Santos M. Ruesga
Consejero de la CRTVE
En sucesivos viernes, como nos tiene acostumbramos este Gobierno desde su toma de posesión en diciembre del año pasado, se han ido decretando una serie de medidas que afectan de manera importante al futuro de la Corporación Radio Televisión Española y, alterando a mi juicio, de manera sustancial, el modelo que se había venido desarrollando hasta la fecha a partir de la Ley 17/2006 que definió un horizonte empresarial para el antiguo Ente Público, apoyado en una concepción de servicio público acorde con las directivas comunitarias vigentes.
Como se ha puesto reiteradamente de manifiesto en numerosos medios públicos, el desarrollo de dicho modelo constituye uno de los avances más importantes en materia de independencia, pluralidad y calidad del servicio público de Radio Televisión, y, en este sentido, uno de los logros más destacados en materia de libertades civiles de la primera legislatura del Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero. Dicho modelo esencialmente, trata de bascular en un concepto amplio de servicio público que abarca, en términos de contenido, no sólo las funciones típicas informativas de ese tipo de servicios en el mundo audiovisual, sino también las de entretenimiento, cultura y programas educativos. En ese sentido, se establece una concepción amplia de los contenidos del servicio público audiovisual, dejando la puerta abierta a la competencia con el sector privado, entendiendo, eso sí, que la presencia de servicio público audiovisual estatal en la producción y emisión de tales contenidos debiera someterse a criterios y enfoques específicos diferenciados, poniendo como guía de los mismos el respeto a los valores de convivencia democrática consagrados en la Constitución Española, tales como el respeto a la pluralidad, la neutralidad informativa, o la no discriminación de razón de sexo, edad, orientación sexual, etc. La diferencia, por tanto respecto, a los contenidos emitidos por el sector privado no estribaría tanto en cuáles fueran éstos sino en la filosofía subyacente y en el respeto al conjunto de valores asumidos socialmente que han de aplicarse con mayor intensidad en el caso del servicio público audiovisual. En este sentido, no deja, de asumirse por parte de esa definición, un alto contenido pedagógico, que debiera materializarse en los contenidos a emitir por la empresa pública.
Bajo este prisma se entiende que en el modelo diseñado por la Ley 17/2006 habrían de concurrir principios claros de independencia por parte de los gestores respecto a los gobiernos de turno. De ahí que se establezca una dependencia funcional, orgánica y presupuestaria con el Parlamento como representante máximo de los intereses del conjunto de la sociedad, definiendo líneas de separación de la actividad cotidiana del Gobierno. Una de tales principios, de singular trascendencia consistía en el nombramiento de los órganos máximos de la Corporación por una mayoría de dos tercios del Parlamento, lo que permitiría, al órgano gestor de la Corporación RTVE, desarrollar su actividad sin ningún tipo de gabelas respecto al gobierno de turno. Adicionalmente, podría interpretarse que la concurrencia en el mercado de la publicidad era un elemento adicional de independencia en materia presupuestaria, en tanto que una parte de los recursos con los que habría de contar dicha empresa estatal debieran provenir del mercado y por lo tanto, su mayor o menor cuantía estaba en función de las bondades de la gestión financiera que la empresa audiovisual llevara a cabo.
Tal modelo se ha ido desarrollando desde el principio del año 2007 hasta finales del 2011 cuando se promulga el Primer Decreto que afecta a la Corporación por parte del nuevo Gobierno. Entre medias han ido ocurriendo algunos episodios normativos que han alterado parcialmente el modelo inicial. Uno de los aspectos más singulares a tener en cuenta es la modificación del sistema de financiación de la Corporación, a través de una Ley promulgada en septiembre de 2009. Dicha Ley suprime el recurso por parte de la Corporación Radiotelevisión Española a la emisión de publicidad como forma de financiación pasando a depender ésta directamente de recursos públicos (con algunos matices en cuanto al origen y la gestión de la recaudación) lo que además de establecer limitaciones significativas en cuanto a la independencia financiera de la empresa, ha generado una serie de problemas, en algún caso no de menor envergadura, en cuanto al flujo de ingresos a recibir anualmente.
La gestión de este modelo por parte de la Corporación Radio Televisión Pública ha permitido que se alcance uno de los niveles más satisfactorio de la actividad audiovisual estatal pública en su historia, a tenor de numerosas encuestas de opinión realizadas al conjunto de los ciudadanos españoles. Las cifras muestran asimismo, que lo que expresan los ciudadanos a través de encuestas y consultas, un elevado grado de satisfacción con la calidad, independencia y pluralidad de las emisiones, particularmente los servicios informativos, de la Corporación Radio Televisión Española, se correlaciona estrechamente con un ascenso en las audiencias, en términos relativos, en un contexto en el que a partir de la aparición de la TDT se produce un intenso troceamiento de las mismas. Durante más de cinco años la Corporación Radio Televisión Española ha sido líder en audiencia en informativos y durante los dos años últimos lo ha sido también en el conjunto de las programación. En definitiva, responde así al mandato de la Ley del 2006 que instaba a desarrollar unos contenidos audiovisuales que bajo principios de la mayor pluralidad e independencia posibles, obtuviera audiencias masivas.
Todo esto, obviamente con todos los matices y críticas que se quieran hacer a la gestión efectiva realizada, ha permitido construir un modelo de radio y televisión que quizá ha alcanzado las cotas de mayor calidad en sus más de cincuenta años de historia. Frente a este discurrir hacia un modelo asumido de manera mayoritaria por la sociedad española, el actual Gobierno ha abierto una brecha importante introduciendo cambios significativos que, como decía al principio de este artículo, introducen un horizonte muy diferente respecto al camino recorrido hasta ahora.
El Real Decreto-Ley de 30 de diciembre de 2011, reduce sustancialmente la disponibilidad de crédito para la Corporación, cuestión que se consolida posteriormente en el mes de mayo, en el presupuesto aprobado por las Cortes Generales del Estado, y supone un recorte aproximado de doscientos cincuenta millones de euros con respecto al ingreso presupuestado en el año inmediatamente anterior. Dicho recorte, aplicable fundamentalmente a Televisión Española, significa, en una empresa de sus características, paralizar prácticamente la compra de productos externos, fundamentalmente productos audiovisuales de la máxima audiencia y, en el contexto concreto en el que se movía Radio Televisión Española, de elevada calidad. Dicho de otro modo, reducir notablemente la emisión de programas de ficción de calidad o programas deportivos de elevada audiencia, en la medida que se limitan los recursos para la compra de dichos programas o sobre los derechos de emisión en el segundo caso. El resultado, que ya a estas alturas del año empieza a observarse es el declinar de las audiencias que, obviamente, perciben la caída en la calidad de los contenidos, derivado del recorte presupuestario.
El segundo asalto importante se produce el pasado 20 de abril, cuando el Gobierno promulga otro Real Decreto-Ley, convalidado por las Cortes Generales el 16 de mayo, en el que se cambia uno de los principios básicos en los que se sustentaba la independencia de la Corporación respecto a la actuación del Gobierno, la forma de elección del Consejo de Administración y de su Presidente. Utilizando una argucia retórica y algunas falacias sobre la realidad de la Corporación, dicho Decreto establece que se puede elegir al Presidente y a los miembros del Consejo de Administración con una mayoría absoluta de los miembros del Parlamento (previa votación donde se requiere mayoría de dos tercios, 24 horas antes), frente al criterio de la Ley de 2006 que forzaba a las fuerzas parlamentarias a la necesidad de llegar a acuerdos para el nombramiento de los máximos responsables de la Corporación Radio Televisión Española.
