José Luis de Zárraga
Sociólogo
Ilustración de Jordi Duró
No sólo hay “mucho PSOE por hacer”. Está por hacer un discurso de gobierno de una socialdemocracia de izquierdas, el discurso socialdemócrata ante la crisis y más allá de la crisis. A falta de ello tanto dará –a quienes no son militantes, la inmensa mayoría– que se haga “mucho PSOE”. Por eso importa mucho no sólo el PSOE que hagan estos días en su congreso, sino el camino que tomen; no sólo los dirigentes que elijan, sino la política que representen.
El PSOE se encuentra ante una decisión paradójica, que necesariamente habrá de ser, a la vez, de ruptura y continuidad, pero que sus dirigentes no saben (o no quieren) explicar bien. Aunque no se reconozca, tendrá que ser, por una parte, una verdadera ruptura con la política desarrollada por el Gobierno socialista durante los últimos años. Pero al mismo tiempo tendrá que recuperar lo esencial de la línea política que José Luis Rodríguez Zapatero llevó al Gobierno en 2004. Porque aquella era la línea correcta para un Gobierno socialdemócrata, aunque fuera enseguida frenándose y terminara abandonada durante la segunda legislatura.
Frente a la tercera vía de Blair y Schröder, que –como dice Fontana– representaba en realidad “un abandono radical de las ideas de la tradición socialista”, Zapatero representaba una recuperación de los principios de solidaridad de esa tradición. En aquel momento representaba, además, la ruptura de un alineamiento internacional con el imperialismo que nos devolvía la dignidad a los españoles. Tras casi dos décadas de progresivo alejamiento de los movimientos ciudadanos volvía a conectar con ellos y nutría de ellos su fuerza electoral. Levantaba la bandera de la ampliación y consolidación de los derechos civiles, prácticamente abandonada por los gobiernos socialistas desde la época del periodo constituyente.
Aunque luego frustrada, alentaba la esperanza de que al fin un Gobierno progresista se atreviese a construir un Estado realmente laico –algo que también temían los reaccionarios, como probó la feroz oposición con que, desde el principio, se enfrentó la Iglesia a su Gobierno–.
Luego, entre la ofensiva sin cuartel de la derecha y los frenos internos, el desarrollo de esa línea, que había logrado despertar en mucha gente alejada de la política una ilusión hace tiempo perdida, fue frenándose. Y cuando, en el marco de la crisis, los socialistas se vieron forzados a abandonar posiciones fundamentales y no supieron explicarlo a la población; cuando dieron la impresión de no saber reaccionar y no abrieron perspectivas de futuro e incluso, con sus silencios, hicieron creer que abandonaban su línea, entonces fue, realmente, cuando perdieron el respaldo de su base social y, con ello, perdieron las elecciones.
Pero eso no debe hacer olvidar que la línea de Rodríguez Zapatero cuando accedió al Gobierno era la correcta y que, en lo fundamental, sigue siendo, hoy, la línea correcta. Se habla –aunque cada vez más vagamente– de la reforma de la democracia. Es una necesidad no sólo para responder a la demanda popular, sino por estrictas razones de supervivencia. Sólo un Gobierno fuertemente enraizado en una base popular muy amplia y sólida puede resistir la presión –interna y externa– de los poderes económicos. Y no habrá Gobierno con una base así si no es en una democracia avanzada, donde los ciudadanos participen decisivamente en la política y no se limiten a cohonestar gobiernos con su voto.
También parece que todos los que van a participar en este congreso están de acuerdo en que hay que cambiar el modelo de partido. Habrá que ver lo que significa eso, y si no se trata de cambiar de modelo para no cambiar de aparato.
Se está discutiendo si se debe buscar un liderazgo de transición o con vocación de permanencia, para el futuro. No sé si alguien, desde dentro, cree seriamente que ese dilema es real. Desde fuera parece claro que elegir una dirección de transición es renunciar a hacer la transición, demorar lo urgente, aplazar la renovación. Toda transición es una crisis, porque en ella se deja la piel vieja y se toma una nueva. Las metamorfosis, para un organismo o para una organización, son siempre difíciles y dolorosas. Como saben los zoólogos, es una fase inevitable para la supervivencia, pero a la vez del mayor riesgo, cuando el organismo está más expuesto a todo tipo de amenazas y su vida se pone en juego. Por ello podría desearse aplazarla, demorarla. Pero la demora arruina el proceso, no permite que sea más seguro o menos doloroso en el futuro, sino que lo aborta.
Hoy, para el PSOE, una dirección de transición simplemente sirve para proporcionar una prórroga a lo que hay, pero a la vez supone ofrecer puentes a la desbandada. No frenará la hemorragia, sino que la dejará fluir. Cuanto más se demore el cambio, más irreversible se hará la situación. Es incierto lo que significará un cambio de dirección en el PSOE. Puede no significar nada, porque quienes lo encarnen no sepan (o no se atrevan, o, al final, no puedan) ir más allá del cambio de personas. Pero lo que es seguro es a dónde conduce a ese partido el que no haya cambios: al enquistamiento y la irrelevancia política.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Apartir de la propuesta de aumentar los impuestos del IRPF que ha hecho el Gobierno del PP, se ha generado un gran número de reportajes en los medios de información que han comparado lo que pagan los ciudadanos de este país en impuestos sobre la renta personal con lo que pagan los ciudadanos de otros países. Y una observación muy generalizada es que, con el incremento nada menos que de siete puntos en la carga impositiva de las personas con mayores rentas, el tipo nominal superior (52%) ya es casi lo que pagan sus homólogos, los ricos, en Suecia. Con este entendimiento se concluye que, aun cuando estamos pagando impuestos como los suecos, nuestros beneficios y servicios públicos del Estado del bienestar están mucho menos desarrollados que los de aquel país, lo cual se atribuye erróneamente a un supuesto despilfarro del gasto público social. La prensa ha estado llena estos días de denuncias de cómo España no ha estado gastando bien su erario público social, como justificación para realizar recortes sustanciales en tal gasto.
En este argumento, sin embargo, se olvidan varios hechos, siendo el más importante el que los ingresos al Estado son mucho más bajos en España (32% del PIB) que en Suecia (54%) debido, precisamente, a que los españoles (y sobre todo las rentas superiores) pagan muchos menos impuestos que los suecos. Es cierto que la escala nominal en las gravaciones del IRPF nos acerca ya ahora al nivel sueco. Ahora bien, hay que aclarar inmediatamente que este aumento impositivo, aún siendo positivo por generar mayores recursos al Estado, será dramáticamente insuficiente para corregir el enorme déficit de ingresos al Estado. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al Estado debido, en parte, a la baja carga impositiva real de las rentas superiores.
