Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
A primeros de diciembre se generó una gran expectativa acerca de la propuesta de los dirigentes Merkel y Sarkozy para la cumbre europea del 9 de diciembre. Una vez más, se hacía referencia a una propuesta y una cumbre “históricas” –ya van siendo bastantes– y parecía que de ambas tenían que salir medidas clave para resolver los graves problemas que se le presentan a la Unión Europea, y en especial a la eurozona.
Los dos mandatarios (Merkozy) presentaron una propuesta en la cumbre que fue enseguida aprobada por casi todos los países de la UE. Incluso los que no están en el euro la han aceptado también, aunque Hungría, la República Checa y Suecia han de consultar todavía a sus países y Reino Unido la ha rechazado.
El show Merkozy ha supuesto poco más que una demostración del poder de ambos dignatarios en la Unión y una intensificación de lo que la UE sostiene desde mayo de 2010. El aspecto más destacado es que se “armonizarán” las políticas fiscales, lo que significa principalmente que el déficit estructural del presupuesto tendrá un límite del 0,5%, que habrá de integrarse en las constituciones de los países y ser monitoreado por el Tribunal de Justicia de la UE; y que habrá correcciones y sanciones automáticas a los países no cumplidores, con incremento de las sanciones. La política fiscal, que hasta ahora gozaba de cierto grado de libertad, queda en adelante sometida a las autoridades de la Unión.
Se han añadido otras medidas, como que las decisiones no se tomarán por unanimidad, sino con una mayoría del 85% –lo que supone que Alemania, Francia e Italia tienen derecho al veto pero no España–, así como respecto al Fondo de Estabilidad permanente; con algunas más de carácter menor.
Sin embargo, al mismo tiempo se impide que el BCE tenga un papel más activo para resolver los problemas: se afirma que este no emitirá eurobonos, aunque parece que su gobernador (Draghi) no los descarta del todo; que no se emitirán avales europeos; que no se ampliará la compra masiva de bonos de los estados con dificultades; medidas que realmente podrían paliar los problemas financieros de los países periféricos. Por el contrario, el BCE ampliará los plazos para dar créditos al 1% a los bancos privados –de 3 a 36 meses– y estos pueden prestar a los estados, pero no prestará ni al FMI ni a los fondos de rescate europeos. Si los estados necesitan fondos tendrán que pedírselos a los bancos privados, a los mercados. Como el BCE por ley no puede ayudar directamente a los estados, se acude a la rocambolesca vía de que ¡los estados europeos bilateralmente presten al FMI 200.000 millones de euros, para que les ayude a ellos! Se insiste en la recomendación de realizar rápidamente cambios estructurales, en especial la reforma laboral, la de la negociación colectiva, las privatizaciones y el adelgazamiento del Estado del bienestar. Por supuesto, no hay ayudas para políticas activas de crecimiento, para la recuperación económica, ni para políticas sociales.
En conjunto se refuerza la austeridad, se dan importantes facilidades a la banca privada, se estrechan los márgenes para la actuación del BCE de apoyo a los estados y se hacen potentes sugerencias de reformas estructurales. En definitiva, vuelven insistentemente a lo que más importa: apretar con dureza a las poblaciones de los países con problemas bajo el argumento de reducir el déficit y disminuir la deuda.
Todas estas medidas, que tienen un gran impacto negativo en los países periféricos, no serían tan dañinas si la UE tuviera una política económica compensatoria de apoyo a las economías de los países. Pero de esto no existe ni el más mínimo rastro, sino que se percibe una decidida voluntad de no hacerlo (disminución del presupuesto de la UE). Con lo que la política económica de la UE es sólo recesiva y represiva.
En España el nuevo Gobierno ya ha afirmado que seguirá fielmente la normativa europea. De hecho, los límites al presupuesto y la prioridad del pago de la deuda ya se introdujeron en la Constitución con prisas por el Gobierno anterior. Lo que obliga a drásticos recortes del presupuesto, la correspondiente disminución del gasto social junto con la destrucción gradual del Estado del bienestar y el estímulo a su privatización. Las primeras pistas acerca del programa del recién estrenado Ejecutivo señalan su prioridad en realizar las reformas estructurales, especialmente la reforma laboral, sosteniendo que una desregulación creciente del mercado de trabajo mejorará la creación de empleo, mientras que la patronal no se recata en exigir el derecho a utilizar a los trabajadores como mejor le plazca. Se acoge la idea de los miniempleos con entusiasmo, aunque es de temer que sean más minisalarios que otra cosa.
Después de toda la algarabía acerca de los problemas del déficit y la deuda, de las propuestas de Merkozy y de la cumbre del 9 de diciembre, llegamos al verdadero objetivo: austeridad, recortes y reformas estructurales. Sabiendo perfectamente, además, que con ello no se resuelve el problema del déficit ni de la deuda, y mucho menos de la economía de los países. No es extraño que las agencias de evaluación no se hayan dejado impresionar por toda esta parafernalia y hayan rebajado las posiciones de todos los países de la eurozona. Probablemente han percibido que todo este estrépito no cambia en casi nada la situación europea.
Lo que de verdad buscan los poderes fácticos es lo mismo de siempre. Tras el bullicio, las políticas para lograr lo que de verdad interesa: el control de los trabajadores, el deterioro de sus condiciones de trabajo, el dominio de las poblaciones, la reducción al mínimo del Estado del bienestar y el debilitamiento de la democracia, la incertidumbre y un grave deterioro económico para la ciudadanía, para que todo ello les permita recuperar rápidamente sus beneficios.
Joan Boada
Miembro de la Misión Internacional de Verificación de Derechos Humanos en Colombia y diputado de ICV-EUiA
Acabo de llegar de una Misión Internacional de Verificación sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Una comitiva de 40 personas de 15 países que nos hemos repartido por ocho regiones de Colombia para establecer la situación de los defensores de los derechos humanos. Visité las regiones de Huila, Tolima y Caquetá. Durante unos días oímos, en Ibagué, las declaraciones y testimonios de hombres y mujeres que sufren acoso, persecución o prisión y que han visto cómo otros murieron por acciones del Ejército, la Policía o los paramilitares por defender su dignidad y sus tierras.