Adicionalmente, introduce otra modificación por la que se cambio de estatus jurídico de los Consejeros (que no del Presidente) que dejan de estar en dedicación a tiempo completo y pasan a ser Consejeros retribuidos por asistencia a los Consejos, lo que en la práctica y los hábitos de las empresas públicas viene a significar, que se hagan un máximo de once Consejos anuales. Esta forma de actuar deja en manos de un Gobierno que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, un amplio espacio de intervención en la gestión de la Corporación Radio Televisión Española. La fórmula de gestión que ahora se introduce significa que habrá un Presidente nombrado por la mayoría parlamentaria, es decir el partido que apoya el Gobierno, e internamente no tendrá la fiscalización que suponía un Consejo mucho más plural (con presencia de consejeros propuestos por los sindicatos mayoritarios, que ahora se suprimen, por mor también del ahorro presupuestario) y que además contaban con una dedicación exclusiva.
Llegados a este punto nos encontramos por tanto con una puesta en cuestión del modelo definido por la Ley 17/2006, que parece apuntar hacia una disminución notable de las audiencias a remolque de los recortes aprobados este año. El horizonte, sin pretender ser agorero, que se dibuja en estas actuaciones del Gobierno, no es una mera contracción del presupuesto a causa de la situación económica que “exige recortes en todos los entes públicos”. Lo que apunta, más bien, es a una estrategia audiovisual con fuertes componentes de la ideología más liberal del partido que sustenta al Gobierno, que parece renunciar a la audiencias masivas de RTVE, cuestionando, asimismo, la independencia del mismo. En suma, tras la expresión de que “si no hay panaderías públicas porque va a haber televisiones públicas”, se esconde una opción ideológica que asume conceder a la iniciativa privada, como es obvio con múltiples intereses económicos espurios, el papel de transmisor mayoritario de los contenidos audiovisuales, con la carga de orden ideológico que ello significa. En la información y en el entretenimiento los mensajes explícitos y subyacentes no están exentos de contenido ideológico, de ahí la importancia de mantener en este ámbito un servicio público que garantice la neutralidad y la pluralidad que caracteriza a cualquier sociedad avanzada. Es la opción por la que vienen apostando desde hace décadas los países europeos con más larga tradición democrática. Y es a lo que parece querer renunciar el Gobierno actual.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Desde los primeros momentos de la crisis sorprendió que nuestras autoridades afirmaran que los bancos españoles eran los más solventes del mundo, que estaban, decía Zapatero, en Liga de Campeones. Era chocante que los nuestros tuviesen tan buena salud cuando la inmensa mayoría de la banca mundial estaba literalmente quebrada. Se decía que era debido al magnífico papel de supervisión desempeñado por el Banco de España, pero eso tampoco casaba con las denuncias de pasividad que habían hecho pocos años atrás sus inspectores ante el gobernador Caruana y el Ministro Solbes. Y, desde luego, con el hecho evidente que cualquiera conocía, por muy poco experto que fuese en temas financieros: la salvaje financiación que nuestra banca había realizado a una de las mayores burbujas inmobiliarias de la historia.
¿Cómo era posible que no les hubiera dejado créditos sin cobrar cuando todo se vino abajo? ¿Cómo se explicaba que no tuviese problemas un sistema bancario que en 2007 solo recibía 0,76 euros en depósitos por cada euro de crédito que concedía (casi la mitad de lo que recibía en 2000, 1,43 euros)? ¿Cómo podía creerse que estaba, o que podría mantenerse en Liga de Campeones un sistema bancario que en ese mismo periodo había multiplicado por nueve el crédito a una actividad inmobiliaria que se estaba volatilizando, y que había pasado de recibir 78.000 millones de euros de financiación interbancaria europea a 428.000 millones, también entre 2000 y 2007? ¿Cómo se podía creer que no tenía problemas o que no los tendría pronto un conjunto de bancos que había financiado miles de préstamos hipotecarios a más del 100% del valor de la vivienda (en época de subida artificial de precios) o de préstamos a empresas también a más del 100% del valor de la inversión?
Y, sobre todo, ¿cómo podía creerse que estaban en buena situación si a la hora de la verdad habían dejado de dar créditos a las empresas y consumidores, dejando así que se hundiera nuestra economía?
La respuesta a estas paradojas es esencial para comprender lo que ha ocurrido en España y lo que nos va a suceder muy pronto.
Los banqueros tienen un poder extraordinario en Europa, en donde hacen y deshacen normas a su antojo, pero los españoles tienen en nuestro país una influencia política, mediática y social incluso mucho mayor que en otros lugares. Perdonan desde hace años los créditos a los partidos políticos, dominan la política editorial de los medios, influyen en las universidades y mantienen contratados a docenas de investigadores que difunden las tesis que les convienen. Así, no les debió resultar difícil convencer a los principales líderes políticos y de opinión de que su situación era buena. Sobre todo, cuando podían disimularla gracias a los cambios contables aprobados por la Comisión Europea, precisamente a instancias de la patronal bancaria. En particular, la “mentira piadosa”, como la califica el catedrático de Contabilidad Oriol Amat, que les permitía seguir valorando los activos dañados a su precio de adquisición y no al mucho menor del mercado en el momento de la valoración.
Esos trucos contables, las inyecciones de liquidez que los grandes bancos españoles recibieron en otros países y las demás ayudas que les dio el Estado permitieron manipular y disimular su situación patrimonial hasta el punto de aparecer como los más rentables del mundo. Lo dicho: Liga de Campeones.
Pero la realidad era otra y mucha gente lo sabía. Los bancos, todos, y no solo las cajas, estaban tocados del ala y en el fondo de sus balances había un deterioro estructural gravísimo como consecuencia de la crisis del ladrillo que ellos mismos habían provocado facilitando el endeudamiento explosivo de toda la economía. Un deterioro que tenía dos caras: la acumulación de activos (títulos de préstamos y créditos y propiedades inmobiliarias) que no ya no tenían ni mucho menos el valor que se les asignaba, y unas deudas con otros bancos extranjeros que sí seguían valiendo lo que inicialmente se había registrado: muchos cientos de miles de millones.
Si se hubiese puesto en claro esta circunstancia a medida que iban apareciendo activos con pérdida de valor, los bancos españoles se tendrían que haber ido declarando en quiebra porque las provisiones de las que tan orgullosos estaban los reguladores del Banco de España eran totalmente insuficientes. Y para evitar esa situación (que los banqueros sabían -o debían saber- ya en 2007 que antes o después se iba a producir) lo que trataron de hacer fue ganar tiempo para ir creando las condiciones que les permitieran finalmente quedarse con todo el mercado. Gracias a su gran poder político consiguieron que el PP y el PSOE asumieran una estrategia de reforma que poco a poco iba a permitirles que recobrasen el dominio de la situación y el equilibrio patrimonial. Se trataría de ir quitando de en medio a las cajas de ahorros, a quienes era mucho más fácil hacerlas culpables de todo lo que había ocurrido, en gran parte con razón, por la lamentable gestión de los políticos responsables de sus órganos rectores (aunque en realidad se debía a que habían dejado de ser auténticas cajas de ahorros para convertirse en clones de los bancos privados).
Si casi la mitad de los operadores del mercado que competían con los grandes bancos privados desaparecían o eran poco a poco absorbidos, los dos, tres o cuatro mayores de estos últimos quedarían reforzados sin necesidad de mostrar su insolvencia ni de pagar por sus irresponsabilidades. De este modo y a base de recibir ayudas del Estado, como ahora, es como ha ido evolucionando siempre el sector bancario español, cada vez más concentrado.
Pero la intranquilidad y los problemas han empezado a agravarse por lo que era previsible que sucediera: el proceso de fagocitación del mercado como estrategia para salvar a la gran banca privada sin que se le vean sus vergüenzas es muy lento, inseguro y a veces, como ha ocurrido con Bankia, incluso escandaloso.