Veamos los datos. Uno, es la enorme divergencia que existe entre carga nominal (lo que aparece en los libros) y carga real. Esta diferencia aumenta con el nivel de renta. Los superricos de España no pagan un 52% de sus ingresos al fisco del Estado (sea este central o autonómico). Los porcentajes reales son mucho más bajos que el 52%. Y una causa es que tienen muchas deducciones y maneras de evitar impuestos, de forma que su nivel real es mucho menor. Es más, además de deducciones, sus ganancias se derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo (alrededor de un 21% nominalmente). Mucho más bajo en la realidad.
Pero, además de ello, hay otra manera de evitar el fisco: no declarando la renta. El fraude fiscal alcanza dimensiones enormes. Según profesionales de la propia Agencia Tributaria del Estado, el fraude fiscal alcanza unas dimensiones de alrededor de 90.000 millones de euros, procedentes en su mayoría (el 72% del fraude fiscal) de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Y ahí está uno de los orígenes de los escasos ingresos al Estado en España. Los superricos no pagan lo que pagan los superricos en Suecia, donde el fraude fiscal es mucho menor, la gravación de las rentas del capital son mayores y las deducciones apenas existen. En España las deducciones, como herramienta fiscal, favorecen sobre todo a las rentas superiores, las cuales tienen a su disposición toda una batería de ayudas legales que les enseñan cómo no pagar impuestos.
Otra gran diferencia con Suecia es la desigualdad de rentas existente en ambos países. Las desigualdades son mucho mayores en España que en Suecia. Así, en España, el ciudadano promedio que paga el tipo máximo, ingresa nominalmente 13 veces lo que ingresa el ciudadano medio y corriente que trabaja y paga impuestos a través de su nómina (y esta diferencia es incluso mayor cuando se consideran los ingresos reales, en lugar de los nominales). Tal diferencia en Suecia es mucho menor. Además, la tasa impositiva nominal para los que en España cobran más de 300.000 euros al año (el 52%, tipo impositivo máximo) se aplica en Suecia a los que ingresan dos veces lo que ingresa el ciudadano medio. De ahí que la mayoría pague más impuestos aunque sus tasas nominales de gravación sean casi iguales a las de España. La igualdad de rentas entre la población aumenta los ingresos al Estado.
Y una última razón de la enorme diferencia de ingresos al Estado entre Suecia y España es que hay mucha más gente trabajando y pagando impuestos en Suecia. El porcentaje de la población adulta que trabaja y paga impuestos es mucho más alta que en España. Y ello como consecuencia de la mayor participación laboral de la mujer en Suecia (70% versus 52% en España). La red de servicios a las familias (que quiere decir mujer) en Suecia facilita la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y ello no ocurre en España.
En España, el enorme dominio de hombres procedentes de la burguesía, pequeña burguesía y clase media alta en los procesos de toma de decisiones económicas en el Estado, explica que se invierta mucho más en el AVE (tren de alta velocidad utilizado predominantemente por estas clases sociales) que en escuelas públicas de infancia y en servicios domiciliarios a las personas con dependencias, que al ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo y a la creación de empleo, estimulan la economía mucho más que aquellas inversiones en el AVE. No es casualidad que los países donde las clases más pudientes (y los hombres) tienen mayor dominio sobre el Estado sean países (como España) más desiguales, con menos carga fiscal, mayor fraude fiscal y menor eficacia y equidad en sus políticas públicas, que países donde las clases populares han tenido históricamente mayor dominio sobre el Estado (Suecia). Así de claro.
Josep Maria Antentas
Profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona
Esther Vivas
Miembro del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF
Ilustración de Iker Ayestaran
Nunca imaginamos que íbamos a hacer una revolución. Esperábamos sólo unos cuantos miles de personas”. Así cuentan unánimemente los activistas egipcios sus expectativas sobre la protesta del 25 de enero de 2010 que, hace ahora poco más de un año, inició el principio del fin de la era Mubarak, cuya dimisión llegó el 11 de febrero. Siguiendo la chispa encendida en Túnez, la llama revolucionaria había prendido en Egipto. “Siempre anacrónica, inactual, intempestiva, la revolución llega entre el ‘ya no’ y el ‘todavía no’, nunca a punto, nunca a tiempo. La puntualidad no es su fuerte. Le gustan la improvisación y las sorpresas. Sólo puede llegar, y esta no es su menor paradoja, si (ya) no se la espera”, nos recordaba certeramente Daniel Bensaïd.
Aunque imprevista en su magnitud, la rebelión no nació de la nada. Fue la culminación de un largo periodo de renacimiento de las luchas sociales como consecuencia del impacto de las políticas neoliberales del régimen que comportaron una fuerte polarización social, la generalización del paro y la subocupación y la extensión de la pobreza absoluta hasta el 40% de la población, cuya precaria situación quedó patente con la subida de los precios de los alimentos en 2008 y los años subsiguientes.
La juventud, con un peso destacado de las mujeres jóvenes, fue la protagonista de la revolución del 25 de enero. Sin su empuje, el dictador aún permanecería en su sitio. Pero contrariamente a algunos relatos interesados, no fue la egipcia una revolución sólo de la juventud y de las clases medias, pues los trabajadores fueron decisivos en las jornadas de febrero.
Si bien la caída de Mubarak no fue una “Facebook (o Twitter) revolution”, como a veces superficialmente se ha presentado, las nuevas tecnologías jugaron un papel determinante, en conjunción con un medio tradicional como la televisión a través de Al Yazira. Las redes sociales y la telefonía móvil tuvieron un rol de aceleradores y precipitadores, favorecieron el trabajo horizontal y en red y actuaron como espacios de politización.
Desde el derrocamiento del dictador, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que rige los destinos del país, ha intentado pilotar una “transición ordenada” en la que “todo debe cambiar para que no cambie nada”. La desautorización de cualquier protesta, y en particular de las huelgas, se ha combinado con la represión política, con más de 12.000 ciudadanos juzgados por tribunales militares en un año. En esta estrategia de cambio limitado y controlado desde arriba, el CSFA ha establecido una alianza de conveniencia con los Hermanos Musulmanes, principales beneficiarios de una transición por vías institucionales. La junta militar ha sido cómplice también de la violencia salafista hacia la minoría cristiana copta, para desviar las reivindicaciones democráticas, sociales y de clase hacia enfrentamientos sectarios.
