Tags: elecciones política política internacional Reino UnidoLUIS MATÍAS LÓPEZ
A veces, para ver de cerca hay que mirar lejos. La situación política y las elecciones en el Reino Unido, que se celebrarán probablemente el 6 de mayo, ofrecen analogías con la situación en España que merece la pena considerar.
En ambos países, hay gobiernos socialdemócratas y oposiciones conservadoras, y se dan más similitudes entre los primeros que entre las segundas. Al contrario que el PP de Mariano Rajoy, los conservadores de David Cameron no recurren al sistemático acoso y derribo, con el exabrupto y la descalificación como armas principales, para segar la hierba bajo los pies de Gordon Brown. Tienen tajo de sobra con las heridas de la recesión (que comienza a remitir), las rebeliones internas del laborismo y la incapacidad del líder de estos para levantar al partido del diván del psiquiatra.
Los sondeos prevén un relevo de Gobierno en Londres. Brown no goza de la limpieza de sangre que da ganarse el cargo en las urnas y su partido lleva más de 12 años en el poder. Parece llegada la hora de la alternancia, mecanismo de saneamiento clave en democracia. La situación es diferente en España aunque, según las últimas encuestas, Zapatero también lo tiene crudo. La crisis no le da tregua, pero a su favor juegan varios factores: que lleva menos de seis años en el poder, que tiene más de dos por delante para recuperar terreno, que su liderazgo en el PSOE es firme y que la alternativa del PP asusta a media España.
En el Reino Unido, las diferencias entre los dos grandes partidos ya no son lo que eran. Los tories han abjurado de las recetas más duras del thatcherismo y se apuntan a un difuso “conservadurismo compasivo”. En el otro bando, con el nuevo laborismo, Blair renegó de la tradición izquierdista del partido. Sin embargo, ante el varapalo que se vaticina, Brown intenta recuperar señas de identidad, si no para ganar sí al menos para evitar una derrota humillante. De ahí promesas como acabar por ley con la pobreza infantil en 2020 o reducir un 50% el déficit para 2014. Tiene razón Timothy Garton Ash: una cata de vinos a ciegas sobre políticas económicas, sociales y de seguridad de ambos partidos mostraría que el 80% de las mismas es intercambiable.
¿Ocurre lo mismo en España? A simple vista, no. Rajoy hace sonar las trompetas del Apocalipsis y promete revocar el entramado legislativo socialista que, según él, lleva el país al caos. El pasado muestra, sin embargo, que una vez en el poder el PP saca el pragmatismo del armario, pacta con los nacionalistas si lo necesita, no revoca avances sociales y no revoluciona la economía. Pese a la crispación actual, un relevo en La Moncloa no tendría por qué ser un tsunami.
Otra similitud es el progresivo de-
sapego popular hacia la política, manchada por una corrupción que en España afecta a casi todos los partidos, aunque su paradigma es el caso Gürtel, que se ceba en el PP. En el Reino Unido no hay metástasis, pero asquea la obscenidad que supone que muchos diputados abusaran de sus privilegios para llenarse el bolsillo.
Allá, y acá, hay un debate sobre el sistema electoral, aunque menos marcado en España, donde sólo lo promueve abiertamente el principal perjudicado, Izquierda Unida. Es una fórmula proporcional corregida que deja las listas en manos de las direcciones de los partidos, que suelen ver la discrepancia con malos ojos. Diputados y senadores tienen una relación más estrecha con las direcciones de los partidos que con los ciudadanos que les eligieron. Otra consecuencia es la dificultad de conseguir mayorías absolutas y la necesidad de formar Gobiernos minoritarios, lo que lleva a una cultura del pacto que tiene muchos detractores, pero también defensores convencidos de que ayuda a fortalecer la democracia y el consenso.
En el Reino Unido se elige un diputado en cada distrito: el que queda primero, gana. Eso permite Gobiernos sólidos, una relación sana y fluida entre diputados y ciudadanos y que el Ejecutivo tenga que negociar sus iniciativas con el grupo parlamentario. Sin embargo, el sistema, que facilita mayorías absolutas, provoca graves distorsiones.
He aquí un ejemplo, el de los comicios de 2005: con el 35,3% de los sufragios, los laboristas obtuvieron el 55,2% de escaños. En el extremo contrario, los socialdemócratas lograron el 22,1% de votos y sólo el 9,6% de diputados. Además, el trazado de los distritos favorece a los laboristas, lo que puede provocar otra anomalía: que los tories tengan más votos, pero menos parlamentarios. En teoría, es posible incluso la aberración de que un partido monopolice los Comunes si, en cada distrito, queda en primer lugar, aunque sea por tan solo un voto.
La cuestión es ahora sustancial, ya que no se descarta un hung parliament, con mayoría simple de los tories. Eso dejaría la llave del Gobierno en manos de los liberal-demócratas de Nicholas Clegg, los más perjudicados por el actual sistema, como le ocurre a Izquierda Unida en España. Por eso llevan décadas reclamando un sistema proporcional con listas abiertas.
La necesidad de la reforma ya se planteó en 2006 en el informe de un grupo de expertos, y la rescató hace poco un comité parlamentario. Brown sólo promete un referéndum sobre el voto alternativo, que mantendría los distritos uninominales, pero permitiría establecer preferencias sobre todos los candidatos y haría posible la elección de uno de ellos con mayoría absoluta. Un lío que sería largo de explicar. Y un parche que no toca el problema de fondo (la falta de proporcionalidad), que ni laboristas ni conservadores quieren resolver, pero que resurgirá si Clegg es clave para formar Gobierno. Él afirma que su partido no está en venta, pero en política todo depende del precio.
España no es el Reino Unido, pero ambos países deberían mirarse en el espejo del otro: los británicos, en busca de más proporcionalidad; los españoles, en busca de mayor cercanía entre políticos y ciudadanos.
Luis Matías López es periodista
Ilustración de Gallardo
Tags: política internacionalNAZANÍN AMIRIAN
Las revoluciones se producen cuando los de arriba no pueden gobernar como antes y, al mismo tiempo, los de abajo ya no se dejan gobernar como antes”. La idea es de Lenin –cuya pericia revolucionaria estremeció al mundo–, aunque requiere un matiz: que se produzcan no significa que triunfen en sus objetivos. Lo que hoy se gesta en las calles de Irán es una revolución contra una oligarquía militarizada y corrupta parapetada tras la versión más oscurantista de la religión. Tras la revolución constitucional de 1908, la que siguió a la nacionalización del petróleo en 1953 y la que en 1979 debía poner fin al despotismo, Irán afronta el cuarto intento en cien años para instaurar un Estado de derecho.
