conseguido victorias que permitieran acumular sólidamente fuerzas y romper su carácter discontinuo e inestable. La excepción ha sido América Latina, donde la crisis del modelo neoliberal ha sido profunda y el ascenso de los movimientos populares significativo, aunque la situación en el continente permanece incierta.
Cambiar el mundo se ha revelado en estos 10 años como una tarea mucho más difícil de lo que imaginaron la mayoría de los manifestantes de Seattle. El movimiento se ha ido enfrentando a nuevas pruebas y retos. Si al comienzo dominaba la sensación de que el movimiento social se bastaba por sí sólo, progresivamente han ido emergiendo, de forma débil y no siempre coherente, los límites del movimentismo y la necesidad de avanzar también en la articulación de una referencia política ligada a las luchas. Las visiones respecto al Estado y al poder político se han ido haciendo más complejas a medida que se constataban las dificultades de las luchas sociales, se hacía frente a una derecha a la ofensiva desde el poder en muchos países, y entraban en escena las experiencias latinoamericanas, con sus límites y contradicciones.
Una década después de Seattle, la situación es muy paradójica. Ante el fracaso del actual sistema, sintetizado en la gran crisis que estalló el año pasado, las razones del movimiento antiglobalización se han mostrado plenamente pertinentes. Posible o no, otro mundo se antoja más necesario que nunca. Pero la distancia entre fines y medios es abrumadora. Y la capacidad para traducir malestar en organización y acción colectiva se ha mostrado débil y discontinua.
La crisis actual tiene distintas salidas posibles y su desenlace permanece abierto. En palabras del filósofo Daniel Bensaïd, “la cuestión es saber a qué precio, y a costa de quién, puede ser resuelta. La respuesta no pertenece a la crítica de la economía política, sino a la lucha de clases y a sus actores políticos y sociales”. Ahí es donde entran los retos presentes y futuros de los movimientos sociales.
Tags: justicia políticaLÍDIA SANTOS I ARNAU
Desde Catalunya no pueden seguirse sin estupor las noticias que van apareciendo en los periódicos sobre el Tribunal Constitucional. Gran estupor por el hecho de que, aparentemente, si les concediéramos visos de veracidad, supondrían la filtración de las deliberaciones del más Alto Tribunal garante de nuestros derechos y del sistema autonómico. Gran estupor también por el contenido o sentido de lo que allí se apunta y por los criterios de oportunidad, si no oportunismo, que parecen motivar algunas posiciones. Grave, muy grave.
Tiempo habrá cuando se pronuncie el Tribunal Constitucional para entrar en un debate técnico-jurídico. Por ahora, quizás deberíamos considerar el momento que vivimos y cuáles son los futuros que abren nuestras decisiones de hoy. Dicho de otro modo, y parafraseando unas recientes palabras de Muñoz Molina, “cuál es la percepción de las cosas cuando no son historia todavía” pero trenzamos los acontecimientos que luego serán explicados como desencadenantes de lo que mañana será presente.
Al parecer, el Estatut de Catalunya ya había sido condenado mucho antes de ser oído y, aún así, ha sido el modelo adoptado por todos los estatutos renovados a partir de 2005 hasta hoy mismo; el último, el proyecto de Extremadura este mismo mes de octubre. ¿Por qué entonces, si todos asumen el modelo y contienen con gran profusión artículos idénticos al Estatut de Catalunya, sólo este ha sido impugnado?
Es una pregunta que no tiene respuesta jurídica. No la puede tener porque jurídicamente no se sostiene en base a una supuesta defensa de la constitucionalidad. Inaudito: se impugna lo que luego se asume e incorpora en otros textos legales.
La explicación es de una enorme carga política. La incapacidad de comprensión, la imposibilidad de cambiar “la política del sistema” como ya pedía Azaña 80 años atrás. Cambiar las mentalidades, cambiar las actitudes. Y esa es la cuestión que debería preocuparnos, es un problema de fondo, contumaz y persistente en el tiempo que, salvo rectificación, sólo puede conducir al desastre.