Las elecciones del pasado noviembre mostraron, como era previsible, la fortaleza electoral y social de los Hermanos Musulmanes, la única organización política con arraigo real y con legitimidad histórica como fuerza opositora. Su proyecto, no exento de contradicciones y de dificultades para articular los intereses de una base social heterogénea, combina un programa económico neoliberal con una política reaccionaria en el terreno de los valores, la familia y la religión.
A pesar de que el islamismo es la principal fuerza organizada y el beneficiario inmediato del cambio de régimen, por primera vez en décadas emergió una corriente significativa de radicalización social al margen de este, que no satisface las aspiraciones de libertad y justicia social de parte de la juventud. Se ha abierto así la base para la reconstrucción, desde un nivel muy bajo, de la izquierda política y social y para poner fin a su declive desde finales de los setenta.
Las protestas en Tahrir y la represión en noviembre y diciembre supusieron la entrada en una segunda fase de la revolución en la que la Junta Militar es ya el blanco de la crítica. Aunque los sectores activistas nunca tuvieron confianza en el Ejército, gran parte de la población lo veía en febrero como un aliado y un garante del cambio. Este segundo estallido social representa un salto adelante en la conciencia política de un sector amplio del pueblo egipcio y de su comprensión de los mecanismos de poder y de la naturaleza de las fuerzas armadas.
Un año después de su inicio, y en un contexto de deterioro económico, la revolución egipcia tiene un desenlace abierto y vive desgarrada entre las fuerzas que quieren darla por terminada y las que quieren continuarla. Su gran victoria ha sido la recuperación de la confianza en la capacidad colectiva para transformar el mundo, tras años de frustración y descomposición social y de ausencia de perspectivas. Pero las conquistas democráticas son todavía frágiles. Las sociales son escasas y la situación de las mujeres está plagada de incertidumbres y nubarrones.
Los procesos revolucionarios no son lineales ni rectilíneos y están poblados de frenazos, acelerones y curvas imprevistas. El reto ahora es ir hasta al final, completar la revolución y conseguir cambios económicos y sociales de calado. Revolución y contrarrevolución libran en el país de los faraones un pulso permanente en el que cada una apela respectivamente a la solidaridad y a la ilusión y al egoísmo y al miedo. En otras palabras, la contrarrevolución busca aflorar lo peor del ser humano. La revolución, lo mejor.
Ricard Vinyes
Historiador
Ilustrador Enric Jardí
La noticia asomó en la prensa, foros y redes sociales en la primera semana de enero; tomó perfil de estruendo y su eco, más allá de Chile, alcanzó algunos medios españoles y europeos. Según decían periodistas y comentaristas alarmados, el Ministerio de Educación chileno, al modificar las bases curriculares de primero a sexto año básico de educación para el área de Historia, establecía la substitución de la palabra “dictadura” por la de “régimen militar” para referirse al período pinochetista. El recién nombrado ministro de Educación, Harald Beyer, en sus primeras declaraciones oscureció el tema al atribuir la responsabilidad del cambio al Consejo Nacional de Educación (CNED), y al declarar –con la soltura de ese estilo naif tan propio del entorno Piñera– que no tiene problemas. “Yo reconozco que fue un Gobierno dictatorial, así que no tengo problemas (…). Respecto a las expresiones concretas hay que recordar que esto va a un consejo que es transversal y este consejo lo aprueba”. Y aumentó el lío cuando notorios dirigentes de la Unión Democrática Independiente (UDI), los editoriales y comentaristas de El Mercurio, o los representantes de la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz, declararon su satisfacción por la medida.
Las reacciones a todo eso han sido contundentes y confiadas. Confiadas en la información inmediata. La profesora Cristina Moyano, de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), por ejemplo, en su articulo del 5 de enero en El Mostrador, afirmaba que quien domina las palabras domina los discursos –lo que a estas alturas es solemnizar una obviedad–, y apelaba al Manifiesto de Historiadores de enero de 1999, como autoridad que en su día denunció la estrategia de manipulación conceptual de la historia de la dictadura.
Sin embargo, quien recurra a la merecida autoridad de aquel Manifiesto de Historiadores firmado por sólidos profesionales (tales como María Eugenia Horvitz, Mario Garcés, Gabriel Salazar, Armando de Ramón Folch, o María Angélica Illanes entre otros) comprobará que aquellos historiadores utilizaron indistintamente las expresiones “dictadura” y “gobierno militar” para calificar al régimen instalado con el golpe de 1973. ¿Manipulaban ellos la historia o por el contrario contribuyeron a desarticular el relato establecido por aquel obsceno cronista llamado Gonzalo Vial Correa? El mismo que, tras haber sido ministro de Educación de la dictadura y redactor del siniestro “Plan Zeta”, fue miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990-1991). También los paneles que ilustran las distintas secciones del Museo de la Memoria de Chile usan indistintamente las expresiones “régimen militar”, “gobierno militar”, y “dictadura”. Y también el “Informe Valech” (2003-2004) usó esas tres expresiones profusamente. En cuanto a los libros de texto a los que alude la querella reciente, cualquier periodista que los lea puede comprobar que los de 1986-1987 usan indistintamente las expresiones “régimen militar”, “gobierno militar” y, mucho menos, “dictadura”. Sin embargo, estalló la polémica. ¿Dónde se halla el conflicto?
Tal vez en lugar de buscar las razones en el procedimiento utilizado por el Ministerio y el CNED, los motivos del conflicto se encuentren en la construcción de la memoria pública chilena; un proceso en el que el discurso del pinochetismo cultural ha tenido una importancia notable al generar un relato eficaz que consiguió centrar el debate en la necesidad o no del golpe de 1973, y obviar los años de dictadura, o encubrirlos con el discurso de la modernización del país (como sucedió precisamente en los noventa con el revisionismo italiano en relación al fascismo; o en España con relación al franquismo, definido también por algunos como una etapa autoritaria, pero de modernización).
El esfuerzo narrativo del pinochetismo consistió en justificar las razones del golpe por una emergencia nacional generada por la intransigencia del Gobierno Allende y, al mismo tiempo, desaprobar –a media voz– la violencia “excesiva”. Un argumento iniciado por Jaime Guzmán al entorno del referéndum de 1988, y voceado por El Mercurio siempre; pero que alcanzó su mayor éxito a manos de Gonzalo Vial al redactar la introducción del Informe Rettig (un texto ratificado por la Presidencia de la República), donde cualquiera puede constatar el primer gran lavado conceptual, la equiparación ahistórica de víctimas y violencias, y la ya citada teoría del exceso. Si alguien coteja la introducción del Informe Rettig con la “Carta a los chilenos” (1998) que emitió el general Pinochet detenido en Londres, se sorprenderá por la coincidencia del relato.