Las conclusiones de la misión, hechas públicas el pasado 2 de diciembre en Bogotá, ponen en tela de juicio la democracia colombiana y su defensa de los derechos humanos. En el informe se constata una intolerable impunidad por parte de los actores institucionales (Ejército, Policía, Fiscalía) ante la conculcación de los derechos de campesinos, afros descendientes e indígenas. Yo mismo escuche por boca de líderes de estas comunidades del Caquetá cómo ante cualquier movimiento en contra de grandes infraestructuras hidráulicas o de la minería incipiente (“locomotora minera”) que contamina ríos (fuente de vida) y destruye ricas tierras agrícolas, el Ejército o la Policía los acusa de auxiliares de la guerrilla, estigmatizándoles y llamándoles a la desmovilización. Esos hombres o mujeres, sin ninguna prueba, o por declaraciones fraudulentas y recompensadas de desmovilizados, acaban en la cárcel o asesinados.
El coronel del VI Ejército acantonado en Ibagué declaró en la prensa regional que sólo el 30% de las FARC eran hombres uniformados y con armas, el resto eran “personas normales que viven entre nosotros y que trabajan en ONG o sindicatos”. Esta es una manera clara por parte del Ejército de señalar a los hombres y mujeres que luchan en contra de la impunidad y de la pérdida de sus tierras, que se oponen a los desplazamientos forzosos y a la militarización de la sociedad. Si no se someten al Ejército son señalados como colaboradores de la guerrilla. Y de esas declaraciones oí a decenas.
Todo este acoso se agrava con la falta de seguridad que debe dar el Estado a las personas amenazadas y que tienen derecho a una protección. En algunos casos, los propios escoltas han pasado información a los paramilitares o ellos mismos han amenazado a los defensores.
No sólo hablamos con defensores y defensoras, también conversamos con instituciones regionales y nacionales de Colombia (Fiscalía, Ministerios de Defensa e Interior, Procuraduría, Defensoría). Todos llegaban a la conclusión de que la situación de guerra contra la guerrilla hace difícil el control del país. Nos reconocieron que el narcotráfico se extiende entre guerrilla y paramilitares (que a pesar de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz que los instaba a la desmovilización, la mayoría de sus grupos están en plena vorágine de violencia como los llamados Rastrojos o Águilas negras). Y entre los miembros del Ejército y la Policía, también. En algunas regiones, la corrupción es un elemento transversal de delincuencia organizada.
La democracia colombiana empieza a estar controlada por el Ejército y por aquellos que creen que la única solución a la guerra contra la guerrilla es la militar. Ni diálogo ni negociación. Así no se acabará con el conflicto, al contrario, se alargará y en este magma se mantendrán y ampliaran los negocios relacionados con el narcotráfico, los recursos mineros y la corrupción. Quizá este sea el objetivo de algunos sectores de la sociedad colombiana.
Por eso recaen muchas dudas sobre la autoría de las muertes de los policías y militares que estaban secuestrados por las FARC. La operación se hizo tres días después de que las Mujeres por la Paz lideradas por la exsenadora Piedad Córdoba recibiera una carta con respuesta positiva de las FARC a la petición de liberar a seis personas. ¿Por qué el Ejército organizó una operación en aquel momento, sin preparación y sabiendo que una de las consignas de las FARC es matar a los secuestrados si el Ejército ataca? ¿Cómo pudo estar tan mal planificada si el territorio de acción estaba cerca de la base aérea de las Tres Esquinas, una de las más importantes de Suramérica? ¿No hubo contacto armado con la guerrilla ya que no les infligieron ninguna baja?
Durante este año, la mayoría liberal y conservadora ha ido tejiendo una estructura legal que no ayuda a superar el conflicto: La “ley de víctimas y restitución de tierras” no garantiza la vida y la seguridad de las víctimas ni la restitución de las tierras. Una lectura en profundidad da la sensación de que se trata a las víctimas como a presuntos estafadores. La reforma constitucional para instaurar el Fuero Militar da la sensación de blindaje de las fuerzas militares ante un posible cese de la impunidad que ahora disfrutan. La “ley de seguridad ciudadana” parece querer controlar cualquier tipo de protesta social.
El presidente Santos, en agosto de 2010, llamó a la paz y a la reconciliación mencionando la protección a los derechos humanos como un “compromiso indeclinable con una convicción profundamente democrática, ética y humana”. Tendrá que demostrar esta proclama con hechos y no sólo con palabras. Yo encontré entre los campesinos e indígenas, entre los defensores de derechos humanos, miedo y desconfianza hacia el Estado.
Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Cuando hace unos días empecé a escribir esta nota tenía en mente al Parlamento Europeo. No obstante, los acontecimientos económico-políticos se suceden con tal velocidad que dicho comentario ha quedado ya pequeño y la ausencia de democracia se acentúa: ahora resulta que ni siquiera los gobiernos tienen que estar sometidos a las formas de legitimidad democrática y que la única preocupación es que los mercados muestren su satisfacción con estos.
Empecemos por la única institución electa de la Unión Europea. En los últimos meses, ¿alguien ha oído hablar del Parlamento Europeo? Ha desaparecido de la escena. Frente a las enormes turbulencias que está experimentando la Unión y las importantes decisiones que se toman en su nombre, no aparece ni una sola referencia al Parlamento. A pesar de la acentuada debilidad de la democracia en la UE, y de que siempre ha sido un ente marginal en la estructura de la Unión, es la única institución refrendada por los europeos, y ni se le ve, ni siquiera se pretende que tenga la más mínima importancia.
No es sólo el Parlamento. La gestión de la crisis de la deuda está siendo regida casi en exclusiva por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy que deciden cuáles serán los pasos que habrán de dar los culpables países deudores y los que habrán de seguir sin fisuras los 17 países de la eurozona y los 27 de la Unión. Que, por otra parte, no parecen resentir demasiado esta situación mientras puedan continuar tranquilos. Tampoco parece que a Merkel y Sarkozy les moleste que sea tan conspicuo que sean ellos solos los que decidan frente a sus 17 o 27 copartícipes nominales.
Aunque algunos órganos directivos intermedios de la Unión muestran algo más de presencia –se
reúnen los ministros, sobre todo los de Economía y Hacienda, para preparar las reuniones de sus respectivos jefes de Gobierno– al final aceptan los dictados del tándem Merkel-Sarkozy, o sirven para justificar las pomposas reuniones de Barroso y Van Rompuy, que luchan desesperadamente por parecer que mandan algo en la Unión mientras son
desautorizados por los dirigentes francoalemanes todas las veces que a estos les parece.