El líder supremo de la República islámica, Alí Jamenei, ha declarado que los manifestantes opositores son “enemigos de Dios” (moharab be Khoda, en persa), una grave acusación que se castiga con la pena de muerte, además de una declaración de guerra a toda reivindicación ciudadana y un portazo a cualquier solución pacífica que pusiera fin a la crisis. Para acallar la disidencia, el régimen está combinando la violencia legal con métodos de guerra sucia como atentados y el uso de los escuadrones de la muerte, algo que ya puso en práctica durante la década de los ochenta y hasta mediados de los noventa. Si entonces se reconocía la autoría de los ataques –responsabilizando a grupos autónomos de los servicios secretos–, hoy la novedad estriba en que se culpa a la propia oposición. Así, podrá justificar el estado de sitio para aplastar las protestas con la excusa de “preservar la seguridad ciudadana”. Los detenidos bajo tortura confiesan lo que haga falta y piden ser castigados en procesos de pantomima que se antojan un remedo de los autos de fe de la Inquisición. Con la pena de muerte tipificada para una veintena de casos (desde amar sin autorización, hasta criticar a las autoridades en un blog), el terrorismo de Estado de la República islámica ha segado la vida de centenares de personas y ha arrestado a decenas de miles por todo el país, tan sólo en los últimos seis meses.
La República islámica –hoy pretoriana– lucha en dos frentes: uno contra la ciudadanía que reclama sus derechos civiles y el otro contra las voces que piden cordura desde el propio seno del sistema. En los últimos meses son sonados los síntomas de descomposición interna, como deserciones de diplomáticos en misiones en el exterior o la detención de numerosos clérigos y mandos militares. El régimen se desmorona mientras la tripulación abandona el barco, previo traslado de maletines llenos de petrodólares. Los militares islamistas (que desde la presidencia, en 2005, de Mahmud Ahmadineyad –apodado el Berlusconi iraní por su histrionismo–, controlan el poder ejecutivo además de los escalafones del Ejército y su arsenal) ya dominan el poder judicial y parte del Parlamento. Así han podido hacerse con los suculentos contratos de la construcción de grandes obras de infraestructuras del país, desde los proyectos del metro hasta los oleoductos o la venta directa del petróleo. Datos que confirman los peores presagios: que no cederán de forma voluntaria su poder sobre la segunda reserva de petróleo y gas del planeta.
Parece inevitable que el movimiento verde ascienda y amplíe los frentes de lucha ante las medidas impopulares del régimen, como el plan para eliminar los subsidios para los productos de primera necesidad. Las protestas aumentan a pesar de la represión, y a la batalla encabezada por mujeres y estudiantes de clase media que hoy reivindican los derechos civiles se unirán en breve los trabajadores víctimas de las políticas neoliberales de Ahmadineyad, cuyo Gobierno se enfrenta a un gran déficit presupuestario por la caída del precio del crudo y la gestión de la economía del país. La paralización de grandes proyectos como la refinería que se iba a levantar a orillas del Golfo Pérsico para producir 35 millones de litros de gasolina al día sólo es un aviso de lo que se avecina con el endurecimiento de las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU a causa del programa nuclear de Teherán. La privatización de cerca del 80% de las empresas estatales –banca, astilleros, líneas aéreas– y la liberalización de los precios han generando una inflación del 34% y un desempleo que afecta a unos 12 millones de jóvenes, que no reciben prestación alguna. Los datos oficiales revelan que 43 millones de iraníes vive por debajo del umbral de la pobreza, en uno de los países más ricos del planeta. Ahmadineyad aconseja a los trabajadores que coman pan y queso para luchar contra la corrupción del alma, pero no logra explicar el paradero de los 160.000 millones de dólares de beneficio de la exportación del petróleo, que se han esfumado de las arcas públicas.
Estados Unidos necesita seguir contando con la cooperación iraní en Irak y Afganistán y no tiene recambio ante una caída repentina de la República islámica, algo que sacudiría la región y la convaleciente economía mundial. El vacío de poder en Teherán no interesa a Washington, aunque el precio a pagar sea convivir con un Irán en el club nuclear, como decía Zbigniew
Brzezinski y muy a pesar de Israel. Barack Obama observa la marcha de los acontecimientos mientras sigue manteniendo contactos con Teherán, desconcertando a quienes creían en el aparente antagonismo entre ambos gobiernos. Por su parte, la disyuntiva de la República islámica está entre llegar a acuerdos puntuales con Occidente sobre el programa nuclear y dedicarse a aplastar el movimiento ciudadano o, con el mismo fin, buscar un enfrentamiento bélico que le sirva de cortina de humo.
A las ansias de la dictadura militar, que amenaza con ahogar el movimiento verde en su propia sangre, se le añade la falta de organización de dicho movimiento y un liderazgo sincero. Mir Hosein Musavi, al que le va muy grande dirigir una revolución, se niega a formar un frente unido de fuerzas opositoras, pretendiendo trapichear con el núcleo duro del régimen, con el que no sólo comparte la fe en un mismo Hacedor.
Nazanín Amirian es profesora de Ciencias Políticas en la UNED
Ilustración de Mikel Casal
Tags: política internacional religiónSAÏD EL KADAOUI MOUSAOUI
Uno de los grandes males de casi todos los países musulmanes y árabo-musulmanes es el de mezclar la religión con la política. La laicidad dista mucho de ser una prioridad para los líderes de estos países. No así, sin embargo, para una parte considerable de la sociedad civil que lleva décadas reclamándola.
Sin ir más lejos, en mi otro país, Marruecos, esta falta de secularización del Estado genera toda una serie de sinsentidos que alimentan la doble moral y el miedo a sufrir represalias.
En una crónica de la revista marroquí Tel quel (en su número 299, aparecido el 30 de noviembre de 2007) se decía que Marruecos producía 37 millones de botellas de vino al año aunque, legalmente, los musulmanes –que son la gran mayoría de la población marroquí– no pueden consumirlo.
Ir a comprar alcohol en Marruecos es una actividad recomendable si se quiere ver con exactitud lo que es el país: una contradicción permanente. Un querer y no poder. Un deseo infantil de casar lo incompatible. A saber, la libertad individual y el control enfermizo de la vida privada de la gente.
Durante el mes del Ramadán del anterior año, la Policía tomó la estación de tren de Mohamadía, una población cercana a la capital económica, Casablanca, porque un grupo de seis jóvenes activistas de los derechos individuales quiso hacer una ruptura simbólica de la abstinencia del Ramadán en pleno día, reclamando así su derecho a no cumplir a rajatabla
–habrá que adaptarse a los tiempos algún día– un precepto del islam.