Además, hay que tener en cuenta que el partido no solo se juega en campo nacional. ¿Se iban a conformar los acreedores europeos de la banca española con esta estrategia? ¿Estarían dispuestos a esperar? ¿Se van a arriesgar sabiendo que la política de austeridad va a deprimir por largo tiempo a nuestra economía y que eso va a acelerar el deterioro patrimonial de los bancos españoles y a dificultar el pago de su propia deuda?
Hasta ahora, los banqueros españoles han conseguido que todos nos creamos su gran mentira. O, al menos, que actuemos como si nos la creyésemos (porque basta hablar con responsables políticos y directivos económicos de cualquier ideología o tendencia política para oír a muchos de ellos decir que el rescate es inevitable por el gran agujero de los bancos). El gobierno de Zapatero se limitó a seguir el protocolo marcado por la gran banca incluso en los detalles más pequeños, desde el indulto final al decreto de vergonzosos nuevos privilegios aprobado también estando su gobierno ya en funciones. Pero el de Rajoy ha querido mover ficha jugando a mostrar la verdadera situación de la banca y está precipitando las cosas, porque su estrategia de reformas en unidosis y muy improvisadas solo ha servido para mostrar que la del sector financiero es mucho peor que la que se venía diciendo, y para hacerla quizá ya indisimulable.
Ahora solo queda saber lo que ocurrirá tras la auditoría solicitada y que, como todas, proporcionará resultados “por encargo”. Solicitar una evaluación objetiva a Oliver Wyman (que se “equivocó” cuando auditó a los bancos irlandeses considerándolos ejemplares poco antes de que tuvieran que ser nacionalizados, o que fue una de las garantes de los derivados de las hipotecas sub prime como productos muy seguros) es como es como pedir auxilio en el naufragio a quien no sabe nadar.
Así que para qué nos vamos a engañar: aunque la gente normal y corriente no sepamos el final, las autoridades ya lo han negociado porque en cuestión de banca nadie da puntada sin hilo. Pueden ocurrir dos cosas. O bien que hayan acordado ya que se siga mareando la perdiz porque las autoridades europeas (que posiblemente sepan la magnitud real del agujero) admiten que el rescate sería impagable para España y que quizá levantaría una auténtica polvareda social. O bien que se concluya que hasta aquí hemos llegado y que hay que tirar por fin de la manta que cubre las miserias de los bancos españoles.
Me parece a mí que esto último va a ser lo más probable porque, al fin y al cabo, los bancos españoles y extranjeros serían los beneficiados. Los auditores, como tantas veces, serán los que se encarguen de hacer la representación necesaria para que todo se nos presente de la forma más fácil de asumir.
Y aquí es donde estamos. Botín y compañía han dejado atrapada a España a base de irresponsabilidades y de mentiras. Van a terminar obligando a que España, como le ocurriera a Irlanda, tenga que asumir su rescate; haciendo que éste -que en realidad es la recapitalización de lo que los banqueros irresponsables han perdido jugando en el casino- se presente como la salvación de España; y obligando a que los españoles tengamos que sufrir nuevos recortes en derechos sociales y bienestar para que los ellos nos sigan gobernando y obteniendo beneficios a nuestra costa.
Espero y deseo, sin embargo, que las cosas no terminen ahí y que los banqueros no puedan respirar tranquilos en ese momento, como si se hubieran acabado entonces sus problemas. Lo espero y deseo en la confianza de un buen número de españoles, ojalá su gran mayoría, sean dignos y patriotas y que no perdonen a quienes han arrastrado a España a la ruina a base de mentiras para salvar sus privilegios políticos y económicos.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Las políticas de austeridad que el gobierno alemán presidido por la canciller Angela Merkel está imponiendo a los países periféricos de la Eurozona, llamados en el mundo anglosajón Gipsy (Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia) les está llevando a un desastre (no hay otra manera de definirlo). Gran número de economistas han estado subrayando este hecho (aunque tal número ha sido muy reducido en España), mostrando que la gran recesión que tales países están sufriendo se debe primordialmente a tales políticas de austeridad. En realidad, la extensión de tal desastre puede incluso llegar a afectar a la propia economía alemana. Una manera sería imposibilitando que los países periféricos pudieran pagar sus deudas, tanto privadas como públicas, a los bancos alemanes. Ha sido el propio Ministro de Finanzas del gobierno Merkel el que ha alertado de que el colapso de la economía griega y su salida del euro tendrían un efecto muy negativo para el sistema financiero europeo, centrado en la banca alemana.
En realidad, un objetivo clave de las políticas de austeridad impuestas por la administración Merkel a los países periféricos y a sus gobiernos es forzarles a que paguen lo que deben a los bancos alemanes. De continuar estas políticas de austeridad, la propia banca alemana puede quedar afectada muy negativamente. Tal realidad es ignorada por aquellos columnistas de los mayores medios de difusión que, un tanto frívolamente, sostienen que el gobierno Merkel quiere “expulsar” a Grecia del euro.
Ahora bien, la persistencia de las políticas de austeridad, a pesar del riesgo que ello suponga para la banca alemana, tiene también grandes beneficios para ésta. Es decir, la enorme crisis de los países periféricos está beneficiando a la banca alemana y al Estado alemán que, bajo el gobierno Merkel, está muy influenciado por, no sólo la banca, sino también por los sectores industriales exportadores alemanes que crecientemente exportan a países fuera de la zona euro. Así, los bonos del Estado alemán, frente a la gran crisis de confianza de los mercados (ayudada por las políticas del BCE que contribuyen a crear tal desconfianza, con el consiguiente aumento de los intereses de la deuda pública), se convierten en un depósito de seguridad, estando altamente solicitados. Existe así un flujo de capitales hacia el sistema financiero alemán, resultado de la crisis de los países periféricos de la Eurozona.
Un tanto semejante ocurre en el sector industrial. Como señala el economista alemán Frank Hoffer, el deterioro de la industria automovilística de los países periféricos, como Fiat, afecta positivamente a la industria automovilística alemana, como Wolkswagen. De ahí que las políticas de austeridad contribuyen al enorme dominio del capital financiero e industrial alemán y del Estado alemán, lo cual, a la larga, tendrá un coste político elevado, pues tal dominio se está estableciendo a costa de los demás países que están resistiendo tales imposiciones. El caso de Grecia es un ejemplo de ello. De ahí el renacimiento de los nacionalismos, tanto alemán como anti-alemán, que pueden romper la propia Unión Europea. No es la viabilidad del euro, sino la viabilidad de la Unión Europea la que está siendo cuestionada por tales políticas de austeridad, pues la promoción de tales políticas está diluyendo muy rápidamente la cultura (que siempre fue muy limitada) de cohesión europea, siendo sustituida por la cultura de los nacionalismos que determinó la I y la II Guerras Mundiales, y que la Unión Europea intentaba prevenir.
De ahí que figuras alemanas que han mostrado su compromiso con el proyecto europeo, tales como los ex cancilleres del gobierno alemán Helmut Schmidt y Helmut Kohl, hayan criticado a la canciller alemana por anteponer los intereses empresariales alemanes por encima del proyecto europeo, pudiéndolo destruir. No ocurrirá una III Guerra Mundial, pero sí que podría ocurrir que la UE y no sólo el euro, desapareciera. Pero no sería la desaparición del euro (en contra de lo que se dice, no está en peligro su supervivencia) la que destruiría la Unión Europea, sino que sería la desaparición de la UE la que crearía la desaparición del euro.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Las autoridades europeas se empeñan en hacer creer que el principal problema que tienen que resolver es el de la deuda pública y afirman que ésta se ha generado por el excesivo gasto de los gobiernos en servicios públicos, y porque las personas normales y corrientes hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Por eso dicen que su único remedio es aplicar las durísimas políticas de austeridad que proponen.
Se trata de un juicio que no responde a la verdad y que está llevando a los países europeos al desastre porque los efectos de los recortes de inversión pública y gasto social que aplican está destruyendo la capacidad de generar ingresos, no solo a corto sino a medio y largo plazo, y eso va a dar lugar, si no se cambia de rumbo urgentemente, a muchos años de penurias y grandes sufrimientos y convulsiones sociales.