La movilización de los organismos que reivindicaron “justicia, verdad y memoria”, sin flaquear y desde el casi abandono oficial, consiguieron su éxito al establecer los derechos humanos como una pieza central del vocabulario y el sentido común nacional e internacional. Pero la cultura de la memoria es mucho más compleja que la del olvido, y los procesos sociales en los que se construye revelan que en ocasiones se utiliza la memoria como cobertura de frustraciones sociales y políticas, sobretodo en coyunturas de derrota, –el triunfo de Piñera en 2010, fue presentado por la UDI como un triunfo de la memoria de Pinochet, y vivido como una derrota de la memoria de Allende– y con frecuencia produce tanto la estética del vencido como una propensión a analizar cualquier circunstancia con técnicas conspirativas. La
reacción airada y acrítica sobre los cambios en los textos escolares tal vez responda a eso, y en cualquier caso no contribuye a consolidar el relato histórico y memorial alternativo al pinochetismo, porque genera caos, pero sobre todo porque ahuyenta razones sostenibles y atrae el desconcierto.
Cayo Lara
Coordinador federal de Izquierda Unida
Ilustración de Mikel Casal
Frente al mayor ataque de la historia, es esencial la defensa de los trabajadores públicos y, por tanto, de los derechos de los ciudadanos. He manifestado esta declaración de principios en no pocas ocasiones, pero una de ellas tenía una justificación añadida. Y es que, muy pocas horas después del terremoto de Lorca, que asoló vidas y enseres, pudimos comprobar de manera fehaciente de qué hablamos cuando hablamos de lo público. Allí estaban el Ejército, los bomberos, personal médico, las distintas policías, técnicos evaluando los daños, etc.
Los elogios que, justamente, mereció este despliegue de recursos, contrastaban con las críticas que, durante el verano de 2005, mereció la administración Bush por su aptitud incompetente frente a los efectos provocados por el huracán Katrina en Misisipi y Luisiana. A los que no vimos, ni en EEUU ni en Lorca, fue a los mercados, ni tampoco los esperaba nadie. Viene este recordatorio a propósito del muy interesado empeño que, desde diversos sectores, se está desplegando para acabar con lo público.
¿Es más eficaz lo privado que lo público? En primer lugar hay que desmontar el mito de que la administración española está muy sobrecargada. En una comparativa rápida con su entorno los datos son elocuentes, mientras que los empleados del conjunto de la Administración suponían en 2008 el 12,3% del total de trabajadores, en Italia era el 14,3%; en Reino Unido el 17,4%; y en EEUU el 14,6%; y en Dinamarca y Noruega superaba el 25%, según la OCDE, que cita datos de 2008. Estos son los datos, más allá de manipulaciones interesadas.
A quienes se empeñan en satanizar el papel del Estado y de lo público, habría que recordarles que las dificultades de los estados han llegado como consecuencia del esfuerzo realizado ante el volumen de los problemas de los bancos. Todo ello nos sitúa ante una gran paradoja cargada de cinismo: tras haber salvado estos a los grandes bancos de una quiebra segura, para lo que han tenido que endeudarse gastando enormes cantidades de dinero, los estados son acusados ahora de despilfarradores. Las agencias de calificación de riesgos, esas empresas privadas que actúan a su conveniencia y antojo sin regulación alguna, obviaron los tejemanejes utilizados por otros entes también privados (como Enron, Lehman Brothers, etc.), pero se empecinan en reducir a la categoría de fallidas las posibilidades y expectativas de países.
Hoy en día, conceptos como el de evaluación de políticas públicas, calidad democrática o eficiencia social están siendo borrados de nuestro acervo colectivo. Los mercados y las políticas de derechas han dejado aparcada la necesidad de fortalecer el sistema democrático y mejorar la eficacia de sus administraciones, ¿para qué si lo que se pretende es reducirlas a su mínima expresión? Leo en un estupendo monográfico de la revista TEMAS de noviembre de 2010: “La evaluación de políticas públicas trata de conectar criterios de democracia y mecanismos de control y eficiencia, entendiendo que esta última, en el sector público, no puede concebirse simplemente a partir de los criterios de mercado, que deben equilibrarse con otros elementos de valor propios de este ámbito: como las ideas de equidad, cohesión social, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación institucional…”.
Qué cerca y qué lejos queda ya esa fecha. El ministro de Economía, Luis de Guindos, señaló recientemente con ocasión de los malos datos del paro y de afiliación, como elementos que ponen “en cuestión la sostenibilidad del Estado del bienestar”. De Guindos, que antes que ministro fue banquero a sueldo de los hermanos Lehman, parece no conceder importancia al hecho de que, como consecuencia de la enorme sangría sufrida por las arcas del Estado para salvar a los suyos de sus propios fiascos, se ha inutilizado una enorme cantidad de recursos económicos que serían muy necesarios para el relanzamiento de la economía productiva y el empleo desde lo público. Por tanto, las “dificultades de financiación” que esgrimen los informes de la CEOE como principal problema al que se enfrentan las empresas españolas tienen nombre y apellidos.
A finales de la década de los setenta empezó a ser cuestionado el consenso social y político en el que se fundamentó el Estado del bienestar. Al merme fueron eliminando coberturas hasta recrear en una buena parte del imaginario colectivo un perfil borroso acerca de su eficacia y razón de ser. Así y todo, el último barómetro del CIS nos confirma que sobre las vías para mejorar la situación económica del país, la mayoría de encuestados declara preferir las políticas de inversión en obras públicas y servicios sociales, aunque haya que subir los impuestos, frente a las políticas de reducción del déficit y deuda pública. Otra cuestión no menos relevante es que para la gran mayoría, los principales responsables de la crisis son los bancos.
Sostenía Grover Norquist, asesor económico de Bush en 2004: “No quiero acabar con el Estado; sólo quiero hacerlo tan pequeño que pueda ahogarlo en una bañera”. Cristóbal Montoro, orientador y nutricionista económico de Rajoy, encamina ya sus pasos hacia el “adelgazamiento” del sector público. Un nuevo expolio está servido. Pero eso sí, con la garantía de que los “eventuales procesos de privatización” de empresas públicas que presten “servicios cuya naturaleza sea compatible con una prestación más eficiente para el ciudadano por parte del sector privado” se harían “con total transparencia y evaluación independiente” Son palabras como terremotos, ideología pura.
Miguel Carmona Ruano
Magistrado. Vocal del Consejo General del Poder Judicial
Ilustración de Javier Jaén
Entre las reformas que se han anunciado recientemente en el ámbito de la Justicia se incluye la modificación del sistema de elección de vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se presenta como necesaria para “despolitizar” la Justicia. También se dice que con ello se “vuelve al espíritu constitucional”.
