Juan López de Uralde
Portavoz de EQUO
Este fin de semana numerosas localidades españolas vivirán movilizaciones contra el “fracking”. Hace sólo unos meses esa palabra era absolutamente desconocida para los miles de españoles que este fin de semana se movilizarán en su contra, y que han tenido que aprender su significado a base de busquedas en internet, debates organizados por ecologistas o películas de YouTube. Por si usted aún no lo sabe, el fracking es una técnica para extraer gas natural de yacimientos no convencionales. Se trata de explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, generalmente pizarras o margas, cuya poca permeabilidad impide el movimiento del gas a zonas de más fácil extracción. Para ello es necesario realizar cientos de pozos ocupando amplias áreas e inyectar en ellos millones de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico para extraerlo. (Se sabe que hay al menos 260 sustancias químicas presentes en alrededor de 197 productos, y algunos de ellos se sabe que son tóxicos, cancerígenos o mutagénicos).
No es fácil determinar en qué zonas se va a aplicar el fracking, ya que las empresas no están obligadas a decirlo hasta que se perfora el pozo. La manera más gráfica y más completa de ver que zonas están ya bajo concesión y, diferenciados por el nivel de avance en los permisos para prospección y explotación, es accediendo a este mapa: (Información oficial Actualizada a 2012. )
Los impulsores del fracking utilizan la dependencia energética del exterior como justificación para su actividad. España, con una dependencia energética exterior de más del 80%, tiene ciertamente una enorme vulnerabilidad en ese sentido. Sin embargo, lo cierto es que los últimos gobiernos de España han despreciado nuestra principal fuente de energía: el sol. Mientras las energías renovables son una alternativa segura y limpia, el fracking nos expone a altos riesgos para la salud y el medio ambiente.
¿Qué peligros tiene el fracking para la salud y el medio ambiente?
* Riesgos durante la perforación: Riesgos de explosión, escapes de gas, escapes de ácido sulfhídrico (muy tóxico en bajas concentraciones), y derrumbes de la formación sobre la tubería. Entre las sustancias disueltas a partir de la fracturación rocosa, donde está el gas y durante el proceso de fractura, se encuentran metales pesados, hidrocarburos y elementos naturales radiactivos.
* Contaminación de acuíferos: Posibilidades de que una de las fracturas inducidas alcance un acuífero, contaminando el agua con los fluidos de la fracturación y con el propio gas de la formación que se pretende extraer. Cada perforación, necesita unos 200,000 m3 de agua para la fracturación hidráulica. Teniendo en cuenta que los aditivos químicos suelen suponer entorno a un 2% del total de agua introducida, esto supone que en cada pozo se inyectan 4,000 toneladas de productos químicos altamente contaminantes, estos retornan a la superficie (sólo un 15-80% de los mismos) teniendo que ser depurados, si bien no se detallan técnicas reales de depuración y cantidad de fluido que pudiera ser retornados una vez depurados.
* Contaminación del aire: Muchos de estos aditivos son volátiles pasando a la atmósfera directamente. Por otro lado para el acondicionamiento e inyección en la red de suministro, una cantidad de este gas, en mayor o menor grado dependiendo de la calidad de la explotación, pasará a la atmósfera por escapes y acondicionamiento del mismo. El gas no convencional extraído está formado por metano en su gran parte. Este es un gas de efecto invernadero mucho más potente en la atmósfera, que el propio CO2, en concreto, 23 veces más potente que los gases que se generan en su combustión.
* Terremotos: Se ha constatado un aumento de la sismicidad coincidiendo con los periodos de fracturación hidráulica. De singular peligrosidad en las cercanías de centrales hidroeléctricas, nucleares, centros logísticos de almacenamiento de combustibles, refinerías, oleoductos, etc.
* Ocupación del terreno: Se suelen perforar de 1.5 a 3.5 plataformas por km2, con una ocupación de 2 hectáreas por cada una, lo que supone un gran impacto paisajístico. El periodo de ocupación de cada uno de estos pozos es dependiendo de la riqueza energética interna del subsuelo variable entre 5 y 7 años.
* Especulación económica: Se deja entrever una gran fuerza de los lobbies energéticos estadounidenses para vender el producto de su experiencia e investigación tras años de ensayos y errores. Puede entrar en juego la especulación de que cada país haga creer a los demás los ricos potenciales de este gas que en su interior albergan sus subsuelos.
Es EEUU el verdadero motor y exportador de esta técnica y el que está impulsando su expansión en el resto del mundo. En otros países la situación legal está como sigue: En Europa ya se han declarado moratorias o prohibiciones al fracking , como por ejemplo en Francia, Bulgaria, Irlanda, Rumanía, Chequia, o algunos estados alemanes. En otros, como Austria, se imponen límites ambientales muy severos para el uso de la técnica. En Estados Unidos, en donde se está usando ampliamente la fractura hidráulica desde hace una década, la oposición popular está muy extendida tras comprobarse los peligros reales de esta técnica.
Por todo esto, EQUO estará presente este fin de semana en las movilizaciones, y unirá su voz a todos aquellos que reclaman una política energetica que deje atrás los hidrocarburos y la energía nuclear, para avanzar hacia un modelo que se base en las energias renovables.
Vicenç Navarro
Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Como he indicado en varias ocasiones, estamos viendo el final de la Primera Transición de la dictadura a la democracia, Transición que se realizó con un enorme dominio de las fuerzas conservadoras (en realidad, ultraconservadoras) que controlaban los aparatos del Estado y la mayoría de los principales medios de difusión y persuasión. Este dominio quedó reflejado en el sistema político que se estableció durante aquel proceso de Transición, el cual, aún cuando se define como democrático, se caracteriza por su escasísima sensibilidad y calidad democrática. Varios indicadores, entre otros muchos, reflejan tales limitaciones. Uno de ellos es el diseño y composición del Estado y sus políticas públicas, en las cuales las fuerzas conservadoras (de varios signos políticos) tienen gran protagonismo. Otro indicador de la baja calidad democrática es la ley electoral, la cual está profundamente sesgada en contra de amplios sectores de las izquierdas.
Esta situación ha generado un sistema representativo que es distante de la opinión popular, siendo esta última, por lo general, más progresista que las políticas públicas llevadas a cabo por la clase política gobernante. La distancia entre gobernantes y gobernados es enorme en España. La democracia en este sistema llamado representativo se limita a votar cada cuatro años dentro de un contexto sesgado en el que el voto útil y las leyes electorales reproducen un bipartidismo que se considera por la población gobernada como insuficiente y conservador, pues limita las posibilidades de participación en el proceso de decisión. Este conservadurismo explica el enorme retraso social de España (con uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la UE-15) y su inhabilidad de admitir que el Estado español es un Estado plurinacional. Estos grandes déficits democráticos se han acentuado con las crisis financieras y económicas actuales, donde las enormes limitaciones de la democracia española aparecen con toda intensidad. La crisis de legitimidad del sistema político hoy existente en España es enorme.
¿Qué puede hacerse?
La mayor causa de esta crisis de legitimidad es la amplia percepción de que el Estado español (sea central o autonómico) no está realizando las políticas que la mayoría de la ciudadanía desea. De ahí el amplio apoyo al eslogan del 15-M de que “no nos representan”. ¿Qué puede hacerse ante esta realidad?
Una medida muy urgente es romper con el fatalismo que parece haberse adueñado de amplios sectores de la población de que no hay nada que pueda hacerse para cambiar tales políticas. El abusivo control de los medios de mayor difusión del país (controlados por la estructura del poder, y muy en especial del financiero) hace que el mensaje procedente del establishment de que “no hay alternativas”, esté calando en la percepción popular. A esta percepción está contribuyendo el mensaje extendido en algunos sectores de las izquierdas radicales de que, a no ser que todo el capitalismo desaparezca y se establezca el socialismo, no hay nada que hacer. Todo lo demás es, como decía una de estas voces, “humanizar el capitalismo”. Y puesto que no se ve que el capitalismo vaya a desaparecer pronto, el mensaje que se transmite es que no hay nada que, mientras tanto, se pueda hacer.
Lo peor de tal postura, sin embargo, es que no entiende como el cambio ocurre. Si el proyecto transformador es ir hacia un proyecto en el que cada persona reciba los recursos según su necesidad, y que éstos se financien según las habilidades y posibilidades de cada persona (lo que solía llamarse socialismo), entonces hay que darse cuenta de que el socialismo se construye y/o destruye cada día en el seno de las sociedades capitalistas. Cuando se crea o refuerza un servicio público de salud universal financiado progresivamente, por ejemplo, se está construyendo el socialismo. Cuando se privatiza su financiación, se está destruyendo. Pues bien, bajo este criterio, e independientemente de cómo se defina el proyecto, hay un enorme potencial de movilización. En realidad, varias encuestas han mostrado que la mayoría de la población en España está de acuerdo con tal principio.