El sistema político, efectivamente, lo hemos cambiado. España es ahora un Estado de estructura federal, lo que ha contribuido de forma espectacular a su progreso y a su cohesión territorial. Pero es un modelo federal sin federalistas, sin cultura federal, y ahí le duele. Porque el federalismo no es una utopía ni menos aún una simple estructuración institucional de los pueblos, de los estados. Es una cultura, es una actitud, es pacto, es reconocimiento y lealtad mutua, es articulación de la complejidad. El federalismo combina el idealismo de la radicalidad democrática con el pragmatismo de afrontar los problemas concretos. Es suficientemente dúctil como para adaptarse a las necesidades de cada realidad. Es un sistema político eficaz capaz de construir la unión desde la diversidad y con la diversidad, sin ahogarla, sino convirtiéndola en oportunidad y riqueza. El federalismo forma parte del pensamiento político de las fuerzas progresistas que siempre han impulsado la modernización y democratización de España. Por eso no fragmenta, sino que une, y por eso no deberíamos renunciar a promover e intentar ese cambio de cultura. El federalismo es la respuesta para España porque articula las identidades compartidas, y con toda su carga de futuro, es la respuesta para Europa y para un mundo compuesto por sociedades cada vez más abiertas.
En cualquier caso, no hemos sido capaces de cambiar “la política del sistema” y, por tanto, no somos capaces de reconocernos y aceptarnos mutuamente tal como somos, de construir desde la igualdad, la libertad, la implicación y la lealtad, la unión.
El éxito de la España de las autonomías es, en cierto modo y en buena parte, el éxito de una apuesta secular de Catalunya implicada y comprometida con el progreso de España. El Estatut de 2006 es una renovación de ese compromiso pero también un planteamiento franco de ser reconocidos como somos. Debiera ser no sólo políticamente posible, lo es incluso Constitución en mano, así lo planteamos.
Efectivamente, el Estatut es constitucional, en la letra y en el espíritu de la Constitución. El Estatut de Catalunya es obra de un legislador especial que resulta de la voluntad conjunta de una delegación del Parlament de Catalunya y una delegación de las Cortes, lo que resulta la mejor expresión del pacto originario de la Constitución, de la Constitución territorial de España, que lecturas más restrictivas o involucionistas pueden fácilmente estar vulnerando.
Por eso, la cuestión de fondo va mucho más allá de las relaciones entre los diversos partidos políticos, aunque sí tenga que ver con los posicionamientos en relación con las diversas concepciones de lo que sea España. La cuestión de fondo continúa siendo el encaje de Catalunya-España, es más, el encaje del pluralismo, el encaje republicano y federal de España como nación de naciones.
Por eso, España no tiene futuro desde el choque de nacionalismos, desde el pensamiento categórico y sacralizado del nacionalismo excluyente, y en esas continuamos. Nada hay más parecido a un nacionalismo que otro nacionalismo. Necesitamos con urgencia, como sociedad y como individuos, la cultura profundamente democrática y laica del federalismo. Sólo así los españoles aceptaremos y sentiremos como patrimonio común las lenguas y los demás hechos diferenciales de los distintos pueblos de España.
Llegados a este punto, la pregunta que nunca se plantea pero a la que debiéramos exigir una respuesta sincera, honesta y en conciencia es, y digo bien, ¿pero España es Catalunya? Entonces, quien tenga oídos para oír, que oiga, porque se está haciendo cada vez más tarde.
Lídia Santos i Arnau es diputada del PSC en el Parlament y ponente del Estatut
Ilustración de Iker Ayestaran
Tags: políticaENRIQUE SANTIAGO ROMERO
La hegemonía política, económica e ideológica del capitalismo como sistema regulador de las sociedades en el siglo XXI es una de las mayores paradojas de la historia. Se trata de un sistema económico que condena a los países del Sur, pese a ser los mayores poseedores de riquezas naturales, a depender de los países ricos. Un sistema que necesita para sobrevivir que más de mil millones de personas subsistan con menos de dos dólares al día y que en los países más ricos no sólo se renuncie al pleno empleo, sino que se fundamente la inmensa acumulación de riqueza por unos pocos en elevadas tasas de desempleo (hoy casi un 20% y al alza en España) y en la generalización del trabajo precario e infrapagado para jóvenes, mujeres, trabajadores no especializados y profesionales de clases medias.
La capacidad de hegemonía ideológica del sistema –gracias a su poderoso oligopolio de ideas y medios de comunicación– es tal que hoy día la opinión pública lo asume de forma mayoritaria como el único posible, sin que los ciudadanos seamos capaces de creer en la viabilidad de un sistema social alternativo.