Hay que empezar por señalar que, en este punto, los constituyentes dejaron intencionadamente abierto el sistema. Como en muchos otros campos (el más significativo, la misma configuración territorial del Estado) durante el debate constituyente, en el que se rechazaron expresamente las propuestas que directamente preconizaban la elección por los jueces de los miembros judiciales del CGPJ, se optó por posponer la concreción del sistema para lo que se ha llamado un consenso diferido a establecer posteriormente mediante ley orgánica.
Sin embargo, a diferencia de otros sectores básicos del Estado, no hubo un diseño pactado de transición respecto de la Justicia. Lo que ocurrió fue, por el contrario, que en 1980 la entonces mayoría absoluta de UCD impuso un sistema a través del cual asegurar, no la “despolitización”, como ahora se afirma, sino directamente un CGPJ políticamente afín. Para ello se estableció un sistema estamental y mayoritario puro, que primaba a la cúpula judicial y excluía el pluralismo interno. Todo ello en sintonía con quienes en esos momentos formaban ese sector judicial mayoritario, núcleo de la actual Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quienes a su vez tampoco respetaron el acuerdo en el seno de la entonces asociación única para formar una candidatura plural y maniobraron para conseguir que los 12 vocales de procedencia judicial fueran de una única sensibilidad política: la mayoritaria; mayoría que, además, no escondió esta sensibilidad al actuar, tras la victoria electoral del PSOE en 1982, en una abierta alianza de oposición con la derecha parlamentaria.
Estos son los antecedentes que hay que tener en cuenta para entender qué es lo que originó que, en 1985, con mayoría absoluta del PSOE en las Cortes Generales, este partido optara, en una decisión ciertamente discutible, por “acelerar la reforma de la Justicia” y decidiera, dentro del margen que los constituyentes habían dejado abierto, que los 20 vocales del CGPJ, incluyendo los 12 de procedencia judicial, fueran nombrados por las dos cámaras parlamentarias.
Este sistema no fue nunca aceptado de buen grado por la derecha judicial, que seguía siendo mayoritaria, seguía sin esconder su afinidad con la derecha política, ahora representada por el PP, y consideraban unos y otros que con este sistema se les había sustraído un control político del órgano de gobierno de los jueces que, de otra forma, creían tener asegurado.
En 2001, el llamado Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia trató de recuperar este consenso constitucional diferido y gracias a ello las Cortes Generales aprobaron por unanimidad el actual sistema de presentación de candidatos por las asociaciones judiciales y por jueces no asociados respaldados por sus compañeros para una posterior designación parlamentaria de entre estos candidatos. Lo que ocurre es que luego este consenso no se mantuvo para nombrar el CGPJ, cuya última renovación se bloqueó intencionadamente durante más de dos años en la expectativa de obtener una mayor fuerza política que se esperaba que saliera de las urnas en 2008 y con ella un mayor peso en el órgano de gobierno de la justicia. Bloqueo que, con los mismos presupuestos y la misma finalidad, se ha reproducido luego para la renovación del Tribunal Constitucional.
Por ello, cuando ahora se anuncia que se quiere volver al sistema de 1980 para “despolitizar” la Justicia cabe dudar de que sea esta realmente la intención perseguida con la reforma. Ciertamente, el sistema actual no tiene por qué considerarse inamovible. Las propias dificultades de renovación así lo ponen de manifiesto y también cabe reconsiderar el peso que se da a las asociaciones judiciales, el distanciamiento entre el Consejo y la carrera y la propia actuación del CGPJ. Hay, pues, espacio para repensar el sistema fruto del Pacto de Estado de 2001 y renovar el consenso diferido que propugnaban los constituyentes. Cabe, ante todo, introducir una participación directa de los jueces en el sistema de designación. Sería posible pensar que los candidatos fueran elegidos por todos los jueces a través de un sistema proporcional de listas abiertas, computando para formar la proporcionalidad la suma de votos a candidatos de la misma lista y asignando luego los puestos resultantes a los más votados dentro de cada una. Con ello se aseguraría una mayor participación, un mayor pluralismo y una mejor representatividad de los candidatos. Hay que tener en cuenta que, en 1985, lo que se propugnaba desde otros sectores judiciales (entonces Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria) era precisamente una elección por el sistema proporcional que asegurara la presencia en el órgano de gobierno de las distintas sensibilidades internas de la judicatura.
Junto a esto estarían abiertas otras formas de renovación del consenso. Pero lo difícilmente asumible sería volver a caer en el error de 1980 e imponer, sin un gran acuerdo político, una reforma que lejos de asegurar la “despolitización” de la Justicia, lo que buscara fuera realmente asegurar de nuevo que el órgano de gobierno de los jueces volviera a estar politizado en un único sentido afín a la actual mayoría política.
Marcos Gómez Puente
Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria
Ilustración de Patrick Thomas
El caso Megaupload centra la atención y el enfado de los internautas. Es otro episodio de la pugna de la industria audiovisual por defender su negocio en la era digital. Con ese fin, EEUU tramita leyes que provocaron el apagón protesta de portales como Wikipedia o Google Search. Y en España hubo protestas por la ley Sinde y el desaparecido canon digital.
No parece que pueda cuestionarse razonablemente el derecho de los autores o productores a ser retribuidos por su trabajo. Ni ponerse en duda que es un expolio que alguien se aproveche copiando y distribuyendo ilegítimamente sus obras para hacer negocio propio. Pero tampoco parecen razonables los planteamientos que, siguiendo sólo la óptica mercantil, objetan incluso contra la copia o comunicación privadas. Porque estas obras intelectuales tienen un atributo social en origen –ninguna idea es enteramente original, sino resultado de la circunstancia de su creador– y destino –están llamadas a ser conocidas y difundidas en la sociedad y son fuente de bienestar y progreso– que la lógica y la fuerza del mercado no deben soterrar.
Sin internet llevábamos décadas prestando libros a los amigos o copiando en cintas viejos vinilos sin que se resintiera la industria cultural. Ciertamente, la red ha globalizado los intercambios, llevando la copia y difusión privadas a cotas que reducen significativamente las expectativas de beneficio –muy elevadas– de esta industria. Pero la tecnología también ha diversificado, masificado y globalizado el negocio, multiplicando exponencialmente su rentabilidad. Por eso hay que preguntarse también por la razonabilidad de esas expectativas –la rentabilidad ilimitada no parece cohonestarse bien con el origen y la finalidad sociales del producto cultural– y por la eficiencia del modelo de generación de ingresos –hay sectores que se aprovechan mucho y aportan poco o nada (los proveedores de internet, por ejemplo)–.