De esta observación deriva la gran importancia de que las fuerzas progresistas utilicen un lenguaje y unos ejemplos de intervenciones públicas con las cuales las clases populares puedan identificarse. Y también es importante referirse a casos concretos dentro y fuera de España de experiencias exitosas (como múltiples ejemplos de cooperativismo, por ejemplo). Hay que mostrar que, en contra de lo que se nos dice, sí que hay alternativas en cada caso y en cada momento. Adoptar posturas totalizantes indicando que los cambios no son posibles a no ser que haya un cambio total del sistema (el fin del capitalismo) es paralizante. No es por casualidad que tales propuestas aparezcan entre intelectuales académicos que tienen sus necesidades inmediatas cubiertas. Las personas con necesidades exigen, con razón, que se les resuelva su problema, no en un futuro lejano, sino ahora. Y las izquierdas tienen que darles una solución ahora, y no sólo en el futuro.
La necesidad de un movimiento político
Hoy la sociedad civil está enormemente agitada. Pero las derechas continúan fuertes, y las izquierdas débiles. ¿Por qué? Una de las razones es la excesiva centralidad de la vida política en la lucha parlamentaria dentro de las instituciones del Estado donde dominan las fuerzas conservadoras. Se necesita que la riqueza de acciones reivindicativas se traduzca en un movimiento político, que no tiene porqué significar un nuevo partido político. En realidad, ya hay demasiados partidos políticos de izquierda. Las izquierdas están atomizadas en España. Lo que se necesita es una movilización de protesta y de promoción de propuestas factibles y reales para cada uno de los problemas que la ciudadanía presenta. La PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) es un ejemplo de ello. Hay que cambiar el centro de la actividad política, sin sustituirla. Es necesario crear la presión para que los partidos realicen lo que la ciudadanía desea, presión que debe ser continua y no limitarse a la esfera legislativa. El movimiento 15-M es un buen ejemplo de ello. Ha tenido un enorme impacto en cambiar la temática y narrativa política del país .
Este movimiento político debería ser la coalición de fuerzas y movimientos sociales, incluyendo también sindicatos e incluso miembros y simpatizantes de los partidos políticos (aún cuando éstos, los partidos políticos, no deberían ni instrumentalizar ni liderar tal movimiento político). Y la movilización debería crear un programa real, factible (que, por definición, la estructura de poder definirá como “utópico”, es decir, irrealizable), siendo responsabilidad de tal movimiento documentar y mostrar que sí, que es realizable. Por ejemplo, tiene que mostrarse que es factible, incluso hoy, en la situación actual, crear agencias públicas de crédito que lo ofrezcan a bajos intereses a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, o que es factible garantizar la vivienda en un país con cuatro millones de viviendas vacías, y así un largo etcétera.
Este movimiento debería ser político, es decir, debería presionar para cambiar el sistema político (desde los aparatos del Estado hasta los propios partidos políticos) para hacerlo auténticamente democrático, con unas leyes electorales proporcionales, con una representatividad mayor y no única, complementada y en ocasiones sustituida por otras formas de democracia que incluyan desde referéndums vinculantes a fórums asamblearios de decisión. Y con cambios de los sistemas de información públicos y privados, condicionando la utilización de un recurso público (las ondas radiotelevisivas en el aire) a su diversidad ideológica, puesto que la escasez de tal diversidad es uno de los mayores problemas que tiene la democracia española.
Ni que decir tiene que existirá una enorme resistencia a estos cambios. Pero estos cambios son posibles. Y la propia experiencia española así lo muestra. El problema de la Primera Transición es que los partidos de izquierda abandonaron la movilización popular (en realidad, la desmovilizaron), adaptándose rápidamente a las instituciones del Estado dominadas por las fuerzas conservadoras. Pero hay que ser conscientes de que lo que forzó el fin de la dictadura fueron las movilizaciones populares, lideradas por el movimiento obrero. Y la estructura de poder favoreció su desmovilización dando excesivo protagonismo a los partidos, y dentro de ellos a las élites gobernantes de tales partidos. Esta Segunda Transición no debería caer en el mismo problema. Los partidos políticos son importantes y fundamentales en una democracia. Pero su función (muy acentuada en los partidos auténticamente democráticos y progresistas) es la de transmitir en el lenguaje legislativo lo que exija el movimiento político avalado por la participación popular, en lugar de ser instrumentos de poderes fácticos (tanto religiosos como financieros y económicos) que violan y corrompen el proceso democrático.
Por ello seria aconsejable que se establecieran asambleas en las que se denunciaran las enormes limitaciones de la democracia existente en España y en sus CCAA, con presentación de alternativas factibles y reales que, sin lugar a dudas, crearan una enorme resistencia, hostilidad y represión, como está ocurriendo ya. Pero los jóvenes de todas las edades tienen que ser conscientes de que son los herederos de las movilizaciones de las generaciones anteriores que consiguieron establecer y expandir los derechos políticos, sociales y laborales que ahora nos están sustrayendo.
Este movimiento debería ser muy amplio, abarcando un gran abanico de sensibilidades políticas y sociales, que tuviera como objetivo realizar una segunda Transición que nos llevara de una democracia tan incompleta y de un bienestar tan insuficiente como existe hoy en España a una democracia más desarrollada, que tuviera componentes de representatividad (basada en la proporcionalidad), así como componentes de democracia directa, como referéndums vinculantes (incluyendo derechos a decidir a nivel estatal central, autonómico y local), y formas asamblearias de decisión, expuestas a un amplio abanico de medios de información abierto a todas las sensibilidades. Tal democracia facilitaría la resolución de los enormes problemas sociales y económicos que la mayoría de la población experimenta, pues tales problemas –por difícil que parezca- son de fácil solución científica, aunque de imposible resolución dentro de las estructuras políticas hoy existentes. Así de claro.
Pablo Bustinduy
Filósofo
Ilustración Ramón Rodríguez
“Un cuerpo ciudadano inclusivo pero esencialmente pasivo, en el que caben tanto la élite
como la multitud, pero cuya ciudadanía tiene un horizonte limitado”
Ellen Meiksins Wood, “La democracia contra el capitalismo”
1. En la antigua Grecia, la libertad (eleutheria) quería decir: ser libre de servir. Ciudadano es aquel que no tiene señor y no le debe nada a nadie, quien no debe sudar para que otro le arrebate el fruto de su tiempo y de su esfuerzo. Por debajo, claro, estaba el cuerpo de los esclavos; por detrás el de mujeres y extranjeros. En el centro de la plaza, sin embargo, la presencia del demos era escandalosa: su gobierno no estaba basado en el linaje, la riqueza, la inteligencia o la aptitud, sino en la socialización de las decisiones y de la razón política, en el poder común de la gente libre. Por eso la mayor parte de los cargos políticos se sorteaban al azar, y las principales discusiones se sometían al griterío de la asamblea: porque quien no trabaja para un tirano tampoco se encomienda a él para que decida en su lugar.
2. En las democracias modernas, el “gobierno del pueblo” se convierte en el gobierno de sus representantes, y el pueblo en una ficción por la que la igualdad consiste en que el voto de un oligarca y el de un obrero valgan exactamente lo mismo. Todo lo que los separa -su trabajo, sus ingresos y relaciones, el poder que ejercen o que se ejerce sobre ellos- desaparece por arte de magia de la escena política. En la democracia capitalista, el demos es una superficie lisa, homogénea, fría, donde la vida social no deja marca alguna y todos tienen el mismo derecho a no hacer (casi) nunca (casi) nada. Pero los griegos ya decían que toda ciudad tiene dentro otras dos ciudades, que no todos viven en las mismas condiciones ni tienen las mismas posibilidades. Por eso el pueblo es a la vez el nombre de las clases bajas y de todo el cuerpo social: porque ese cuerpo está quebrado por dentro.
3. En el parlamento, la democracia entra en un lugar cerrado que pretende tener el monopolio de lo legal y lo legítimo (no es casualidad que los parlamentos del Sur de Europa estén blindados: esa es en última instancia la porosidad de la “esfera política”). La ficción representativa despolitiza por principio todo lo que queda fuera de ella. Por eso los escraches son “nazismo puro” y el millón de firmas del referéndum de la sanidad, una “parodia”. Del otro lado de esa frontera, sin embargo, hay cada vez más gente a la que ya no le quedan razones para mantener el pacto social. Es un bloque histórico (en el sentido casi tectónico de placas de ruptura, de un continente que busca darse su propia forma) en crecimiento y más consistente de lo que se deja pensar. La paradoja es que cuanta más presión hace contra el límite, más se acerca a su propia frontera, a sus propios momentos de desborde y definición.
4. En un comentario sobre las lecciones de la revolución, Trotsky dice que en ese tipo de situación suelen surgir dos actitudes que obligan a retroceder en lugar de saltar adelante. El primero no encuentra a su alrededor más que defectos, dificultades e imposibles para el movimiento; el segundo solo ve un obstáculo cuando ya se ha abierto la cabeza contra él. Uno ve montañas por todas partes; el otro está convencido de que el “océano le llega por las rodillas”. Spinoza decía que la esperanza y el miedo son dos versiones simétricas de una misma parálisis, de una misma incapacidad de actuar. Probablemente, encontrar el punto medio entre esos dos extremos sea hoy una premisa para el problema de la organización.