Toda esta evolución tenía que concluir como lo está haciendo, con el nombramiento de dos jefes de Gobierno de los países con los mayores problemas realizado por canales jurídicamente válidos, pero con el mínimo de incidencia de las ya muy desarboladas instituciones democráticas. Y cuya principal virtud parece residir en que son técnicos y no políticos. Pero los mercados están muy contentos y, sobre todo, Goldman Sachs que, una vez más, consigue que entre los principales dirigentes de los países se sitúen –o ¿ellos les sitúan?– sus antiguos empleados o un tecnócrata griego de amplio recorrido que, casualidad, facilitó la entrada de Grecia en el euro realizado.
Lo grave no es sólo la carencia democrática casi total, sino que esta dinámica no es más que la evolución natural de unas tendencias a ir disminuyendo el papel de las instituciones democráticas en la vida de los países. Se está privatizando la política, potenciando cada vez más, con mayor fuerza y con menores precauciones, el que la gestión de la vida común no la realicen los políticos –por muy insatisfactoriamente que sean elegidos– sino agentes cada vez más directos de los grandes poderes económicos. La disminución del papel de los legislativos, los lobbies empresariales, las puertas circulares, son aspectos bien conocidos desde hace tiempo en la escena política, pero los últimos acontecimientos apuntan a una potente ampliación de estas dinámicas y a la gradual sustitución de los políticos por técnicos de alto nivel de los poderes dominantes. El último y claro ejemplo son los nombramientos del jefe de Gobierno de Grecia y el de Italia, y el hecho de que son saludados con entusiasmo por los mercados y la inmensa mayoría de los dirigentes políticos y los creadores de opinión. Es curioso que los técnicos sean considerados en tan alta valía, pues parece lógico pensar que en general los políticos que mandan tienen tras ellos el asesoramiento de técnicos de no menor valía que los que ahora se ensalzan. ¿Tanto es el peso de unas pocas personas en los asuntos de Estado? En definitiva, se trata de la negación de la política.
En España se perciben también estas tendencias. Zapatero ha hecho gala frecuentemente de sus reuniones con banqueros y empresarios de primera línea y sus correspondientes técnicos para orientar la política económica, se establecen think tanks para tratar de encaminar la trayectoria del país, surgen documentos donde los técnicos pretenden no sólo realizar diagnósticos de lo que sucede, sino que aconsejan directamente a las más altas instancias (rey y Gobierno) acerca de la trayectoria que se debe seguir (véase la iniciativa Transforma España, por ejemplo), siendo parte de la recomendación la gradual dejación de la política en manos de los técnicos (aunque estos, causalidad, sean los técnicos de los poderes económicos dominantes).
La democracia, débil, imperfecta e insuficiente como es, está siendo asfixiada por los poderes económicos en aras de una muy hipotética eficacia que, además, favorece los intereses más poderosos y deteriora la situación de las poblaciones. Es un desarrollo muy grave, porque puede conducir a posiciones de dictadura práctica por parte de una tecnocracia dirigente minoritaria, muy alejada de los intereses de la población y sin ningún control social. No se abandona la política impunemente y esta degradación de la misma puede tener consecuencias muy serias en el futuro.
Antonio Campos Muñoz
Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina y Director Adjunto del ‘Diccionario de términos médicos’
En los últimos años, una de las actividades más importantes a la que han dedicado su voluntad y esfuerzo los miembros de la Real Academia Nacional de Medicina ha sido, sin duda, a la redacción del Diccionario de términos médicos. Un diccionario a cuya elaboración ha contribuido de modo sobresaliente un acreditado equipo técnico y lexicográfico dirigido por el doctor Fernando Navarro, especialista en lenguaje médico. La mera existencia del diccionario constituye, por los criterios con los que ha sido elaborado y por las novedades que aporta, un verdadero hito en la medicina que se ejerce, habla e investiga en nuestra lengua.
En un reciente estudio del Instituto Cervantes se afirma que la aportación del español al PIB representa el 16% y que nuestro idioma representa un valor en alza. Víctor García de la Concha, director durante muchos años de la Real Academia Española, ha afirmado asimismo que para que un idioma sobreviva y progrese es necesario que la lengua sea utilizada por un gran número de personas, que tenga un carácter unitario, que esté presente en las tecnologías y que sea una lengua importante en la diplomacia, la ciencia y los foros internacionales. Fernando Lázaro Carreter, que fue igualmente director de la Real Academia Española, señaló en su día que el porvenir del español no está en su crecimiento exterior –Brasil o Estados Unidos– o en las contiendas oficiales interiores sino, sobre todo, en que quienes lo hablamos sintamos que detrás existe el respaldo de una cultura respetada.
La publicación de este diccionario constituye un poderoso instrumento, en el ámbito del mundo hispanohablante, para impulsar gran parte de los objetivos enumerados y contribuir por tanto al desarrollo y la difusión de nuestra lengua. La obra va a contribuir en efecto a fomentar un lenguaje médico unitario y compartido, a desarrollar un lenguaje médico en español que aminore el uso indiscriminado de extranjerismos, a facilitar la traslación tecnológica, a ser y dar respaldo a la cultura médica hispánica y, finalmente, a potenciar el incremento del PIB en el ámbito sanitario.
El Diccionario de términos médicos contiene 65.000 acepciones con 24.471 equivalentes en inglés y 583 siglas, símbolos y abreviaturas. Las definiciones, muy rigurosas, poseen homogeneidad y coherencia interna y una información normativa muy abundante sobre usos, ortografía y aspectos del lenguaje médico sobre los que con frecuencia se suscitan interrogantes y dudas. Aunque el diccionario está básicamente dirigido a los profesionales sanitarios, su lectura va a ser extraordinariamente útil para numerosos profesionales que utilizan los términos médicos en desarrollo de su actividad laboral como son por ejemplo los traductores, los periodistas o los divulgadores. El público en general puede también encontrar en la obra el concepto y el dato preciso que separa la claridad de la confusión y la seguridad de la duda. Esto es especialmente importante en un mundo estrechamente conectado a internet en el que la información fluye con gran velocidad y en el que los conceptos y los datos médicos no siempre están científicamente contrastados.
