Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
El dogma neoliberal que ha estado imponiendo unas políticas de austeridad con recortes muy marcados del gasto público, incluyendo del gasto público social (en transferencias –como pensiones y ayudas a las familias–, así como en gastos en servicios públicos del Estado del bienestar –como sanidad, educación, servicios de dependencia, escuelas de infancia, vivienda social, servicios sociales y otros–, que determinan en gran manera la calidad de vida y el bienestar de la gran mayoría de la población), ha dominado todo el discurso y la práctica política del Consejo Europeo, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y de la mayoría de gobiernos de la UE durante estos años de crisis. Estas políticas de recortes han sido particularmente acentuadas en los países que despectivamente se conocen en la terminología anglosajona como PIGS (cerdos), y que incluyen a Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain) a los que últimamente han añadido otra I (PIIGS), al incluirse Italia.
Tales recortes se han presentado como necesarios para recuperar la “confianza de los mercados financieros”, manida frase que se ha utilizado con gran frecuencia para justificarlos. Otra frase también en gran uso en la sabiduría convencional neoliberal es la necesidad de “mostrar responsabilidad fiscal”, como si responsabilidad y recortes fueran sinónimos. Ahora bien, un simple análisis de los datos muestra que, a pesar de que aquellos países han estado recortando y recortando, la famosa “confianza de los mercados” no ha aparecido por ninguna parte. Los intereses de la deuda pública en la mayoría de estos países han continuado elevadísimos, con niveles insostenibles en todos ellos. La desconfianza continúa a pesar de los recortes, y ello ha ocurrido país por país.
En España ha habido unos recortes sin precedentes (acentuados ahora más con el Gobierno del Partido Popular), aprobándose incluso una reforma de la Constitución que dificultará en el futuro la reducción del enorme déficit de gasto público social que tiene España, el más bajo, per cápita, de la UE-15 (el grupo de países de la UE con semejante desarrollo económico al nuestro). A pesar de estos recortes, los intereses de la deuda pública han ido subiendo de manera tal que el presidente Rajoy ha indicado que llevará a cabo las reformas que hizo Portugal cuando fue intervenido, posibilidad que el presidente Zapatero creía haber evitado con sus políticas de recortes, las cuales se justificaban para prevenir lo que ha acabado ocurriendo. Cabe entonces hacerse la pregunta de ¿cómo se justifica tanto recorte cuando la famosa “confianza de los mercados financieros” no ha aparecido por ninguna parte?
Una situación parecida ha tenido lugar en Grecia, donde los recortes están generando una gran agitación social, sin que los intereses de la deuda hayan bajado. Antes al contrario, han alcanzado unos niveles insostenibles. Un caso parecido es el de Irlanda, donde a pesar de los recortes de las pensiones (de más del 10%) y de la reducción sin precedentes de los beneficios sociales y del empleo en los servicios del Estado del bienestar, los intereses de la deuda pública continúan ahogando a la deuda pública. Y lo mismo está ocurriendo en Italia.
Todos estos países PIIGS han estado gobernados por partidos conservadores (dictatoriales en el caso de Grecia, Portugal y España) en la mayoría del periodo pos II Guerra Mundial, siendo las fuerzas conservadoras todavía las dominantes en su vida política y mediática. En todos estos países –al revés que en el norte de Europa– el mundo del trabajo es débil y el del capital (hegemonizado por el capital financiero) es fuerte. En consecuencia, tienen políticas fiscales regresivas, enormes fraudes fiscales y estados del bienestar poco desarrollados. Y en todos ellos la reducción del déficit público ha sido primordialmente a base de recortes del gasto público social. A pesar de ello, su deuda pública, como porcentaje del PIB, ha continuado aumentando desde 2007 sin que los recortes la hayan reducido. En España ha subido del 36% del PIB al 68%, en Portugal del 68% al 102%, en Grecia del 107% al 161%, en Irlanda del 25% al 107% y en Italia del 103% al 120%. En realidad, estos recortes han empeorado la situación en lugar de mejorarla, tal como algunos de nosotros predijimos. Los famosos “mercados” creen que, a no ser que crezcan, estos países jamás podrán pagar su deuda. Y tales recortes están dificultando que crezcan. Como ha dicho Wolfgang Munchau, codirector del Financial Times: “No entiendo cómo alguien con formación macro-económica y con un mínimo de honestidad y decencia puede apoyar hoy la fantasía de que las políticas de austeridad estimulan la economía” (“Why Europe’s Officials Lose Sight of the Big Picture”, The Financial Times, 16/10/11).
Por fin comienza a percibirse que algo no funciona con los recortes. Incluso los neoliberales comienzan a decir que tales recortes tienen que ir acompañados de un estímulo económico. Pero asumen erróneamente que la falta de crecimiento económico (que antes decían que se debía al inexistente excesivo gasto público) la causan los salarios “excesivamente altos”. Según tal dogma, los sueldos deben reducirse, lo cual hundirá todavía más las economías de tales países, porque el mayor problema que tienen estas es la falta de demanda, resultado del enorme descenso de las rentas del trabajo (que han disminuido la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población) y de la especulación financiera, consecuencia del obsceno crecimiento de las rentas del capital financiero, y que ha provocado la escasez de crédito. La bajada de los salarios, junto con la reducción del gasto público, reducirá todavía más tal demanda, llevándonos a una Gran Depresión. En realidad, para amplios sectores de las clases populares, la Gran Depresión ya está aquí.
Robert Reich
Exsecretario de Trabajo de EEUU. Catedrático de Políticas Públicas y autor de ‘Aftershock’
Ilustración de Patrick Thomas
Antes que nada, una confesión: si Mitt Romney se convierte en el próximo presidente de EEUU, yo soy parcialmente culpable. Hace 10 años, yo competí por la nominación demócrata para ser gobernador de Massachusetts, lo cual me habría dado la oportunidad de darle una sacudida a Mitt Romney en la elección general.
Perdí la oportunidad. En la semana final de las primarias me encontraba prácticamente empatado con el tesorero del Estado, pero entonces se me acabó el dinero, lo que significa que mi campaña publicitaria en la televisión se detuvo. Tras declinar la sugerencia de mi gerente de campaña para que sacara una segunda hipoteca de mi casa, me puse a llamar frenéticamente a todo aquel que pudiera encontrar y que no me hubiese aportado aún 500 dólares, el máximo permitido entonces por el Estado. Recogí habas contadas. Al final, el tesorero ganó las primarias. Romney venció en la elección general y se convirtió en gobernador, y yo volví a mi actividad académica.