5. La situación se ha vuelto cada vez más impredecible. La unidad del demos, de la que tanto se habla, nunca viene dada de antemano: es un proceso dialéctico, contradictorio, que avanza inutilizando límites, haciendo fuerza contra ellos, volviéndolos inservibles. Gilles Dauvé y Karl Nesic escriben en Más allá de la democracia:
“En Petrogrado, en 1917 y con 90.000 empleados (hombres y mujeres) del textil ya en huelga, uno de los detonantes de la revolución fue una manifestación de mujeres que, el día 23 de febrero, se hartaron de hacer cola delante de las panaderías y decidieron plantarse frente a la sede de la Duma municipal para exigir pan (…) Por el camino detuvieron los tranvías y se pararon frente a las puertas de fábricas y oficinas, incitando generalmente con éxito a parar el trabajo. Es un ejemplo de cómo lograr que se entremezclen las categorías “domésticas” y “obreras”, el lugar de trabajo y el espacio fuera de él, la ocupación de la empresa y de la calle; es crear un umbral a partir del cual todo puede ponerse en discusión. A una escala más modesta, apenas se entreabre una brecha en la realidad puede surgir ese “desorden fraternal” (Babeuf), productor de una comunidad de lucha. En Rouen, en mayo de 1968 y tras haber sido invitados a parar el trabajo, los empleados de una calle comercial se ponen a debatir a pie de calle; se suma todo viandante que lo desea, sin que nadie les pregunte quiénes son ni en nombre de quién hablan. Las fronteras solo rigen mientras rigen las rutinas.”
Los procesos pueden darse a muchos niveles y con distintas lógicas: lo esencial es acumular fuerzas en el instante en que se cruzan las trayectorias, cuando se puede desbordar las fronteras y poner las cosas en discusión.
Víctor Sampedro
Catedrático de comunicación política. URJC.
En sus dos años de existencia el 15M ha logrado expresar y mantener el conflicto de la mayoría social contra los ajustes de la crisis económica. En segundo lugar y en paralelo, ha profundizado otra crisis, la institucional, acelerando la descomposición del régimen de 1978. En tercer lugar, el 15M impulsa un consenso emergente tras haber socializado nuevas herramientas de expresión y participación ciudadanas.
Cada una de estas afirmaciones encierra bastante enjundia y para percibirla es preciso distanciarse del devenir inmediato. Empecemos comparando el 15M con los movimientos gemelos de otras naciones occidentales. Al contrario que sus compañeros anglosajones, los indignados españoles han mantenido el apoyo mayoritario de la población, tanto en simpatías como en respaldo a unas tácticas no-violentas pero de manifiesta radicalidad. En apenas unos meses, el apoyo hacia los indignados estadounidenses se redujo en la mitad, estancándose en apenas el 15% de la población[1]. Sin embargo, en abril de 2013 tres de cada cuatro votantes españoles (75,9 %) aprobaban las manifestaciones promovidas por el 15M. Lo que suponía diez puntos más respecto a otro estudio realizado en junio del año pasado. Además, uno de cada cinco ciudadanos (19,5%) aseguraba haber participado en los actos o manifestaciones[2].
Se ha generado un espacio de contestación, un “clima” (A. Fernández-Savater), una “atmósfera” (S. Alba Rico) que abarca un perímetro enorme de activistas y ciudadanos muy diversos, hasta ahora desmovilizados. Tan grande es esa capacidad de (auto)convocatoria que llegan a definirse como el 99%. El resto de movimientos occidentales tienen problemas para reclamar esa bandera. Pero el 15M puede enarbolarla sin complejos, aunque los términos meteorológicos a veces resulten demasiado nebulosos. De todos modos manifiesta que la crisis económica se solapa con otra de legitimidad institucional. Cuando el 23 de febrero de este año los manifestantes del PP se unieron al 15M en las calles, “escandalizados” por los sobres de financiación ilegal de “su” partido y las evidencias del juicio al cuñado del Rey, la delegada del Gobierno en Madrid felicitó por televisión a los manifestantes. Les reconocía, por primera vez, como ciudadanos indignados e intentaba distinguirlos de aquellos “violentos” contra los que dirigía sus policías al final de la manifestación. Algo se rompió entonces en términos de imaginario político. Un espejo hizo crac, que cantaría Nacho Vegas.
En términos domésticos, el 15M supone una impugnación de plano y una innovación radical de la cultura política española. La CT o Cultura de la Transición (Guillem Martínez) se definiría por la negación del conflicto; siempre tachado como indeseable en aras del consenso. Pero el 15M evidencia que esa CT sigue bien viva, argumentada por unas elites que se han ido de rositas y que continúan entregadas a una guerra de baja intensidad. No son algo del pasado. Marginan y silencian a los quincemayistas, estigmatizan y combaten a una “ciudadanía de alta intensidad” (N. García Canclini). Su intensidad reside en exigir transparencia a unas instituciones que han acabado bunkerizadas. Su batalla no es otra que la de participar en el debate y la toma de decisiones colectivas, sin haber pedido permiso previo y reclamando más voz que un silencioso y amedrentado voto cada cuatro años. Demandas que, en fin, resultan del todo lógicas y esperables en quienes desde las mentiras de Atocha de 2004 han demostrado capacidad de expresarse y auto-convocarse con medios digitales propios.
Sí, el 15M es conflicto que (re)genera un tejido social que ha ayudado a (re)politizar. Por una parte, ha introducido el lenguaje y las demandas que las nuevas generaciones han forjado, casi abandonadas a su suerte, en la única esfera pública que escapaba de los bozales institucionales: Internet. Por otra parte, ha recuperado a viejos luchadores y activistas, relegados por el duopolio de facto que hasta ahora ha supuesto la alternancia de los gobiernos del PP y del PSOE. La suma de ambos sectores de militancia y de sus recursos (nuevos lenguajes y herramientas, experiencia y teoría,) ha supuesto la implosión, aún no suficientemente reconocida, del sistema político-informativo de la Transición. Basta comparar las iniciativas periodísticas surgidas en estos dos años y el cambio de discursos partidarios. Políticos y periodistas profesionales han tenido que reconocer al sujeto colectivo que hasta entonces negaban. En el espejo del poder se refleja ya un nuevo personaje, aunque sea de perfil y resulte a veces impreciso.
El 15M ha alcanzado cierta madurez. Las etapas de crecimiento que ha experimentado lo retratan compuesto, primero, por ciudadanos que reclamaban ser considerados como tales. Después, por trabajadores precarios y parados de un Estado de Bienestar que está siendo jibarizado antes de haberse desarrollado. Y ahora, adquiere los rasgos de un actor (o un enjambre) político con valores y propuestas de cambio estructural.
El 15M surgió como una expresión ciudadanista, que paralizó la campaña electoral de los políticos profesionales en mayo de 2011. El abstracto mensaje inicial, “no somos mercancías en manos de banqueros y políticos”, adquirió calado social cuando en el verano y el otoño de 2012 surgieron las mareas sectoriales contra los recortes de los servicios públicos. Recientemente, el 15M ha adquirido un perfil político-electoral. Se lo ha empezado a reconocer cuando, por ejemplo, el barómetro del CIS de abril de 2013 señalaba que el PSOE y el PP juntos apenas sumaban el 25% de la intención directa de voto[3]. A los indignados se les exigió desde el comienzo que formasen candidaturas propias… Y cuantas más mejor, así la dispersión les hará invisibles parlamentariamente. Más sencillo ha resultado minar el consenso bipartidista, romper con el chantaje de “yo o el caos”.
El 15M ha triunfado como generador de un espacio de conflicto acompañándolo de herramientas de intervención política, que ha sabido brindar a toda la sociedad. La política no se reduce ya a una disputa entre dos listas cerradas, pretendidamente diferentes, más allá de la marca electoral y el pesebre clientelar al que atienden. Se trata de un conflicto inclusivo, que practica “la política del y” (A. Calle) y que reclama “la democracia del futuro” (P. Ibarra) y “del común” (J. Subirats). Su estrategia resulta modulable, siempre abierta a la negociación, e impulsada con retórica y formatos radicales. Puro conflicto y más democrático, si cabe, que el que el falso y excluyente antagonismo que han venido practicando los dos grandes partidos. De hecho, tanto se han despreciado entre ellos y a nuestra inteligencia que hemos acabando menospreciándolos.
Tras el 15 de septiembre de 2012, con la convocatoria a rodear el Congreso de los Diputados, los indignados se mudaron de la Puerta del Sol a la Plaza de Neptuno, situada más cerca de las Cortes. El 15M se demostró entonces capaz de reconducir la convocatoria de “tomar” el Congreso para, en lugar de eso, “rescatarlo” y “abrazarlo”. Rebajó, por tanto, la retórica insurreccional y la reemplazó por otra trasladable a otras luchas como fueron “los abrazos” multitudinarios a las escuelas y a los hospitales amenazados por los recortes. Cuando el 25 de abril de 2013 ciertos grupos apostaron por “asaltar el Congreso” no fueron secundados (tampoco estigmatizados) por el 15M. Se confirmó así el carácter propositivo y negociador del conflicto que promueve. Algo reafirmado cuando se canalizó después a la Iniciativa de Legislación Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca: lobby parlamentario completado con los escraches. Estos han acabado generalizándose a otros frentes, más allá del inmobiliario, hasta converger en la auto-convocatoria del segundo cumpleaños: “escrache al sistema”.