En relación con las características del diccionario es muy importante reseñar algunas de las singularidades que posee y que constituyen sin duda rasgos muy novedosos para un diccionario científico de esta naturaleza. Por un lado hay que destacar que los autores de las definiciones, a las que con anterioridad he hecho referencia, han tenido siempre como objetivo desarrollar definiciones estrictamente técnicas, y ajenas a cualquier juicio o connotación de valor que pudiera lastrar su interpretación por parte de lectores no profesionales del diccionario. Por otra parte es importante señalar también que junto a la definición técnica se ha añadido en numerosas ocasiones la significación e interpretación coloquial del término, pues no podemos olvidar que muchos términos son también utilizados por los propios pacientes para expresar ante el médico el sentir de su dolencia. La mejor forma de ver lo que acabo de decir es sin duda con un ejemplo. El diccionario define el término fatiga técnicamente con acepciones de cansancio en relación con una disminución funcional orgánica o una disminución de la resistencia mecánica de un material o un instrumento, pero añade también dos acepciones coloquiales vinculadas al lenguaje popular, pues fatiga para muchos españoles, fundamentalmente del sur, significa náusea y para otros significa disnea, esto es, sensación subjetiva de falta de aire. Entre otras singularidades del diccionario hay que destacar también la existencia de más de 27.000 observaciones sobre el uso correcto de los términos y sobre la posibilidad de confundir términos que, siendo distintos, pueden parecer similares, como por ejemplo dosis tolerada y dosis permitida.
La presentación y aparición del Diccionario de términos médicos el 27 de septiembre de 2011 marca un hito en la lengua española, que dispone por primera vez de un diccionario académico de la medicina con todo lo que ello implica. El diccionario que ahora nace, tras muchos años de trabajo y esfuerzo, ha sido el sueño y la meta de muchas generaciones de académicos y estudiosos de la medicina española e hispanoamericana y constituye sin duda una de las obras más importantes realizada por la Real Academia Nacional de Medicina en sus casi 300 años de historia.
Si como ha afirmado recientemente José Manuel Blecua, actual director de la Real Academia Española, “la identidad del hablante con la lengua es lo más propio que le une con el mundo”, resulta evidente que dar rigor al lenguaje, en el que expresan su dolor y reciben su esperanza más de 400 millones de personas, contribuye, sin duda, a fomentar esa identidad y a hacer del lenguaje médico un instrumento próximo a la convivencia y a la incardinación del ser humano en la sociedad y el mundo en el que vive. El futuro éxito del diccionario que la Real Academia de Medicina ha impulsado será por tanto el de todos aquellos que en España y América somos protagonistas conjuntos de una medicina y de un idioma compartido.
Fernando Álvarez
Etólogo. Profesor de Investigación del CSIC, Estación Biológica de Doñana
A los partidarios de la fiesta de los toros les quedan ya pocos argumentos para defender su continuidad en España. Los heterogéneos toros de lidia no merecen siquiera para la genética la consideración de raza. Es falsa la pretendida protección de la dehesa que podría hacer la exigua ubicación de las ganaderías bravas en este hábitat. La Antropología ha reducido la lidia a un resto de antiguos juegos populares de destreza (en lugar del rito sacrificial con que se pretende revestir su verdadera y prosaica naturaleza). Además, la defensa del espectáculo desde la opción filosófica del egoísmo moral no casa con la creciente sensibilidad de la sociedad española hacia el sufrimiento de los animales.
El falaz argumento según el cual el toro no sufre en el ruedo, apoyado en un “estudio” que no merece tal nombre, produce sonrojo, y los partidarios de las corridas ya no acuden a él.
A los defensores de la fiesta tan sólo les queda la defensa a ultranza de la tradición (cualquier tradición, por dañina que esta sea) y los beneficios económicos que de las corridas se derivan (consistentes, en gran parte, en subsidios estatales), y defendidos, naturalmente, por sus perceptores.
Queda un último argumento, y es que cualquiera debe tener libertad para hacer cuanto le plazca: por ejemplo, torturar y matar a un animal en un espectáculo público. Aunque parezca mentira, se ha llegado a evocar esta coartada hasta por el presidente de un minoritario partido político.
En la historia de España, el rechazo a las corridas ha existido siempre, y personas de mayor o menor influencia han mostrado su repudio desde la época medieval, incluyendo personalidades de la Iglesia y la cultura, e incluso reyes (de los siglos XV al XIX, de Isabel la Católica a Carlos IV), de modo que las corridas han sido prohibidas en varias ocasiones, aunque, desde su restauración por José Bonaparte (y su ratificación por Fernando VII), la lidia se mantiene. Con el apoyo prestado a las corridas por el régimen franquista, estas cobraron relieve, aunque, con la modernización de España a la llegada de la democracia, la ciudadanía pierde interés.
El descenso de la atracción de la población española hacia los toros queda de manifiesto en los resultados de las encuestas de la empresa Gallup, en los que el porcentaje del 55% de aficionados en los años setenta, desciende al 50% en los ochenta, y a niveles del 30% en los noventa. Finalmente, la misma empresa muestra un resultado en cuanto a no mostrar ningún interés por las corridas del 69, 72 y 67% en 2002, 2006 y 2008 respectivamente. Este desinterés es especialmente importante en las mujeres (79%) y en los jóvenes (82%), y parece ser más un reducto de hombres con edades superiores a 65 años. El hecho de que tan sólo el 0,2% de los encuestados se abstenga de responder indica que la población tiene bien formada la opinión al respecto.
A pesar de que el público está muy poco interesado en las corridas, la fiesta se mantiene artificialmente gracias a los subsidios a las ganaderías y a las corridas. Las primeras, asimiladas burocráticamente a las explotaciones extensivas de carne, llegan a recibir de la Unión Europea y del Estado español más del 40% de sus ingresos (sin los cuales desaparecerían). El propio espectáculo percibe también pingües beneficios estatales en muy diversas formas, desde la promoción monetaria a diversas actividades taurinas por parte de la Comunidad de Madrid o el fuerte desembolso hacia las escuelas taurinas por parte de la Junta de Andalucía, o la compra y posterior regalo de localidades para asistir a las corridas por diversos ayuntamientos, que también suelen subvencionar las corridas que se realizan en su entorno municipal. El paso de la tauromaquia de depender del Ministerio de Interior al de Cultura el pasado mes de julio y la intención de la titular de este último de solicitar a Hacienda la modificación, en estos tiempos de crisis, del impuesto del IVA del 18% al 8% para los eventos taurinos, denota tanto irresponsabilidad como ausencia de valores.
La propia ministra del ramo ha jugado a la confusión ante las cámaras con los dos significados del término “cultura”, afirmando que los toros lo son, e implícitamente suponiendo que cualquier elemento cultural debe ser apoyado (afortunadamente hemos desechado otros igualmente deleznables).