Pero mi fantasía de que podía ganarle a Romney no era más que eso, una fantasía, porque Romney tenía –y aún tiene– algo de lo que yo carecía. Y no me refiero a sus brillantes dientes blancos, a su meticuloso peinado o a su estatura. Él tiene dinero, y tiene conexiones con mucho más dinero aún. Mitt Romney era entonces, y aún es, el candidato del gran capital. En las últimas semanas antes del caucus de Iowa, Romney gastó cerca de tres millones de dólares en torpedear sin tregua a su rival Newt Gingrich con publicidad negativa, recortando los apoyos a Gingrich a la mitad y desplazándolo del primer lugar en las preferencias. Pero Romney mantuvo sus huellas digitales fuera del torpedo. Técnicamente, el dinero ni siquiera provino de las arcas de su campaña.
Procedió de una súper-PAC [comité de acción política, por sus siglas en inglés] denominada Restauremos Nuestro Futuro, que puede recaudar cantidades ilimitadas de dinero de unos pocos donantes muy ricos sin necesidad de revelar sus nombres. Esto se debe a que Restauremos Nuestro Futuro es oficialmente independiente de la campaña de Romney –aunque su principal recaudador de fondos ha salido del equipo financiero de la campaña de Romney, su estratega político clave fue director político de la campaña presidencial de Romney en 2008, y su gabinete de comunicación ha formado parte del equipo de comunicación de Romney–.
Restauremos Nuestro Futuro es a la campaña de Mitt Romney como el lado oscuro de la luna es a la luna. Y evidencia el resultado grotesco de la decisión de la Corte Suprema de hace un año en el caso Ciudadanos Unidos contra la Comisión Electoral Federal, que echó hacia atrás más de un siglo de esfuerzos por contener la influencia del gran capital en la política. Si los ingresos y la riqueza en Estados Unidos estuviera repartidos tan ampliamente como en las tres primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos menos motivos de preocupación. Pero ahora, con una concentración casi sin precedentes de acumulación de riqueza en la cima, Ciudadanos Unidos refleja la peor corrupción que nuestra democracia haya presenciado desde la Edad Dorada.
Y Romney y Ciudadanos Unidos fueron hechos el uno para el otro. Otros candidatos han montado silenciosamente Súper-PACs propios, y el presidente Obama tiene su súper-PAC muy ocupado rastreando en cualquier reserva de gran capital que pueda encontrar. Pero los lazos únicos de Mitt Romney con los más grandes yacimientos de capital le permiten sacar provecho inigualable de la indignante decisión de la Corte Suprema. The New York Times informa de que gestores de hedge funds de Nueva York y financieros de Boston aportaron casi 30 millones de dólares a Restauremos nuestro Futuro antes del caucus de Iowa. Y la falsa independencia de “Restauremos nuestro Futuro” ha permitido a Romney distanciarse públicamente de ese grupo, de su dinero y del trabajo sucio que con él han comprado.
Más que ningún otro aspirante a la Presidencia, Mitt Romney personifica el uno por ciento en EEUU; más aún, el 10% más rico de ese uno por ciento. No se trata sólo de sus cuatro casas y su fortuna calculada en 200 millones de dólares, no sólo sus pingües negocios financieros, ni siquiera los refugiados sin empleo de sus maniobras financieras lo que hace de él el Gordon Gekko [personaje de la película Wall Street] de los aspirantes presidenciales. Se trata de sus conexiones con los epicentros del gran capital de EEUU, especialmente a los más grandes ejecutivos y financieros dedicados al hábito de invertir a cambio de espléndidas ganancias. Y no hay casi mejores ganancias que aquellas que se encuentran en los beneficios fiscales, subsidios gubernamentales, garantías de crédito, planes de rescate, regulaciones para exenciones, contratos federales y transacciones comerciales que generan cientos de millones, si no miles de millones, de dólares al año.
Romney, en otras palabras, es el candidato creado por Ciudadanos Unidos. La criatura a la que han dado vida [Antonin] Scalia, [John] Roberts, [Anthony] Kennedy, [Clarence] Thomas y [Samuel] Alito, todos desempeñando el papel de Frankenstein. [Se refiere a los magistrados conservadores de la Corte Suprema, cuyos votos dieron luz verde a la nueva y muy laxa ley de financiación política] Dado lo que la Corte Suprema ha forjado, mi conciencia me pesa menos. Si yo le hubiera ganado a Romney hace 10 años, sólo habría conseguido retrasar su surgimiento. Pero me da miedo por este país.
Jaume Asens y Gerardo Pisarello
Juristas y autores del libro “No hay derecho(s): la ilegalidad del poder en tiempos de crisis”
El derecho y el discurso jurídico desempeñan un papel central en la configuración de las relaciones de poder. Para imponer un programa de recortes sociales, una actuación policial e incluso una movilización de protesta, hace falta fuerza. Pero también capacidad de apelar al derecho como fuente de justificación. La legalidad o ilegalidad de una actuación no la convierte en justa, sin más. Sin embargo, es un termómetro que contribuye a calibrar la legitimidad del poder. Y de las resistencias que se alzan contra sus manifestaciones arbitrarias.
Este principio básico explica que el derecho y su interpretación sean un ámbito de disputa permanente. No hay poder que no intente cubrir sus actuaciones con el manto de la legalidad. Las legítimas, sin duda. Pero también aquellas que no lo son. En nombre de la ley, se pueden asegurar derechos pero también asentar privilegios. Se puede reprimir y eliminar sin contemplaciones las aspiraciones legítimas de miles de personas. Esta arbitrariedad disfrazada de legalidad, no obstante, casi siempre encuentra una Antígona dispuesta a desenmascararla. También en nombre del derecho y la razón.
Resistir al derecho en nombre del derecho está lejos de ser una contradicción. La legalidad de nuestra época es una legalidad exigente. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y cartas impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo XX. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de 1966 están inscritos en su código genético. Integran el ADN de una legalidad que reconoce derechos universales y principios garantistas, que entraña límites y controles a todo tipo de poderes, públicos y privados, de estado y de mercado, y que está situada en la cúspide de los ordenamientos jurídicos.