El ritmo de los cambios, de emergencias y derrumbes, es tal que impide percibir su calado. La auditoría pública de la deuda se ha convertido en propuesta política normalizada para la oposición parlamentaria que se quiera presentar como tal. Los sindicatos han reclamado (con la boca pequeña) referéndums ciudadanos sobre el pago de dicha deuda. Surgen propuestas para iniciar “un proyecto constituyente”, que reemplace el que se rompió, si no antes, con la reforma constitucional de agosto de 2010. Partidos afines a los indignados en el parlamento gallego (Alternativa Galega de Esquerdas) y el catalán (las CUP) invierten la lógica clásica, argumentando que es el 15M quien les representa y no al contrario. Muchos (¿demasiados?) experimentos, partidarios y electorales están en marcha. Pero, más significativo que todo lo anterior y que las absurdas acusaciones de nazismo dirigidas contra el 15M, resultan los piropos que le empiezan a dirigir; ya no IU, sino las juventudes y algunos cargos de los partidos mayoritarios. Al principio resultan groseros: se les nota demasiado las ganas de gustar. Pero irán refinándose, seguro. Señalan la extinción de unos caladeros electorales que hasta ahora se pensaban recuperables con las mismas redes y mismas malas “artes”.
Desmintiendo la acusación de anti-político con el que se le saludó en su nacimiento, el 15M se ha demostrado capaz hasta el momento de (1) frenar la formación de populismos autoritarios y antidemocráticos: ni la ultraderecha ni Mario Conde han avanzado electoralmente, (2) de reconducir las derivas violentas de la protesta y (3) de avanzar nuevas agendas y partidos. De fondo, además, está reconfigurando una cultura y un mapa de juego políticos que se creían inalterables.
Frente a las acusaciones de batasunos, terroristas y nazis – reiteradas en este segundo aniversario – los indignados representan “El retorno de la sociedad civil”. Este era el título de un libro de Víctor Pérez-Díaz, que quizás proyectaba un retrato demasiado complaciente de la Transición. Ahora sí cabe afirmar que asistimos a ese retorno. La sociedad civil que suscribe las tesis y estrategias del 15M resulta más plural e inclusiva que la que invocaba la Transición (véase como se distribuye en género, edades y voto). Aúna voces nuevas con horizontes de emancipación que han roto muchos corsés y cinturones de castidad ideológicos. Rescata viejas militancias, antifranquistas y/o altermundistas, librándolas del desencanto y el nihilismo. Busca un consenso con nuevas bases: el debate horizontal entre iguales. No acepta los silencios obligatorios de/sobre las jerarquías. No reconoce límites, imposiciones de formas y jefaturas de Estado. Tampoco, amnesias inducidas y/o forzosas. Nunca como ahora el Franquismo ha sido tan cuestionado, en su pasado y en su legado. Tanto que la verdadera disputa política no está representada por quienes demandan una Segunda Transición (que prometen sin sonrojo las elites desde hace años) sino por los que creen que segundas partes nunca fueron buenas (menos aún si la primera salió así).
El conjunto de lo antes expuesto supone la emergencia, por fin, del conflicto democrático propio de una esfera pública merecedora de ese nombre. Algo que han debido de aprender a expresar quienes impugnaban la Transición. Y algo que han empezado a reconocer, aunque sea retóricamente, quienes aún se presentan como sus supremos hacedores y guardianes. El 15M se aproxima a su mayoría de edad en su segundo cumpleaños y con toda legitimidad democrática reclama interlocutores (no tanto representantes) que se la reconozcan. No con piropos obscenos, palabras dulces ni palmaditas paternalistas, si no aceptando su entidad social y su autonomía. Ese reconocimiento se antoja obligado y urgente.
La sociedad civil, el tejido social (re)generado, ya no acepta más hipotecas: ni bancarias ni del pasado. Ha sabido, como los hijos al hacerse mayores, generar sus medios de expresión y auto-realización. Los nuevos artefactos comunicativos y políticos, las formas de resistencia laboral y de auto-ayuda, de emprendimiento social y cooperativo, de transparencia y participación que han surgido en estos dos años valen mucho más que los números de manifestantes. Claro está que también son mucho más difíciles de cuantificar.
Todo esto le exigían al 15M – autonomía, propuestas e iniciativas concretas – quienes quisieron estigmatizarlo cuando surgió. Y cada vez que repiten que el 15M se ha desinflado se retratan como padres y madres de la patria caducos. Y las pantallas de plasma desde las que hablan son, en realidad, el espejo de la bruja de Blancanieves. Es la pantalla plana ante el que el poder siempre ha querido comparecer: sin síntoma alguno de envejecimiento, aunque lo verdaderamente plano sea ya el encefalograma de esta democracia. Pero no conviene olvidar que el trípode que siempre ha sostenido dicho espejo han sido “los medios, los sondeos y las urnas”[4]. El espejo de la Bruja se resquebraja. Y como Alicia, el 15M nos habla ya desde el otro lado del espejo.
[1] Ello es cierto tanto en la ciudad de Nueva York [http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2012/may/14/occupy-wall-street-people-power-popularity?newsfeed=true] como en EE.UU. [http://www.pollingreport.com/politics.htm]
[2] http://www.europapress.es/nacional/noticia-mas-mitad-espanoles-favor-15m-presente-elecciones-20130510142959.html
[4] “La reina poseía un espejo que respondía a cuantas preguntas se le formulasen. Como era muy vanidosa, siempre le hacía la misma constante demanda. Siempre el espejo parlante contestaba: ¡Mi Reina, ninguna estrella apaga tu luz brillante, porque tú eres la más bella. Llena de orgullo, la reina volvía a sentarse en su trono.” Víctor Sampedro. 2000. Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y urnas. Madrid, Icaria, p. 12. Disponible aquí.
Augusto Klappenbach
Filósofo y escritor
Desde que comenzaron las protestas organizadas ante la crisis, con la acampada del 15 M en la Puerta del Sol, se insistió en el carácter pacífico de estas manifestaciones. Carácter apenas roto por algunos incidentes aislados, algunos de ellos provocados por las mismas fuerzas del orden público. Este rechazo a la violencia se extendió a todos los movimientos derivados del 15 M, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, incluyendo los escraches, así como a las mareas de diversos colores que recorren periódicamente las calles de la ciudad. Pero ante el progresivo deterioro de la situación comienzan a aparecer algunas voces que reclaman acciones más contundentes y proponen acciones de fuerza destinadas a exigir la renuncia inmediata del Gobierno y la Jefatura del Estado para abrir un proceso constituyente, como buena parte de las recientes convocatorias para “asediar el Congreso”.
El gobierno está sumamente interesado en presentar como acción violenta cualquier movilización popular. El patético intento de calificar de “nazis” los escraches pacíficos a algunos políticos ilustra suficientemente esta estrategia: se podrá discutir su conveniencia, pero compararlos con los salvajes acosos de las SS a los judíos, por ejemplo, revela una indudable mala fe. Y no se trata de una decisión irreflexiva: el gobierno sabe que el verdadero peligro para la política de derechas que defiende no consiste en violentos incidentes aislados de grupos minoritarios sino en el progresivo convencimiento de la mayoría de los ciudadanos de que se está destruyendo un precario estado de bienestar que costó mucho tiempo construir. Y sabe también que esta mayoría no participa ni apoya la quema de contenedores, los ataques a policías ni la destrucción de mobiliario urbano. De modo que meter en el mismo saco las pacíficas movilizaciones populares y los excesos de algunos grupos violentos es la mejor manera de descalificar a las primeras, llamando “anti sistema” o “radicales” justamente a aquellos que intentan salvar el sistema democrático del capitalismo financiero que lo pone en peligro.
Los partidarios de acciones violentas razonan más o menos así: “Ya se ha visto que las acciones pacíficas no consiguen ningún resultado: es necesario enfrentarse a la violencia del sistema con respuestas igualmente violentas si queremos cambiar esta situación”. Por supuesto que la violencia que impone esta crisis es superior a la que pueden producir las algaradas callejeras. Echar de su casa a familias enteras, condenar al paro a millones de trabajadores o quitar la atención médica a miles de inmigrantes son acciones mucho más graves que incidentes callejeros que se saldan con algunos contusionados. Pero la pregunta necesaria consiste en saber si estas acciones violentas ayudan a reaccionar contra esta situación o más bien contribuyen a perpetuarla. Sería un error limitarse a legitimar esa violencia por el estado de ánimo de quienes la ejercen, aun cuando esa indignación esté más que justificada: las emociones irracionales son explicables pero no suelen producir resultados duraderos.
Creo que el recurso a la violencia dificulta la incorporación de muchas personas a estas movilizaciones crecientes a las que estamos asistiendo en los últimos tiempos. Y la única esperanza para detener un proceso que se está llevando por delante las conquistas que se han conseguido en los últimos sesenta años, consiste en que se generalice, en España y en toda Europa, un estado de opinión que exija a los políticos tener en cuenta la opinión de la gente y no solo sus propios intereses. La originalidad del movimiento 15 M y los que le han seguido consistió en su capacidad para convocar a sectores muy distintos de la sociedad, tanto desde un punto de vista político como social y generacional. Resulta sintomático que uno de sus promotores haya sido un anciano francés de más de noventa años. Y si bien es cierto que no son muchos los resultados que se han conseguido desde entonces, también lo es que estos movimientos no han sido inútiles. Se han evitado cientos de desahucios, se ha paralizado el desmantelamiento de algún hospital y varios ambulatorios, se ha logrado mantener la financiación de más de un servicio social. En cualquier caso, más de lo que se hubiera conseguido con alguna esporádica acción violenta. Y lo más importante: está creciendo entre muchos sectores tradicionalmente despolitizados la conciencia de que se nos está imponiendo un modelo de sociedad sin consultarnos y que la intervención de la gente es capaz de detener al menos algunas de sus consecuencias. La historia dirá si esto es suficiente, pero no cabe duda de que es necesario.