Muchos creemos que la dificultad para que se abran paso nuevas propuestas alternativas que se asuman como viables y deseables por la mayoría social obedece a la falta de consistencia de una alternativa política de izquierdas en España. Probablemente se debe a la ausencia de un amplio y plural movimiento político que aglutine a todas aquellas voces que desde lo más cotidiano (el mundo del trabajo, los movimientos sociales, el mundo académico y cultural, la defensa del medio ambiente y de la solidaridad internacional, la defensa de los derechos de la mujer y de la identidad sexual…) apuesten por hacer realidad un nuevo programa político que aspire a garantizar la totalidad de los derechos humanos –civiles y políticos, pero también sociales y económicos– recogidos en la Declaración Universal de 1948.
Ni la socialdemocracia europea ni, en especial, la española –apoyando la financiación a las grandes corporaciones financieras y con su renuncia a un sistema fiscal progresivo– apuestan hoy por otra opción que no sea gestionar el sistema capitalista en crisis para reflotarlo con rostro humano, para alborozo del gran capital financiero y especulativo.
En el olvido quedó también la apuesta de la socialdemocracia española por las libertades civiles, con la renuncia del Estado a exhumar los cuerpos de los miles de republicanos sepultados en fosas comunes, la supresión de la jurisdicción universal para la persecución de crímenes contra la humanidad, el retroceso del compromiso de España con los refugiados (con la nueva Ley de Asilo, aprobada por PP y PSOE), el endurecimiento de la Ley de Extranjería o su defensa de regímenes políticos como los de Colombia, Marruecos o Guinea Ecuatorial por los beneficios de las multinacionales españolas, cuyos intereses privados confunde el PSOE con los de todos los españoles.
Hace un año, la IX Asamblea Federal de IU lanzó como principal propuesta a la sociedad un llamamiento para la refundación de la izquierda anticapitalista, alternativa y transformadora de nuestro país, convencidos de que existe un espacio político en ese ámbito que, tal y como ocurre en Alemania, Francia, Portugal, Grecia y otros países de nuestro entorno, puede ser activamente ocupado por los ciudadanos.
Ese proceso de refundación ya ha empezado, pero no con el objetivo de que alcance sólo a lo que hoy está organizado en Izquierda Unida o lo que estuvo en el pasado. Las elecciones europeas evidenciaron que en España la única propuesta organizada de izquierda anticapitalista con suficiente implantación y entidad para vertebrar ese proceso es IU. Pero también pusieron de manifiesto que los resultados de la actual Izquierda Unida, sus actuales componentes y sus actuales propuestas no son suficientes para dar el salto cualitativo que requiere lanzar ese nuevo programa si queremos que tenga posibilidades reales de convertirse en alternativa de sistema social y de poder.
De forma unánime, los hombres y mujeres de IU lanzamos a toda la sociedad civil y, especialmente, a los activistas por los derechos humanos en el sentido más amplio (sindicalistas, feministas, ecologistas, defensores de lo público, trabajadores de la cultura…) una propuesta de construcción simultánea de ese nuevo programa político y de la organización que aspire a llevarlo a la práctica: sin exclusiones, sin limitaciones al elaborar nuevas propuestas políticas, sin miedo a debatir ideas para alcanzar grandes acuerdos, sin recelos y sin reproches por enfrentamientos pasados.
Un proceso en el que todas las mujeres y hombres de izquierdas participen de igual a igual al margen de su militancia política o social, articulado en torno a foros de elaboración de propuestas que deberán surgir en cualquier lugar de encuentro, de trabajo o de estudio. Un proceso de construcción del nuevo movimiento político y social que, conforme a los criterios participativos de elaboración de propuestas y toma de decisiones adoptados por el movimiento altermundista, ofrecerá soluciones reales a los problemas de la sociedad y llevará a la práctica esas soluciones, si la ciudadanía nos da el suficiente respaldo para hacerlo.
Es un proceso para poner en marcha una nueva izquierda anticapitalista que construya sobre el triste recuerdo de este sistema injusto uno nuevo republicano, federal, socialista y en equilibrio sostenible con nuestro planeta, en el que prime la justicia social y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos del Estado. Es el momento de dejar de lamentarnos y sumarnos a la construcción de esta alternativa.
Enrique Santiago Romero es Secretario federal de Refundación y de Relaciones Políticas y Sociales de IU
Ilustración de Mandarake