En tiempos de crisis, esta legalidad se convierte en un espejo más incómodo de lo habitual, porque refleja la sinrazón jurídica, además de ético-política, de muchas actuaciones del poder. El cierre intempestivo de un centro sanitario de urgencia no sólo repugna intuiciones morales básicas; también amenaza derechos elementales como la salud, la integridad física o la vida, cuando no se interna en un ámbito directamente delictivo. Lo mismo pasa cuando un trabajador es expuesto a la violencia injustificada del despido; o cuando un migrante acaba en un Centro de Internamiento, o cuando una familia sin recursos es arrojada a la calle por no poder pagar un alquiler o una hipoteca. Se produce, sí, una injusticia social. Pero se conculcan, además, libertades elementales y garantías procesales con las que el Estado aspira a legitimarse. Y si la respuesta a las protestas que estas actuaciones generan es la represión, en lugar de la protección de las víctimas, lo que tiene lugar es un acto de impotencia política. Pero también una degradación del alcance jurídico del pluralismo y del Estado de derecho.
Pueden ofrecerse más ejemplos. Todos ellos revelan una tendencia que se consolida con el agravamiento de la crisis: la tendencia a la ilegalidad del poder. El poder ilegal es aquel incapaz de cumplir con las reglas que él mismo se ha dado, comenzando por las que se sitúan en lo alto del ordenamiento jurídico. Las políticas neoliberales desplegadas con la excusa de la crisis sólo han podido avanzar en abierta tensión con esas reglas. Arrasando con la prohibición de regresividad y con el derecho al debido proceso. Desnaturalizando el papel garantista de los convenios colectivos. Y vaciando de contenido las constituciones sociales y las declaraciones de derechos que Occidente pretende ofrecer al mundo como credencial civilizatoria. Ante el embiste imparable de los poderes privados, los propios mecanismos de control institucional se revelan inútiles. La deriva ilegal del poder es sancionada por el propio poder; gobiernos, parlamentos y jueces, con honrosas y escasas excepciones.
A veces, es verdad, la contradicción con constituciones y tratados se ha salvado con la producción de una nueva legalidad. Una legalidad orientada a tutelar privilegios de pocos por encima de los derechos de todos. Por eso, cuando los grandes capitales especulativos o las agencias de rating aseguran que su actuación en la crisis cuenta con cobertura legal, llevan algo de razón. Buena parte de sus abusos serían impensables sin las prebendas legales obtenidas de gobiernos de diferente signo. Sin todas esas leyes, reglamentos y sentencias que han dado luz verde a la codicia de los rentistas por encima de las necesidades de las mayorías. Esta nueva lex mercatoria, diseñada a medida de un reducido grupo de poderes privados, ha devenido una suerte de nueva constitución global. Un rígido corsé que atenaza los elementos garantistas de los ordenamientos estatales hasta volverlos irreconocibles. La regla europea de la eliminación del déficit a cualquier precio debería leerse en esta clave. Al igual que la reciente reforma constitucional española, acometida para garantizar a los acreedores “prioridad absoluta” de pago en detrimento de los derechos sociales y del principio democrático.
Ahora bien: cuando el poder se despeña por la ilegalidad o consiente la irrupción de una legalidad privatizadora, a menudo mafiosa, la protesta ciudadana, la desobediencia, adquieren nueva luz. Aparecen, no ya como desórdenes susceptibles de criminalización, sino como el primero de los derechos. Como bandera necesaria, irrenunciable, de los más débiles en la impugnación de las actuaciones ilegítimas del más fuerte, para forzarle a cumplir sus promesas garantistas, y para instaurar, en ese acto de rebelión, un orden jurídico alternativo, más igualitario y libre de violencia.
Alejandro Inurrieta
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense
Ilustración de Javier Olivares
La actual coyuntura económica y financiera no es nueva. Sin embargo, la lectura y el diagnóstico que se ha hecho ha llevado a la mayoría de las economías, especialmente a las europeas, a recetas equivocadas y a una profunda recesión, cuya longitud sí puede ser dramática.
La crisis tiene su origen en el sobreendeudamiento, fundamentalmente privado. Por tanto, no es una crisis de oferta al uso, en la que los creyentes en esa fe basan toda su esperanza en las reformas estructurales y en la reducción de costes relativos, ni tampoco, originalmente, de demanda. Al ser, por tanto, una crisis de deuda privada, al colapsar el valor del activo que sostenía la deuda, los activos inmobiliarios, se inicia un desapalancamiento que implica demanda insuficiente, exceso de producción, necesidad de reducir deuda, destrucción de capital y desempleo masivo. Por dar algunas cifras, EEUU tiene un stock total de deuda sobre PIB del 370% y España una ratio del 334%.
Este episodio genera que tres variables fundamentales, la tasa de ahorro, el crecimiento de la riqueza o la velocidad de circulación del dinero, reviertan a su media histórica tras los incrementos desmedidos. En el caso del ahorro, el sobreendeudamiento generó una riqueza ficticia, un consumo por encima de la renta disponible y un exceso de inversión. De ahí el ingente déficit comercial y corriente. En el caso de la riqueza, la destrucción de riqueza acaecida demuestra que la tasa de crecimiento de la riqueza a largo plazo debe acompasar a la del PIB nominal. Por último, en el caso del multiplicador monetario, al no haber demanda efectiva, se reduce, lo que conlleva un riesgo de deflación o relajación máxima de las presiones inflacionistas. Por ende, en esta situación, la política monetaria es ineficiente y la fiscal tiene un impacto muy limitado.
En consecuencia, los procesos de rescate bancarios llevados a cabo hasta ahora en España y en el resto de Europa, salvo el caso de Grecia, no se han buscado mecanismos de quitas de deuda para liberar liquidez a empresas y familias. Esto podría ayudar a menguar significativamente el balance financiero, que en el caso de España llega a más del 800% del PIB, drenando mucha capacidad a la economía real. Unido a esto, el regulador debería obligar a las entidades financieras a valorar a precio de mercado y no a precio de adquisición los activos tóxicos, lo que evitaría muchos alzamientos de familias hipotecadas, pues el banco trataría por todos los medios de cobrar la deuda, aunque fuese de forma aplazada, ya que si no su balance reflejaría pérdidas. En resumen, un rescate bancario global debería ir encaminado a reducir capacidad, sólo deben sobrevivir los solventes, quitas de deuda, que paguen también los acreedores, que el coste público sea mínimo y evitar el problema del riesgo moral.