Las acciones violentas, por el contrario, llevan este conflicto al campo que le interesa al adversario. Hemos tenido tiempo para constatar que las vanguardias que pretenden radicalizarse separándose de la gente común terminan, en el mejor de los casos, siendo inoperantes, y en el peor, añadiendo a esa inoperancia algún hueso roto. Pero si se siguen aplicando recetas que profundizan la exclusión de millones de personas y se extiende la situación de miseria que ya están sufriendo muchas familias, puede llegar el momento en que estas reflexiones resulten ociosas y las acciones violentas no sean ya el producto de una opción estratégica sino la respuesta a una provocación de consecuencias imprevisibles. Y entonces será tarde para una reflexión serena y habrá que pedir responsabilidades a quienes realmente la tienen.
SANDRA EZQUERRA
Profesora de sociología de la Universitat de Vic (@SEzquerra)
Son días de celebraciones, aniversarios y análisis. Hace poco menos de dos años irrumpía en el tablero político, social y mediático el fenómeno que hemos venido a reconocer como movimiento 15M. Decenas de miles de personas salían a la calle el 15 de mayo de 2011 en todos los rincones del Estado español para denunciar que no eran “mercancía en manos de políticos y banqueros”. Los días, las semanas, los meses que siguieron estuvieron llenos de grandes sorpresas: ocupaciones de plazas, asambleas ciudadanas multitudinarias, actos masivos de desobediencia y mucho más.
El 15M ha sido el movimiento sociopolítico más relevante desde la Transición, y no sólo por su carácter masivo o por las amplias simpatías que ha generado entre la ciudadanía (hazañas nada despreciables, por otro lado), sino porque con su despertar marcó un punto de inflexión en las formas en qué la población responde tanto a la crisis del capitalismo como a las medidas impuestas por los gobiernos y los organismos internacionales ante ella. Por supuesto que la resignación y la desesperanza siguen ahogando la capacidad de actuar de millones de personas, pero el gran mérito del 15M ha sido y es la capacidad de haber sacado a la calle a los y las que llevaban tres años contemplando desde la ventana el descalabro social y económico en el que nos hallamos inmersos; su gran éxito ha sido su habilidad de crear espacios simbólicos, físicos y virtuales que han permitido forjar una nueva generación de activistas, pensadoras críticas y políticos profanos. El 15M ha abierto una brecha en la estrecha concepción de la política como el arte de gobernar y los quehaceres de los políticos profesionales (de la cual queda excluida la ciudadanía) a favor de la Política como un terreno de juego cotidiano donde se producen y combaten desigualdades, injusticias y sufrimientos, y en el que todos y todas podemos y debemos participar.
Dos años después de su irrupción, sin embargo, no podemos dar la crisis por acabada ni podemos afirmar que el movimiento haya conseguido derrumbar al sistema político-económico. En realidad, sus victorias concretas han sido escasas: se han parado numerosos desahucios, sí; se han multiplicado las manifestaciones y protestas; se ha participado en tres huelgas generales y numerosas sectoriales; se han ocupado edificios para garantizar vivienda a familias que la habían perdido. Pero el paro ha seguido creciendo, la banca sigue siendo la única beneficiaria de los “rescates”, la represión policial se ha disparado y las medidas económicas de los gobiernos cada vez son más brutales.
Sin abandonarlos, el movimiento ha alterado a su vez su presencia en las calles, las plazas y el espacio público. La masividad ha dado paso a frentes diversos y se ha profundizado la sectorialización de las luchas: las múltiples mareas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los colectivos feministas, entre muchos otros, se han puesto a la cabeza de las reivindicaciones contra la privatización de los servicios públicos, los desahucios o los graves ataques del Partido Popular contra la libertad de las mujeres de decidir sobre nuestros cuerpos.
Por otro lado, la dificultad de lograr conquistas tangibles, así como la creciente implacabilidad de los recortes y erosión de derechos sociales, ha hecho que cada vez sean más las voces sobre la necesidad de conjurar el desencanto y articular la rabia de forma política. En sus inicios el 15M se caracterizó por una mayoritaria animadversión hacia los partidos, las organizaciones sindicales y cualquier tipo de vinculación con las instituciones. Sin embargo, existe ahora un creciente consenso en su seno de que las batallas en las calles, aunque imprescindibles, presentan serios límites. Se abren de esta manera nuevos horizontes y posibilidades de contienda que, lejos de contradecir a los ya existentes, pueden complementarlos y fortalecerlos.
El 15M no puede ni debe convertirse en un partido político, pero sí trasladar la enorme fuerza y legitimidad que ha obtenido en las plazas a espacios de convergencia que supongan un cuestionamiento real y efectivo de las políticas antisociales que venimos sufriendo. Hace dos años los poderes políticos y mediáticos criminalizaban al movimiento por asediar el Parlament de Catalunya y más recientemente por rodear el Congreso. Desde entonces, paradójicamente, una fuerza política rupturista como la CUP-Alternativa d’Esquerres ha entrado en el Parlament catalán con tres diputados y lo ha hecho en gran parte gracias al apoyo de miles de indignadas e indignados. En Catalunya, la propuesta de Procés Constituent de Teresa Forcades y Arcadi Oliveres cobra impulso y en otros lugares del Estado español afloran iniciativas similares como Alternativas desde Abajo. Cada vez es menos descartable que, con el apoyo de una amplia mayoría social, la Política invada la política.
El 15M celebra estos días su segundo aniversario y, lejos de haberse evaporado su atractivo y razón de ser, nos recuerda que han sido dos años de debate, de pruebas, de errores, de aprendizajes y de maduración. La crisis sigue apretando, ahogando, demasiado. Estoy segura, sin embargo, de que aquellos y aquellas que hace dos años dejaron de mirar por la ventana y salieron a la plaza tienen, todavía, mucho que decir.
Víctor Sampedro
Catedrático de Comunicación Política de la URJC
Elvira Mendez Pinedo
Catedrática de Derecho de la Universidad de Islandia, autora de La Revolución de los vikingos.
Tras las elecciones del 27 de abril, la prensa internacional ha dictado que los islandeses olvidaron su revolución y devolvieron el poder al centro-derecha que les llevó a la bancarrota. La supuesta revolución vikinga ni siquiera habría tenido tiempo de devorar a sus hijos; ni estos, por supuesto, de matar al padre. Indignados del mundo y quincemayistas españoles se preguntan perplejos ¿qué ha ocurrido?, ¿la historia retrocede?
La lectura interesada de los resultados electorales y concebir la historia de forma lineal impiden ver Islandia como el laboratorio donde se intenta fraguar un cambio estructural de gran calado. Este será (siempre ha sido) un proceso de idas y venidas, avances y retrocesos. No en vano se trata de deconstruir una Islandia vieja, que no acaba de morir, y de avanzar una Islandia nueva: una democracia del siglo XXI marcada por la transparencia, la rendición de cuentas y la participación. Donde leen Islandia, pueden escribir el nombre de cualquier comunidad de 300.000 personas que sufran en sus carnes el fraude llamado crisis. De ahí la importancia de las falsedades y los silencios que pesan sobre la (r)evolución islandesa.
Veamos los resultados electorales: el porcentaje de votos, la variación sobre las elecciones de 2009 y los escaños obtenidos.
Partido Independentista: 26.7% (sube un 3%), 19 escaños
Partido Progresista: 24.4 % (sube 9.6%), 19 escaños
Alianza Social Demócrata: 12.9% (baja 16.9%), 9 escaños
Movimiento Izquierda Verde: 10.9% (baja 10.8%), 7 escaños
Futuro Brillante: 8.2% (nuevo partido), 6 escaños
Partido Pirata: 5.1% (nuevo partido), 3 escaños
La oposición islandesa, los dos partidos de centro-derecha más votados, subieron un 12.6% recabando el 51% de los votos. La coalición socialdemócrata y verde, que llegó al poder en 2009, perdió un 27.7% de los votos. En consecuencia, el centro-derecha gobernará con mayoría parlamentaria, aunque escasa (38 diputados sobre 63). Para algunos estos números bastan para afirmar que Islandia vuelve al pasado. Unos quieren confirmar que solo existe una salida ortodoxa a la crisis. Cultivan así el nihilismo que alimenta el cinismo de los políticos y la resignación popular. Otros, aprovechan para criticar la impotencia de las (r)evoluciones en curso en otros lugares del mundo y se refugian en la nostalgia de asaltar los palacios de invierno.