Con independencia de que en la mayoría de los países el problema es la deuda privada y no la pública (un asunto que no voy a tratar ahora) la realidad es que las causas verdaderas de ésta última son otras distintas a las que proclaman las autoridades y, por tanto, requieren un tratamiento diferente. Las más importantes son la siguientes:
- En primer lugar, haber prohibido la financiación a los gobiernos por el banco central y obligar a que se financien por la banca privada. Eso ha producido un encarecimiento extraordinario de la deuda traducido, paralelamente, en enormes beneficios para los banqueros privados. Los economistas franceses Jacques Holbecq y Philippe Derudder han demostrado en su libro La dette publique, une affaire rentable: A qui profite le système? ( Ed. Yves Michel 2009) que Francia ha tenido que pagar 1,1 billones en intereses desde 1980 a 2006 para hacer frente a la deuda de 229.000 millones existente en ese primer año. Es decir, que si hubiera sido financiada por un banco central sin pagar intereses se hubiera ahorrado 914.000 millones de euros. Sabemos que España ha pagado ya tres veces la deuda que tenía en 2000, Agustín Turiel ha demostrado que solo en 2008, 2009, y 2010 ha tenido que pagar 120.842 millones de euros para hacer frente a la deuda en las condiciones que le imponen los mercados (La deuda ilegítima del Estado Español) y que en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 se consignan más de 28.876 millones de euros de intereses. En toda la Unión Europea los dos investigadores citados muestran que se pagan anualmente unos 350.000 millones de euros a la banca privada por este mismo concepto. Es evidente, pues, que el factor principal que ha encarecido la deuda pública, el que la mantiene hoy día en sus niveles desorbitados, es el que haya sido financiada por la banca privada a intereses de mercado.
Si el Banco Central Europeo hubiera actuado como un auténtico banco central, en lugar de ceder la financiación a la banca privada para que esta hiciera un negocio descomunal, las economías europeas no estarían en la situación calamitosa en la que están y los pueblos europeos no tendrían que estar soportando los sacrificios tan grandes que ahora soportan. Además, de esta forma se habría evitado no solo tener que gastar mucho más en la financiación sino también el sufrirla en las condiciones tan volátiles que generan los inversores especulativos que predominan en los mercados. Y así se obligaría más fácilmente a los bancos a que dediquen sus recursos a cumplir con su función que es la de financiar a las empresas y consumidores para que así haya actividad, empleo e ingresos públicos suficientes.
- En segundo lugar, el gran incremento de las desigualdades que ha hecho que montantes cada vez más grandes de ahorro de las clases más ricas se destinen a la especulación deteriorando la actividad productiva y disminuyendo así la generación de ingresos privados que, a su vez, nutran puedan nutrir las arcas públicas. Y no se puede olvidar que esa desigualdad se ha generado deliberadamente, por influjo de los grandes grupos oligárquicos, al aplicarse políticas de moderación salarial y de fomento del trabajo precario, y haciendo reformas fiscales regresivas que han mermado los ingresos públicos con tal de permitir que los más ricos, las grandes fortunas y grandes empresas, apenas paguen impuestos. Si estas últimas no cometieran fraude fiscal en España no habría que hacer posiblemente ningún tipo de recorte en el gasto público.
- En tercer lugar, la existencia consentida de paraísos fiscales en donde se calculan que hay entre 1,5 y 2 billones de euros que no tributan ni un solo euro a las haciendas europeas.
- En cuarto lugar, la identificación del progreso con el mito del crecimiento intensivo que ha llevado a realizar gastos públicos completamente innecesarios e improductivos (grandes aeropuertos e infraestructuras infrautilizados y desproporcionados, trenes de alta velocidad, edificios suntuarios…).
- Y finalmente, la falta de democracia real que permita el control social de las autoridades, la sanción contundente de la corrupción y la participación efectiva de la ciudadanía en la gestión presupuestaria para poder evitar que ocurra todo lo anterior.
Por lo tanto, la solución a los problemas de la deuda pública en Europa no puede pasar por las políticas de austeridad que están aplicando las autoridades y que simplemente consisten en recortar derechos sociales y recursos para el bienestar, con el fin soterrado de facilitar el negocio de su provisión privada y de mantener los privilegios de la banca y de las grandes empresas.
La solución es otra.
Con carácter inmediato hay que plantear una quita en toda Europa de la deuda existente, que es completamente imposible que se pueda pagar, repudiando la deuda generada por la financiación privada y por la especulación en los mercados; modificar el estatuto del Banco Central Europeo para que financie sin intereses los gastos extraordinarios de los gobiernos (sin perjuicio de que eso deba ir acompañado de un control de las demás circunstancias que provocan un crecimiento inadecuado de la deuda pública que debe limitarse a financiar necesidades extraordinarias o las inversiones que necesita el desarrollo integral y sostenible de las economías); la prohibición de los paraísos fiscales; la puesta en marcha de un plan de lucha contra el fraude en toda Europa y de reformas fiscales progresivas con figuras impositivas que graven las transacciones financieras y particularmente las de carácter especulativo; recuperar el poder adquisitivo de las rentas más bajas para generar actividad, empleo e ingresos públicos; prohibición de la utilización de productos financieros vinculados a las necesidades sociales básicas o a los recursos estratégicos de las economías; y reformas políticas que fortalezcan las democracias el control, social y la participación ciudadana. Aunque, siendo realistas, hay que señalar que para frenar de verdad la deuda pública y no echar sobre las economías una losa insoportable e insostenible en forma de gasto público corrupto y despilfarrador, será necesario a medio plazo avanzar aún más, estableciendo controles de capital para evitar la constante inestabilidad monetaria, desmercantilizando el trabajo y repartiendo el empleo, y configurando nuevos regímenes de propiedad y de derechos asociados a ella para evitar la concentración actual de los recursos y el dominio de los mercados y de la sociedad por los grandes grupos de poder empresarial y financiero.
Julio Anguita, excoordinador general de Izquierda Unida
Quinta entrega de una serie de ocho artículos en los que se sintetiza la intervención de Julio Anguita en el Ateneo de Madrid el pasado día 9 de Marzo.
El proceso que ha conducido a esta situación de barbarie y de derrota consiguiente de los mensajes y propuestas organizados de liberación y construcción de un mundo nuevo nos sitúa a cada uno y a cada una ante una pregunta de carácter perentorio ¿Asumimos la derrota o decidimos pasar a la ofensiva y establecemos las condiciones ideológicas, políticas, sociológicas, organizativas y de axiología alternativa para combatir de nuevo?
Si la respuesta individual y colectiva es afirmativa debemos asumir que ello nos obligará a una revisión de estrategias, tácticas, pautas de comportamiento, alianzas, lenguaje y esquemas organizativos. Una nueva guerra requiere una reestructuración del bagaje con el que hasta ahora hemos combatido. Y todo ello con el punto de mira puesto en un objetivo sin el cual el cambio no será posible: ganar para la alternativa a la inmensa mayoría porque objetivamente esa inmensa mayoría está dominada y perjudicada aunque grupos y colectivos importantes de la misma no lo sientan por ahora así.
Asumir el reto, aprestarse a enfrentarse a la enorme tarea de preparar y diseñar u nuevo orden al menos una situación de bonanza social que permita ulteriores pasos es empezar a ser consiente de que debemos situarnos ante una doble acción en la que las partes que la constituyen son simultáneas, imbricadas entre sí y potenciadoras la una de la otra:
1. La Ruptura de los nexos que nos atan a lo que hay
2. La Construcción de la Alternativa.
Romper es esencialmente independizarse de los valores, conceptos y presupuestos de la actual política económica. Romper es buscar la solución desde parámetros que en nada tengan que ver con las tres personas de la trinidad capitalista: mercado, competitividad y crecimiento sostenido. Romper es priorizar los verbos repartir y compartir sobre las ideas que hablan de intensificar la producción sin saber para qué o estimular el lucro privado sin tener en cuenta la incidencia social sobre el resto de la población.