Estas premisas nos llevarían al modelo sueco de rescate bancario llevado a cabo en 1992. En primer lugar, el proceso fue absolutamente transparente, y contó con la dirección del Gobierno y el Banco Central. Los gestores de las entidades afectadas fueron desalojados de forma fulminante de sus puestos, algo que no se ha hecho en España. Sólo tras un análisis exhaustivo de los balances, no como los casos de la CAM y el Banco de Valencia aquí, se comenzó a inyectar capital, y se nacionalizó todo el sector. Tras el reparto de costes entre acreedores y deudores, la banca se saneó, se sacó a la venta y apenas costó dinero al erario público.
La realidad española dista mucho de esta solución. El regulador ha consentido que las entidades intervenidas sigan siendo gestionadas por los mismos que llevaron a dicha intervención, saltándose todo el protocolo en materia de salarios o indemnizaciones, cuyas cifras deberían avergonzar a las dos partes. El grado de transparencia ha sido mínimo, teniendo aquí a ilustres aliados en los Consejos de Administración de muchas de estas entidades, cuyos representantes son elegidos por parte de los grandes partidos políticos, sin distinción, en oscuras maniobras de repartos de poder. La inyección de capital a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tampoco ha servido para solucionar los problemas de solvencia y liquidez, se ha abandonado cualquier intento de reducir la deuda de los afectados, y se persiste en la valoración artificial de los activos tóxicos, para lo que han contado con la alianza del nuevo Ejecutivo de Rajoy. En resumen, se está intentando salvar a todas las entidades, sin reducir capacidad, y por supuesto mantener intacto el volumen de deuda, y la valoración de activos, generando situaciones de desahucios y alzamientos, que aumentan la exclusión social, la pobreza y la mora.
Frente a esto, algunos propusimos también una solución eficiente al problema de vivienda y suelo. La compra, con una quita del precio del 70% del conjunto de activos por parte del sector público y así crear, a un precio reducido, un gran parque público de vivienda en alquiler, lo que redundaría en una mejora del acceso a la vivienda, produciría una rentabilidad al rescate bancario del 6% y aliviaría el impacto para muchas familias. Estas viviendas serían gestionadas por entidades privadas que pagarían un canon a las administraciones competentes.
En suma, nada de lo que se asemeja a un rescate eficiente y equitativo se ha puesto en marcha, lo cual se deja sentir ya en el colapso económico y financiero de muchas familias y empresas. Si otros países lo han hecho, nosotros también. Sólo es cuestión de voluntad y conocimiento de lo que es un rescate bancario sin conflictos de interés, y buscando, de verdad, el interés general.
Carlos Jiménez Villarejo
Exfiscal Anticorrupción
Ilustración de Federico Yankelevich
El juez Marchena, dictó el pasado 26 de enero un auto en el que atribuye formalmente a Baltasar Garzón la comisión de un delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal. El fundamento son los patrocinios obtenidos de varias empresas para subvencionar los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York desde marzo de 2005 a junio de 2006. La resolución rezuma, además de una gran confusión argumental, una notoria impericia investigadora y una maledicencia respecto del juez querellado que es completamente inadmisible.
Ante la aparente dificultad para ordenar y analizar la amplísima documentación de que dispone se permite afirmaciones carentes de todo fundamento que son incompatibles con la “buena fe” exigible a todo magistrado. Llega a decir que hubo entre el juez querellado y sus colaboradores “un reparto clandestino de dinero” o, lo que es peor, “admitiendo –como fue apuntado en el dictamen pericial practicado durante la instrucción– la existencia de cuentas en el extranjero que no han sido identificadas, o el abono de cantidades en metálico o a través de personas o sociedades instrumentales”. Gravísima imputación que no está sustentada en un solo indicio, que ofende gravemente al juez imputado, y que refleja la fiabilidad y confianza que pueden merecer esa clase de magistrados. El juez Garzón, el 22 de diciembre de 2004, solicitó del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una licencia de estudios para el ejercicio de la docencia e investigación en la citada universidad. Y afirmó que estaba gestionando que esta cubriera “los gastos de desplazamiento, vivienda y mantenimiento personal y familiar durante dicho periodo”. El juez informó a algunas de las entidades patrocinadoras de los proyectos previstos y las autoridades académicas neoyorquinas, como está acreditado, solicitaron, administraron y distribuyeron los fondos obtenidos. Finalmente, el juez Garzón, el 19 de diciembre pasado, acreditó la cuantía total recibida en concepto de honorarios.
Pero ya que hablamos de patrocinio a jueces y fiscales, debe plantearse abiertamente la relación económica de aquellos con entidades de crédito y de otra naturaleza.
Porque, prácticamente, todas las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, desde hace 25 años, han celebrado sus congresos anuales gracias a la generosa aportación de las entidades de crédito. Aportaciones que representan un beneficio económico para los asociados. Mas las subvenciones constantemente otorgadas para el pago de honorarios por cursos y conferencias.
Citemos algunos casos, a título de ejemplo. Concretamente, en 1986, el II Congreso de la Unión Progresista de Fiscales celebrado en Sitges tuvo financiación de La Caixa; en 1989, la Asociación Jueces para la Democracia, recibió el patrocinio de tres cajas de ahorro; en 1996, a la celebración del XI Congreso de la anterior asociación contribuyó Caja Cantabria; en 2003, el congreso conjunto de las dos asociaciones anteriores contó con el patrocinio de Bancaja. En 2010, el XXV Congreso de Jueces para la Democracia fue financiado por BBK. Y en el XIX Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), celebrado en 2011, consta la “colaboración”, de alcance económico indeterminado, de Banesto y Novacaixagalicia.
En otro orden de cosas, la APM ha celebrado convenios con los grupos BBVA y BSCH para “conseguir mejoras para jueces y magistrados asociados en servicios financieros” y suscripción de pólizas de seguro.
Además, la Fundación para la Magistratura, dependiente de dicha asociación e inscrita en el Registro de Fundaciones en 2006, ha celebrado un convenio con Telefónica S. A. donde se “incluyen una serie de servicios y productos para los asociados”; convenio absolutamente incompatible con los fines de la fundación, que permitió, con financiación de Telefónica, celebrar entre el 5 y el 7 de noviembre de 2008 en Valencia una jornada de estudio bajo el título “Justicia, telecomunicaciones y sociedad de la información”, en la que participaron directivos de dicha empresa y varios magistrados del Tribunal Supremo (TS).
Dicha fundación, en una nota a sus asociados de octubre de 2010, se refiere a varios actos bajo el patrocinio de La Caixa y Mutua Madrileña. Y no olvidemos el denominado “Club Banesto Justicia” para jueces y fiscales que “le ofrece la mejor oferta financiera para cubrir sus necesidades, tanto profesionales como particulares”. Una oferta de cuentas corrientes con un interés al 1,25%, sin comisiones de administración ni mantenimiento, con condiciones especiales para hipotecas y préstamos y otras ventajas.