La religión como árbitro de la cosa pública y los derechos individuales no han casado bien nunca. Aun así, cada vez que viajo a Marruecos me produce algo de envidia comprobar el dinamismo de la sociedad civil y, especialmente, de los jóvenes. Quizás tenga algo que ver con la afirmación de Moncef Marzouki, recogida en su libro Le mal arabe, de que las sociedades árabes son probablemente unas de las más politizadas del mundo. Lo que es seguro es que en Marruecos, que no brilla especialmente por sus dotes democráticas, la gente no se somete pasivamente al efecto de esta intrusión de la religión en sus vidas.
Esta es una realidad que deben conocer los políticos europeos.
Recientemente, hemos sabido que la alcaldesa de Cunit (Tarragona), Judith Alberich, ha intercedido en un asunto que no le incumbía a ella sino a la justicia.
Fátima G. G., mediadora cultural del Ayuntamiento de Cunit, acusó al imán de su pueblo de calumniarla y amenazarla. De confirmarse la acusación, este y sus presuntos colaboradores deberán responder ante la justicia.
Los hechos son graves. Creerse con el derecho de clasificar a los musulmanes en buenos y malos y asediar a alguien por el mero hecho de querer trabajar, conducir y relacionarse con no musulmanes es simplemente un delito.
Por cierto, habría que pedir a muchos periodistas que no confundan ser una persona autónoma con ser o estar occidentalizado. Este es un viejo lapsus de los que confunden civilización con Occidente y barbarie con el resto del mundo, especialmente el mundo musulmán.
Decía que los hechos son graves. No tener claro esto e intentar interceder a favor del presunto coaccionador en aras de una paz social –que jamás debe confundirse con un sometimiento masoquista a los fanáticos– es de una ingenuidad flagrante y de una irresponsabilidad imperdonable para alguien que gobierna la cosa pública.
De confirmarse los hechos, dos son los perfiles posibles de este imán. O bien es una persona con una visión primaria de la vida y con una cultura democrática lamentable (no sería el primer caso de un imán con este perfil que conozca) o un seguidor de los preceptos del wahabismo, que, según palabras del escritor Abdel
wahab Meddeb, escritas en su libro Pari de civilisation, es probablemente la interpretación más pobre que jamás haya conocido la historia teológica y doctrinal del islam. En ambos casos se trataría de una persona que no merece de ninguna manera ser el representante de una comunidad, diversa y heterogénea, en un país democrático.
Una sentencia condenatoria sería un buen mensaje para muchos de estos especímenes que pretenden aprovecharse de la ignorancia y de la buena voluntad de muchos para imponernos su visión cavernícola del mundo.
Y permítanme que opine también sobre la polémica desatada en Francia a raíz del burka. Algunos intelectuales musulmanes sostienen que esta prenda nada tiene que ver con el islam y otros la asocian al wahabismo, del que hemos hablado anteriormente. Ambas posiciones darían la razón a su desvinculación con el islam que necesitamos en Europa.
La editorial Pagès Editors ha traducido recientemente al catalán (y espero que pronto lo haga también al castellano) el libro de Mohamed Talbi, Réflexion d’un musulman contemporain. En él, el autor, un erudito del islam, sostiene que es necesario que los musulmanes se adapten a los cambios profundos que las ciencias, las técnicas, el entorno económico y la política mundial han producido. El futuro del islam, dice en el último capítulo, está en su capacidad de asimilar la modernidad si queremos que los musulmanes no sean testimonio pasivo de la época contemporánea.
Un islam contemporáneo, este que defiende Mohamed Talbi, es el que debemos respetar y ayudar a dignificar.
A estas alturas debemos ir teniendo en cuenta algunos límites que no debemos permitir que se franqueen. Lo diré en palabras de Kwame Anthony Appiah: la idea fundamental de que toda sociedad debe respetar la dignidad humana y la autonomía personal es más básica que el amor por la variedad.
Saïd El Kadaoui Moussaoui es psicólgo y escritor. Autor de la novela ‘Límites y Fronteras’
Ilustración de Miguel Ordóñez
Tags: política política internacionalJOSEP MARIA ANTENTAS Y ESTHER VIVAS
El Foro Social Mundial (FSM) está de aniversario. Desde su lanzamiento en el año 2000 se ha convertido en el referente internacional más importante para el grueso de las fuerzas críticas con la globalización neoliberal y ha permitido afirmar un espacio simbólico de oposición.
Nacido bajo el impacto de las movilizaciones de Seattle, conectó con el espíritu del movimiento emergente, apareciendo como una referencia para buena parte de sus integrantes (aunque no para todos). El formato de la propuesta y su concepción de fondo eran funcionales a las necesidades del momento, al abrir un punto de encuentro amplio y flexible, adaptable a un movimiento cambiante, plural y en desarrollo. De ahí su éxito inicial imparable.
En su trayectoria, el FSM ha ido evolucionando en consonancia con la coyuntura política y la de la movilización internacional. Después de una primera etapa de ascenso, de aumento de su visibilidad y de creciente capacidad de atracción, pasado el efecto novedad, el Foro perdió notoriedad, y su impacto e influencia disminuyeron, aunque no su poder de convocatoria. En esta situación ambivalente ha llegado a su décimo aniversario.
En esta década, el movimiento antiglobalización y el Foro consiguieron colocar sus preocupaciones en la agenda pública y desgastar la legitimidad del neoliberalismo, cuya credibilidad se hundió definitivamente con el estallido de la crisis. Pero no obtuvo casi ninguna victoria, más allá del terreno simbólico, con la excepción parcial de algunos países de América Latina.
La combinación entre las dificultades para derribar el neoliberalismo y el impacto de la crisis empujan al aumento del debate estratégico y político en el seno del Foro. Así se ha constatado en los eventos realizados con ocasión del presente aniversario, sin un aparente resultado concluyente acerca de su rumbo futuro. El FSM se fundó sobre la base de un cierto optimismo antiglobalizador, una visión bastante simple del cambio social que escamoteaba los grandes debates estratégicos y, especialmente, sobre la idea de que el movimiento social se bastaba por sí solo para transformar a la sociedad. Diez años después se constatan los límites del discurso fundacional del Foro y del movimiento antiglobalización, y la necesidad de repensarlo para obtener un segundo aliento. El contexto apremia a una mayor clarificación estratégica, sin por ello romper la unidad y la amplitud del proceso. “Pienso que pasamos de la fase de los eslóganes simpáticos de los foros sociales. Si otro mundo es posible, llegó la hora de decir cuál”, nos señalaba ya Daniel Bensaïd en vísperas de la edición de Belem en enero de 2009.