Y esa Ruptura toma forma en dos enunciados que deben constituirse en axiomas para la acción social:
- La Ciencia económica está supeditada, como ciencia instrumental, a la plena realización de los DDHH.
- La Ciencia económica debe en sus desarrollos, planificaciones y previsiones someterse además al mantenimiento de las condiciones que preserven el equilibrio ecológico del planeta.
A poco que pensemos nos daremos cuenta de que tal posicionamiento implica el predominio de la Política sobre los mercados, las transacciones sin control y los paraísos fiscales. Pero implica algo más: la no aceptación de que para crear empleo hay que crecer primero y repartir después. La aceptación acrítica de este aforismo del sistema, nos conduce a la aceptación de su existencia. Repartamos primero y después hablaremos.
La Ruptura es instalarse en otra dimensión de la realidad que siendo tan posible como la oficial, aparece como irreal o imposible de cumplir. La Ruptura rompe el círculo vicioso que se establece entre la economía de la oferta, el mercado y las condiciones laborales necesarias para que funcione. La Ruptura en absoluto invalida a la ciencia económica, al contrario, le concede la misión de desarrollar capacidades, actitudes, procesos, objetivos y pautas científicas para hacer posible otra situación de DDHH.
La Ruptura no es posible, salvo que se quiera instalar en el vacío sin la construcción simultánea de la Alternativa, la cual es triple:
- Alternativa de modelo de sociedad
- Alternativa de Gobierno.
- Alternativa de Estado.
La gradación de estos objetivos es inseparable de los tempos, las fases, los ritmos, los programas y las alianzas
Construir es abrir espacios de participación en objetivos de económicos insertos en redes sociales de participación: elaboración, consumo y distribución. La economía de lo inmediato, de lo cercano es un campo de aprendizaje y de concienciación que arrastra con él otros niveles de participación política.
El reparto del trabajo, el cooperativismo, las redes alternativas de financiación o la implicación de la población son junto con la cultura de los valores alternativos, la enseñanza y los nuevos yacimientos de empleo el armazón sobre el que aplicar la Ruptura y la Construcción de la Alternativa.
Esta doble acción no puede ser independiente de la lucha política, social, cultural y de valores. El problema que la experiencia se encarga de recordarnos a cada momento es que esa lucha no puede reducirse y circunscribirse únicamente y preferentemente a lo electoral, sindical, oficial o consuetudinario. Es una dimensión en al que la acción se ejerce desde conceptos y parámetros que priorizan lo colectivo general, la aparición de nuevos sujetos y la consolidación de valores como la solidaridad efectiva, la democracia radical y los fundamentos del ser humano nuevo.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
Antes que nada quiero subrayar que estoy contentísimo de que François Hollande ganara las elecciones en Francia. Abre una serie de posibilidades que estaban cerradas hasta ahora. Y hay muchas propuestas de su programa que son positivas, e incluso algunas muy positivas. Ahora bien, me apena constatar que la puesta en marcha de todas ellas no será suficiente para salir de la crisis. Y ello se debe a que la economía europea no se recuperará a no ser que las políticas de austeridad que se están imponiendo en la Unión Europea (UE) se eliminen. Y Hollande no se ha comprometido a eliminarlas. A lo que sí se han comprometido es en complementarlas con políticas de crecimiento. En otras palabras, la tesis que Hollande sostiene es que las políticas de austeridad que se están siguiendo son necesarias pero insuficientes. Según él, se deben establecer unas políticas de estímulo del crecimiento que permitan a la UE salir de la crisis. Pero el mayor problema que tiene la Unión Europea, incluyendo Francia y España, es que la principal causa hoy de la crisis y la recesión son precisamente las políticas de austeridad, dictadas por el Pacto de Estabilidad. François Hollande no ha mencionado que vaya a eliminar o modificar el Pacto de Estabilidad, que es la ley que fuerza hoy las políticas de austeridad en los países de la UE.
En realidad, el Pacto Fiscal (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the European Economic and Monetary Union –en castellano, Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y gobierno en la Unión Económica y Monetaria Europea) promovido por la canciller Merkel en Alemania todavía no se ha aplicado a ningún país de la UE. Tal pacto lleva a extremos las políticas de austeridad. Exige, por ejemplo, que los déficits estructurales de los Estados de los países miembros no sean mayores de un 0,5% del PIB (el Pacto de Estabilidad exige que no sean mayores de un 3%) en caso de que su deuda pública sea mayor del 60% del PIB (permitiendo que sea un 1% en caso de que sea menor del 60% del PIB). Se penalizará a aquellos países que no cumplan, con sanciones equivalentes a un 0,1% del PIB. Se remarca también en aquel pacto que aquellos países con deuda pública mayor del 60% tendrán que reducir cada año una cantidad equivalente a la veinteava parte de la diferencia entre la deuda existente y el 60% del PIB. (Véase Sebastian Dullien “Reinventing Europe: Explaining the Fiscal Compact”, Social Europe Journal 01.05.12). Hollande aprueba esta ley, siempre y cuando se apruebe una nueva ley que estimule la economía. Pero el problema con este enfoque es que el hecho de que España tenga que reducir su déficit de un 8% del PIB a un 3% del PIB en dos años (una reducción del 5% del PIB) no se debe al Pacto Fiscal, sino al Pacto de Estabilidad sobre el cual Hollande no ha dicho nada. Permítanme que me expanda.
La ingeniería monetaria y fiscal de la Unión Europea se basa en dos pilares. Uno, la Ley de Estabilidad que imposibilita a los Estados poder recuperarse en tiempo de crisis, como lo muestra la situación actual. Es más, su incapacidad de diferenciación entre gasto ordinario y gasto en inversiones, poniendo todo el gasto público dentro del límite de gasto permitido (el 3% del PIB) destruye la creación del futuro, pues no permite la inversión con la que se podría aumentar la producción y crecimiento económico en el futuro. No permitirle a un país que invierta en educación, en I+D, en infraestructura física y social, es condenarle a un continuo subdesarrollo social y económico. Y esto es lo que fuerza el Pacto de Estabilidad a los países ahora en estos momentos. Ahora bien, el Pacto Fiscal, que todavía no se ha aprobado, va más allá y quiere eliminar en la práctica el déficit público. Pero la austeridad que estamos sufriendo viene de aplicar el Pacto de Estabilidad, no el Pacto Fiscal, que repito, todavía no está vigente.
Y el segundo pilar de la austeridad impuesta a los países es la manera como se estableció el Banco Central Europeo (BCE), un banco que, en realidad, no es un banco central, sino un lobby de la banca y, muy en especial, de la banca alemana. Hollande no hace ninguna propuesta de cambio de este Banco. Habla de creación de eurobonos para utilizarlos para proyectos de infraestructura a nivel europeo, lo cual me parece bien (aunque las cantidades que se manejan son muy limitadas). Pero no propone eurobonos que europeícen la deuda pública de los Estados, lo cual es fundamental para eliminar los elevados intereses de la deuda pública, previniendo la especulación de los mercados financieros.
A no ser que estos dos pilares que reflejan el dominio del pensamiento neoliberal en el diseño de la UE se cambien, Europa no se recuperará. Lo máximo que ocurrirá es que la palabra crecimiento se añadirá al término Pacto Fiscal, tal como ocurrió resultado de la presión del gobierno socialista Jospin, cuando se añadió tal término al título del Pacto de Estabilidad, sin que se ofrecieran los medios para que ocurriera tal crecimiento.
