Andrés Villena
Licenciado en Economía y en Comunicación Audiovisual. Autor del blog ‘Detrás de la función’
En su última etapa intelectual, el sociólogo conservador Talcott Parsons concibió un genial esquema para explicar el funcionamiento de las sociedades. Parsons concibió la colectividad como un sistema con distintas partes interaccionando entre sí: sus alumnos llamaron AGIL al artilugio conceptual. Con este boceto se pretendía explicar cómo una sociedad se mantenía estable y por qué procedimientos se producía en ella el cambio.
AGIL describe una sociedad en la que el mundo de la empresa se encarga de la adaptación al medio, “A”, los gobiernos tratan de conseguir una serie de metas políticas y también económicas, “G”; todo esto tiene lugar en un sistema legal que tendría las tareas de integración de los ciudadanos “I”, bajo la influencia de una serie de valores, de creencias y de actitudes de los miembros de la sociedad, que serían sus patrones latentes de comportamiento “L”. Los cambios en las áreas delimitadas por cada letra supondrían modificaciones en las demás para mantener la sociedad adecuadamente cohesionada.
Si aplicamos este esquema a la realidad política, económica y social española, nos podemos encontrar con un mundo de la empresa y un Gobierno en interacción e intercambio constantes: los planes de rescate a la banca, la negociación por el déficit de tarifa, las deducciones fiscales a la vivienda… Los contactos son tan frecuentes entre “A” y “G” que a veces confundimos las declaraciones del presidente del BBVA con las del señor Ministro de Educación. Y no será casualidad, por tanto, que entre un mundo y el otro se intercambien los personajes: la conocida como “puerta giratoria” no es más que la grasa o el pegamento para mantener las letras en consonancia. Por cierto, José Ignacio Wert, el titular protagonista de los últimos recortes, fue director adjunto del señor Francisco González al frente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Pero, comprendidas la “A” y la “G”, no tenemos aún casi nada: precisamente cuando más profundas se hacen las “reformas”, más se endurece la ley contra las protestas y la “desobediencia civil” (“I”). Pero esto no es suficiente: para que la estabilidad -en Parsons-, o la dominación -para Marx- sean completas, necesitaríamos, por supuesto, el “consenso” de los ciudadanos. Además de las leyes que nos mantienen en nuestro sitio, es necesario que exista un número importante de canales de radio, televisión, etc., que afirmen en su discurso prácticamente lo mismo. De este modo, la subcultura que crea la tele, filtrada por las redes sociales y familiares, machacada con las portadas periodísticas de los kioskos, hace imposible imaginar una alternativa a lo que está ocurriendo. Y lo que se define como real termina siéndolo, en sus consecuencias…
Dicen que cuando una situación comienza a verse como evitable, solucionable, se hace verdaderamente imposible de soportar. De que esto no ocurra jamás se encargan todos los medios de persuasión y, de paso, nosotros mismos como cómplices, conformando la “L” que cierra el sistema y, de paso, el círculo. Se perpetúa así la estabilidad de la inestabilidad, la cruel paradoja del contrato indefinidamente temporal recientemente aprobado, la asunción estatal de las deudas bancarias, empresariales y de las familias más ingenuas o engañadas. Se nos cierra la puerta, se privatiza la realidad y nos mantenemos relativamente contentos, viendo series, relajándonos en compañía o incluso simulando indignación. Vence Parsons, como ya temían indirectamente desde la Escuela de Frankfurt, y perdemos la mayoría de nosotros. Que este y otros artículos críticos sean tachados de pesimistas y catastrofistas forma también parte del guión, de esas actitudes y orientaciones de valor que nos mantienen quietos, mientras siguen siendo otros los que deciden sobre lo que más nos importa en la vida.
Íñigo Errejón
Doctor e investigador en Ciencias Políticas en la Universidad Compluntense de Madrid. Miembro de la Fundación CEPS.
El 1 de Mayo de 2006 el Gobierno de Evo Morales y el MAS, que había tomado posesión apenas cuatro meses antes, decretaba el control estatal sobre los hidrocarburos bolivianos, la principal fuente de riqueza del país. Se abría así un proceso de renegociación de los contratos con las empresas multinacionales que desde su privatización en la década de 1990 y hasta el momento los explotaban, por el que el Estado boliviano consiguió invertir el reparto de beneficios recuperando casi 8 de cada 10 dólares obtenidos con la exportación de los hidrocarburos.