Los foros no son ninguna panacea o fórmula mágica para los movimientos sociales, pero sí experiencias que ayudan a sumar fuerzas. No han comportado de forma mecánica la creación de convergencias duraderas ni el desarrollo de luchas concretas, pero sí han tenido una influencia positiva genérica en esta dirección y han contribuido a crear un clima más propicio al trabajo en común en los lugares donde se han celebrado. Así lo hemos visto el pasado fin de semana en iniciativas como el Foro Social Catalán en Barcelona o el FSM en Madrid, que muestran cómo, en un periodo de dificultad para transformar el malestar social frente a la crisis en movilización colectiva, los foros ofrecen un espacio para encontrarse, verse y debatir.
El gran desafío que tenemos por delante es pasar de las convergencias y las solidaridades simbólicas a las tangibles y al refuerzo concreto de luchas específicas. Las formas que toman las luchas reales son imprevisibles y cambiantes y la articulación de las resistencias sociales no se realiza por decreto. Se trata de un proceso dinámico, con altibajos, que requiere voluntad de trabajo común y habilitar espacios de convergencia y solidaridad que permitan la discusión mutua, crear una cultura de trabajo compartida y aprender a ver los problemas particulares desde una óptica general.
En el debate actual sobre su futuro, marcado por las polémicas sobre si el Foro debe ser esencialmente un espacio de discusión o un instrumento orientado a la acción, conviene recordar que los foros sociales no son un fin en sí mismos, sino un instrumento al servicio de la discusión y la articulación de campañas y movilizaciones y tienen que ser vistos y concebidos como tales. Tienen sentido si ayudan a avanzar en esta dirección, si no pueden retraer energías de las luchas reales. Como señala Eric Toussaint, del Comité para la Abolición de la Deuda Externa del Tercer Mundo, “necesitamos un instrumento para determinar objetivos, un calendario común de acción, un elemento de estrategia común. Si el Foro no permite esto, tendremos que construir otro instrumento, sin eliminar el Foro”. De ahí la importancia de las asambleas e iniciativas de coordinación internacional de los movimientos sociales que tienen lugar en el marco y el entorno del Foro.
La vitalidad y autoridad simbólica del Foro Social Mundial se han derivado del hecho de ser percibido como la mayor expresión de las luchas contra la globalización neoliberal. El día en que el Foro apareciera como un proyecto desvinculado de ellas, el proceso se deshincharía rápidamente o perdería su utilidad como instrumento para seguir avanzando en la lucha por este “otro mundo posible” del cual ha sido, con sus límites y contradicciones, un estandarte muy importante.
Josep Maria Antentas y Esther Vivas son autores de ‘Resistencias Globales. De Seattle a la crisis de Wall Street’
Ilustración de Iker Ayestaran
Tags: Latinoamérica política internacional sociedad violenciaLOLITA BOSCH
Hace exactamente 104 años hubo un terremoto en San Francisco que hundió su barrio chino y que las autoridades aprovecharon para implantar la Immigration act: un acta de expulsión de la comunidad china que no tuviera una residencia fija en California. De modo que los chinos comenzaron a bajar por el Estado hasta que cruzaron la frontera de México y se establecieron en la ciudad de Mexicali. Ahí se abrieron los primeros fumaderos de opio mexicanos. Y los establecimientos se desperdigaron por la República Mexicana hasta llegar a la ciudad capital y convertirse en una de las sórdidas distracciones de la clase alta. Los que consumían eran vistos como personajes exóticos, tumbados en chaise longues que hoy nos parecen de cuento y vestidas, ellas, con trajes de gasa aptos para retozar. Aunque los de clase baja, no. Los de clase baja comenzaron a recibir el nombre de gomeros y los primeros fotógrafos de México los retrataron como enfermos, vagabundos y perdidos. Una imagen similar a la que hoy tenemos y difundimos de los niños de la calle que esnifan cemento en el metro de la ciudad de México. Un prejuicio exacto.
Poco tiempo después de la apertura de aquellos increíbles fumaderos de opio –algunos de los cuales perviven clandestinamente en el mítico barrio de Tepito de la capital del país–, el Gobierno mexicano legalizó la cocaína y comenzó a distribuirla en farmacias como fármaco contra el dolor y la tristeza. E incluso hizo anuncios para convertirla una droga más popular y más frecuente.
Pero de esto, decía, han pasado casi cien años. Y estrechamente vinculado a la historia de la corrupción política del PRI (Partido Revolucionario Institucional) –que ha gobernado con autoridad de hierro el país durante más de 70 años– y también a la historia de las trampas eclesiásticas, el narcotráfico en México ha crecido hasta convertirse en este mundo paralelo que tenemos la sensación de ver hoy y que nos parece inexplicable. Pero no lo es, sino que estamos en el trazo de una sucesión de errores y despreocupación, de poder y corrupción, de impunidad y de vergüenza que ha convertido la República mexicana en uno de los lugares del mundo en los que el narcotráfico más ha permeado la vida pública y privada del país y sus instituciones. Y ha desembocado en datos como estos: en el Estado de Michoacán un 80% de los negocios tienen participación del narco, y la desorientada ciudad Juárez (frontera con El Paso, Texas) ha sido catalogada en este 2010 como la más peligrosa del mundo.
Aunque en todo esto hay matices, claro. Y también hay momentos.
Porque el narco que vemos hoy no es el narco que conocíamos de antes. Tras los primeros capos chinos y el abuso de las naciones primermundistas sobre las plantaciones mexicanas durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que llegaron a cambiar permisividad fronteriza por medicinas para sus soldados o por dinero para luchar contra el comunismo en América Central, los cárteles mexicanos se organizaron. Y durante muchísimo tiempo, y se dice que gracias a su pacto con el PRI, aunque cueste entenderlo; el narco no resultó una amenaza en México fuera de sus estrechísimos círculos. El territorio estaba dividido y había leyes estrictas (aunque no escritas) que impedían que los capos: uno, drogaran a la juventud mexicana; dos, pelearan entre ellos por el territorio, tres, molestaran a las familias de los otros capos de cártel; y cuatro, se enfrentaran a la población civil. Durante años, este supuesto pacto de honor y de paz impidió que el narco fuera una amenaza más allá de las balas perdidas o los atentados a periodistas y militares que luchaban contra la impunidad política y policial. Si no te metías con ellos, como se solía decir en México en aquellos días, no pasaba nada. Y es cierto que más o menos todos reconocíamos el código social que compartíamos y todos sabíamos también dónde estaban los límites que debíamos respetar. O eso creíamos. Porque, en verdad, los narcos ya en los años 60 tenían miles de esclavos trabajando en la pizca de la marihuana, compraban policías por cientos y tenían atemorizados a los indígenas del norte del país. Pero, con todo, el problema no había llegado como una amenaza a la capital. Y por desgracia, en México, esa es una seguridad de que el mundo no está completamente desbordado.