Es un ejemplo, entre otros múltiples, de cómo la magistratura, “en consideración a sus cargos”, es cuidada y beneficiada por los poderes económicos mediante “dádivas o regalos” que no se resisten a aceptar. Es por esto por lo que el juez Marchena persigue al juez Garzón.
Con esas mismas palabras, el TS (auto de 28-01-2010) justificó en esta causa la persecución penal porque la consecución de los patrocinios económicos fue consecuencia “de una petición personal de fondos” del juez a las entidades patrocinadoras. Aunque en este caso no fue así, es lo que han hecho y continúan haciendo los representantes de las asociaciones judiciales, ya verbalmente, por escrito o través a de reuniones personales entre ambas partes. Nunca nadie ha discutido las solicitudes, la plena licitud de dichas subvenciones ni si han influido o no en las decisiones de los jueces y fiscales subvencionados.
El juez Marchena, una vez más, yerra, haciendo una aplicación discriminatoria del Código Penal en directo y grave perjuicio del juez Garzón.
Kattya Cascante
Politóloga de la Fundación Alternativas
Ilustración de Miguel Ordoñez
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo nunca significó la despenalización del aborto. De hecho, nuestro Código Penal lo sigue contemplado como delito tipificado penalmente, aunque con sanción menor. Además, acentuaba dos grandes debilidades: no regulaba la objeción de conciencia, que sigue en indefinición jurídica, ni trabajaba en el ámbito educativo de la salud sexual y reproductiva.
Nunca fue una ley de “aborto libre”, como se ha empeñado en calificar el sector más conservador de nuestra sociedad, y menos, satisfacía las expectativas marcadas por aquellos colectivos que año tras año dedican su energía a reivindicar los derechos de las mujeres. Sin embargo, sí era una ley que incorporaba garantías con respecto a la denominada ley de supuestos de 1985. Garantías en el acceso a una intervención quirúrgica en condiciones de equidad, así como de protección de intimidad y confidencialidad. Y cuestionaba al menos, la pseudoobjeción de conciencia de algunos facultativos sanitarios que, durante años, han estado negándose a practicar (o presionados a no realizar) la intervención y, por tanto, derivando la práctica a clínicas privadas que generaban mayor dificultad cultural, geográfica y económica para las gestantes.
Esta ley, conocida coloquialmente como ley de plazos, ha conseguido equipararnos a las condiciones de la UE. Una realidad que ha sido respetada, pese al cambio de Gobierno (también conservador), tanto en Reino Unido con David Cameron como en Francia con Nicolas Sarkozy. La interrupción voluntaria del embarazo ya forma parte del acervo de una ética civil de mínimos de las sociedades europeas más avanzadas. La Resolución 2001/2128(INI) del Parlamento europeo sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados recomienda a los gobiernos de los estados miembros constatar, en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual, las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia.
La relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva también está reconocida en el ámbito de Naciones Unidas. La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General mediante la Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece en su artículo 12: “Los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar”. Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer, celebrada en 1995, reconocía que “los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia”. Así que, si la verdadera motivación para cambiar esta ley radica en la preocupación de que permita una decisión informada y libre, estaríamos obviando nuestro marco jurídico internacional y regional más próximo.
La presente ley “reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, que implica, entre otras cosas, que las mujeres puedan tomar la decisión inicial sobre su embarazo y que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada”. Sin interferencia de terceros, la mujer puede tener una “autodeterminación consciente”, dado que “la intervención determinante de un tercero en la formación de la voluntad de la mujer gestante no ofrece una mayor garantía para el feto y, a la vez, limita innecesariamente la personalidad de la mujer”.
También supone una mayor protección de la vida prenatal, ya que las políticas activas de apoyo a las mujeres embarazadas y a la maternidad han demostrado ser bastante más eficaces. La ley debe jurídicamente tutelar el momento inicial de la gestación a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella. Y la mujer, y sólo ella, como persona en el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal adoptará libremente las decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Hasta que esto no se entienda como una equiparación de derechos, seguiremos atascados en hacer de esto una cuestión de la vida o muerte de un feto.
Los cambios anunciados por el nuevo Gobierno suponen un cuestionamiento de la capacidad de las mujeres a la hora de tomar la decisión sobre su salud sexual y reproductiva. Da por hecho que los criterios que aplican las mujeres en el ejercicio de un derecho son insuficientes y necesitan ser tutelados y nos equipara con aquellos países de visión más retrógrada. Por desgracia, es un obstáculo añadido y un retroceso en el ya largo y pesado camino hacia la igualdad y libertad de todos los españoles y generaciones futuras.
José Luis de Zárraga
Sociólogo
Ilustración de Jordi Duró
No sólo hay “mucho PSOE por hacer”. Está por hacer un discurso de gobierno de una socialdemocracia de izquierdas, el discurso socialdemócrata ante la crisis y más allá de la crisis. A falta de ello tanto dará –a quienes no son militantes, la inmensa mayoría– que se haga “mucho PSOE”. Por eso importa mucho no sólo el PSOE que hagan estos días en su congreso, sino el camino que tomen; no sólo los dirigentes que elijan, sino la política que representen.
El PSOE se encuentra ante una decisión paradójica, que necesariamente habrá de ser, a la vez, de ruptura y continuidad, pero que sus dirigentes no saben (o no quieren) explicar bien. Aunque no se reconozca, tendrá que ser, por una parte, una verdadera ruptura con la política desarrollada por el Gobierno socialista durante los últimos años. Pero al mismo tiempo tendrá que recuperar lo esencial de la línea política que José Luis Rodríguez Zapatero llevó al Gobierno en 2004. Porque aquella era la línea correcta para un Gobierno socialdemócrata, aunque fuera enseguida frenándose y terminara abandonada durante la segunda legislatura.
Frente a la tercera vía de Blair y Schröder, que –como dice Fontana– representaba en realidad “un abandono radical de las ideas de la tradición socialista”, Zapatero representaba una recuperación de los principios de solidaridad de esa tradición. En aquel momento representaba, además, la ruptura de un alineamiento internacional con el imperialismo que nos devolvía la dignidad a los españoles. Tras casi dos décadas de progresivo alejamiento de los movimientos ciudadanos volvía a conectar con ellos y nutría de ellos su fuerza electoral. Levantaba la bandera de la ampliación y consolidación de los derechos civiles, prácticamente abandonada por los gobiernos socialistas desde la época del periodo constituyente.