Finalmente, a la vista de que los jóvenes pierden interés por la lidia, el fuerte grupo de presión de ganaderos y empresarios viene realizando en los últimos años una agresiva campaña para atraer a adolescentes e incluso niños hacia el mundo del toreo, y así impedir la quiebra generacional que daría al traste con el negocio taurino. Aunque, de acuerdo con la estadística, a los españoles apenas les interesan los toros, el lobby taurino ha alcanzado cierto éxito en su acercamiento a las instituciones, y estas (municipios, autonomías, Estado central) vienen colaborando a la empresa. Así lo evidencia la ley de 1992 que levantó la prohibición (vigente desde 1929, con la dictadura de Primo de Rivera) de que los niños asistieran a las corridas, o que empresas de cosos taurinos regalen entradas a la plaza a escolares, con sus profesores. El colmo lo exhibe una escuela infantil de Extremadura, con un torero impartiendo charlas y clases prácticas de toreo a niños de 4 y 5 años, que escuchan al matador con monteras de juguete en sus cabecitas.
MICAELA NAVARRO
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
Aunque para la mayoría de la ciudadanía ayer fue una fecha más en el calendario, quiero recordar que se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños; un día para manifestarse enérgicamente, como hacemos desde la Junta de Andalucía, contra una práctica que atenta directamente contra los derechos fundamentales de las mujeres.
Nos encontramos ante un gran drama humano con el que convivimos sin conmovernos, que permanece en gran medida sumergido en la opacidad de las estadísticas y que afecta a millones de seres humanos de los ámbitos geográficos y sociales más diversos. Los datos que manejamos son verdaderamente escalofriantes, Naciones Unidas cifra entre cuatro y cinco millones de personas las víctimas de trata, de las que el 80% lo serían para su explotación sexual, en su mayoría mujeres y menores. En nuestro propio país, nueve de cada diez mujeres que ejercen la prostitución son obligadas a hacerlo. Son, por tanto, mujeres prostituidas, mujeres traficadas, mujeres esclavas que ven cómo son vulnerados sus derechos más esenciales.
La ecuación es terriblemente sencilla: la gran mayoría de las mujeres prostituidas en los países ricos han sido traficadas desde países pobres. Prostitución y tráfico de personas con fines de explotación sexual son las dos caras de una misma moneda y caeríamos en un grave error separando ambos fenómenos. Se trata de un suculento negocio, articulado por redes y mafias, del que muchos sectores obtienen pingües beneficios, incluidos algunos medios de comunicación. Siguen siendo muy pocos aún los que renuncian a obtener un provecho económico por anunciar en algunas de sus páginas lo que denuncian y critican en otras.
La posición del Gobierno andaluz es clara y contundente, tolerancia cero ante la que me atrevería a calificar como la esclavitud del siglo XXI. Nuestros esfuerzos se centran en abrir nuevos espacios de respeto, en combatir una práctica que nada tiene que ver con la libertad sexual. La prostitución no parte de una relación de equidad, elegida libremente por personas adultas, sino que está íntimamente ligada con la violencia, la marginación, la dificultad económica, la cultura patriarcal y la cosificación del cuerpo de las mujeres. La prostitución es un fenómeno diametralmente opuesto al empoderamiento de las mujeres. Y, por tanto, su normalización, su aceptación como un hecho habitual por parte de determinados sectores supone una grieta en la lucha que se mantiene por la igualdad real y efectiva.
En algunos países europeos se han articulado medidas orientadas a regularizar la prostitución, que no han conseguido acabar con el tráfico de mujeres, así como con las mafias, las redes ilegales o los proxenetas que se benefician de ello. No cabe duda de que estamos ante un fenómeno realmente complejo, en el que se superponen diferentes puntos de vista y que puede ser entendido como un problema de orden moral, de orden público o como un delito. En cualquier caso, la solución no pasa por esconder el problema, como algo que simplemente es una molestia para nuestra mirada o que enturbia el paisaje de las calles. Este fenómeno ha de ser abordado en toda su dimensión.
Hay que intervenir sobre las causas y en el origen, cuyo epicentro se sitúa, insisto, en una brutal discriminación de las mujeres. Es por ello que se requiere de un amplio análisis de género, además de un compromiso en las políticas de igualdad para poder abordarlo y combatirlo. Fruto de ello es el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha por el Gobierno de España para actuar sobre esta lacra en toda su dimensión.
La concurrencia de elementos como la seguridad, la emigración o la política criminal no nos debe hacer perder de vista que lo primero es apoyar a las verdaderas víctimas, a las mujeres. Y eso es lo que hace el Gobierno andaluz, es nuestra obligación, tal como lo hemos hecho con otros tipos de violencia de género. Las actuaciones van encaminadas a evitar la discriminación con la que se enfrentan las mujeres y, por tanto, también las inmigrantes y las prostituidas. Del mismo modo, llevamos a cabo programas específicos dirigidos a las mujeres prostituidas, tanto de prevención como de atención social, y que son gestionados por diversos organismos no gubernamentales. Son programas integrales y multidisciplinares, en los que, además de medidas dirigidas a paliar su situación, se promueven y se facilitan diferentes alternativas mediante la información, la formación y el enriquecimiento personal para ayudarlas a salir de su condición de mujeres esclavas y prostituidas.
Ello se complementa con la información y la sensibilización al conjunto de la sociedad, con el objetivo de no normalizar nunca la prostitución, tomando en consideración el fomento de los derechos de las mujeres y de los menores como derechos humanos fundamentales e irrenunciables. Nuestra labor es conseguir, igual que hicimos sacando del ámbito privado la violencia de género, visibilizar la trata de mujeres con fines de explotación sexual y que sea considerada un problema de primer orden que incumbe a la sociedad en su conjunto. También trabajamos reforzando la educación sexual y afectiva, en la coeducación, en la formación y especialización de profesionales y mejorando la coordinación para hacer más efectiva la lucha contra esta inhumana realidad.
GERARDO PISARELLO / JAUME ASENS
Al menos desde la Revolución Francesa, cuando se vulneran derechos generalizables y los canales institucionales permanecen bloqueados, la resistencia civil se convierte en la última garantía contra la arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Las movilizaciones contra los desahucios impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el conjunto del Estado, al calor del 15-M, reflejan claramente esta voluntad garantista. Y las respuestas represivas a las mismas –como ocurrió en Vic–, la impotencia de unas instituciones incapaces de tutelar derechos que están en la base de los ordenamientos legales que dicen defender.
Lejos de ser un fenómeno natural o un simple trámite jurídico, los desahucios por razones económicas entrañan una innegable dosis de violencia. Quienes los padecen, no sólo ven afectado su derecho a la vivienda. Al haber dedicado casi todos sus recursos a mantener un techo para sí y los suyos, quedan expuestos a vulneraciones severas de sus derechos a la integridad física y psíquica, a conservar o a buscar un empleo, a asegurar la educación de sus hijos. En casos como el español, esta situación es especialmente trágica, ya que el desahucio no comporta casi nunca el realojamiento digno exigido por Naciones Unidas.