No puede hacerse barra libre del producto cultural devaluándolo, impidiendo que autores e industria rentabilicen sus creaciones. Que alguien pueda descargarse gratuitamente una película el día de su estreno sin duda es un escándalo. Que se cobre un canon a la barbería de la esquina por tener la radio encendida, también. Porque tampoco parece socialmente aceptable que se pueda cobrar siempre y por todo, como parece querer la industria, no carente de influencia política, invocando un derecho de propiedad intelectual cuya actual regulación, por cierto, parte de presupuestos dogmáticos y económicos más propios del siglo XIX que del presente.
Hay que reubicar los intereses de la industria y los usuarios. Deben hacerlo las leyes concretando la función social de la propiedad intelectual. La Constitución dice que el contenido del derecho a la propiedad privada se delimita por la función social de la propiedad misma. Eso explica que el propietario de un terreno no pueda tenerlo improductivo o edificarlo a su voluntad. O que el dueño de un palacio histórico tenga que exhibirlo. Se revela, pues, el carácter limitado, no absoluto, del derecho y la necesidad de que su ejercicio intensivo no resulte abusivo o antisocial.
Igualmente, la propiedad intelectual tampoco confiere un dominio absoluto. Su función social puede justificar limitaciones o cargas en interés de la sociedad que, siendo natural destinataria de aquella, difusamente participa en la propia creación intelectual y contribuye a darle el valor que llega a merecer.
La revolución digital plantea el desafío –y la necesidad– de concretar esa función social e identificar las limitaciones, también las ventajas, a derivar de ella. Para prevenir el conflicto entre quienes crean y explotan la obra intelectual y quienes por diversas razones (económicas, sobre todo) ven limitado su acceso a ella; para facilitar o garantizar la accesibilidad a bienes de valor colectivo incuestionable (cultural, informativo, educativo…); y para prevenir y corregir los excesos del mercado.
Pero las últimas reformas de la legislación de la propiedad intelectual no siguen esa óptica. Hacen énfasis sólo en la protección del contenido patrimonial de la propiedad, no en su subordinación al interés general, ni en su utilidad social, ni en la participación colectiva en la plusvalía que genera la demanda masiva de la propia sociedad. Y dispensan una protección uniforme, sin tener en cuenta que la función social puede variar en cada tipo de obra (¿merecen igual tratamiento un folleto, una escultura, un programa del corazón o una final de fútbol?).
Cuando la legislación admite la cita, el uso docente o la reproducción de obras situadas en lugares abiertos, se rinde ante la naturaleza esencialmente cultural de la creación intelectual y la evidencia de que no todo es venal. Pero no responde a esa idea más general de la función social avocada a cumplir antes incluso de incorporarse al dominio público intelectual. Ni a la inevitable transformación de los mercados que impulsan las nuevas tecnologías.
Necesitamos una propiedad intelectual de nuevo cuño. Una revisión profunda de los modos de uso y disfrute, del concepto de difusión (¿canon por radiar fútbol?), de los tipos de explotación individual o colectiva (¿por qué una biblioteca debe pagar por una obra cuando la compra y cuando la presta a un usuario?), de la duración de los derechos (¿debe variar según la rentabilidad de la creación?) o de las cargas que pueden imponerse por razón de interés general, por ejemplo.
La definición de la función social debe contribuir, pues, a regular este mercado y a reconciliar a creadores y usuarios, siendo evidente que también el rechazo social de la industria alimenta el uso ilegítimo de sus productos. Cuando la copia o la descarga ilegales dejen de considerarse socialmente aceptables; cuando no valga la pena el riesgo o el esfuerzo para conseguir las obras por esas vías, por resultar accesibles en términos (precio, tiempo, modo, lugar…) razonables y acordes con su función social, dejará de soplar el viento que ahora empuja la piratería digital.
Saïd El Kadaoui
Psicólogo y escritor
Ilustración de Jordi Duró
La muerte por una meningitis de Samba M., una mujer originaria del Congo, en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche (Madrid); el informe que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, entregó a la presidenta de la Cámara catalana, en el que reclamaba solucionar con urgencia la situación del opaco centro de internamiento de Zona Franca (Barcelona); y la posterior muerte del joven guineano Idrissa Diallo en este mismo centro, han reabierto y logrado que el debate sobre los CIE llegue, por fin, a toda la sociedad. Debemos de aprovecharlo para exigir el cierre de estos centros.
Para los que nada sepan del tema, es preciso recordar que los centros de internamiento de extranjeros son una especie de cárceles para personas que han cometido una falta administrativa, la de estar en situación irregular en España. Hay un total de nueve CIE en territorio español que suman más de 2.500 plazas y que nacieron en 1999 mediante una orden ministerial, con Ángel Acebes como titular de Interior. Antes existían centros similares, quizás no tan conflictivos pero igualmente degradantes, amparados en la Ley de Extranjería de 1985, con José Barrionuevo como ministro del Interior.
Les relato brevemente algunas de las cosas que una enfermera que trabajó en el CIE de Barcelona me explicó y que antes ya había denunciado en el Colegio de Enfermeras de Barcelona y en otras asociaciones que trabajan con población inmigrante: “Los internos no disponen de agua caliente, no tienen espacios recreativos, no todos tienen la opción de salir al patio, pasan la mayor parte del tiempo hacinados en una sala común donde sólo disponen de algunos juegos de mesa, a los internos marroquíes y argelinos los separan del resto por considerarlos más rebeldes, cosa que altera el orden del centro. El estado de salud de los internos es malo, y empeora a medida que los días pasan. Infecciones respiratorias (mal tratadas con antibióticos que favorecen su resistencia) y otros cuadros víricos como resfriados y hongos en la piel son las enfermedades que sufren la mayoría de los internos. Además de las condiciones de salud, tanto físicas como psicológicas, lo que nos impactó a mí y a mis compañeras fue el mal trato que daban la mayoría de los policías a los internos, principalmente al colectivo marroquí, que era víctima de amenazas, insultos, humillaciones y golpes que, en varias ocasiones, pudimos presenciar, y en dos acabaron en palizas con graves daños a los internos”.