Morales cumplía así con una de las principales demandas del ciclo de movilizaciones destituyentes que precipitó la crisis del sistema político y el modelo neoliberal entre los años 2000 y 2005. Abría además un proceso de paulatina recuperación de sectores estratégicos por parte del Estado boliviano, que revertía así las privatizaciones realizadas a finales del siglo XX bajo el auspicio de los programas de ajuste estructural –similares a los que hoy se imponen a los pueblos del sur de Europa- de los que el país fue alumno aventajado.
Este 1 de mayo, como casi todos desde el 2006, el Presidente y Vicepresidente anunciaban la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad, cuya titularidad era casi en un 100% de la empresa Red Eléctrica Española, participada en un 20% por capital público, que PP y PSOE habían acordado reducir antes del cambio de Gobierno.
Sin duda la incapacidad del Ejecutivo español para ir más allá de los insultos y la retórica chovinista inflamada contra Cristina Fernández al recuperar YPF el Gobierno Argentino no ha pasado desapercibida en Bolivia. La debilidad del Estado español, que pretende marcar un músculo soberano hacia América Latina imposible de encontrar en su relación con la Troika europea, ha podido precipitar la medida de este 1 de Mayo en La Paz. Ernesto Laclau nos permite entender el nacionalismo como un “significante vacío”: un continente al que le caben los más diversos contenidos. En Bolivia, hegemonizado por los sectores subalternos, sirve a la recuperación de la soberanía y la retención del excedente para su redistribución. En España sirve a la identificación del interés general con el de las élites económicas subordinadas a Europa, la lumpenoligarquía, que no comparte sus ganancias pero llama a los nacionales a defender sus pérdidas.
El programa de reforma estatal conducido por el MAS, en todo caso, no es ningún secreto, y es resultado de la nueva correlación de fuerzas en el país. Morales llegó al Gobierno cristalizando electoralmente una incipiente hegemonía plebeya, por la cual las capas subalternas, indígenas y empobrecidas, hacían de núcleo articulador de un boque nacional-popular tan amplio como heterogéneo. Esta nueva mayoría, que lideró el proceso constituyente y no ha dejado de reafirmarse en cada cita electoral, ha fijado además un horizonte de época y un lenguaje dentro del cual hoy se mueven incluso los adversarios al Gobierno: descentralización institucional, inclusión ciudadana, descolonización del Estado y centralidad simbólico-cultural de lo indígena, y promoción del poder público como estimulador y articulador del aparato económico nacional, velando por la redistribución de los excedentes recuperados y por la diversificación en pos de procesos de mayor valor añadido que permitan romper el patrón primario-exportador propio del subdesarrollo.
Los datos no dejan lugar a dudas sobre los frutos de este proyecto. La multiplicación por 9 de los ingresos del Estado por los hidrocarburos (de 1.661 millones de dólares de media entre 2000 y 2005 hasta 9.478 millones de dólares promedio entre 2005 y 2010 según YPFB en 2011) ha permitido destinar el excedente a una política sostenida de gasto social y redistribución de la renta que han reducido la pobreza desde 2005 a 2010 de un 60,6% a un 49,6%, y han dividido por 2,5 la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre (Informe de Desarrollo Humano en Bolivia-PNUD, 2010). Todo ello en un contexto de aumento de los salarios reales y la protección social a madres embarazadas, a la infancia y a los pensionistas, compatible con las sorprendentes felicitaciones del Fondo Monetario Internacional al Gobierno Boliviano en 2011 por los datos de su crecimiento económico y de reservas internacionales, que el Gobierno decidió recientemente asignar con prioridad a las inversiones productivas. Para esto sirve la política de nacionalizaciones.