En realidad, estos desahucios han estado en el centro de la gestación y estallido de la crisis. Durante el boom inmobiliario, cientos de familias fueron expulsadas de sus viviendas a resultas de operaciones urbanísticas especulativas. Otras tantas fueron objeto de acoso inmobiliario: una forma no disimulada de coacción, e incluso de matonismo, dirigida contra arrendatarios con alquileres bajos, considerados una rémora para la obtención de rentas mayores. Tras el estallido de la crisis, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre las familias con hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas en condiciones leoninas. Entre 2007 y 2011, según el Consejo General del Poder Judicial, la cifra de ejecuciones hipotecarias supera las 300.000. Sólo en 2010 ya fueron 93.636. A este escenario deben sumarse, a medida que el paro se dispara, miles de desahucios por impago de alquileres con escasa o nula intervención de los servicios sociales.
La violencia que experimenta quien es desahuciado no cae del cielo. En la mayoría de los casos, es producida por entidades financieras, constructoras y grandes inmobiliarias para las que la vivienda no es un derecho, sino una simple mercancía de la que extraer la mayor renta posible. A menudo, esta violencia opera por vías abiertamente ilegales. Otras veces, cuenta con la cobertura de leyes y decisiones institucionales que la autorizan o que incluso la fomentan. Ni el sobreendeudamiento hipotecario, ni el llamado desalojo exprés, ni el apenas 2% de vivienda pública de alquiler, ni la fiebre especulativa que ha dejado tras de sí más de 3.500.000 inmuebles vacíos o infrautilizados, son el producto de espontáneas leyes de mercado. Reflejan intervenciones públicas explícitas, a menudo concertadas con agentes privados a los que deliberadamente se exime de toda responsabilidad social y jurídica.
Esta connivencia, en la que, con diferentes énfasis, coinciden los grandes partidos estatales y autonómicos, no se ha visto cuestionada por la agudización de la crisis. Propuestas razonables como la dación en pago o la movilización al alquiler social del parque habitacional en manos de la banca o de grandes propietarios, se han estrellado con la férrea oposición del PSOE, del PP y de las derechas autonómicas. Incluso los cuestionamientos al procedimiento de ejecución hipotecaria por vulneración del debido proceso y del derecho a la vivienda han sido descartados por el Tribunal Constitucional sin consideración alguna sobre la actual situación de emergencia habitacional.
Este bloqueo institucional contrasta con la actitud de otros países. En Francia, por ejemplo, existe una moratoria de desahucios durante el periodo invernal y ayuntamientos como el de Bobigny disponen de ordenanzas antidesalojos para proteger a las familias más vulnerables. En un contexto así, no sorprende que diferentes movimientos sociales y vecinales hayan emprendido movilizaciones en todo el Estado para dar apoyo a las familias afectadas y frenar los más de 200 desalojos que se practican diariamente. En los últimos meses, ya se han parado más de 60 gracias a la campaña “STOP desahucios”. Estas acciones de solidaridad constituyen una vía legítima de defensa, no de privilegios, sino de los derechos de todos, constantemente amenazados. Y suponen, además, la impugnación de normas y de decisiones judiciales e institucionales a menudo reñidas con la propia legalidad proclamada en constituciones y declaraciones de derechos humanos.
Esta desobediencia civil disruptiva pero no violenta, frente a la ilegalidad del poder que ha caracterizado la actuación del 15-M, es tal vez la última barrera garantista frente a un proceso acelerado de descomposición social. Pretender tratarla como una cuestión de orden público, practicando desahucios sin previo aviso, en horas inhábiles o con amplios
dispositivos policiales, es un gesto de impotencia que, lejos de eliminar el conflicto, ahondará el descrédito de las propias instituciones. Tener un techo digno y seguro es una necesidad básica para el desarrollo personal y para la vida en comunidad. Y el desahucio, la condena a la intemperie, una forma de violencia a la que, como muestran las acciones de protesta en curso, ninguna persona sensata y con fuerzas puede resignarse de brazos cruzados.
Los autores son juristas y miembros del Observatorio DESC
Carlos París
Filósofo y escritor. Presidente del Ateneo de Madrid
El mundo actual clama por la iluminación de un pensamiento que guíe la acción imprescindible para salir del abismo en que nos encontramos. Un abismo en que el despotismo del poder está sepultando las enormes posibilidades del actual desarrollo científico y técnico, capaz de crear una sociedad liberada de la miseria material y espiritual que ha lastrado nuestra historia. Adolfo Sánchez Vázquez aparece como un paradigma del pensamiento que necesitamos. Fue un pensador dedicado no ya a contemplar el mundo, sino a transformarlo, a levantarlo a la cúspide de las posibilidades humanas. Un pensador que, como afirmaba León Felipe de la poesía, y, en mi visión, debería aplicarse también a la filosofía viva, no parte del frío “pienso” ensimismado, sino del grito crispado ante el espectáculo social de nuestro mundo. Y analiza los senderos de la liberación. Hemos perdido recientemente la voz y la presencia física de Adolfo Sánchez Vázquez, tras una vida dedicada al desarrollo de la filosofía marxista y a la militancia por una sociedad sin explotación, pero permanece enteramente vivo su ejemplo.
Nos ha dejado Sánchez Vázquez en momentos en que la barbarie del capitalismo, en su desarrollo especulativo, impone sus dictados a gobiernos domesticados, aplasta a las masas empobrecidas y estas empiezan a expresar su creciente indignación. Sánchez Vázquez, en su marxismo ético, nada mecanicista, gustaba de repetir el dilema de Rosa Luxemburgo: “Socialismo o barbarie”, al cual, en tiempos de la Guerra Fría, de la confrontación nuclear, añadía la posibilidad de la aniquilación bélica de la humanidad.
Toda la vida de Adolfo Sánchez Vázquez fue una lucha contra la barbarie. Primero la barbarie del golpe contra la Segunda República, cuando muy joven, nacido en Málaga y estudiando en Madrid en la Facultad de Filosofía y Letras, cultivando la poesía y militando en el Partido Comunista, se entregó en el frente de combate a la defensa del Estado republicano, que iniciaba un prometedor futuro para los pueblos de España en un esfuerzo popular que cantó en su renovada poesía épica.