Dos últimas observaciones. La primera es repetir que quisiera que no se interpretaran mis notas críticas del plan Hollande como señal de desaprobación o desencanto con su elección. Antes al contrario, celebro, y mucho, su elección. Pero la experiencia europea muestra que, a no ser que vaya más allá y cuestione los dos pilares sobre los cuales se basa el edificio neoliberal que se llama la UE, la recuperación económica no ocurrirá, creando con ello el peligro que la enorme y justa indignación que las clases populares están desarrollando frente al establishment europeo y sus políticas de austeridad, se canalicen en el futuro, no a través de las izquierdas, sino a través de la ultraderecha. Que esto pueda ocurrir lo estamos viendo ya en la propia Francia.
La otra observación es que François Hollande irá más allá de lo que ha propuesto, moviéndose a la izquierda., sólo en caso de que haya movilizaciones que le presionen en esta dirección. No olvidemos que, como señalé en otro artículo (¿Cambios en la socialdemocracia francesa, y en la española? Sistema Digital 12.04.12), François Hollande había criticado muchas de las políticas que ahora ha adoptado (tal como la gravación con un 75% a los ingresos por encima de un millón de euros al año, habiéndose llamado tal incremento un año antes, un “incremento confiscatorio”), lo cual se debió a la presión de los movimientos sociales y partidos a su izquierda. Es un buen indicador de esta posibilidad que el Frente de Izquierdas, definido predeciblemente por el corresponsal de El País en Francia, como “extremista”, alcanzara un considerable nivel de apoyo que, junto con amplios sectores dentro del partido socialista, más a la izquierda que el propio François Hollande, pueda ejercer la presión popular para que vaya desarrollando aquellas propuestas que la realidad en sí le forzará a tomar, a fin de conseguir sus objetivos: salir de la crisis.
Carlos Carnicero Urabayen
Politólogo. Master en Relaciones Internacionales de la UE por la London School of Economics y Paz y Seguridad Internacional por el King’s College London
Cher président, me acuerdo ahora de la llegada al poder de Barack Obama en enero de 2009. La ola neoconservadora de Bush tenía gran fuerza. Muchos no le pudimos votar, pero mirábamos a Estados Unidos con esperanza. Tu victoria me recuerda a la suya. No tienes su carisma, ni tampoco su frescura; eres un respetable veterano del Partido Socialista Francés que te has reinventado y abierto a la ciudadanía desde que ganaste unas primarias abiertas. Cargas ahora, como lo hizo Obama entonces, con la esperanza de muchos, más allá de la francofonía.
Querido François, me tomo el atrevimiento de tutearte porque has prometido que serás –a diferencia de Sarkozy el estirado– un presidente cercano al pueblo; pero lo hago con respeto. Tengo vértigo por el cambio de época y el futuro me da miedo. Europa, nuestra referencia de paz y estabilidad, está en caída libre. La que es quizás nuestra principal seña de identidad en el mundo, nuestro sistema del bienestar, sufre un desmantelamiento progresivo. Y lo peor: no se ve la luz en un futuro próximo. Tengo la sensación de que todos los europeos progresistas dependemos mucho de ti.
Suben los nacionalismos y los extremismos como la espuma. Lo de Marine Le Pen fue solo un aviso de las legislativas, y en Grecia –¡cuna de nuestra democracia!– se ha confirmado su emergencia. Cada país va a lo suyo. Cuanto más unidos tenemos que estar, más nos pisamos los unos a otros. Me recuerda a lo que nos han contado de los años 30. Cuando hablo de esto, me llaman pesimista. Ojalá me equivoque y podamos, todos juntos, reencauzar esta situación.
Hemos interiorizado el dogma que no se cansan de repetirnos: que hemos vivido demasiado bien, a todo trapo y los del sur a veces a lo loco. Que ahora es tiempo de sacrificios y que ya nada volverá a ser como antes. Pero por más que recortamos y agachamos la cabeza, no vemos resultado alguno a la vista. Y los políticos que tenemos al volante tienen cara de póker: no saben lo que está por venir y pretenden dar sensación de control. Ya no cuela.
Tengo miedo. Me dan miedo los mercados; los financieros, los peores. Libres y sueltos nos han metido en este lío. Nadie sabe bien quiénes son, pero nos pasamos el día hablando de ellos y cambiando nuestra vida para calmarlos. Pero ellos son insaciables. ¡Hasta he escuchado que a veces les va bien cuando al pueblo la va mal! Has declarado que el mundo financiero es tu enemigo. Ojalá estés bien armado, porque son poderosos.
Me da miedo también Angela Merkel. Su recalcitrante calvinismo económico augura la tensión entre el norte y el sur: el estigma de la desunión europea que fue la causa de las grandes tragedias del siglo XX. Has dicho que te plantarás ante ella y eso me ha emocionado. Nos mira a los ciudadanos del sur con desdén y nos aplica la medicina del castigo. Nos pide esfuerzos, pero para ella nunca es suficiente. Como les va bien a los suyos, no se preocupa por el resto. ¿A dónde se fueron los alemanes europeos, los que primero pensaban en Europa y después en ellos mismos? Tengo un amigo agricultor que todavía se acuerda de la broma del pepino. Que si los nuestros no eran sanos, que si estaban contaminados. Perdió mucho dinero. Al final la culpa fue de una bacteria germana. Pero Merkel nunca se disculpó por ello.
Querido François, temo nos decepciones pronto. Altas las expectativas, mayores los chascos. Le pasó a Obama. Le han salido muchas canas desde que llegó a la Casa Blanca. No debe de ser agradable sufrir presiones e ir enterrando los sueños. La eterna sensación de que la llegada al puente de mando del poder amortigua las promesas. Todo parecía al alcance de la mano en 2009. Pero Guantánamo sigue abierto. Y ahora que está en campaña se acuerda de subir los impuestos a los más ricos.
Por la ilusión que has despertado, te marcarán de cerca desde el primer día. Aquí, en España, Rajoy repite cada día que la culpa es de la herencia recibida de los socialistas. Pero no esperes comprensión por la herencia que recibes de Sarkozy. No debes olvidar que a los progresistas siempre os pedimos más.
Dice un amigo pesimista que de la esperanza e ilusión no se vive. Tiene razón. Pero sin ellas, los proyectos no tienen fuerza y vivimos ahora un tiempo en que hemos de ser fuertes. Me imagino que sientes el aliento de muchos ciudadanos de todos los rincones de Europa. Espero que eso te dé una fuerza añadida para acertar en la responsabilidad que también tienes con nosotros.
Bon courage, presidente Hollande.
Juan Torres López
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla
Las políticas de austeridad impuestas por los grandes poderes financieros por intermedio de los gobiernos de Francia y Alemania y del Banco Central Europeo son un fracaso sin paliativos: han llevado a casi toda Europa a otra recesión, han agravado el peso de la deuda, las asimetrías y el paro, están destruyendo la cohesión social de Europa y derechos sociales cuya conquista costó décadas de conflictos y luchas, destruyen miles de empresas, crean pobreza y exclusión, producen un alejamiento, quién sabe si definitivo, entre la población y las autoridades políticas, y están dando alas a la extrema derecha fascista y neonazi que los banqueros y grandes industriales siempre han azuzado en épocas de crisis.
No hay ninguna experiencia histórica ni evidencia empírica que permita afirmar que se puede salir de una crisis como la que estamos (de racionamiento financiero y falta de demanda efectiva) con menos gasto, de modo que insistir en reducirlo sin tomar al mismo tiempo medidas que garanticen de nuevo la financiación y que proporcionen ingresos adicionales a la población consumidora es una vía que solo lleva a la depresión y al desastre.
La ceguera ideológica de las autoridades políticas y de los economistas que marcan el camino les impide reconocer esta realidad. Y su sumisión a los poderes financieros (solo interesados ahora en aprovechar la crisis para acrecentar sus privilegios) les lleva a insistir en nuevos recortes, que solo sirven para que los bancos, especuladores y grandes empresas aumenten su beneficios y un poder ya omnímodo que está liquidando a las de por sí débiles democracias que se permite el capitalismo de nuestra época.