La decisión gubernamental llega en un momento político paradójico en Bolivia: la neutralización y desarticulación de la oposición conservadora regionalista que alcanzó prácticamente una situación de doble poder en la mitad del país entre 2007 y 2008 ha dejado al Gobierno sin rivales externos, sin un “afuera constitutivo” que fue muy útil para cohesionar las heterogéneas demanda del campo oficialista. Los conflictos que hoy se suceden son, por así decirlo, relativamente internos a la hegemonía del MAS, puesto que se dan en sus términos y lenguaje. Son además una característica tradicional de Bolivia: múltiples sectores de una sociedad civil muy densa que le plantean reivindicaciones corporativas a un Estado históricamente anómico. Aunque sin duda la acumulación de protestas puede estar produciendo un cierto desgaste al “evismo”, éste sigue siendo el principal actor político y compitiendo principalmente consigo mismo. Su considerable suelo electoral y de apoyo popular, particularmente en el campo, la prevalencia de sus marcos de sentido y la ausencia de rivales destacados, obligan a mayor prudencia en el análisis político del que exhiben las crónicas de las grandes empresas de la comunicación y su indisimulada hostilidad hacia el Gobierno democrático. Esta medida, además de en su sentido económico, debe ser leída políticamente como precisamente una maniobra del Gobierno, exitosa por ahora, para volver a ordenar el campo político y a colocar en primer plano el impulso transformador, últimamente en cierto impasse, por delante de las reivindicaciones particulares.
El rumbo del Gobierno boliviano, como el del argentino se inscribe en una agenda regional, que se desarrolla con diferentes ritmos e intensidades en América latina y por supuesto con excepciones. No se trata tanto de intentar divisiones artificiales entre procesos “moderados” y “radicales”, como de señalar una tendencia general. De recuperación de la participación pública en la economía, extensión o creación de derechos sociales, y ampliación del alcance de la soberanía popular a ámbitos centrales de la vida en sociedad que hasta ahora estaban bajo control de poderes privados oligopólicos: los medios de comunicación, la energía, los recursos naturales y bienes comunes, los derechos al agua, la vivienda, la salud o la educación.
Exactamente en sentido contrario de una Europa atemorizada. Si en América Latina se recupera la política como arte de decisión sobre los asuntos colectivos, en Europa se rinde a los pies de los “poderes privados” salvajes. En el Norte la democracia se retira a una actividad elitista de administración de prioridades decididas lejos de la voluntad popular, y con costes dramáticos para la ciudadanía. En el Sur desborda los parlamentos y va inundando también la vida cotidiana de las mayorías sociales. Allí crecer y redistribuir son dos partes inseparables de un mismo patrón de acumulación. Aquí la ofensiva de las clases dominantes se desenvuelve en una espiral de recesión y recortes, ineficaz e injusta para enfrentar la crisis. Ojalá para aprender del presente boliviano y latinoamericano no tengamos que pagar el precio de su pasado reciente.
Fernando Lamata
Psiquiatra y ex secretario general del Ministerio de Sanidad
Ilustración de Carlos Marques
El Gobierno del Sr. Rajoy ha presentado a las CCAA un Plan de Reforma del Sistema Nacional de Salud que supone un verdadero torpedo en la línea de flotación de la sanidad pública española. La clave de este Plan es hacer pagar a los pensionistas parte del coste de los medicamentos que les receten. Que paguen los enfermos y los más mayores quiebra el concepto del sistema. Un sistema sanitario basado en la solidaridad, con una financiación a través de impuestos, que pagamos todos (también los pensionistas) en función de nuestra renta o nuestra riqueza, para poder recibir servicios en función de nuestra necesidad.
En la misma línea, el Plan también incluye una separación de prestaciones “básicas”, de otras “suplementarias” y “accesorias” (¿por las que habrá que pagar?). Esta contra-reforma responde a un argumento de fondo que se ha expresado desde el PP al explicar por qué tienen que pagar los pensionistas: “si tienen que pagar su comida y su ropa, parece razonable que contribuyan a pagar las medicinas que son un elemento esencial de la salud”. Es decir, la sanidad se considera un asunto “privado”, como cualquier otro bien o servicio de consumo privado. Esta es la diferencia de concepto con el modelo actual del Sistema Nacional de Salud que se quiere cambiar. En España, desde la Ley General de Sanidad de 1986, que promovió el Ministro Ernest Lluch, la atención sanitaria se considera un derecho. Todas las personas tenemos derecho a la sanidad en función de nuestra necesidad de atención, y no en función de la capacidad de pago cuando nos ponemos enfermos. Convine no olvidar que en el pacto constitucional decidimos aceptar desigualdades, diferencias de propiedades, de rentas y de salarios, diferencias “en la comida y la ropa”, pero a cambio se reconocían derechos sociales importantes, como la sanidad, iguales para todos. Si se obliga a que cada persona se pague la sanidad como se paga la comida o la ropa, rompemos la baraja. Habría que repensar todo nuestro modelo económico de distribución de la rentas, habría que cuestionar los beneficios empresariales, etc.