Tras el triunfo de la barbarie, hubo de desarrollar su obra en el exilio, como otros ilustres “trasterrados”, algunos –cual José Gaos, David García Bacca, Eduardo Nicol o Joaquín Xirau– que ya eran profesores, y otros más jóvenes, como Ferrater Mora. Era el despuntar de un renovador pensamiento hispano que hubo de trasladarse a fecundar las tierras iberoamericanas, mientras en España ensotanadas figuras los sustituían para imponer la más rígida escolástica medieval.
Tras sus estudios en México, Sánchez Vázquez desarrollará una dilatada obra que le sitúa entre los máximos filósofos marxistas y ejercerá una importante influencia no sólo en la cultura mexicana, sino en la reflexión internacional. Partiendo de la fundamentación de una estética y una ética marxistas, en su primeros trabajos, realizó después una profundización de la concepción marxista más general, entendiéndola como filosofía de la “praxis”, al modo de Gramsci, aunque con una entidad muy propia. Elaboró, así, un marxismo abierto, con acentos éticos, opuesto a las visiones deterministas y mecanicistas, como la de Althusser, que gozaba de una amplia difusión en Iberoamérica. El marxismo, en la obra de Sánchez Vázquez, se revela así pleno de actualidad. Una actualidad apremiante en momentos en que la indignación popular ante el imperio del capitalismo busca los caminos de una nueva sociedad.
Aunque su labor académica se desarrolló básicamente en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adolfo Sánchez Vázquez mantuvo una estrecha relación con España, naturalmente no con la filosofía oficial propiciada por el franquismo, sino con la que se desarrollaba en la oposición. En sus múltiples viajes pronunció numerosas conferencias en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Fundación de Investigaciones Marxistas, en el Ateneo, del cual había sido ilustre socio, y fue nombrado, además, Doctor Honoris Causa por la UNED.
He tenido la gran fortuna de mantener una estrecha relación de profunda amistad e intercambio de ideas con Sánchez Vázquez durante casi 50 años. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en el Congreso de México de 1963. Me felicitó por algunos escritos míos y pronto se estableció una profunda corriente de compenetración. A partir de aquel momento, nos enviamos nuestras publicaciones, me invitó a congresos realizados en México y a desarrollar un curso en la UNAM. Y fue ponente en el Congreso Internacional sobre mi obra, que se realizó con motivo de mi jubilación.
Siempre que venía a España o yo viajaba a México me llamaba y manteníamos un inolvidable diálogo, en los últimos 20 años en compañía de Lidia Falcón, a la que profesaba un gran afecto y con la que lamentamos la muerte de la compañera de Adolfo, cuando perdió a esta tras larga vida solidaria.
No querría terminar esta evocación de Adolfo Sánchez Vázquez sin traer a este homenaje el recuerdo de unas imágenes lúdicamente alegres, que nos dan idea de la personalidad más humana de Adolfo. Tras un Congreso de Filosofía, él y yo nos trasladamos con un grupo de alumnos y alumnas a un local de fiestas, y allí el gran maestro se puso a bailar con los estudiantes en una fraternidad y una solidaridad que no es fácil encontrar en otros pretenciosos profesores. Así era la rica humanidad del gran pensador cuyo legado vence a la caducidad de la muerte.
Nicole Thibon
Periodista
Uno de los fenómenos más desconcertantes del siglo XXI es la persistencia del hambre en el mundo. Esta reflexión, que no es sino banal, se basa en datos que lejos están de serlo. Por ejemplo, el Gobierno estadounidense publicó en mayo un sorprendente mapa de “desiertos alimenticios” en Estados Unidos. De él se desprende que hay millones de ciudadanos de ese país sin acceso a una nutrición aceptable. Tienen a su alcance patatas chips, donuts, golosinas industriales, algunas conservas y bebidas azucaradas, todo distribuido en las estaciones de servicio y demás drugstores. En los restaurantes baratos o las cantinas escolares pululan las chips, las palomitas, los mars, las pizzas y los pollos fritos con patatas, acompañados con Coca-Cola y pagados mediante bonos de alimentación. El resultado visible son esos chicos obesos, a menudo diabéticos desde su más tierna infancia.
Para encontrar algún producto fresco en esos desiertos alimenticios, habría que desplazarse al menos unos dos kilómetros en automóvil. En contra de lo que suele creerse, sólo el 50% de las familias estadounidenses están motorizadas. Según el mencionado mapa, los desiertos alimenticios no están todos en aglomeraciones perdidas en las vastas planicies y montañas del país, sino en zonas a menudo superpobladas en el corazón de las ciudades, porque los gigantescos supermercados en donde es posible hallar frutas y verduras están alejados –se encuentran en las afueras de las ciudades– y los mercados abiertos o de calle que surten la mayor parte de las ciudades europeas son prácticamente inexistentes en Estados Unidos.
En el extremo opuesto de la cadena, los niños no son obesos sino que están mal nutridos, con piernecitas flacas y vientres abombados. El Informe de la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) publicado el mes pasado es casi de tipo visual: según las nuevas estimaciones, 925 millones de personas seguirán pasando hambre crónica este año, lo cual es desastroso comparado con los 850 millones de 2002, ¡pero claramente mejor que los 1.023 millones de 2009! Congratulándose por este bajón del 9,6%, la FAO considera que “el número de subalimentados en el mundo sigue estando en un nivel inaceptable”.
El hecho de que el 98% de los subalimentados provengan de países en desarrollo no sorprende a nadie, pero lleva a una conclusión luminosa: ¡esta desigualdad se debe a un problema estructural! Lo habíamos adivinado, sobre todo sabiendo que cuatro multinacionales se reparten el 90% del comercio mundial de cereales. También sabemos que el mapa de la subalimentación es casi exactamente un calco del de la escasez de agua potable, y que este grave déficit toca a más de mil millones de personas. A la espera de que la humanidad resuelva el difícil intríngulis de la repartición de los alimentos existentes, 24.000 personas se mueren de hambre cada día –es decir, un muerto cada cuatro segundos–. Y mientras tanto, nuestros científicos concentran gravemente su enjundia en el efecto de la mala alimentación de las madres en el cerebro de sus hijos recién nacidos.
Si en Estados Unidos sigue siendo un problema sin solución conseguir una alimentación sana en las proximidades de todo lugar habitado, parece también imposible enviar los vastos excedentes de cereales, productos lácteos o cárnicos a los sitios en que más falta hacen –a menudo dentro de un mismo país–.
