Es bien conocido el viejo chascarrillo del tipo al que le invade el mal humor con tan solo probarse un tricornio ante el espejo. Los uniformes, inventados para que podamos distinguir a los policías, jueces, camareros, soldados, o sacerdotes al primer golpe de vista, acaban fagocitando al personaje y modelando su carácter. A fuerza de ponerse toga y puñetas a diario, los jueces adquieren un rictus en el rostro con el que parecen ir avisando de que les debes algo y que lo vas a pagar. Con los curas, basta con que te den los buenos días para que sepas de inmediato, por su forma de hablar amadamada, cincelada en el seminario (que viene de semen), que acuden a ti para salvar tu alma, aunque tú no lo quieras.
El martes de carnaval, inventado por el pueblo llano como venganza y burla contra las clases que les oprimían, es el momento psicológico esperado para enfundarse en el uniforme de Papa o de reina por un día, de policía o de mujer fatal de barba y pelo en pecho. Un homosexual puede alcanzar la paz interior vestido de reinona y tacones de vértigo, y un ateo, lograr su desquite repartiendo su más ingenioso repertorio de blasfemias, tocado de bonete y sotana, sin peligro de acabar en la comisaría.
Los actores deben demostrar una sana salud mental para no verse poseídos por sus personajes. O podrían acabar como el asesino de Noruega, probablemente un esquizofrénico ultra cristiano que gustaba de vestirse y travestirse con el uniforme de tirador de élite, masón, templario, o soldado de la guerra bacteriológica.
El último día le pilló la enfermedad disfrazado de policía. Una pena que no fuese de enfermera… con lo guapo que es el hijo de la gran puta.
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En el debate del que hablábamos ayer, sobre la utilización de supuestas cortinas de humo por parte de los gobiernos para distraer a la ciudadanía de otros problemas más acuciantes, subyace una cuestión de mayor calado: si es cierto que el poder ejecutivo puede mangonear con tanta facilidad al llamado poder judicial, el mismo que debería funcionar como escudo contra todo abuso por parte de los otros poderes del Estado.
El Partido Popular, que nos gobernó durante ocho años, cada vez que siente en el cogote el aliento de la justicia, saca a pasear el fantasma de la persecución gubernamental en connivencia con jueces, fiscales y policías, sin presentar pruebas, escudándose en que los diputados disfrutan de una bula para injuriar impunemente, parapetados tras sus escaños.
Soportamos que un periodismo golpista al servicio de la extrema derecha saque a pasear tramas policiales y judiciales intoxicadas de ácido bórico al ritmo de la Orquesta Mondragón, pero lo alarmante es que un partido que ya gobernó este país insinúe con tanta insistencia que tanto jueces como policías pueden ser obligados a cometer prevaricación y otros delitos de falseamiento de pruebas.
Alarmante, porque deberían contestar a estas preguntas: ¿De verdad han comprobado en sus años de gobierno que es tan fácil corromper a jueces, fiscales y policías? ¿Cuántas veces han utilizado ellos ese mecanismo corruptor? Si es así, ¿por qué, ahora en la oposición, no proponen leyes para tapar un agujero institucional de tal calibre al servicio del enemigo?
El PP, con su presidente Manuel Fraga al frente, conserva en sus genes políticos la utilización criminal del poder judicial por parte del franquismo. Aquel Tribunal de Orden Público, absolutamente politizado, es la prueba más vergonzosa. Quizá por ello suponen que el sistema judicial sigue babeando ante los gobiernos de turno.
Cada vez que escucho por boca de un político que respeta escrupulosamente las decisiones judiciales se me vuelve el estómago como un calcetín. Cuantas más veces lo repiten, más se creen los jueces esa mentira histórica de que constituyen el tercer poder del Estado. Empezó la broma con Aristóteles, la plasmó Montesquieu en su obra capital y la continuaron con entusiasmo los ilustrados como Rousseau para saludar el advenimiento de “un poder” que sirviera de contrapeso a las monarquías despóticas y corruptas.
(Por cierto, si Montesquieu volviera, ¿qué lugar le asignaría al poder de los mercados?)
Tanto les hemos halagado el oído que los jueces han perdido la perspectiva de que son funcionarios del Estado, cuya función es hacer justicia en nombre del pueblo, nombrados por los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Funcionarios. Altos o bajos, pero funcionarios que no fueron elegidos democráticamente con nuestros votos, que se generan y aprueban a sí mismos y a sus hijos en unas oposiciones demenciales que perpetúan la endogamia hasta límites vergonzosos.