En este nuevo modelo están implícitos el rechazo al aumento de la financiación sanitaria a través del sistema fiscal, y el aumento de la financiación privada con un repago de la atención sanitaria por los enfermos. Se “da hueco” a más sanidad privada, que se pagará el que pueda. Desarrollando este modelo, los que no puedan pagar acudirán a un servicio con menos dotación, menos medicinas, y menos calidad, la antigua “beneficencia”. Este un primer paso, pequeño cuantitativamente, pero que abriría el camino a futuros re-pagos. Los intereses financieros privados que han convertido la economía en un casino, alientan este planteamiento y quieren romper la barrera de la solidaridad. Por eso es tan importante para esos intereses introducir el repago de las medicinas para los pensionistas. Porque supone cambiar las reglas de juego. Parafraseando a José Mota: “dame hueco que yo ya sabré ya como yo ya estoy ahí..; dame hueco, que si hay hueco, habrá de lo demás… ; tú solo dame hueco”. Esta contra-reforma sanitaria “da hueco” a los financieros privados para iniciar un proceso, el de convertir la sanidad en otro lucrativo negocio.
Como es habitual, la propuesta se presenta con la “neo-lengua” oficial: “la reforma es para garantizar la sanidad pública, universal y gratuita.” Justo lo contrario de lo que conseguiría si se aplicara, y más en línea con lo que afirmaba el portavoz de sanidad del PP en el Senado, cuando dijo que había que decir la verdad: “universalidad, equidad, gratuidad y solidaridad son una utopía”.
Según lo publicado en la Nota del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y a la espera de la concreción de las medidas, podemos calcular que el repago de las medicinas por los pensionistas y el aumento a los activos, según los tramos y los topes, supondrá unos ingresos de poco más de 1.200 millones de euros. Descontando el gasto de aplicación, nueva tarjeta sanitaria, red informática, sistema de gestión, etc., se gastará casi igual que lo recaudado. ¿Entonces por qué se hace? Responde el Gobierno que esta medida no es para recaudar, sino para desincentivar el consumo. Y aquí aparece precisamente la razón que hace tan negativa esta decisión.
Si una persona enferma deja de consumir el medicamento que le ha recetado su médico por la barrera del precio, estaremos discriminando a las personas con menos rentas, con menos pensión, más mayores y más enfermas. Por eso precisamente luchamos por el derecho a la sanidad universal. Para que el acceso a este servicio sea en función de la necesidad y no de la riqueza o la edad de la persona. No aceptamos una sanidad para ricos y jóvenes, y otra para pobres y viejos.
El sistema sanitario español sigue siendo (hasta ahora) uno de los más eficientes. El consumo de los servicios más caros (los de Hospitalización) es menor que en otros países; la frecuencia de uso en Atención Primaria, descontando las consultas “administrativas”, es similar. Nuestra Atención Primaria es muy completa, con programas de salud y seguimiento de los pacientes, que no tienen otros países. La Esperanza de Vida al Nacer es la más alta de la UE-27 (Eurostat 2012). Se puede y se debe mejorar en las indicaciones de medicamentos y de pruebas y otros tratamientos (sobretodo en hospitales). Se puede y se debe mejorar en la educación sanitaria para un uso responsable. Se puede mejorar la gestión de compras. Se puede y se debe mejorar la coordinación socio-sanitaria. Pero el repago sanitario no tiene que ver con esas mejoras, es un cambio de modelo. Se quiere aprovechar la crisis y el miedo, para desmontar el concepto del derecho a la atención sanitaria pública.
Es verdad lo que han denunciado ya los pensionistas: esta reforma supone una rebaja de las pensiones, y un impuesto directo a los enfermos. Pero sobretodo es quitarnos el derecho a que cualquier persona, cuando se ponga enferma, tenga acceso al mismo servicio y a la misma atención, por el hecho de ser español. La reforma de Lluch, la universalización del derecho a la atención, es la que está en juego. En aquél momento los intereses financieros ya pedían “hueco”. Entonces no lo lograron. Entre todos tenemos que conseguir parar esta contra-reforma, esta injusta rebaja de las rentas de los trabajadores y de los mayores. Tenemos que cerrar este boquete que se pretende abrir para la privatización de la sanidad. ¡No demos hueco!