Aunque no fuera así. Porque cuando cayó el PRI y subió al poder el derechista PAN (Partido de Acción Nacional), un acto de bravura les impidió pactar con el narco (que podría ser comprendido, en aquel momento, como el equivalente español a no pactar con ETA) y decidieron sacar el ejército a la calle. El mundo en el que habíamos logrado sentirnos seguros se había radicalizado. Y eso llevó a este descontrol de violencia en el que México vive sumido hoy.
Y es curioso constatar que el momento en el que el PRI abandonó el poder –que coincide con el momento en el que se dice que los narcotraficantes se comenzaron a drogar y a romper códigos de honor y ciertos principios heredados– fuera también el momento en el que se comenzó a gestar un nuevo cártel: La Familia, que hoy se ha convertido en uno de los más sanguinarios del país, que tiene absolutamente invadido el norteño Estado de Michoacán. Porque La Familia ha sido el único cártel con una pretensión que, según ellos, va más allá de la económica, y documentos encontrados y analizados por valientes periodistas que se juegan en la vida en las investigaciones sobre el narcotráfico han demostrado que ese novedoso cártel trata de establecer una nueva ley. Otro código que regrese el narcotráfico al cauce de la obediencia y la sumisión a la jerarquía. Entre sus leyes, claro, aceptan el asesinato y la tortura, pero aseguran que buscan el control del Estado de Michoacán para conseguir la paz de sus habitantes y, sobre todo, de sus familiares.
Lolita Bosch es escritora. Su último libro es ‘La familia de mi padre’
Ilustración de Javier Olivares
Tags: economía política sociedadVICENÇ NAVARRO
Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.
El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.
Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.
Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.
Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.
Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave.
Pero, ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será probablemente más del doble del existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace cuarenta años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, 8.6% y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 3 veces mayor (Ver el artículo El falso problema de las pensiones. Público, 07.05.09, donde se analiza con detalle el impacto de la productividad en el crecimiento del PIB).
Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University
Ilustraicón de Mikel Jaso
Tags: políticaJOSÉ ANDRÉS TORRES MORA
La tristeza no es una enfermedad, la depresión sí. El psicólogo Alexander Lowen proponía una metáfora para distinguir entre ambas: la diferencia entre un violín que toca una melodía triste y un violín desafinado. La derecha española, en su corriente mayoritaria, lleva desafinando más de un siglo.
Si hay un tema en el que la derecha sociológica se muestra particularmente desafinada, ese tema es la política internacional. Seguramente porque es en la política internacional donde la derecha sufrió el trauma, que es su trauma fundacional, que la llevó a la depresión que arrastra a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. La pérdida de la Guerra de Cuba en 1898 está en el origen de la depresión de las élites tradicionales de nuestro país, a la par que de sus problemas de identidad nacional, desnortamiento ideológico y patológico sentimiento de ridículo.
Es posible que si las élites españolas hubieran enviado a sus hijos a las guerras coloniales del XIX, en lugar de librarlos pagando dos mil quinientas pesetas de la época, hubiesen tenido menos razones históricas para deprimirse, aunque sin duda habrían tenido más razones biográficas para estar tristes. Decía Maquiavelo que un buen príncipe debe anteponer la salvación de su patria a la de su alma. El problema de liderazgo de la derecha española es que a la salvación de la patria ha antepuesto, además de la salvación de su alma, la seguridad de sus hijos, la integridad de su patrimonio y, en los últimos tiempos, hasta las posibilidades electorales de su partido.
Precisamente fue en Cuba la única vez que España se midió bélicamente con Estados Unidos. Resulta difícil que las mismas élites que usaron como historia edificante en la mitología de la construcción nacional el relato de Guzmán el Bueno pudieran reclamar con éxito el liderazgo del país después de haber hurtado a sus hijos del sacrificio de la guerra. Por eso, en lugar de liderarlo tuvieron que dominarlo. Desde entonces, en alguna parte de su memoria, la derecha ha conservado el recuerdo de que aquella guerra se llevó su liderazgo. De ahí su trastorno bipolar en la relación con Estados Unidos, que va desde el colegueo de Aznar con Bush a los cabezazos de su ministro de Exteriores.
Es curioso ver a los herederos políticos de Cánovas ponerse exigentes con el papel del presidente del Gobierno en su relación con Estados Unidos. Como si la única forma aceptable para ellos en la que puede relacionarse un presidente español con un presidente norteamericano sea la de poner los pies encima de su mesa. Poco casa tanto orgullo nacional(ista) con los reproches que le han hecho al presidente Rodríguez Zapatero por el lapso de tiempo que transcurrió sin que visitara la Casa Blanca. Sobre todo, cuando el motivo por el que no fue invitado fue el poco respetuoso enfado del presidente Bush, incapaz de aceptar una decisión soberana del Gobierno de España en cumplimiento de un deseo generalizado de la ciudadanía de nuestro país.
Da igual si se trata de un secuestro, de una cuestión de asilo o del menú de una recepción diplomática, no hay vez que nos enfrentemos a un asunto de política exterior que la derecha no saque a relucir la palabra ridículo. Dicen algunos psicólogos que detrás de un sentimiento exacerbado de ridículo hay un deseo, igual de enfermizo, de exhibición. El malsano sentimiento de ridículo de la derecha sociológica de nuestro país no es más que el envés de un no menos malsano deseo de exhibición desmedida. Detrás del miedo al ridículo internacional siempre se esconde el imperial espíritu de Perejil.
Ese miedo al ridículo es exactamente el mismo que sufren nuestras élites tradicionales con el tema de los idiomas. Con motivo de la última visita a Estados Unidos del presidente Rodríguez Zapatero, un columnista de la derecha se preguntaba qué puede hacer alguien en Estados Unidos sin saber inglés. Dudo de que un columnista norteamericano le hiciera un reproche del mismo tenor al presidente Obama cuando visitó Alemania por no saber alemán, o se lo haga cuando venga a España por no saber castellano. Claro que, pensar en la simetría y la horizontalidad entre países debe producir mareo a quienes se consideran tan elevados y distintos en nuestro propio país. ¿No late, detrás del reproche al presidente, un complejo impropio de un nacionalista de derechas?