Aunque luego frustrada, alentaba la esperanza de que al fin un Gobierno progresista se atreviese a construir un Estado realmente laico –algo que también temían los reaccionarios, como probó la feroz oposición con que, desde el principio, se enfrentó la Iglesia a su Gobierno–.
Luego, entre la ofensiva sin cuartel de la derecha y los frenos internos, el desarrollo de esa línea, que había logrado despertar en mucha gente alejada de la política una ilusión hace tiempo perdida, fue frenándose. Y cuando, en el marco de la crisis, los socialistas se vieron forzados a abandonar posiciones fundamentales y no supieron explicarlo a la población; cuando dieron la impresión de no saber reaccionar y no abrieron perspectivas de futuro e incluso, con sus silencios, hicieron creer que abandonaban su línea, entonces fue, realmente, cuando perdieron el respaldo de su base social y, con ello, perdieron las elecciones.
Pero eso no debe hacer olvidar que la línea de Rodríguez Zapatero cuando accedió al Gobierno era la correcta y que, en lo fundamental, sigue siendo, hoy, la línea correcta. Se habla –aunque cada vez más vagamente– de la reforma de la democracia. Es una necesidad no sólo para responder a la demanda popular, sino por estrictas razones de supervivencia. Sólo un Gobierno fuertemente enraizado en una base popular muy amplia y sólida puede resistir la presión –interna y externa– de los poderes económicos. Y no habrá Gobierno con una base así si no es en una democracia avanzada, donde los ciudadanos participen decisivamente en la política y no se limiten a cohonestar gobiernos con su voto.
También parece que todos los que van a participar en este congreso están de acuerdo en que hay que cambiar el modelo de partido. Habrá que ver lo que significa eso, y si no se trata de cambiar de modelo para no cambiar de aparato.
Se está discutiendo si se debe buscar un liderazgo de transición o con vocación de permanencia, para el futuro. No sé si alguien, desde dentro, cree seriamente que ese dilema es real. Desde fuera parece claro que elegir una dirección de transición es renunciar a hacer la transición, demorar lo urgente, aplazar la renovación. Toda transición es una crisis, porque en ella se deja la piel vieja y se toma una nueva. Las metamorfosis, para un organismo o para una organización, son siempre difíciles y dolorosas. Como saben los zoólogos, es una fase inevitable para la supervivencia, pero a la vez del mayor riesgo, cuando el organismo está más expuesto a todo tipo de amenazas y su vida se pone en juego. Por ello podría desearse aplazarla, demorarla. Pero la demora arruina el proceso, no permite que sea más seguro o menos doloroso en el futuro, sino que lo aborta.
Hoy, para el PSOE, una dirección de transición simplemente sirve para proporcionar una prórroga a lo que hay, pero a la vez supone ofrecer puentes a la desbandada. No frenará la hemorragia, sino que la dejará fluir. Cuanto más se demore el cambio, más irreversible se hará la situación. Es incierto lo que significará un cambio de dirección en el PSOE. Puede no significar nada, porque quienes lo encarnen no sepan (o no se atrevan, o, al final, no puedan) ir más allá del cambio de personas. Pero lo que es seguro es a dónde conduce a ese partido el que no haya cambios: al enquistamiento y la irrelevancia política.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Ilustración de Mikel Jaso
Apartir de la propuesta de aumentar los impuestos del IRPF que ha hecho el Gobierno del PP, se ha generado un gran número de reportajes en los medios de información que han comparado lo que pagan los ciudadanos de este país en impuestos sobre la renta personal con lo que pagan los ciudadanos de otros países. Y una observación muy generalizada es que, con el incremento nada menos que de siete puntos en la carga impositiva de las personas con mayores rentas, el tipo nominal superior (52%) ya es casi lo que pagan sus homólogos, los ricos, en Suecia. Con este entendimiento se concluye que, aun cuando estamos pagando impuestos como los suecos, nuestros beneficios y servicios públicos del Estado del bienestar están mucho menos desarrollados que los de aquel país, lo cual se atribuye erróneamente a un supuesto despilfarro del gasto público social. La prensa ha estado llena estos días de denuncias de cómo España no ha estado gastando bien su erario público social, como justificación para realizar recortes sustanciales en tal gasto.
En este argumento, sin embargo, se olvidan varios hechos, siendo el más importante el que los ingresos al Estado son mucho más bajos en España (32% del PIB) que en Suecia (54%) debido, precisamente, a que los españoles (y sobre todo las rentas superiores) pagan muchos menos impuestos que los suecos. Es cierto que la escala nominal en las gravaciones del IRPF nos acerca ya ahora al nivel sueco. Ahora bien, hay que aclarar inmediatamente que este aumento impositivo, aún siendo positivo por generar mayores recursos al Estado, será dramáticamente insuficiente para corregir el enorme déficit de ingresos al Estado. España es el país de la UE-15 que tiene menos ingresos al Estado debido, en parte, a la baja carga impositiva real de las rentas superiores.
Veamos los datos. Uno, es la enorme divergencia que existe entre carga nominal (lo que aparece en los libros) y carga real. Esta diferencia aumenta con el nivel de renta. Los superricos de España no pagan un 52% de sus ingresos al fisco del Estado (sea este central o autonómico). Los porcentajes reales son mucho más bajos que el 52%. Y una causa es que tienen muchas deducciones y maneras de evitar impuestos, de forma que su nivel real es mucho menor. Es más, además de deducciones, sus ganancias se derivan mayoritariamente de las rentas del capital, que se gravan mucho menos que las rentas del trabajo (alrededor de un 21% nominalmente). Mucho más bajo en la realidad.
Pero, además de ello, hay otra manera de evitar el fisco: no declarando la renta. El fraude fiscal alcanza dimensiones enormes. Según profesionales de la propia Agencia Tributaria del Estado, el fraude fiscal alcanza unas dimensiones de alrededor de 90.000 millones de euros, procedentes en su mayoría (el 72% del fraude fiscal) de las grandes fortunas, de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, y de la banca. Y ahí está uno de los orígenes de los escasos ingresos al Estado en España. Los superricos no pagan lo que pagan los superricos en Suecia, donde el fraude fiscal es mucho menor, la gravación de las rentas del capital son mayores y las deducciones apenas existen. En España las deducciones, como herramienta fiscal, favorecen sobre todo a las rentas superiores, las cuales tienen a su disposición toda una batería de ayudas legales que les enseñan cómo no pagar impuestos.