Jorge Fonseca
Catedrático EU de Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid, miembro del Consejo Científico de ATTAC
La renacionalización de YPF mediante expropiación parcial de acciones de Repsol, su principal accionista, permite medir el pulso de la democracia española bajo el actual gobierno de derecha, cuya reacción se ajusta a la propia del corporativismo neoliberal. En éste los gobiernos asumen como principal cometido de su política la preservación de los beneficios de las grandes corporaciones, cuyos intereses representan y de las que en general provienen y a las que siempre vuelven. Todo revestido de un discurso populista demagógico en el que parecen intentar convencer a la población que los accionistas de Repsol no son Caixabank, y Sacyr de la burbuja inmobiliaria sino los trabajadores empujados al paro y desahuciados por las extremistas políticas neoliberales. Lo que resulta llamativo es la generalizada defensa de Repsol y la posición del gobierno -por convicción neoliberal, sumisión o miedo al despido-, por parte de analistas, académicos y tertulianos de los principales medios, que han hecho gala de pensamiento.
Los medios alternativos, las redes sociales e incluso los seguidores de foros de los medios públicos han mostrado la distancia que hay entre el establishment y la sociedad, foso que muestra la debilidad democrática en suma. En vez de procesar los datos de la realidad, la mayoría ha reaccionado como si la expropiación por razones de interés público fuese un acto ilegal en cualquier país, cuando forma parte del ordenamiento legal español (lo establece el artículo 33.3 de la Constitución española y tiene antecedentes de aplicación en la expropiación de Rumasa en los ochenta) al igual que del argentino.
Aunque puede discutirse si la decisión del gobierno es la más adecuada o inevitable, lo que está fuera de discusión es su legitimidad. Otra cosa es valorar si la medida es justa, lo que requiere hacer un inventario de los hechos relevantes. YPF se creó como empresa estatal en 1922 quince años después que se descubriera petróleo en Argentina y fue la primera gran petrolera del mundo verticalmente integrada (exploración, explotación, destilación y comercialización). Hasta los años setenta fue muy rentable y el buque insignia de la Argentina próspera pues su superávit financiaba buena parte de las políticas sociales. La dictadura militar de Videla (1976-83) la utilizó como instrumento de destrucción del Estado, endeudándola en el exterior (su deuda pasó de 370 a 6000 millones de dólares, sexta parte de toda la deuda pública). Sus recursos se usaban para pagar la deuda y favorecer a la Exxon y Shell a las que vendía el petróleo a mitad de coste, lo que la llevó a un elevado déficit. Este expolio y la falta de inversión redujeron sus reservas probadas de 16 a 13 años, los pozos en explotación en un 30% y el empleo desde 50 mil a 32.000 trabajadores. En 1992 seguía siendo una de las grandes petroleras del mundo y altamente rentable cuando el gobierno neoliberal de Menem, continuador de la política económica de la dictadura, federalizó los hidrocarburos (las áreas concesionadas pasaron a manos de las provincias productoras), transfirió su deuda al Estado y procedió a su privatización.
En 1993 Repsol adquirió acciones hasta el 97,81% de su capital, por lo que pagó el equivalente a 11.500 millones de euros actuales, por debajo de su valor real pues está documentado que sus reservas probadas habían sido rebajadas contablemente, y además, la valoración, que depende de los beneficios esperados, se hizo cuando el barril de petróleo estaba en mínimos (10 dólares; año y medio después valía 34 y hoy supera los 105 dólares).
El hecho que en un año Repsol aumentase sus ganancias en un 140%, doblase su valor bursátil y se convirtiera en la 5ª petrolera del mundo por beneficios confirma la sospecha de subvaluación en la venta. La posterior expansión de Repsol en otros países ha estado sostenida con los beneficios de YPF argentina.
Por otra parte, la atribución que se hace Repsol del descubrimiento del riquísimo yacimiento de Vaca Muerta en Loma de la Lata, Neuquén, no se corresponde con la realidad, pues ese yacimiento se sitúa en un área en la que existen otros yacimientos de gas y petróleo descubiertos desde hace décadas, sólo que no se conocían sus características ni cuantía porque aunque se trata de hidrocarburos convencionales están depositados en reservorios no convencionales y a 3500 metros de profundidad, para los que no había tecnología disponible y que además presentan elevados riesgos medioambientales (contaminación del agua, cuestión por la que existen numerosas denuncias contra Repsol). El “descubrimiento” de Repsol consiste en haber aplicado la tecnología que ha permitido llegar hasta los reservorios y cuantificar las reservas. En cuanto a la insuficiente inversión par parte de Repsol, más allá de registros contables, que Repsol se limitó a explotar las reservas de YPF y apenas a explorar lo refleja la fuerte caída de pozos en exploración y en la reducción de reservas medidas en años. Pero también el hecho que entre 2000 y 2010 distribuyó dividendos por encima de los beneficios, es decir que no sólo no reinvertía los beneficios sino que distribuía en cantidades superiores a los beneficios alcanzados. En esto hay también responsabilidad del gobierno argentino, que en los años pasados debió desarrollar una política energética activa y previsora que exigiese a Repsol y demás empresas energéticas presentes en el país que cumpliesen con objetivos establecidos.