Pero como recoge el Icelandic Review, estas elecciones han sido históricas y más novedosas de lo que se quiere reconocer. La victoria de la vieja Islandia es una simplificación. El Partido Independentista, que lideró Islandia durante el s. XX, fue el más votado. Cierto, pero este es el peor resultado de su historia, exceptuando cuando fue expulsado del poder en 2009. Es, sin embargo, el Partido Progresista el que se lleva la máxima victoria desde 1979. Y lo hace por su campaña ayudada por la victoria ante el Tribunal de la EFTA por la disputa del banco quebrado Icesave y por sus promesas de reestructurar la deuda privada. Dos importantes novedades en su agenda. Por otra parte, nunca antes nadie había sufrido una pérdida de votos tan acusada como la de la Alianza Social Demócrata. Nunca la participación ciudadana en unas elecciones generales había sido tan baja (81.4%). Y, sobre todo, nunca había sucedido que los cuatro partidos tradicionales y mayoritarios obtuvieran solo un 74.8% de los votos, enfrentándose a 11 nuevos partidos. Gracias a un 13,3% llegan al Parlamento dos nuevas formaciones: Futuro Brillante (ligado al Mejor Partido que rige la alcaldía de Reykjavík por una gran mayoría) y el Partido Pirata (el primero que entra en un parlamento estatal). Un 12% de votos dispersos no consiguieron representación parlamentaria y un 2.2% fueron en blanco.
Las elecciones, por tanto, no implican precisamente una vuelta al (mismo) centro-derecha, aunque conduzca a un gobierno de coalición de ese signo. Islandia retiró la confianza a un gobierno reformista que incumplió mandatos ciudadanos claros. Le ha dado la victoria, sobre todo, a un Partido Progresista con una agenda renovada. Y ha apostado por partidos emergentes: formaciones que consiguen representación parlamentaria reclamando cambios de enorme calado y con prácticas políticas innovadoras.
¿Por qué se derrumba el Gobierno socialdemócrata y de izquierda?
Colaboró con el FMI para recuperar el crecimiento económico y el margen de maniobra. Protegió a los más vulnerables y consolidó el presupuesto con aumento fiscal. Pero dos incumplimientos les han pasado factura: su apuesta por la negociación diplomática en el conflicto Icesave y su impotencia para cancelar y renegociar la deuda. A esto se añade la renuncia a impulsar la primera wikiconstitución redactada por la ciudadanía. Ignoraron, en suma, las demandas democráticas y legítimas de la ciudadanía que decían representar. En lo inmediato y material, nos referimos a Icesave y a la deuda privada. En las aspiraciones de regeneración democrática, al proceso constituyente iniciado desde abajo.
En dos plebiscitos (2010 y 2011) el 93% y el 60% de los ciudadanos rechazaron los acuerdos del Gobierno y el Parlamento para convertir la deuda privada de los bancos y, en especial, la de Icesave en deuda soberana. No existía obligación jurídica europea o internacional para ello, tal como dictaminó el Tribunal de la EFTA en enero de 2013. Y para muchos islandeses, la elite política que les había permitido hablar directamente en los referéndums traicionó su mandato.
Además el Ejecutivo salido de “la revolución de las cacerolas” no abordó la incorrecta estimación de la deuda que abruma a numerosas familias y pequeñas empresas tras el colapso financiero. Su lista de acciones y omisiones es larga y dolorosa. El Gobierno ignoró protestas masivas, minimizó con datos sesgados el problema, adoptó una ley (declarada parcialmente inconstitucional) contra quienes tomaron préstamos indexados a divisas extranjeras y aprobó una legislación de mínimos que fue desactivada por el sector financiero. Esto afecta también a los fondos de pensiones y permite la discriminación arbitraria según el banco con el que se trate. Por último, se ignoró la iniciativa legislativa popular de un 20% del electorado para acabar con la indexación de los préstamos a la inflación.
El nuevo líder de los socialdemócratas, Arni Páll, fue tachado frecuentemente en Internet como “el enemigo público no1 de Islandia”. Traicionó a los deudores atrapados en una legislación favorable a los bancos y que fue impugnada ante la Comisión Europea, la EFTA y el Parlamento Europeo. Traicionó la reforma constitucional prometida por la Primera Ministra y ahora aparcada sine die, tras el referéndum de apoyo mayoritario de octubre de 2012. El electorado se ha decantado, por tanto, por la necesidad más pragmática: solventar sus problemas económicos. El Movimiento Ciudadano y Alerta Democrática – que situaron la reforma constitucional como máxima prioridad – no obtuvieron escaños. Pero en alianza electoral habrían superado el 5%. La división de fuerzas en un sistema electoral, no reformado y con ese umbral mínimo de representación parlamentaria, es un aviso para navegantes de otros mares.
¿Por qué se otorga confianza al Partido Progresista?
Apoyado en un discurso resistencialista en la disputa de Icesave y con la suerte de una sentencia europea favorable, este partido ha avanzado prometiendo que reestructurará la deuda privada, ayudando a los hogares y emprendedores, y comprometiéndose a ilegalizar la indexación de los préstamos a la inflación. Por la magia de la configuración y estructuración de los créditos, unas cuantas generaciones de islandeses se ven atrapados en una prisión económica de por vida. Este partido de centro renace de sus cenizas, se regenera y promete solucionar los problemas sin crear déficit público, buscando que sean los fondos de inversiones los que sufraguen vía impuestos una medida excepcional. El Partido Progresista ha prometido que quienes recompraron los bancos de Islandia a precio de saldo (y ahora obtienen pingües beneficios por la indexación de los préstamos) contribuyan al bien común aliviando las circunstancias brutales de los endeudados desde 2008. Una de las propuestas más interesantes de este partido ha sido soslayada. Se trata reformar el sistema financiero y monetario tal y como postulan economistas críticos como Stiglitz y otros allegados al FMI. Apuestan por soluciones radicales: aumentar el control público del sector, separar la banca clásica y la de inversión, regular la creación de dinero-deuda privada, e impedir el uso de los depósitos bancarios para inversiones de riesgo que amenazan la estabilidad del sistema financiero. Ante esta agenda electoral y quizás de gobierno, ¿cabe seguir afirmando un retroceso, una vuelta a lo de siempre?
Quo vadis Islandia?
No está tan claro que Islandia vuelva a lo peor de su pasado. La población ha perdido la inocencia tras la crisis y casi la mitad (49%) no votó a los dos partidos de centro-derecha. Los nuevos partidos podrían ejercer de bisagra, manteniendo viva la senda (r)evolucionaria de la interesantísima ley de libertad máxima de medios e información (IMMI) y “la constitución del pueblo”. Junto a socialdemócratas y verdes-comunistas puede surgir una oposición crítica en el Parlamento, pero la partida de la legitimidad se jugará en la calle. Las reformas emprendidas en Islandia son de largo alcance y algunas no permiten marcha atrás. Un ejemplo: tras las elecciones, el 1 de Mayo desfilaron por Reykjavik miles de ciudadanos. Una “marea” roja celebraba el día del trabajador y otra verde exigía la protección ambiental, frente a los nuevos proyectos de explotación hídrica y fábricas de aluminio. “Garanticemos un desarrollo económico social y sostenible”, este es el mensaje lanzado al nuevo Gobierno. Recordemos que el 82% de los votantes del proyecto constitucional refrendaron que los recursos naturales no sujetos a derechos de propiedad privada (como recursos pesqueros) fuesen bienes comunes, propiedad de la nación.
Respecto a la restructuración de la deuda, se abre un nuevo frente apasionante de ser seguido. ¿Estamos ante un nuevo populismo islandés asentado en falsas promesas electorales? ¿Es un brindis al sol o legislarán para los ciudadanos y no para los bancos? ¿Gobernarán para los suyos, ayudando a sus más allegados, como se le acusa de haber hecho en el pasado? ¿O gobernarán para todos como han prometido en campaña? ¿Y con qué resultados económicos?
El desencaje entre la democracia representativa y la directa, expresada en referéndums, la protesta en la calle y la participación digital. La urgencia de que los partidos con opción a gobernar incorporen agendas en verdad transformadoras y de que se consoliden bloques electorales que las radicalicen. La necesidad de crear entidades políticas conectadas a la calle y a la red, y de que la ciudadanía siga presionando desde ambas esferas. algun esferas.sn su segundo aniversario.tuir bloques de progreso.Estas son, a nuestro entender, algunas lecciones del “laboratorio islandés”. Allí se siguen ensayando cambios estructurales de largo aliento. Pero a la ciudadanía solo se le brinda la potestad de emitir un voto cada cuatro años para hacerlo avanzar. Quizás la líder del Partido Pirata, la diputada Birgitta Jónsdóttir, acierte al afirmar: “Les ha costado veinte años arrebatarnos nuestros derechos y necesitaremos otros tantos para recuperarlos”. Y porque se intenta más que recobrar, redefinir y actualizar esos derechos, otros por aquí señalan que “vamos despacio, porque vamos lejos”. Las elecciones en Islandia no conllevan el fracaso de una (r)evolución muy ambiciosa y compleja, por lo que anhela y por lo que propone. Lo importante es que la ciudadanía que un día despertó siga en vela. Precisamente, el mensaje del 15M en su segundo aniversario.
Carmen Jaulín
Politóloga y socióloga de la educación
El sistema educativo español presenta un rasgo peculiar que le hace diferente al resto de países del entorno: cambios legislativos periódicos con normas de rango superior con las que se identifican simbólicamente los partidos en el poder. El análisis comparado permite advertir que los cambios educativos son necesarios porque la educación exige respuestas dinámicas, pero con programas de acción educativa, o normas legislativas eficientes que estabilicen el sistema; no con leyes orgánicas rígidas que los hacen inflexibles ¿Cuánto cuestan las reformas de leyes orgánicas? ¿Cómo en el contexto de radicales recortes del gasto público se puede aprobar una ley sin anticipar su presupuesto o memoria económica a los ciudadanos a los que se reducen nóminas y suben impuestos?