En un exhaustivo informe dirigido por el psiquiatra y presidente de la sección de derechos humanos de la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría), Pau Pérez-Sales, (informe CEAR sobre la situación de los centros de internamiento para extranjeros publicado en el mes de diciembre de 2009), se afirma entre otras muchas cosas que la dinámica de funcionamiento está regida por una lógica de comisaría y que casi la mitad de los internos de los CIE que visitaron (el de Aluche en Madrid, el de Capuchinos en Málaga y el de Zapadores en Valencia) tenían miedo la mayor parte del tiempo, especialmente debido a la sensación de indefensión y la incertidumbre por lo que podía ocurrir en cualquier momento. Un miedo que se ve incrementado cuando uno se encuentra en un centro donde, como recoge muy bien el informe, no hay una reglamentación de sanciones sino una discrecionalidad del uso según criterios del jefe de seguridad.
Por su parte, la red Migreurop, organización euro-africana formada por 38 asociaciones de 13 países, llevó a cabo durante 2011 visitas a centros de internamiento en cinco países. En España, visitó los de Aluche (Madrid), Capuchinos (Málaga), La Piñera (Algeciras) y Zona Franca (Barcelona). En las conclusiones de su informe incide sobre la falta de garantías de los derechos fundamentales recogidos en la legislación penitenciaria. Es decir, personas que no han cometido delito alguno, hacinadas en centros que son peores que cárceles.
Lo explicaba bien el profesor Javier de Lucas en la glosa del informe CEAR que citaba anteriormente: “Quizá convenga recordar, decía, que una de las constantes reivindicaciones de movimientos, asociaciones y, en buena medida, de la sociedad civil acerca de los instrumentos de las políticas de inmigración y asilo, es la supresión de los CIE. La razón es muy sencilla: en un Estado de derecho, no hay tertium genus entre libertad y detención. Y nadie debe ser privado de libertad si no es como consecuencia de una decisión judicial que considere probado que se ha cometido un lícito penal. Pues bien, los CIE son ese tertium genus, que supone la utilización de la privación de libertad como medida cautelar adoptada en un procedimiento administrativo sancionador, ante la comisión de una infracción administrativa, la irregularidad, la ausencia de papeles”.
Mal vamos cuando elaboramos una sofisticada ingeniería legal para dar cabida a estos centros que, en teoría, están a mitad de camino entre libertad y detención y que en la práctica son prisiones sin reglamento interno. Analizada la cosa desde una perspectiva mucho más amplia, vemos que ya hace unos años que Europa ha entrado en una lógica fagocitadora de derechos que empezó con los inmigrantes pero que no se detiene solamente en ellos. Y ahí está la cuestión: defender los derechos –y la dignidad– del otro (cualquiera que sea este) es asegurar los nuestros también.
Por todo ello, suscribo la petición de cierre que hace la red Migreurop de los centros de internamiento de extranjeros. Son estructuras de maltrato.
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica existente en los mayores medios de información existentes en nuestro país. A lo largo de mi vida, he tenido que vivir en varios países: Suecia, Reino Unido y EEUU, además de España. En Suecia hay medios de información de todo signo. Y no hay temas tabúes. A la monarquía y al monarca, por ejemplo, se les critica constantemente en tales medios. Un tanto semejante ocurre en Reino Unido, donde la familia real (liderada por la reina) es sujeto de crítica continua. Y en EEUU, donde la diversidad ideológica en los medios es más limitada que en Reino Unido o Suecia, existen, sin embargo, cadenas de televisión de izquierdas, como Democracy Now! o MSNBC, entre otras. Y los medios, tanto los de derechas como los de izquierdas, no tienen ningún reparo en criticar duramente al presidente de EEUU. Estuve trabajando en la Casa Blanca (a propuesta de los sindicatos y del Rainbow Coalition –la izquierda dentro del Partido Demócrata–) durante la Administración Clinton, en el grupo de trabajo responsable de realizar la reforma sanitaria, y pude ver la cantidad de críticas durísimas que se hicieron (con razón) en los medios al presidente Clinton durante el famoso caso Lewinsky.
En España, sin embargo, hay una larga lista de tabúes, y la monarquía es uno de ellos. Sólo hace un par de años comenzaron tímidamente a aparecer críticas de personajes de la familia real, aunque la monarquía como institución continúa siendo un tabú. Los medios televisivos todavía hoy vetan las críticas a la monarquía, habiéndose dado recientemente varios casos de censuras de programas televisivos críticos con el sistema monárquico vetando voces a favor del sistema republicano.
Otro ejemplo de esta falta de diversidad en los medios de mayor difusión en España es la cobertura de la crisis actual y sus posibles soluciones. Durante mucho tiempo, la respuesta prácticamente unánime transmitida en los mayores medios de difusión frente a la crisis era que tenían que hacerse recortes de gasto público para reducir el déficit y salir así de la crisis. Ninguno (repito, ninguno) de los medios de mayor difusión del país apoyó editorialmente alternativas como aumentar los ingresos al Estado, implementando una muy necesaria reforma fiscal que permitiera el aumento del gasto público, estimulando el crecimiento económico. Sólo más tarde se comenzó a discutir esta posibilidad, cuando (como era predecible y como indicamos varios autores) se vio que tales políticas de “austeridad” llevaban y continúan llevando al desastre económico (sin excluir la posibilidad de llegar a una Gran Depresión). Y hoy, ningún medio de gran difusión ha facilitado o planteado un debate sobre la permanencia o salida de España del euro como posible salida de la crisis (Suecia, sin euro, es el país que está creciendo más en la UE-15). El silencio sobre estos temas es también ensordecedor.
Naturalmente que España no es una dictadura. Voces de izquierda aparecen y se permiten, pero siempre en situación muy minoritaria, casi marginal. Dentro de este panorama hay poquísimas excepciones. Y una de ellas es Público, al que, maliciosa y erróneamente se le ha presentado como “el diario del Gobierno de Zapatero”, cuando, en realidad, ha sido el rotativo que ha incluido más voces críticas a tal Gobierno desde la izquierda, y cuando el apoyo financiero desde instancias gubernamentales ha sido más bajo de lo que incluso le corresponde. Pero Público hoy está en peligro de desaparecer. Y, por desgracia, no es la primera vez que ello ocurre. La prensa de izquierdas no arranca en España, y ello a pesar de que todas las encuestas señalan que la mayoría de la población se ubica desde el centro izquierda a la izquierda. ¿Por qué no cuaja? Y aquí también hay que hablar claro. Tenemos un problema en España con las izquierdas, puesto que su comportamiento contribuye a que no surjan rotativos de todas las izquierdas. Ni que decir tiene que las derechas tienen los medios financieros que las izquierdas no tienen. Y los anuncios que aguantan un rotativo escasean en medios que, por definición, son críticos de las estructuras de poder, incluyendo las económicas, financieras y comerciales. Pero, por muy poderosos que sean estos factores (y lo son), el hecho es que hay otros factores que también explican esta situación. Y entre ellos está la falta de movilización de las propias izquierdas, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que, a no ser que sean sus propios medios (convirtiéndose en sus portavoces), no se movilizan para crear una cultura y una prensa de todas las izquierdas. ¿Cómo puede ser que de más de diez millones de españoles que votan a partidos de izquierda, o de casi tres millones de sindicalistas, y de más de dos millones de asociaciones sociales progresistas, sólo 87.000 se suscriban a Público? ¿Cómo es que la mayoría de personas que votan y/o se consideran de izquierdas leen primordialmente prensa que no es de izquierdas? Hay una falta de movilización de las izquierdas (y de sus instrumentos) en promover la suscripción a Público, permitiendo un dominio casi absoluto de las derechas y de lo que se llama centro (que es derecha moderada) en los medios de mayor difusión de España. Si cada lector que encuentra Público de interés y simpatiza con sus contenidos se suscribiera, tendríamos Público para años. Que esto no ocurra es un síntoma de un problema mayor que la posible pérdida de tal rotativo (que es en sí una enorme pérdida). Es un indicador más de esta falta de movilización de las izquierdas para crear foros de expresión de todas las izquierdas, como es, y esperemos que continúe siéndolo, Público por muchos años.