En lo referente a participación accionarial y beneficios, entre 2007 y 2011 Repsol vendió alrededor de un 40% de sus acciones por lo que se embolsó unos 9000 millones de euros. Entre 1999 y 2011 la distribución de dividendos de YPF fue de 10.100 millones de euros (el beneficio neto nominal fue de 12.500 millones) y fuese cierto que el actual 57% de participación de Repsol en YPF vale 8.000 millones de euros como proclama Brufau esto supondría para Repsol una ganancia acumulada de 27.000 millones (sin contar las generadas por otras empresas adquiridas con recursos de YPF), es decir un enriquecimiento neto (descontando la inversión inicial) de 15.500 millones de euros, cantidad que arroja una elevadísima rentabilidad sobre el patrimonio neto ya que la compra de YPF fue hecha con préstamos bancarios. Se estima que el beneficio real ha sido superior pues se sospecha que ha utilizado precios de transferencia para enviar beneficios al exterior encubiertos como pagos corrientes. En la actualidad los beneficios generados por YPF representan en torno al 30% del total de Repsol (50% de la producción, 40% de las reservas), aunque en los primeros años llegaron a representar hasta el 60%. Por otra parte Repsol se ha quedado con valiosos yacimientos en Brasil, Ecuador, y otros países, que pertenecían a YPF pero que fueron atribuidos a la matriz, lo que supone otra formidable ganancia materializada en activos.
Es obvio que para Argentina la renacionalización parcial de YPF no resuelve por sí el problema energético, por lo que el gobierno deberá definir una política energética sostenible –requiere inversiones de decenas de miles de euros- que resuelva los retos que tiene el país para reconstruir su aparato productivo en el marco de una estrategia que lleve al país a los niveles de bienestar social que sus ciudadanos se merecen. Por su parte el gobierno de España debería también replantearse su estrategia de mero lobbista de los monopolios que poco o nada aportan a los españoles y elaborar una política energética que no existe.
Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
A primeros de diciembre se generó una gran expectativa acerca de la propuesta de los dirigentes Merkel y Sarkozy para la cumbre europea del 9 de diciembre. Una vez más, se hacía referencia a una propuesta y una cumbre “históricas” –ya van siendo bastantes– y parecía que de ambas tenían que salir medidas clave para resolver los graves problemas que se le presentan a la Unión Europea, y en especial a la eurozona.
Los dos mandatarios (Merkozy) presentaron una propuesta en la cumbre que fue enseguida aprobada por casi todos los países de la UE. Incluso los que no están en el euro la han aceptado también, aunque Hungría, la República Checa y Suecia han de consultar todavía a sus países y Reino Unido la ha rechazado.
El show Merkozy ha supuesto poco más que una demostración del poder de ambos dignatarios en la Unión y una intensificación de lo que la UE sostiene desde mayo de 2010. El aspecto más destacado es que se “armonizarán” las políticas fiscales, lo que significa principalmente que el déficit estructural del presupuesto tendrá un límite del 0,5%, que habrá de integrarse en las constituciones de los países y ser monitoreado por el Tribunal de Justicia de la UE; y que habrá correcciones y sanciones automáticas a los países no cumplidores, con incremento de las sanciones. La política fiscal, que hasta ahora gozaba de cierto grado de libertad, queda en adelante sometida a las autoridades de la Unión.
Se han añadido otras medidas, como que las decisiones no se tomarán por unanimidad, sino con una mayoría del 85% –lo que supone que Alemania, Francia e Italia tienen derecho al veto pero no España–, así como respecto al Fondo de Estabilidad permanente; con algunas más de carácter menor.