En estos cincuenta últimos años ha habido dos leyes orgánicas sólidas para el sistema educativo que justificaban su rango porque ampliaban la extensión del derecho a la educación: La Ley General de Educación de 1970 y la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990. El resto de leyes orgánicas habrán salido de la buena intención de los titulares, pero han terminado siendo pantomimas que sólo explican la megalomanía y el desconocimiento de ministros y asesores de educación, ante la perplejidad de una sociedad que al pagar impuestos confía en que el Estado le vaya a ayudar a educar a sus hijos, sin embargo y desgraciadamente, las circunstancias son otras. La cruda realidad explota con datos objetivos de un fracaso escolar que duplica la media europea; fracaso que determina la falta de titulación académica y baja cualificación de más de un tercio de la población; descualificación que desarrolla paro estructural; y desempleo que perfila una espiral de miseria insostenible.
La Ley General de Educación de 1970, de Villar Palasí fundamentó la base del sistema educativo de la época ampliando la escolaridad a los 14 años y ofreciendo itinerarios académicos. La formación profesional se hacía reglada, pero marginada en el sistema. Y el curso de COU hacía frente a unas reválidas elitistas que dificultaban el acceso universitario. La ley estaba precedida por las Bases para una Política Educativa (1969), un magnífico texto de análisis con el que Villar Palasí, desde la razón histórica, recogía principios clave de los reformadores institucionistas decimonónicos, haciendo frente a las fuerzas franquistas más extremas. Villar Palasí no pudo aguantar las tensiones y tuvo que abandonar el ministerio antes de promulgar la ley.
El artículo 27 del derecho a la educación, de la Constitución Española de 1978 fue un esfuerzo por articular el disenso de dos posturas antagónicas que estaban destinadas a entenderse, ¡Lástima que no lo hayan podido ver los políticos actuales el caudal de entendimiento que requiere la fortaleza del sistema educativo!, hemos perdido todos. Añadir que la cesión en la redacción de los partidos de izquierda fue un tanto por encima que los de derecha. Por lo tanto, ese artículo no se puede observar como texto sin interpretar el duro proceso y la perspectiva de futuro que tuvieron los constitucionalistas ¿Por qué esa sensibilidad social no se ha podido trasladar con el paso de los años y el avance de las legislaturas? ¿Qué había detrás: intereses, desconocimiento, brutalidad?
La LOGSE ha sido la norma democrática más dilapidada que se pueda advertir en el contexto europeo. Da escalofríos pensar la barbarie de la ceguera cuando se quiere destrozar al contrario. Maravall tenía razones personales, familiares e históricas para forjar una norma de ese calado, le precedían La reforma de la enseñanza (1984) un texto cargado se sentido educativo explicando las razones de los cambios y el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo (1989) un texto de debate social. Lo inexplicable es que el Partido Popular no se implicara en esa ley porque era más conservadora que otra cosa, Maravall pudiendo acercarse a otros modelos del entorno, optó por el modelo inglés como referencia. A mi modesto entender la ley tenía dos características que la van a crecer con el paso del tiempo porque vamos a insistir en ellas: generalizar la educación secundaria a los 16 años; y concretar la educación integral introduciendo la formación profesional en su estructura. Se criticó su comprensividad con desconocimiento absoluto. Bien es cierto que la ley precisaba unos recursos que no tuvimos; y también que nos obligaba a los docentes a trabajar de una manera para la que no estábamos preparados. Escindió a la comunidad educativa, así que la primera patada se la dieron los docentes en contra; la segunda, e importante Rubalcaba con la LOPEG (1995); y la definitiva, un PP cicatero por trincar votos de la España profunda y absolutamente desinteresado por consolidar el sistema educativo.
Así que cuando lo que nos jugamos es el derecho a la educación, la superficialidad de leyes orgánicas centradas en debates como la calidad, la religión, la ciudadanía o la ancestral disputa de lo público-privado es una tremenda irresponsabilidad, mientras el fracaso y el abandono escolar se convierten en rasgo identitario de un sistema ahogado en la vulnerabilidad social. Pero explicar esto haría este relato excesivamente largo. Si minimizar el derecho a la educación incrementa la delincuencia y pobreza ¿por qué no se lo han tomado más en serio los titulares de educación? ¿Qué les ha condicionado?
La marea verde en torno a la enseñanza pública como eslogan es la oportunidad histórica de vigorizar y consolidar el sistema educativo ¿Sabrá aprovechar este gobierno el capital social que contiene?
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Una de las características de la situación a los dos lados del Atlántico Norte ha sido el enorme crecimiento de las desigualdades, con una gran concentración de las rentas y de la propiedad, ligada al gran deterioro de las instituciones democráticas, causado por esta concentración. Las instituciones políticas de los países están muy influenciadas por poderes financieros y económicos y por los sectores con mayor riqueza que configuran las intervenciones públicas que favorecen los intereses de estos poderes y sectores a costa de los intereses de la mayoría de la población.
Esto está creando una pérdida de legitimidad y apoyo popular a las instituciones llamadas representativas, junto con una dilución de la confianza que la ciudadanía tenía en el poder del Estado (dirigido por las autoridades políticas) para garantizar un progreso en el desarrollo económico del país, de tal manera que las generaciones nuevas vivieran mejor que las anteriores. Esta esperanza ha estado desapareciendo. En realidad, grandes sectores de la población, que en algunos países alcanza la mayoría, son conscientes de que “los hijos no vivirán mejor que sus padres”. Tal sentimiento quedó muy bien reflejado en las declaraciones del candidato, más tarde Presidente de Francia, François Hollande, expresadas durante la campaña electoral en aquel país. “Hasta hace poco –dijo Hollande- todos teníamos la convicción de que nuestros hijos tendrían mejores vidas que nosotros. Ya no es así. Esta convicción que respondía a una realidad, está desapareciendo”. Esta situación es paradójica, pues la riqueza de los países (incluyendo Francia) continúa creciendo en la medida que crece su economía, realidad que se ha interrumpido recientemente con la Gran Recesión. Pero esta convicción (y realidad que la sustenta) ya existía antes de la Recesión aunque se ha acentuado todavía más con la crisis actual.
¿Cómo puede ser que la sociedad sea más rica y que en cambio los hijos vivirán peor que sus padres?
La respuesta a esta pregunta es que el crecimiento económico se distribuye muy desigualmente, concentrándose en las rentas superiores, como resultado de las políticas públicas que se han ido aplicando en la mayoría de países del Atlántico Norte. Estas políticas fueron iniciadas por el Presidente Reagan en EEUU y por la Sra. Thatcher en Gran Bretaña, en la década de los ochenta del pasado siglo.
En su artículo “The Rich get Richer. Neo-liberalism and Soaring Inequality in the United States” en la revista de economía estadounidense Challenge (March-April 2013), el autor, Tim Koechlin, detalla la gran concentración de las rentas y de la riqueza en EEUU como consecuencia de la aplicación de estas políticas. En 1979, el 1% de la población con mayores ingresos (los súper ricos) ganaba el 9% de toda la renta estadounidense. En 2007, este porcentaje aumentó a un 24%, el porcentaje más elevado que se haya registrado desde 1920, cuando se inició la Gran Depresión en EEUU.
¿De dónde procede esta concentración de las rentas y de la riqueza? La respuesta radica en la mala distribución de la riqueza creada por el mundo del trabajo. Los datos lo muestran claramente. La productividad del trabajador durante el periodo 1973-2008 prácticamente se duplicó. Es decir, un trabajador producía por hora casi dos veces más en 2008 que lo que producía en 1973. Su salario, sin embargo, creció solo un 10% durante el mismo periodo. Por el contrario, los directivos de las grandes empresas han visto crecer sus ingresos desmesuradamente. Mientras que el CEO (Chief Executive Officer o Consejero Delegado) de una gran empresa ingresaba en 1973 22 veces más que el trabajador medio de su empresa, en 2008 esta relación subió a 231 veces (según Lawrence Mishel, The State of Working America. A report of the Economic Policy Institute. 2012, table 4.33).
Una situación incluso más acentuada ocurre en cuanto a la distribución de aquellos elementos de la propiedad que generan renta (tales como tierras, acciones, bonos, etc.). Entre 1983 y 2010, el 5% de la población con mayor propiedad la vio crecer un 83%, mientras que el 80% de toda la población (la gran mayoría de la ciudadanía) veía descender su propiedad un 3,2%. En consecuencia, el 1% de la población con mayor riqueza, que tenía el 20% de toda la riqueza en 1971, pasó a tener el 35% en 2007. El 10% de los súper ricos en 2007 tenía el 73% de toda la riqueza, mientras que el 40% de las familias (las clases populares) tenían sólo un 4,2% de toda la propiedad. La concentración de la riqueza alcanzaba niveles incluso más exuberantes en algunos tipos de propiedad. Así el 10% de la población tenía el 98,5% de todos los valores financieros (acciones y otros títulos de crédito), mientras que el 90% restante tenía sólo un 1,5%.