VICENÇ NAVARRO
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica existente en los mayores medios de información existentes en nuestro país. A lo largo de mi vida, he tenido que vivir en varios países: Suecia, Reino Unido y EEUU, además de España. En Suecia hay medios de información de todo signo. Y no hay temas tabúes. A la monarquía y al monarca, por ejemplo, se les critica constantemente en tales medios. Un tanto semejante ocurre en Reino Unido, donde la familia real (liderada por la reina) es sujeto de crítica continua. Y en EEUU, donde la diversidad ideológica en los medios es más limitada que en Reino Unido o Suecia, existen, sin embargo, cadenas de televisión de izquierdas, como Democracy Now! o MSNBC, entre otras. Y los medios, tanto los de derechas como los de izquierdas, no tienen ningún reparo en criticar duramente al presidente de EEUU. Estuve trabajando en la Casa Blanca (a propuesta de los sindicatos y del Rainbow Coalition –la izquierda dentro del Partido Demócrata–) durante la Administración Clinton, en el grupo de trabajo responsable de realizar la reforma sanitaria, y pude ver la cantidad de críticas durísimas que se hicieron (con razón) en los medios al presidente Clinton durante el famoso caso Lewinsky.
En España, sin embargo, hay una larga lista de tabúes, y la monarquía es uno de ellos. Sólo hace un par de años comenzaron tímidamente a aparecer críticas de personajes de la familia real, aunque la monarquía como institución continúa siendo un tabú. Los medios televisivos todavía hoy vetan las críticas a la monarquía, habiéndose dado recientemente varios casos de censuras de programas televisivos críticos con el sistema monárquico vetando voces a favor del sistema republicano.
Otro ejemplo de esta falta de diversidad en los medios de mayor difusión en España es la cobertura de la crisis actual y sus posibles soluciones. Durante mucho tiempo, la respuesta prácticamente unánime transmitida en los mayores medios de difusión frente a la crisis era que tenían que hacerse recortes de gasto público para reducir el déficit y salir así de la crisis. Ninguno (repito, ninguno) de los medios de mayor difusión del país apoyó editorialmente alternativas como aumentar los ingresos al Estado, implementando una muy necesaria reforma fiscal que permitiera el aumento del gasto público, estimulando el crecimiento económico. Sólo más tarde se comenzó a discutir esta posibilidad, cuando (como era predecible y como indicamos varios autores) se vio que tales políticas de “austeridad” llevaban y continúan llevando al desastre económico (sin excluir la posibilidad de llegar a una Gran Depresión). Y hoy, ningún medio de gran difusión ha facilitado o planteado un debate sobre la permanencia o salida de España del euro como posible salida de la crisis (Suecia, sin euro, es el país que está creciendo más en la UE-15). El silencio sobre estos temas es también ensordecedor.
Naturalmente que España no es una dictadura. Voces de izquierda aparecen y se permiten, pero siempre en situación muy minoritaria, casi marginal. Dentro de este panorama hay poquísimas excepciones. Y una de ellas es Público, al que, maliciosa y erróneamente se le ha presentado como “el diario del Gobierno de Zapatero”, cuando, en realidad, ha sido el rotativo que ha incluido más voces críticas a tal Gobierno desde la izquierda, y cuando el apoyo financiero desde instancias gubernamentales ha sido más bajo de lo que incluso le corresponde. Pero Público hoy está en peligro de desaparecer. Y, por desgracia, no es la primera vez que ello ocurre. La prensa de izquierdas no arranca en España, y ello a pesar de que todas las encuestas señalan que la mayoría de la población se ubica desde el centro izquierda a la izquierda. ¿Por qué no cuaja?
Y aquí también hay que hablar claro. Tenemos un problema en España con las izquierdas, puesto que su comportamiento contribuye a que no surjan rotativos de todas las izquierdas. Ni que decir tiene que las derechas tienen los medios financieros que las izquierdas no tienen. Y los anuncios que aguantan un rotativo escasean en medios que, por definición, son críticos de las estructuras de poder, incluyendo las económicas, financieras y comerciales. Pero, por muy poderosos que sean estos factores (y lo son), el hecho es que hay otros factores que también explican esta situación. Y entre ellos está la falta de movilización de las propias izquierdas, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que, a no ser que sean sus propios medios (convirtiéndose en sus portavoces), no se movilizan para crear una cultura y una prensa de todas las izquierdas. ¿Cómo puede ser que de más de diez millones de españoles que votan a partidos de izquierda, o de casi tres millones de sindicalistas, y de más de dos millones de asociaciones sociales progresistas, sólo 87.000 se suscriban a Público? ¿Cómo es que la mayoría de personas que votan y/o se consideran de izquierdas leen primordialmente prensa que no es de izquierdas? Hay una falta de movilización de las izquierdas (y de sus instrumentos) en promover la suscripción a Público, permitiendo un dominio casi absoluto de las derechas y de lo que se llama centro (que es derecha moderada) en los medios de mayor difusión de España.
Si cada lector que encuentra Público de interés y simpatiza con sus contenidos se suscribiera, tendríamos Público para años. Que esto no ocurra es un síntoma de un problema mayor que la posible pérdida de tal rotativo (que es en sí una enorme pérdida). Es un indicador más de esta falta de movilización de las izquierdas para crear foros de expresión de todas las izquierdas, como es, y esperemos que continúe siéndolo, Público por muchos años.