La gestación de los nombramientos del Supremo, del Constitucional y del Consejo General del Joder Pudicial se hace en el vientre político del legislativo y del ejecutivo. Hablando en plata, son la correa judicial de los partidos. Y como tribunales de procedencia política que son, sus decisiones pueden y deben estar sujetas a la crítica de los ciudadanos.
No son dioses. No son jarrones chinos como los monarcas borbónicos que se podrían quebrar si tiramos de la manta. Son funcionarios a los que no se debe reverenciar ni debilitar con el halago, porque padecen una tendencia crónica a perder la perspectiva. Porque la dignidad y el respeto que reclaman para sí es, como la tierra, únicamente para el que los trabaja. Por eso estoy con Llamazares: nos asiste el derecho a decir que hay tribunales y órganos judiciales que no se merecen nuestro respeto. Como por ejemplo, cómo os diría yo…
El descubrimiento ha cumplido ya más de dos siglos, y no cesa de confirmarse desde entonces: “el patriotismo es el último refugio de los canallas.” Todo golpe de Estado es llevado a cabo por patriotas, porque la patria, lejos de ser un lugar físico, es un concepto manipulable, en el que caben infinitos ingredientes, mezcla de racismo, religión, tradición y privilegios. Así que los golpistas no tienen más que invocar cualquiera de sus partes para justificar una acción armada en defensa de ese todo difuso que es su patria. La patria no les merece, pero ellos creen merecérsela toda.
El corporativismo no es otra cosa que la patria chica de los profesionales que reclaman el prestigio que no se merecen, escudándose en la defensa de sus intocables instituciones. Ante el levantamiento de la veda de los curas pederastas, el Vaticano se defiende acusando a los medios de comunicación de promocionar una ataque contra la Iglesia Católica. Si un juez destapa un entramado de corrupción que apesta a financiación ilegal del PP, la mejor defensa es considerarlo un ataque injurioso a su partido, no a los chorizos a los que ampara.
En fin, si un juez del tribunal Supremo, sospechoso de animadversión personal contra Baltasar Garzón, admite a trámite contra él una querella de grupos fascistas que en una democracia sana deberían estar prohibidos, la crítica a ese juez y al resto de jueces que lo secundan, sospechosos de compadreo con la ultraderecha, es considerado un ataque al Tribunal Supremo.
Se creen estrellas, cuando no son más que planetas. Su luz no es propia, es prestada. Por eso les aterra quedar en la sombra si el brillo que reciben del sol del Tribunal se apaga.
Yo le había contado a mi marciano que este país es tan generoso que fuimos capaces de amnistiar en la Transición a los criminales que levantaron y sostuvieron el régimen golpista, sanguinario e ilegítimo de Franco. Me callé (porque él será muy marciano, pero yo soy muy gallego) que los demócratas no tuvimos otra elección que ser generosos, pues los puntos de mira de los fusiles de los generales apuntaban directamente a nuestras cabezas. Puso cara de marciano cuando se lo expliqué, pero pareció entenderlo.
Luego le conté que un juez, Baltasar Garzón, con el alborozo de media España, intentó reinterpretar aquella Ley de Amnistía obtenida bajo unas circunstancias históricas harto dudosas, para ensayar una especie de juicio al franquismo. Pero que se había convertido por ello en el alguacil alguacilado, en el juez juzgado.
Continué explicándole que el promotor de su procesamiento era otro juez, fundador del movimiento progresista Jueces para la Democracia, algo que en la España del régimen habría sido un oxímoron: juez y progresista, o juez y democracia. Este juez progresista y demócrata acogió de buen grado la denuncia contra Garzón presentada por tres asociaciones fascistas, directamente interesadas en que no se toque un pelo al espíritu de la Ley de Amnistía, gracias a la cual posiblemente alguno de sus miembros o parientes, quizá padres o abuelos, andan sueltos y no en la cárcel: Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española y de las JONS.
Finalmente le dejé caer, entre dientes, que el Consejo General del Joder Pudicial, por unanimidad, con los vocales progresistas incluidos, no puso ningún impedimento para iniciar los trámites para suspender cautelarmente al juez.
Cuando le pregunté a mi marciano si lo había entendido, puso una cara pícara (es un gesto raro, mezcla entre marciano y chino) y me señaló, con el dedo ese que se le ilumina como una bombilla, a su muñeca de peluche: “Yo sí lo entiendo, pero ésta no”.