Probablemente, la visión del problema del idioma en la política exterior sea muy distinta entre quienes protagonizaron con su emigración en Francia, Alemania, Bélgica o Suiza la apertura de la España real a Europa y quienes hicieron de la autarquía el rasgo más significativo de su concepción del mundo y del aislamiento la más destacada seña de su política exterior. Los que se preguntan qué se puede hacer en Estados Unidos sin saber inglés es porque ni se imaginan lo que se hizo en Alemania sin saber alemán.
Ahora, nuestra vergonzosa, por avergonzada, derecha sociológica ha vuelto a sus ironías con el asunto de la invitación del presidente Obama al presidente Zapatero al Desayuno Nacional de Oración. Si tuvieran un poco de sentido común comprenderían que, en pos de nuestras buenas relaciones con aquel país, hay infinitamente más coherencia y dignidad en que un presidente laico se sume a una oración, que en que un presidente religioso se sume a una guerra. El libro de Lowen recomendaba, para mejorar el estado anímico, andar descalzo por el piso. Quizás la derecha podría cumplir sus deberes con nuestro país y sentirse mucho mejor consigo misma si, a la hora de afrontar la política internacional en general y nuestras relaciones con los Estados Unidos en particular, empezara por poner los pies en el suelo.
José Andrés Torres Mora es diputado por Málaga y miembro de la Ejecutiva del PSOE
Ilustración de Jordi Duró
Tags: igualdad política política internacional sociedadBIBIANA AÍDO Y HARRIET HARMAN
La paridad en la participación pública de hombres y mujeres sigue siendo un horizonte a conquistar y no una realidad plena. Algo, sin embargo, se mueve; lentamente, pero se mueve en esta y en otras materias que tienen que ver con las políticas de igualdad a escala comunitaria. Mujeres y hombres debemos tener el coraje de zarpar hacia el mar abierto de un mundo igualitario, sin que ningún ancla del pasado nos lo impida.
En 1992, ministras y otras líderes de toda Europa celebraron la I Cumbre Europea Mujeres en el poder, que concluyó con la Declaración de Atenas, capital que acogió aquel encuentro. Tanto la reunión como el documento de referencia supusieron un hito y un impulso determinante para la igualdad y el acceso de las mujeres a los espacios de responsabilidad política. La Declaración de Atenas contribuyó a que los países miembros de la Unión Europea aprobaran legislaciones y normas que han permitido avanzar hacia una sociedad europea más cohesionada, más justa y más democrática.
Pero, a pesar de los avances, no hemos cumplido el objetivo: la plena participación de las mujeres en la vida pública y su acceso y permanencia en los puestos de toma de decisiones.
El pasado mes de noviembre, eurodiputadas de los principales grupos políticos protestaban en Bruselas vistiéndose a la usanza de los hombres para denunciar la preponderancia masculina en los puestos de responsabilidad de la UE. Las manifestantes amenazaron con boicotear incluso la constitución de la Comisión Europea si se seguía excluyendo de forma tan manifiesta a las mujeres. La realidad es que el progreso es lento y las cifras globales siguen siendo bajas. Así, sólo el 35% de los parlamentarios europeos son mujeres y sólo siete estados miembros alcanzan el 30% en sus parlamentos nacionales.
Por ello, tenemos que redoblar los esfuerzos para alcanzar la democracia paritaria, porque es el punto de partida para la construcción de una democracia que integre a toda la sociedad. Una democracia que no ponga en cuestión la valía de los 250 millones de europeas. Que valore el mérito, la capacidad y la formación por encima de prejuicios.
La realidad es que, en el contexto europeo, las mujeres constituyen el 60% de las personas que se licencian y los datos estadísticos reflejan que lo hacen con mejores expedientes académicos que sus compañeros varones. Aun así, la tasa de ocupación de las mujeres es inferior a la de los hombres y su presencia laboral sigue concentrándose en empleos tradicionalmente feminizados y peor remunerados, al tiempo que ocupan menos puestos de responsabilidad y de representatividad en todas las esferas sociales. Tales circunstancias concurren tanto en la política como en el ámbito empresarial, donde la proporción de directoras, por ejemplo, es sólo del 3% en las principales empresas que cotizan en bolsa y sólo uno de cada diez miembros de sus consejos de administración es mujer.
Prescindir de las mujeres no sólo es injusto desde la perspectiva de los derechos, sino que también resulta claramente ineficiente desde el punto de vista económico. La sociedad europea no puede permitirse el lujo de despilfarrar la capacidad, la inteligencia y el capital humano que representa la mitad de la población constituida por las mujeres.
Por esta razón, en el marco de la Presidencia española del Consejo de Europa y a iniciativa de los gobiernos de España y Reino Unido se celebrará mañana en Cádiz la II Cumbre Europea Mujeres en el poder con el objetivo de dar un nuevo impulso a la igualdad como valor político en nuestro proyecto europeo. Esta cumbre coincide con la conmemoración de los 15 años de la Plataforma de Acción de Beijing y con un momento clave de transición para Europa, con la puesta en marcha del Tratado de Lisboa e inmersa en el diseño de una nueva estrategia para el crecimiento y el empleo.
Coincidimos en la necesidad de que este nuevo modelo ha de estar basado en el conocimiento y en la innovación, ha de ser socialmente sostenible, debe incorporar todo el talento de las mujeres al tejido productivo, equilibrar la balanza de la responsabilidad de hombres y mujeres en las esferas públicas y privadas y profundizar en la conciliación de los tiempos de vida. En suma, la prosperidad ha de venir a partir de que se utilicen mejor y de forma más inteligente e incluyente todos los recursos y de aprovechar la capacidad de toda la población.
Hombres y mujeres tenemos que ser necesariamente cómplices de esa aventura común a la que llamamos futuro. No se trata de otorgar favores o privilegios, se trata de entender que la igualdad real y efectiva no se logrará en tanto en cuanto las mujeres no compartan todos los espacios de poder en igualdad de condiciones con los hombres. La falta de presencia de las mujeres impide asumir plenamente los intereses y las necesidades del conjunto de la sociedad.
La vieja Europa mira hacia 2020 y, en ese escenario, definitivamente, no pueden estar ausentes las mujeres. Ya es hora de realizar modificaciones profundas en la estructura de los procesos de decisión con el fin de asegurar dicha igualdad.