Los recortes en educación, investigación, innovación, en infraestructuras vitales y en prestaciones sociales solo van a traer años de atraso y una inestabilidad social de terribles precedentes en Europa.
Tan rotunda es la evidencia de todo ello, que desde hace semanas se empezaron a abrir grietas en los bloques políticos dominantes y a filtrarse la idea de que es imprescindible poner fin a esta barbaridad política y económica. La presión de movimientos sociales, de economistas críticos o incluso de las personalidades más sensatas del propio establishment ha contribuido decisivamente a ello y la victoria del socialista Hollande en las elecciones francesas posiblemente sea lo que definitivamente obligue a poner en cuestión las políticas de austeridad.
Pero la alternativa que se está difundiendo frente a ellas es insuficiente e inadecuada: la del crecimiento. Una estrategia que ya ha demostrado que puede ser muy perversa y poco útil si no se matiza claramente lo que implica y a dónde queremos que nos conduzca.
Frenar los recortes de gasto público y en general todas las políticas de austeridad que están impidiendo que se regenere el privado y se recobre el pulso económico es una precondición indispensable para que en Europa se vuelva a crear empleo y para garantizar estándares mínimos de bienestar y protección a toda la población. Pero se trata solo de una precondición para evitar el desastre. Para conseguir que no vuelva a producirse otra crisis mayor y con peores perturbaciones y daños que los que ahora estamos sufriendo hacen falta más cosas.
No basta con hacer que crezca el Producto Interior Bruto de cualquier forma ni con inyectar más dinero aún de cualquier modo.
Aunque la crisis se desencadenó en su superficie por la desregulación financiera y por las estafas continuadas que cientos de bancos llevaron a cabo con la anuencia de las autoridades, sus causas profundas (las que la hicieron sistémica) y las que volverán a provocarla de nuevo si no se resuelven, son otras: la gran desigualdad que deriva rentas sin cesar a la especulación financiera, la utilización intensiva y despilfarradora de recursos naturales y energía que rompe la armonía básica y los equilibrios imprescindibles entre la sociedad y la naturaleza, y una progresiva degeneración del trabajo que empobrece a la población y al tejido empresarial y que frena la innovación y el incremento de la productividad.
Sin afrontar todo eso, promover de nuevo el crecimiento del producto interior “a lo bruto”, a base de gasto público e inyectando recursos para la creación de más infraestructuras y para la provisión de más servicios públicos puede frenar la deriva a la depresión en la que nos encontramos, como ya ocurrió con los planes de estímulo, pero será sin duda ago insuficiente y que terminaría provocando problemas aún más graves que los que tenemos.
El crecimiento entendido como un objetivo en sí mismo, sin más matizaciones, medido a través de un indicador tan perverso como el PIB y sin tener en cuenta los costes sociales, ambientales y antropológicos que lleva asociados, favorece la acumulación y volverá a dar buenos beneficios a ciertas ramas del capital, además de generar algo más de empleo y bienestar. Pero, en esas condiciones, éstos últimos no serán los suficientes para alcanzar niveles mínimos de estabilidad y satisfacción social, como demuestra la experiencia vivida en los últimos treinta años, ni con ello se podrá evitar volver a las andadas más pronto que tarde.
Lo que Europa necesita no son planes de crecimiento del PIB sino una estrategia global para la igualdad, el bienestar y la responsabilidad ambiental basada en la promoción de nuevos tipos de actividad, de propiedad y de gestión empresarial, en la generalización del empleo decente, en el uso sostenible de las fuentes de energía y de los recursos naturales que modifique radicalmente el actual modelo de metabolismo socioeconómico, y en la promoción de una ciudadanía democrática, plural, protagónica y cosmopolita. Y también, valga la paradoja, basada en la austeridad pero en lo que ésta tiene de respeto al equilibrio natural y personal y al buen uso de los recursos, y de rechazo al despilfarro; pero no de renuncia a los derechos sociales y a la igualdad, como la entienden los neoliberales.
Y además de ello, son imprescindibles reformas políticas e institucionales que frenen el poder de los grandes grupos oligárquicos y que permitan que las autoridades representativas sean quienes de verdad adopten las decisiones en función de los mandatos de la mayoría social en un marco de una auténtica democracia. Sin crear un auténtico poder público en Europa, sin someter la actuación del Banco Central Europeo a las exigencia de los intereses sociales y sin acabar con su complicidad con los intereses bancarios privados, sin sanear el sistema financiero europeo declarando la financiación de la vida económica como un servicio de interés público esencial, nacionalizando los bancos que no se sometan a él y fomentando nuevos tipos de finanzas descentralizadas y de proximidad, sin disponer de un auténtica hacienda europea y sin replantear el diseño de la unión monetaria, por no mencionar sino las cuestiones más urgentes, Europa seguirá balanceándose irresponsablemente al borde del precipicio y las llamadas al crecimiento solo servirán, si se me permite la expresión, poco más que para marear a la perdiz y engañar otra vez a los pueblos.
La cuestión que hay que poner sobre la mesa en Europa no es si recortamos un poco menos los gastos e inyectamos algo más de recursos a las mismas actividades e infraestructuras de siempre (otra vez carreteras, viviendas, más trenes de alta velocidad… y siempre casi todo en masculino), sino si rompemos o no con el poder de las finanzas privadas y de las grandes corporaciones empresariales y oligárquicas que nos dominan y que son las que nos han llevado a la situación en la que estamos.
Ramón Cotarelo
En los años 90 imperó en América Latina el “Consenso de Washington” como recetario obligado para que las economías de la región salieran de la crisis de la deuda y aseguraran el crecimiento. No se consiguieron los objetivos, no hubo crecimiento y sí, en cambio, varias crisis financieras. Sin embargo, las políticas del Consenso se convirtieron en el catecismo para aplicar a todos los países en vías de desarrollo, el núcleo del neoliberalismo. Europa participaba en el tal consenso en la medida en que sus países forman parte de los organismos financieros que lo apoyaban, singularmente el FMI y el Banco Mundial. Participaba del lado cómodo, acreedor, de la situación. Y, de pronto, se ha encontrado del lado malo, ha visto como esos mismos organismos y los “mercados” ,la trataban como países en desarrollo y se le aplicaba el mismo Consenso de Washington, solo que aquí pasa por ser en la práctica una especie de “consenso de Bruselas” que apenas oculta que, en realidad, es un “consenso de Berlín”.
Porque el elenco de medidas, el trágala a que se forzó a los países latinoamericanos en los 90 es en esencia el mismo que viene administrándose a los países europeos desde que se inició la actual crisis. El mismo. Empezando por el punto primero que, en realidad, es requisito de todos los demás, esto es, la disciplina presupuestaria. Las otras medidas son también exactamente iguales y, si alguna diferencia se da, es porque en Europa ya llevamos años practicándolas, como la privatización del sector público, la desregulación de los mercados, la rebaja de impuestos a las rentas altas, la privatización de los servicios públicos, especialmente la educación y la sanidad como muy bien está viéndose en España.
Siendo el “consenso de Bruselas” idéntico al de Washington (en todas sus variantes) lo lógico es suponer que su resultado sea el mismo que en América Latina, esto es, una “década perdida”, como recordaba Felipe González en una de esas reuniones de alto nivel en Hispanoamérica. Es cierto que ello no tiene por qué ser así ya que las mismas medidas aplicadas en contextos distintos pueden dar resultados distintos; pero lo más probable es que sean los mismos. Los seres humanos nos parecemos mucho.