Otra gran diferencia con Suecia es la desigualdad de rentas existente en ambos países. Las desigualdades son mucho mayores en España que en Suecia. Así, en España, el ciudadano promedio que paga el tipo máximo, ingresa nominalmente 13 veces lo que ingresa el ciudadano medio y corriente que trabaja y paga impuestos a través de su nómina (y esta diferencia es incluso mayor cuando se consideran los ingresos reales, en lugar de los nominales). Tal diferencia en Suecia es mucho menor. Además, la tasa impositiva nominal para los que en España cobran más de 300.000 euros al año (el 52%, tipo impositivo máximo) se aplica en Suecia a los que ingresan dos veces lo que ingresa el ciudadano medio. De ahí que la mayoría pague más impuestos aunque sus tasas nominales de gravación sean casi iguales a las de España. La igualdad de rentas entre la población aumenta los ingresos al Estado.
Y una última razón de la enorme diferencia de ingresos al Estado entre Suecia y España es que hay mucha más gente trabajando y pagando impuestos en Suecia. El porcentaje de la población adulta que trabaja y paga impuestos es mucho más alta que en España. Y ello como consecuencia de la mayor participación laboral de la mujer en Suecia (70% versus 52% en España). La red de servicios a las familias (que quiere decir mujer) en Suecia facilita la integración de la mujer al mercado de trabajo. Y ello no ocurre en España.
En España, el enorme dominio de hombres procedentes de la burguesía, pequeña burguesía y clase media alta en los procesos de toma de decisiones económicas en el Estado, explica que se invierta mucho más en el AVE (tren de alta velocidad utilizado predominantemente por estas clases sociales) que en escuelas públicas de infancia y en servicios domiciliarios a las personas con dependencias, que al ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo y a la creación de empleo, estimulan la economía mucho más que aquellas inversiones en el AVE. No es casualidad que los países donde las clases más pudientes (y los hombres) tienen mayor dominio sobre el Estado sean países (como España) más desiguales, con menos carga fiscal, mayor fraude fiscal y menor eficacia y equidad en sus políticas públicas, que países donde las clases populares han tenido históricamente mayor dominio sobre el Estado (Suecia). Así de claro.
Josep Maria Antentas
Profesor de Sociología de la Universitat Autònoma de Barcelona
Esther Vivas
Miembro del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF
Ilustración de Iker Ayestaran
Nunca imaginamos que íbamos a hacer una revolución. Esperábamos sólo unos cuantos miles de personas”. Así cuentan unánimemente los activistas egipcios sus expectativas sobre la protesta del 25 de enero de 2010 que, hace ahora poco más de un año, inició el principio del fin de la era Mubarak, cuya dimisión llegó el 11 de febrero. Siguiendo la chispa encendida en Túnez, la llama revolucionaria había prendido en Egipto. “Siempre anacrónica, inactual, intempestiva, la revolución llega entre el ‘ya no’ y el ‘todavía no’, nunca a punto, nunca a tiempo. La puntualidad no es su fuerte. Le gustan la improvisación y las sorpresas. Sólo puede llegar, y esta no es su menor paradoja, si (ya) no se la espera”, nos recordaba certeramente Daniel Bensaïd.
Aunque imprevista en su magnitud, la rebelión no nació de la nada. Fue la culminación de un largo periodo de renacimiento de las luchas sociales como consecuencia del impacto de las políticas neoliberales del régimen que comportaron una fuerte polarización social, la generalización del paro y la subocupación y la extensión de la pobreza absoluta hasta el 40% de la población, cuya precaria situación quedó patente con la subida de los precios de los alimentos en 2008 y los años subsiguientes.
La juventud, con un peso destacado de las mujeres jóvenes, fue la protagonista de la revolución del 25 de enero. Sin su empuje, el dictador aún permanecería en su sitio. Pero contrariamente a algunos relatos interesados, no fue la egipcia una revolución sólo de la juventud y de las clases medias, pues los trabajadores fueron decisivos en las jornadas de febrero.
Si bien la caída de Mubarak no fue una “Facebook (o Twitter) revolution”, como a veces superficialmente se ha presentado, las nuevas tecnologías jugaron un papel determinante, en conjunción con un medio tradicional como la televisión a través de Al Yazira. Las redes sociales y la telefonía móvil tuvieron un rol de aceleradores y precipitadores, favorecieron el trabajo horizontal y en red y actuaron como espacios de politización.
Desde el derrocamiento del dictador, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que rige los destinos del país, ha intentado pilotar una “transición ordenada” en la que “todo debe cambiar para que no cambie nada”. La desautorización de cualquier protesta, y en particular de las huelgas, se ha combinado con la represión política, con más de 12.000 ciudadanos juzgados por tribunales militares en un año. En esta estrategia de cambio limitado y controlado desde arriba, el CSFA ha establecido una alianza de conveniencia con los Hermanos Musulmanes, principales beneficiarios de una transición por vías institucionales. La junta militar ha sido cómplice también de la violencia salafista hacia la minoría cristiana copta, para desviar las reivindicaciones democráticas, sociales y de clase hacia enfrentamientos sectarios.
Las elecciones del pasado noviembre mostraron, como era previsible, la fortaleza electoral y social de los Hermanos Musulmanes, la única organización política con arraigo real y con legitimidad histórica como fuerza opositora. Su proyecto, no exento de contradicciones y de dificultades para articular los intereses de una base social heterogénea, combina un programa económico neoliberal con una política reaccionaria en el terreno de los valores, la familia y la religión.
A pesar de que el islamismo es la principal fuerza organizada y el beneficiario inmediato del cambio de régimen, por primera vez en décadas emergió una corriente significativa de radicalización social al margen de este, que no satisface las aspiraciones de libertad y justicia social de parte de la juventud. Se ha abierto así la base para la reconstrucción, desde un nivel muy bajo, de la izquierda política y social y para poner fin a su declive desde finales de los setenta.
Las protestas en Tahrir y la represión en noviembre y diciembre supusieron la entrada en una segunda fase de la revolución en la que la Junta Militar es ya el blanco de la crítica. Aunque los sectores activistas nunca tuvieron confianza en el Ejército, gran parte de la población lo veía en febrero como un aliado y un garante del cambio. Este segundo estallido social representa un salto adelante en la conciencia política de un sector amplio del pueblo egipcio y de su comprensión de los mecanismos de poder y de la naturaleza de las fuerzas armadas.