Tenemos que continuar mejorando nuestras democracias, pero ya, definitivamente, sin que el sexo sea en ningún caso motivo de discriminación.
La igualdad de participación de mujeres y hombres es necesaria para reforzar la democracia, esencial en la construcción de una sociedad más representativa, políticamente más dinámica, más solidaria y económicamente más rentable; y constituye un factor de cohesión y justicia social. Parecerían obviedades si no hiciera falta repetirlas, porque, por mucho que conozcamos la música de esas palabras, seguimos sin aprendernos y sin aplicar su letra.
Tenemos una responsabilidad inaplazable; no es tiempo de seguir negando la participación de las mujeres, de seguir hurtándoles los espacios que también son suyos. Ya son demasiados siglos de trabajo, demasiadas generaciones empeñadas en un mismo objetivo.
Luchar por la paridad no sólo beneficia a las mujeres, sino a todos los demócratas, porque se trata de una cuestión de derechos, de reparto de la riqueza y del poder, para el bien común. Esperemos que la Declaración de Cádiz sea la última, la que definitivamente nos permita navegar hacia el rumbo que unos y que otras nos propongamos, sin que nada nos retenga en un mismo muelle eterno. Esperemos que, a partir de este encuentro, el viento de la historia sople definitivamente a favor de una causa que debiera ser de todos los hombres y de todas las mujeres.
Bibiana Aído es ministra de Igualdad de España
Harriet Harman es líder de la Cämara de los COmunes y ministra para las Mujeres de Reino Unido
Ilustración de Alberto Aragón
Tags: política internacionalPERE VILANOVA
La reciente Conferencia de Londres sobre Afganistán tiene una importancia considerable, que nadie pone en duda pero que hay que evaluar con detalle, más allá de los titulares que genere estos días. La razón es bien simple: ni debe ser analizada desde el punto de vista coyuntural (la situación actual en Afganistán, medida en términos de días o semanas), ni es un hecho aislado o la primera conferencia de este tipo.
En efecto, para bien medir sus posibilidades o su rendimiento, habrá que esperar un tiempo. Pero está en la línea de una serie de grandes conferencias internacionales sobre Afganistán que se han desplegado a lo largo de los últimos años. Intentar evaluar el rendimiento de esta dimensión concreta del conflicto afgano –la de las conferencias internacionales que ha producido– no es algo que genere grandes titulares (al menos de manera duradera, más allá de los días que dure la reunión), ni desde luego una cosa que apasione o movilice a una opinión pública que tiene otras preocupaciones tanto en Europa como en el resto del mundo.
Y, sin embargo, dos cuestiones merecen ser resaltadas. La primera es que estas conferencias ponen de relieve un fuerte compromiso de la comunidad internacional, y este compromiso se ha sostenido en el tiempo: casi diez años. De esta voluntad de compromiso, hablemos claro, no se deriva necesariamente que todas las decisiones que se han tomado en estos años sean las más eficaces, justas y resolutivas que quepa imaginar. La justeza de una causa no avala o hace necesariamente buenas las políticas que los actores implicados desarrollan para tal fin.
La segunda cuestión tiene que ver con la novedad o rasgo específico de esta Conferencia de Londres. Teniendo muchos elementos de continuidad con las anteriores, y sobre todo con las orientaciones de los últimos dos años, esta Conferencia quedará como aquella en la que claramente se ponen sobre la mesa algunas cuestiones básicas. En síntesis: el tema de fondo es el de fijar (y por tanto explicitar) “una estrategia de salida” –“Exit Strategy”– sin determinar necesariamente fechas exactas, pero desde luego “temporalizando” esta última fase de la intervención internacional. Cierto que los aliados debatirán sobre la (in)conveniencia de fijar una fecha de salida, porque ello es dar argumentos innecesarios a la insurgencia, etc. Pero ello se viene haciendo desde hace un tiempo, cuando algunos países han ido diciendo que el compromiso clave es 2010, que a partir de 2011 se va a proceder a una “reducción progresiva” de efectivos, y todo ello en función de los avances en materia de “afganización”. Lo han hecho Canadá, Holanda, recientemente Alemania, y por cierto, también Estados Unidos.
Esta “estrategia de salida”, por tanto, sale de la Conferencia de Londres no como una fecha límite, sino como la confirmación expresa de que se está (o se ha entrado) en la última etapa de la intervención de la comunidad internacional en Afganistán, al menos tal como la hemos conocido desde 2002 hasta la actualidad. Pero de ello no debe deducir nadie que el cierre de esta etapa comporte una desvinculación pura y simple de la comunidad internacional con Afganistán. Un “apaga y vámonos”, como hizo la URSS en 1989 cuando el general soviético Gromov abandonó (quiso ser simbólicamente el último soldado de la URSS en hacerlo) Afganistán.
Cómo definir la etapa posterior, el tipo de presencia y compromiso que habrá que mantener con Afganistán es algo que está por hacer, pero en lo que la comunidad internacional debiera estar trabajando ya. Y por cierto, Naciones Unidas, la propia Unión Europea, serán probablemente requeridas con mayor intensidad si cabe.
Pero volvamos al debate actual. Esta Conferencia de Londres se ha centrado en varios aspectos, y como suele suceder muchas veces, los titulares se han quedado con el más llamativo de ellos: negociar con los insurgentes. Esto no es nuevo, y era una obviedad, pero hasta que lo han dicho los generales Petraeus y McChrystal parecía que no sucedía. Falso, Arabia Saudí ya ha mediado en alguna ocasión, y a escala provincial y de distrito se ha hecho en muchos sitios en los últimos dos o tres años. La fragmentación de la propia insurgencia, su heterogeneidad, debe ser vista paradójicamente como una oportunidad. Si fuera una estructura piramidal, rígida, muy jerárquica, y estuviera bajo la férula de Bin Laden, no valdría la pena ni pensar en ello. Pero las fuerzas y grupos insurgentes en aquel país son tan heterogéneas como la propia composición social y cultural de la población afgana.
Esta cuestión tiene relación con la “afganización”, pero no sólo como transferencia de “capacidades de seguridad militar y policial”, sino más allá. En lo social, en lo económico, a nivel de gobierno local. Y aquí el término clave es “gobernanza”. En suma, invertir y apostar en aquello que “restaure” más que “instaure” (como modelo “importado”) formas de relativa estabilidad política y social. Ello implicará cosas que no son fáciles de aceptar (un cierto grado de clientelismo, de corrupción, la condición de la mujer, y otras malas noticias). Y esto a su vez deberá apoyarse en una “regionalización en serio”: incluir realmente a los países vecinos, a las ex repúblicas soviéticas colindantes, China, y en particular Irán, en la gestión del proceso, aunque la situación en Pakistán siga siendo inestable.