Hay una especie de expectativa generalizada de que si los franceses eligen a Hollande presidente, se rompa el eje Francia-Alemania (que en realidad es eje Alemania-Francia) y pueda articularse una alternativa al consenso neoliberal. Es una expectativa que se nutre de la importancia objetiva de Francia en la Unión y que, probablemente es lo que más pesa en la ventaja en intención de voto de Hollande respecto a Sarkozy a quien un electorado con el nacionalismo herido no ve suficientemente eficaz en la defensa de la grandeza francesa frente a las imposiciones alemanas. Algo terrible en el país vecino. No como aquí, en donde la derecha combatió junto a los nazis en la División Azul.
El eje de la campaña de Hollande ha sido ese: el impacto en Europa de un cambio político de la derecha a la izquierda en Francia; la afirmación de la importancia de Francia y de cómo esta volverá a imponer su punto de vista reorientando una Unión que va por mal camino. Algo que Sarkozy no puede ni prometer después de cinco años de mandato en que no ha conseguido nada de lo anterior. Precisamente el hecho de que, por primera vez, Merkel haya dicho que, si la política de disciplina es prioritaria, en inmediato segundo lugar viene la de crecimiento, demuestra que puede estar preparándose para un entendimiento con la izquierda europea en el que alienta la posibilidad de que las políticas de estímulo permitan soslayar el efecto destructor del consenso neoliberal. La esperanza está en la izquierda. Otra cosa es que esta consiga articularla en términos prácticos y viables. Ahí tiene su reto, en la transformación del reformismo de discurso en hecho.
Fernando Lamata
No podemos tolerar que se esté penalizando a los enfermos con copagos, quitando ambulancias, reduciendo prestaciones sanitarias, recortando becas y fondos de investigación, empeorando la calidad de la enseñanza, eliminando los servicios sociales y reduciendo salarios, mientras aceptamos como inevitable, como castigo divino, que las personas más adineradas hurten de los bolsillos de todos los españoles 70.000 millones de euros año tras año.
Es bien conocido que Déficit es igual a Ingresos menos Gastos. Pero siempre se habla de gastos, siempre se empuña la tijera, en lugar de encender los motores.
El Boletín de Eurostat de 23 de abril titula: “El Déficit de la zona Euro y la UE-27 al 4,1% y al 4,5% respectivamente”. Como el Déficit en España solo se redujo al 8,5% en 2011, los anónimos mercados, Alemania, el BCE, el Banco de España, la Comisión Europea y las agencias de calificación presionan a España para que “haga más esfuerzos”. Y cuando el Gobierno de España, respondiendo a esas exigencias, aplica políticas de recortes sociales para disminuir el Déficit, todos ellos aplauden. El fantasma del Déficit Público es la coartada para los recortes. Lo que no se destaca casi nunca es que el Déficit Público español no se debe al exceso de Gasto Público respecto a Europa, sino a los bajos Ingresos Públicos, y es ahí donde deberíamos centrar nuestra prioridad.
Para el conjunto de la UE-27 los Ingresos Públicos ascendieron al 44,6% del PIB. En algunos países como Francia llegaron al 50,7%. En los países nórdicos algo más: Dinamarca 56,0%; Finlandia 53,2%; Suecia 51,4%. En España, en 2011, los Ingresos Públicos supusieron ¡solamente el 35,1% del PIB!. La diferencia de Ingresos Públicos entre España y Francia es de 15,6 puntos. Es un abismo. Si España tuviera un porcentaje de Ingresos Públicos similar al conjunto de la UE, tendría unos ¡95.000 millones de euros más! para reducir su Déficit. Si mantuviera el Gasto Público como en 2011, que fue de 43,6% del PIB, España no tendría déficit, tendría un superávit de 1 punto del PIB, unos 10.000 millones de euros.
Al mismo tiempo, el Boletín de Eurostat muestra cómo España no gasta más que las demás naciones europeas. Nuestro Gasto Público es de 43,6% del PIB, frente al 49,1% del conjunto de la UE-27. Es decir, 5,5 puntos menos. O lo que es lo mismo, 55.000 millones de euros menos de gasto en políticas públicas, sanidad, educación, inversiones, etc. Alemania gasta un 45,6%; Italia 49,9%; Reino Unido 49,0%; ¡Francia 55,9%!. Si nuestro Gasto Público fuera equivalente al de Francia destinaríamos a políticas públicas 120.000 millones de euros más. No menos gasto, sino más.
Por lo tanto, si queremos recortar el Déficit Fiscal, lo que debe implementar con urgencia el Gobierno es una nueva Política Económica y una nueva Política Fiscal para aumentar los Ingresos Públicos. Justo lo contrario de recortar el Gasto Público, reduciendo la cobertura sanitaria, desmontando la educación pública, eliminando la investigación, frenando la inversión pública y recortando las políticas activas de empleo.
El aumento de los Ingresos Públicos tiene que venir de dos componentes. Por una parte, la recuperación de la actividad económica. De ahí la necesidad de políticas que impulsen un nuevo modelo productivo, que necesitan inversión pública, activación del crédito hacia la economía real, estímulo a la innovación y políticas de fomento de empleo. Por otra parte, una profunda reforma fiscal, que revise todos los “agujeros” del sistema, especialmente en el impuesto de sociedades. Este impuesto ha pasado de recaudar 44.820 millones en 2007 a 16.601 en 2011: 28.600 millones menos. Esa reforma fiscal debe ir acompañada de políticas de concienciación ciudadana, desde la escuela y a todos los niveles, para que el evasor de impuestos sea rechazado socialmente como lo es un maltratador. Y también, debe acompañarse de un refuerzo importante del control, apoyando a los profesionales de la Agencia Tributaria con los medios precisos, para eliminar el fraude fiscal que hurta a la Hacienda Pública alrededor de 70.000 millones de euros.
Si no aumentamos los Ingresos Públicos y seguimos recortando el Gasto, vamos a seguir deprimiendo la economía española. A final de 2011, la Deuda Pública acumulada en nuestro país, un 68,5% del PIB, sigue siendo menor que la del conjunto de la UE27 que ascendía a 82,5%. Italia, por ejemplo, tiene una Deuda de 120,1% del PIB. Tenemos margen para impulsar políticas públicas mientras se aumentan los Ingresos.
Conviene recordar que el gravísimo problema de la Deuda en España no es la Deuda Pública, sino la Deuda Privada, tres veces mayor que la Deuda Pública. Para poder devolver esa Deuda tiene que haber actividad económica y empleo. Y por eso la política económica tiene que tener una prioridad: inversión productiva y creación de empleo y no reducción del Gasto Público. Lamentablemente, en el primer trimestre de 2012 la economía española ha registrado un decrecimiento de -0,4% del PIB. El empleo se ha reducido en un 4% en un año. Los salarios han bajado. Disminuye el consumo. Se reducen las ventas. Se reduce la producción. Es un círculo vicioso que requiere un cambio de estrategia.
Diversos foros económicos y expertos internacionales defienden este cambio de estrategia para España y para Europa. El candidato a la Presidencia de Francia, Hollande, y el SPD alemán defienden una política de crecimiento y estímulo frente a la política de recortes. De igual manera cada vez son más voces las que insisten en que la UE debería hacer mucho más, y mucho más rápido, para eliminar de su ámbito los paraísos fiscales y establecer un mecanismo de control sobre las transacciones financieras y la regulación de los productos financieros, dotándose de una vez de una agencia de calificación propia no vinculada a los especuladores. En definitiva una nueva Política Económica Europea.
Pero, además de esa reorientación, en España es muy urgente una nueva Política Fiscal que nivele los Ingresos Públicos con los países de nuestro entorno. Las Asociaciones Profesionales de Hacienda han propuesto estrategias en ese sentido, que convendría atender. El Gobierno, los sindicatos y las organizaciones sociales deberían impulsar una ofensiva radical para aumentar los Ingresos Públicos eliminando el fraude fiscal y las exenciones y desgravaciones que desvirtúan los impuestos.