Pero ¿no será económica la naturaleza del problema? Tal vez, si aceptamos que sea inevitable una inversión mundial de más de 3.000 millones de dólares anuales… ¡en armamentos! ¿O será más bien de naturaleza política? “Hay que quebrar el mito técnico del hambre y reconocer que este azote es, ante todo, el resultado de factores políticos”, dice en Le Nouvel Observateur Olivier de Schutter, redactor, por encargo de las Naciones Unidas, del informe sobre la alimentación mundial. Los alimentos no escasean en el plano global. Pero ¿por qué, tal como afirma De Schutter, “Mozambique importa el 60% del trigo consumido por su población, y Egipto el 50% de todas sus necesidades alimenticias”?
El problema es político, pero la dificultad parece ser la de enfocarlo democráticamente. Es decir, comenzar por la base. Las soluciones se conocen desde hace mucho tiempo: en lugar de volcar desde lo alto de la pirámide toneladas y toneladas de alimentos desperdiciados en el camino y que nunca son suficientes para las poblaciones en dificultades, habría que fomentar la producción local, construir las carreteras, vías de ferrocarriles y vías marítimas necesarias para transportar los alimentos y almacenarlos. Técnicamente, casi todo ha sido ya inventado: se sabe cómo producir un arroz de crecimiento rápido, cereales vitaminizados, plátanos más resistentes y maíz capaz de sobrevivir a la sequía, y los progresos son constantes. Sin embargo, las primeras víctimas del hambre son los campesinos, cuando una ayuda relativamente modesta a los productores locales podría crear una producción estable, dirigida hacia el consumo local. Se trataría también de ayudarles a defenderse. Para De Schutter, “tienen un poder de negociación demasiado restringido con respecto a los intermediarios… Se trata de factores políticos que reclaman soluciones políticas”.
Encolerizado, Jacques Diouf, director de la FAO, anuncia que en octubre propondrá “una petición mundial a los poderosos de la Tierra para decirles que estamos hartos de vivir en un mundo hambriento. Para llamarles la atención me haría falta un millón de firmas… Quiero ver vuestro nombre al pie de la petición 1billionhungry”.
MIQUEL ORTEGA CERDÁ Y GUSTAVO DUCH
Pescados contaminados en nuestras mesas y la población pesquera cada vez más diezmada. ¿En qué despachos, quién y cómo se gestionan estas calamidades? En el caso español hay muestras evidentes de que los representantes no actúan de la forma más adecuada. En el Parlamento Europeo se acusa a España de encubrir la pesca ilegal y fagocitar los recursos naturales (el 19% del pescado que llega a Europa proviene de flotas ilegales); pero cuando los pescadores protestan ante ellos por la grave situación por la que están pasado, los representantes españoles explican que en Bruselas nadie les entiende ni les respeta.
Tanto se lamentan que ciertamente pareciera que su trabajo está boicoteado o ninguneado. Sin embargo, entre mayo y junio de 2011 la Comisión Europea presentó tres informes demoledores para la gestión pesquera española.
El primero de ellos, el Informe anual económico de la flota europea de 2010, trata de evaluar la situación de la flota y su posible evolución para tomar las medidas adecuadas. Lamentablemente en él se denuncia que no puede evaluar la situación económica y perspectivas de España, pues los responsables de la Administración española no habían aportado ningún dato del año 2008 y sólo algunos parciales para el periodo 2002-2007. Con la información facilitada, los expertos simplemente fueron incapaces de dibujar cuál es el escenario actual y las perspectiva futuras.
El segundo de ellos, el Informe sobre las actividades realizadas por los Estados Miembros para conseguir un equilibrio sostenible entre la capacidad pesquera y las oportunidades pesqueras, trata de seguir, probablemente, el aspecto más importante para garantizar la viabilidad económica de la flota, su adaptación a los recursos pesqueros existentes. En él se hacía una evaluación cuantitativa de la calidad y cantidad de información facilitada a los servicios de evaluación y seguimiento de la Unión Europea para cada país. España era el país peor valorado en ambos aspectos.
El tercero de ellos, el informe sobre la Aplicación del programa de recuperación de la merluza europea y la cigala, trata de evaluar si se estaban aplicando correctamente los planes diseñados para gestionar ambas especies. En los dos casos España tiene un rol principal, pues dispone del 64% de la cuota de merluza y del 41% de la de cigala. El informe apunta a que posiblemente no existe un control adecuado de los desem-
barques por parte de España, y que probablemente hay un desajuste entre la potencia del motor de las embarcaciones registrada y la real. Ambos aspectos favorecen los desastrosos resultados que indican que las capturas de ambas especies han sido 2,4 y 2,8 veces superiores a las toneladas permitidas. En términos económicos la Comisión no deja lugar a dudas, el incumplimiento ha salido caro y saldrá muy caro: “la aplicación plena del programa de recuperación desde 2006 habría incrementado los beneficios netos actuales para todo el periodo”. Pero en cambio, ahora España, sin duda, será penalizada en la cuota correspondiente en los próximos años, con consecuencias dramáticas para la pesca artesanal, que tiene en algunos segmentos una dependencia muy alta de la merluza.
Si los exámenes en Bruselas tienen tan malos resultados, cuanto menos tan alarmante es la reciente información facilitada por la organización Oceana, donde demuestra que el Gobierno ha ocultado, durante siete años, un informe que, bajo la etiqueta de confidencial, advierte sobre los altos niveles de contaminación de algunos tiburones como el pez espada, el marrajo o la tintorera. Ha sido necesario acudir a los tribunales para disponer de un informe contratado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, pagado con recursos públicos y elaborado por el Instituto Español de Oceanografía, otra institución pública.
Y ahora, en pleno debate de la reforma de la Política Pesquera Común, las primeras propuestas de los representantes, desde nuestro punto de vista, van totalmente desencaminadas, defendiendo que es imposible hacer una buena política socio-económica si se prioriza la gestión ambiental. Por ello, desde muchas organizaciones sociales, agrupaciones pesqueras y organizaciones ecologistas se traslada la necesidad de una reacción rápida y contundente por parte de la Administración pública. Empezar aseando nuestro patio es el primer paso para ganar credibilidad y sumarse a posturas que apuntan a un modelo de pesca con futuro, es decir, que premie a las flotas más selectivas, con menos impactos ambientales, que más distribuyan la riqueza; que no privatice los recursos pesqueros; que priorice la pesca artesanal sostenible; que acabe con el incumplimiento legislativo; y que no se pesque más allá de los niveles que garantizan sostenibilidad. ¿Sabremos hacerlo? Nos va en ello el prestigio, el ecosistema marino y el sistema socioeconómico pesquero.
Miquel Ortega Cerdá es coordinador político en España de OCEAN 2012
Gustavo Duch es coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’