En realidad, desde Bonn (2001) hasta Londres (2010), el repaso de las propuestas de la Conferencia de Londres de 2006 (The Afghanistan Compact), la Cumbre Otan de Bucarest (2008), la Conferencia de París (2008), el anuncio en enero de 2009 de la Nueva Estrategia para Afganistán por Barack Obama (no tan nueva, por cierto) y la Cumbre OTAN de Estrasburgo-Khel de 2009, el elemento básico de continuidad es un proceso de aprendizaje de casi diez años que se resume así: Afganistán es mucho Afganistán, no tiene soluciones mágicas, y lo que hay que definir es un estatuto final que Ahmed Rashid llama “back to a minimal state”. Que ya existió, y que hay que restablecer.
Pere Vilanova es catedrático de Ciencia Política (UB) y analista en el Ministerio de Defensa
Ilustración de Gallardo
Tags: EEUU Latinoamérica política internacionalALAN D. SOLOMONT
El trágico terremoto que devastó Haití hace tan sólo dos semanas ha causado unas ciento cincuenta mil muertes y un millón de desplazados en toda la nación caribeña. El seísmo produjo una devastación de proporciones casi bíblicas y la miseria que ha surgido de un sólo desplazamiento tectónico es tan masiva que ningún calificativo del sufrimiento humano puede definirlo.
Naciones de todo el mundo se han movilizado rápidamente para ayudar. Escasas horas después del terremoto, el presidente Obama ordenó el comienzo de envío de comida y medicinas por parte de Estados Unidos, así como del personal y equipamiento necesario para hacerlo llegar con rapidez y eficacia. Estados Unidos ya ha prestado ayuda humanitaria de emergencia por valor de más de 160 millones de dólares (113,5 millones de euros) –que ha comprendido comida y agua, equipos de búsqueda y rescate– y que incluirá esfuerzos para restaurar la capacidad agrícola de Haití antes de que comiencen las lluvias de la primavera. Estados Unidos, por sí sólo, ha distribuido un millón y medio de botellas de agua y 26 toneladas de alimentos. Hemos tratado a casi 10.000 heridos y más de 16.000 efectivos estadounidenses están trabajando para ayudar a Haití.
Estados Unidos seguirá comprometido en ayudar al pueblo haitiano durante la reconstrucción. Además del compromiso de mi Gobierno, miles de estadounidenses han hecho aportaciones a través de la Cruz Roja y otras organizaciones de ayuda. Los empleados de las embajadas de Estados Unidos tanto en Madrid como en el resto del mundo también han aportado ayuda. Es lo que hacemos y en lo que creemos.
España también está siendo una pieza clave para ayudar a los haitianos a recuperarse, prestando equipos de búsqueda y rescate, apoyo médico y ayuda financiera. España ha enviado el buque Castilla para prestar ayuda en materia de seguridad y humanitaria. La vicepresidenta primera, Fernández de la Vega, visitó la isla y participó en la Conferencia de Montreal que ha examinado cómo podemos ayudar en el futuro. La prensa informa que familias españolas han adoptado huérfanos haitianos. España también ha sufrido por el terremoto con la pérdida de cuatro vidas humanas y muchos más heridos, entre los que se encuentra el embajador de España ante Haití, Juan Fernández Trigo, que debió ser evacuado debido a sus lesiones.
Si bien la mayoría de los comentaristas españoles ha elogiado al Gobierno de Estados Unidos por su rápida actuación y ayuda humanitaria, algunos eligen criticar a mi país por enviar infantes de marina a Haití y describirlo como un intento de militarizar la situación y ejercer el dominio estadounidense sobre el país. Nada más lejos de la verdad. Dejemos de lado manidas consignas y acusaciones sin fundamento y centrémonos en los hechos.
En primer lugar, las infraestructuras de Haití han sido devastadas y sobrepasadas por el desastre humanitario. A causa del terremoto, la ONU ha sufrido la mayor pérdida de vidas humanas en su historia, con la muerte entre los escombros no sólo de Heid Annabi, representante especial de Ban Ki-Moon, sino de decenas de otros valientes representantes y funcionarios de la ONU, eliminando también su capacidad para gestionar la crisis. Reconociendo la magnitud del desastre, el presidente Obama ofreció –y el presidente Préval de Haití solicitó– ayuda de emergencia estadounidense para hacer frente a la crisis humanitaria inmediata. Dos semanas después, sin embargo, la ONU y Estados Unidos han firmado una Declaración de Principios acerca de la coordinación sobre el terreno y que reafirma la responsabilidad primordial del Gobierno de Haití de responder ante el terremoto, recalcando que la escala del desastre requiere una respuesta internacional global y coordinada dirigida por Naciones Unidas.
Por lo general, aplaudo el papel que han desempeñado los medios de comunicación para informar a la opinión pública sobre la tragedia en curso en Haití. La reacción ha sido una gran manifestación de generosidad de los pueblos de Estados Unidos, España y todo el mundo, que han aportado donaciones a las organizaciones de ayuda que están trabajando para aliviar el sufrimiento. El Fondo Clinton-Bush para Haití, por ejemplo, ha recaudado millones de dólares.
Además de los medios, que han elogiado los esfuerzos de ayuda, dirigentes internacionales como el presidente Rodríguez
Zapatero han declarado que Estados Unidos merecía ser reconocido por llevar provisiones y seguridad al pueblo de Haití.
Haití es una de las naciones más pobres del mundo, y aún antes del terremoto su pueblo padecía a causa de enfermedades, malnutrición y penuria económica. Había señales de esperanza, pero muchas de estas se desvanecieron cuando la tierra se movió. La comunidad internacional ha de esforzarse conjuntamente para evitar que esta nación caiga en un pozo de impotencia y desesperanza. Hemos de ayudar a este pueblo a que se incorpore de nuevo a la senda del desarrollo y del crecimiento económico.
España, Estados Unidos y países en todo el mundo están trabajando pese a enormes dificultades para poner a Haití de nuevo en pie. No será fácil, y exigirá que todos trabajemos juntos, remando en la misma dirección aun con el viento en contra. Estados Unidos está comprometido con ayudar a construir un Haití mejor en cooperación con el pueblo haitiano y las naciones del mundo.
Alan D. Solomont es embajador de Estados Unidos ante España y Andorra
Ilustración de Iker Ayestaran