La concentración de poder económico y financiero debilita enormemente a la democracia, hasta el punto de eliminarla en muchos países.
Esta enorme concentración de las rentas y de la riqueza dificulta e imposibilita el desarrollo democrático de un país, pues los sectores ricos y súper ricos de la población ejercen una enorme influencia, podría decirse control, sobre los aparatos de sus Estados y sus ramas ejecutivas, legislativas y judiciales. Es más, estos grupos y sectores desarrollan sus propias redes, asociaciones y conferencias (en las cuales son incorporados dirigentes políticos de todas las sensibilidades políticas), promoviendo sus ideologías, que cohesionan y defienden sus intereses, presentándolos como los únicos aceptables o respetables, y sus políticas (que favorecen sus intereses) como las únicas posibles.
Las alianzas de estas élites juegan un papel clave en las realidades políticas. El maridaje entre los súper ricos y ricos, por un lado, y los políticos conservadores y liberales (y de una manera creciente algunos personajes de la socialdemocracia), por el otro, es una constante en los sistemas políticos, fuente de continua corrupción. Hay múltiples ejemplos de ello. La influencia de la familia que gobierna un sistema casi feudal, Qatar, en las instituciones políticas europeas no es menor. El presidente Nicolas Sarkozy dio amplias ventajas fiscales a los intereses de dicha familia, que le subvencionó las campañas electorales y más tarde sus actividades post-presidenciales. Tony Blair es uno de los asesores mejor pagados de J.P. Morgan (y es frecuentemente invitado por fundaciones y grupos de reflexión para dar lecciones sobre el futuro de la socialdemocracia). Y estoy escribiendo estas líneas el mismo día en que el Sr. Giuliano Amato ha sido propuesto como Presidente de Italia por el Partido Democrático de la Izquierda italiana, siendo tal político un asesor bien pagado del Deutsche Bank. En España la lista de Presidentes, Ministros y autoridades políticas de los partidos mayoritarios en España en grandes empresas y sus CEO (Endesa, Telefónica, Repsol, etc.) es enorme. No es casualidad que el precio de la electricidad y de las llamadas telefónicas, así como el del petróleo, sean de los más caros de la UE. Esta complicidad entre los grupos financieros y económicos y la clase política dominante es la característica de estos tiempos. La inmunidad de la banca con sus conocidos paraísos fiscales se basa precisamente en esta complicidad.
Ni que decir tiene que hay muchos políticos que no forman parte de este engranaje de complicidades. Pero las élites gobernantes sí que están plenamente entrelazadas con intereses fácticos que configuran en gran manera sus políticas públicas. De ahí que la gran mayoría de estos súper ricos y ricos no paga impuestos, o paga muchos menos en términos proporcionales, que el ciudadano normal y corriente, lo cual hacen incluso con la ley en su mano, sin necesitar comportamientos ilegales (sin excluir, sin embargo, estas prácticas, que están también generalizadas).
La pérdida de legitimidad del sistema
Este sistema está en profunda crisis. El maridaje del poder financiero-económico con el poder político es el eje del descrédito de las instituciones llamadas democráticas que tiene su origen (causa y consecuencia) en las enormes desigualdades. La excesiva proximidad entre la clase política dominante y las clases sociales dominantes (las élites financieras y empresariales y los sectores afines de rentas superiores) se muestra con toda claridad en la distancia existente entre las élites gobernantes y sus políticas públicas, por un lado, y las clases populares, que constituye la mayoría de la población, por el otro. Estas últimas desean políticas distintas y opuestas a las que las primeras están promoviendo e implementando. Existen múltiples ejemplos de ello. La gran mayoría de las poblaciones del Atlántico Norte consideran que 1) las rentas del capital deberían gravarse en la misma proporción que las rentas del trabajo, sin que ello haya sido aceptado por los gobiernos; 2) la fiscalidad debería ser progresiva, de manera que los súper ricos y ricos pagaran (en realidad, no solo nominalmente) en impuestos tantas veces más de lo que el ciudadano normal y corriente paga como sea la diferencia de rentas y propiedad entre los súper ricos y ricos y el ciudadano normal y corriente; 3) se deberían eliminar los paraísos fiscales; 4) se debería establecer un máximo de riqueza y de nivel de rentas, como mecanismo de reducción de las desigualdades; 5) se deberían reducir las desigualdades que consideran (el 78% de ciudadanos como promedio de la UE) excesivas; 6) se debería eliminar la influencia del dinero en las campañas políticas y en la solvencia de los partidos políticos; 7) se debería romper el maridaje entre instituciones financieras y empresariales y el mundo político; 8) un político no debería poder trabajar en el sector al cual regulaba o vigilaba en la administración pública en los primeros cinco años después de dejar el cargo; 9) el Estado debería intervenir en el sector financiero para garantizar la disponibilidad del crédito a familias, individuos y medianas y pequeñas empresas; 10) debería haber un salario mínimo que permita una vida decente y que se incremente según el incremento de los precios; 11) se deberían garantizar los servicios públicos del Estado del Bienestar, evitando su privatización; y así un largo etcétera. Ninguna de estas políticas se está llevando a cabo en estos países. Y a nivel macroeconómico, la mayoría de la ciudadanía desea el fin de las políticas de austeridad y unas políticas de expansión encaminadas a crear pleno empleo. El hecho de que cada uno de estos puntos no se realice se debe a la excesiva influencia que los grupos que concentran las rentas y la riqueza tienen sobre el Estado. Y aquí está el problema de la democracia. Frente a esta realidad, limitar el debate a la reforma política sobre si deben o no haber listas abiertas, me parece muy, pero que muy insuficiente.
Jorge Romance
Periodista
Que el Partido Popular tiene un problema con las lenguas que no son el castellano parece ya una obviedad. Son demasiados ejemplos. Ya no sorprende que un partido que en Catalunya hace bandera de “la libertad para elegir la lengua curricular”, en otros territorios como Balears, el País Valencià o Aragón suprima esta misma libertad y la niegue para cualquiera que no tenga como lengua inicial el castellano.
En Aragón el Partido Popular da un paso más. Aliado con el PAR, el partido que más años lleva en el gobierno aragonés en coaliciones con PSOE y PP, ha decidido revocar la ley que se aprobó en 2009. Esta era una ley en la que se reconocían derechos mínimos y que después de mucho prometer aprobó el socialista catalanohablante Marcelino Iglesias junto con CHA. Esta ley, absolutamente de mínimos, será borrada del mapa para que PP y PAR aprueben una nueva norma que no es de uso de las lenguas sino de las no lenguas.
Puestos a suprimir derechos, libertades y patrimonio cultural, el gobierno aragonés ha decidido que no está de más suprimir también el nombre de las lenguas. Así que los aragoneses que hablan aragonés (alrededor de unos 20.000) y los que hablan catalán (unos 42.000), han visto que sus lenguas ahora tienen acrónimos por nombre. El aragonés, en este bodrio de ley que se aprueba el jueves en Cortes, pasa a denominarse Lengua Aragonesa Propia del Área Pirenaica y Prepirenaica.
El catalán, una de las obsesiones de los populares, ahora se llama Lengua Aragonesa Propia del Aragón Oriental. O sea, como ha corrido estos días por las redes sociales, ahora los aragoneses que no sólo hablan castellano hablan LAPAPYP y LAPAO. Un ataque más contra la diversidad cultural y lingüística de un país en la que durante siglos el aragonés y el catalán fueron las lenguas principales en la Corte y el pueblo y a las que las políticas educativas y culturales han ido arrinconando, marginando y ahora, por obra y gracia de Luisa Fernanda Rudi, quieren directamente asesinar.
Porque la ley que presenta la consejera de Cultura aragonesa Dolores Serrat (catalana, para más señas, de Ripoll) elimina cualquier derecho educativo, de representación y cultural de los hablantes de aragonés y catalán. La ley obliga a que todos los pueblos tengan su topónimo en castellano, aunque voluntariamente puedan añadir el tradicional. La ley impide que el aragonés y el catalán tengan presencia sistemática en los medios de comunicación públicos. Impide que ambas dos lenguas puedan ser curriculares, o que se puedan usar para enseñar en las aulas. La ley, en resumen, impone una realidad lingüística castellanohablante que en muchos lugares de Aragón no es la real.
Y luego, hablan de imposiciones, cuando la imposición de una imposibilidad, la de desarrollar una vida en la lengua materna patrimonio cultural de Aragón y de muchos aragoneses, es la que marca esta ley de no-lenguas. Esta ley que va contra la Carta Europea de las Lenguas Minorizadas, contra la advertencia directa del Consejo de Europa para mantener al menos la ley anterior de 2009. También va contra las recomendaciones de la UNESCO para el aragonés, una de las lenguas con más peligro de desaparición de Europa y el catalán en Aragón, e incluso contra la Carta de los Derechos Humanos y contra la propia Constitución Española. Una ley que aprobará el gobierno de Aragón y que niega a los aragonesohablantes y a los catalanohablantes, aragoneses igual que los castellanohablantes, sus derechos, todos, incluso el derecho de que su lengua sea nombrada por el nombre que tiene y no por el capricho de los políticos que se pasan por el forro a la comunidad científica.