Un año después de su inicio, y en un contexto de deterioro económico, la revolución egipcia tiene un desenlace abierto y vive desgarrada entre las fuerzas que quieren darla por terminada y las que quieren continuarla. Su gran victoria ha sido la recuperación de la confianza en la capacidad colectiva para transformar el mundo, tras años de frustración y descomposición social y de ausencia de perspectivas. Pero las conquistas democráticas son todavía frágiles. Las sociales son escasas y la situación de las mujeres está plagada de incertidumbres y nubarrones.
Los procesos revolucionarios no son lineales ni rectilíneos y están poblados de frenazos, acelerones y curvas imprevistas. El reto ahora es ir hasta al final, completar la revolución y conseguir cambios económicos y sociales de calado. Revolución y contrarrevolución libran en el país de los faraones un pulso permanente en el que cada una apela respectivamente a la solidaridad y a la ilusión y al egoísmo y al miedo. En otras palabras, la contrarrevolución busca aflorar lo peor del ser humano. La revolución, lo mejor.
Ricard Vinyes
Historiador
Ilustrador Enric Jardí
La noticia asomó en la prensa, foros y redes sociales en la primera semana de enero; tomó perfil de estruendo y su eco, más allá de Chile, alcanzó algunos medios españoles y europeos. Según decían periodistas y comentaristas alarmados, el Ministerio de Educación chileno, al modificar las bases curriculares de primero a sexto año básico de educación para el área de Historia, establecía la substitución de la palabra “dictadura” por la de “régimen militar” para referirse al período pinochetista. El recién nombrado ministro de Educación, Harald Beyer, en sus primeras declaraciones oscureció el tema al atribuir la responsabilidad del cambio al Consejo Nacional de Educación (CNED), y al declarar –con la soltura de ese estilo naif tan propio del entorno Piñera– que no tiene problemas. “Yo reconozco que fue un Gobierno dictatorial, así que no tengo problemas (…). Respecto a las expresiones concretas hay que recordar que esto va a un consejo que es transversal y este consejo lo aprueba”. Y aumentó el lío cuando notorios dirigentes de la Unión Democrática Independiente (UDI), los editoriales y comentaristas de El Mercurio, o los representantes de la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz, declararon su satisfacción por la medida.
Las reacciones a todo eso han sido contundentes y confiadas. Confiadas en la información inmediata. La profesora Cristina Moyano, de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), por ejemplo, en su articulo del 5 de enero en El Mostrador, afirmaba que quien domina las palabras domina los discursos –lo que a estas alturas es solemnizar una obviedad–, y apelaba al Manifiesto de Historiadores de enero de 1999, como autoridad que en su día denunció la estrategia de manipulación conceptual de la historia de la dictadura.
Sin embargo, quien recurra a la merecida autoridad de aquel Manifiesto de Historiadores firmado por sólidos profesionales (tales como María Eugenia Horvitz, Mario Garcés, Gabriel Salazar, Armando de Ramón Folch, o María Angélica Illanes entre otros) comprobará que aquellos historiadores utilizaron indistintamente las expresiones “dictadura” y “gobierno militar” para calificar al régimen instalado con el golpe de 1973. ¿Manipulaban ellos la historia o por el contrario contribuyeron a desarticular el relato establecido por aquel obsceno cronista llamado Gonzalo Vial Correa? El mismo que, tras haber sido ministro de Educación de la dictadura y redactor del siniestro “Plan Zeta”, fue miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990-1991). También los paneles que ilustran las distintas secciones del Museo de la Memoria de Chile usan indistintamente las expresiones “régimen militar”, “gobierno militar”, y “dictadura”. Y también el “Informe Valech” (2003-2004) usó esas tres expresiones profusamente. En cuanto a los libros de texto a los que alude la querella reciente, cualquier periodista que los lea puede comprobar que los de 1986-1987 usan indistintamente las expresiones “régimen militar”, “gobierno militar” y, mucho menos, “dictadura”. Sin embargo, estalló la polémica. ¿Dónde se halla el conflicto?
Tal vez en lugar de buscar las razones en el procedimiento utilizado por el Ministerio y el CNED, los motivos del conflicto se encuentren en la construcción de la memoria pública chilena; un proceso en el que el discurso del pinochetismo cultural ha tenido una importancia notable al generar un relato eficaz que consiguió centrar el debate en la necesidad o no del golpe de 1973, y obviar los años de dictadura, o encubrirlos con el discurso de la modernización del país (como sucedió precisamente en los noventa con el revisionismo italiano en relación al fascismo; o en España con relación al franquismo, definido también por algunos como una etapa autoritaria, pero de modernización).
El esfuerzo narrativo del pinochetismo consistió en justificar las razones del golpe por una emergencia nacional generada por la intransigencia del Gobierno Allende y, al mismo tiempo, desaprobar –a media voz– la violencia “excesiva”. Un argumento iniciado por Jaime Guzmán al entorno del referéndum de 1988, y voceado por El Mercurio siempre; pero que alcanzó su mayor éxito a manos de Gonzalo Vial al redactar la introducción del Informe Rettig (un texto ratificado por la Presidencia de la República), donde cualquiera puede constatar el primer gran lavado conceptual, la equiparación ahistórica de víctimas y violencias, y la ya citada teoría del exceso. Si alguien coteja la introducción del Informe Rettig con la “Carta a los chilenos” (1998) que emitió el general Pinochet detenido en Londres, se sorprenderá por la coincidencia del relato.
La movilización de los organismos que reivindicaron “justicia, verdad y memoria”, sin flaquear y desde el casi abandono oficial, consiguieron su éxito al establecer los derechos humanos como una pieza central del vocabulario y el sentido común nacional e internacional. Pero la cultura de la memoria es mucho más compleja que la del olvido, y los procesos sociales en los que se construye revelan que en ocasiones se utiliza la memoria como cobertura de frustraciones sociales y políticas, sobretodo en coyunturas de derrota, –el triunfo de Piñera en 2010, fue presentado por la UDI como un triunfo de la memoria de Pinochet, y vivido como una derrota de la memoria de Allende– y con frecuencia produce tanto la estética del vencido como una propensión a analizar cualquier circunstancia con técnicas conspirativas. La
reacción airada y acrítica sobre los cambios en los textos escolares tal vez responda a eso, y en cualquier caso no contribuye a consolidar el relato histórico y memorial alternativo al pinochetismo, porque genera caos, pero sobre todo porque ahuyenta razones sostenibles y atrae el desconcierto.