Sin embargo, al mismo tiempo se impide que el BCE tenga un papel más activo para resolver los problemas: se afirma que este no emitirá eurobonos, aunque parece que su gobernador (Draghi) no los descarta del todo; que no se emitirán avales europeos; que no se ampliará la compra masiva de bonos de los estados con dificultades; medidas que realmente podrían paliar los problemas financieros de los países periféricos. Por el contrario, el BCE ampliará los plazos para dar créditos al 1% a los bancos privados –de 3 a 36 meses– y estos pueden prestar a los estados, pero no prestará ni al FMI ni a los fondos de rescate europeos. Si los estados necesitan fondos tendrán que pedírselos a los bancos privados, a los mercados. Como el BCE por ley no puede ayudar directamente a los estados, se acude a la rocambolesca vía de que ¡los estados europeos bilateralmente presten al FMI 200.000 millones de euros, para que les ayude a ellos! Se insiste en la recomendación de realizar rápidamente cambios estructurales, en especial la reforma laboral, la de la negociación colectiva, las privatizaciones y el adelgazamiento del Estado del bienestar. Por supuesto, no hay ayudas para políticas activas de crecimiento, para la recuperación económica, ni para políticas sociales.
En conjunto se refuerza la austeridad, se dan importantes facilidades a la banca privada, se estrechan los márgenes para la actuación del BCE de apoyo a los estados y se hacen potentes sugerencias de reformas estructurales. En definitiva, vuelven insistentemente a lo que más importa: apretar con dureza a las poblaciones de los países con problemas bajo el argumento de reducir el déficit y disminuir la deuda.
Todas estas medidas, que tienen un gran impacto negativo en los países periféricos, no serían tan dañinas si la UE tuviera una política económica compensatoria de apoyo a las economías de los países. Pero de esto no existe ni el más mínimo rastro, sino que se percibe una decidida voluntad de no hacerlo (disminución del presupuesto de la UE). Con lo que la política económica de la UE es sólo recesiva y represiva.
En España el nuevo Gobierno ya ha afirmado que seguirá fielmente la normativa europea. De hecho, los límites al presupuesto y la prioridad del pago de la deuda ya se introdujeron en la Constitución con prisas por el Gobierno anterior. Lo que obliga a drásticos recortes del presupuesto, la correspondiente disminución del gasto social junto con la destrucción gradual del Estado del bienestar y el estímulo a su privatización. Las primeras pistas acerca del programa del recién estrenado Ejecutivo señalan su prioridad en realizar las reformas estructurales, especialmente la reforma laboral, sosteniendo que una desregulación creciente del mercado de trabajo mejorará la creación de empleo, mientras que la patronal no se recata en exigir el derecho a utilizar a los trabajadores como mejor le plazca. Se acoge la idea de los miniempleos con entusiasmo, aunque es de temer que sean más minisalarios que otra cosa.
Después de toda la algarabía acerca de los problemas del déficit y la deuda, de las propuestas de Merkozy y de la cumbre del 9 de diciembre, llegamos al verdadero objetivo: austeridad, recortes y reformas estructurales. Sabiendo perfectamente, además, que con ello no se resuelve el problema del déficit ni de la deuda, y mucho menos de la economía de los países. No es extraño que las agencias de evaluación no se hayan dejado impresionar por toda esta parafernalia y hayan rebajado las posiciones de todos los países de la eurozona. Probablemente han percibido que todo este estrépito no cambia en casi nada la situación europea.
Lo que de verdad buscan los poderes fácticos es lo mismo de siempre. Tras el bullicio, las políticas para lograr lo que de verdad interesa: el control de los trabajadores, el deterioro de sus condiciones de trabajo, el dominio de las poblaciones, la reducción al mínimo del Estado del bienestar y el debilitamiento de la democracia, la incertidumbre y un grave deterioro económico para la ciudadanía, para que todo ello les permita recuperar rápidamente sus beneficios.
Joan Boada
Miembro de la Misión Internacional de Verificación de Derechos Humanos en Colombia y diputado de ICV-EUiA
Acabo de llegar de una Misión Internacional de Verificación sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. Una comitiva de 40 personas de 15 países que nos hemos repartido por ocho regiones de Colombia para establecer la situación de los defensores de los derechos humanos. Visité las regiones de Huila, Tolima y Caquetá. Durante unos días oímos, en Ibagué, las declaraciones y testimonios de hombres y mujeres que sufren acoso, persecución o prisión y que han visto cómo otros murieron por acciones del Ejército, la Policía o los paramilitares por defender su dignidad y sus tierras.
Las conclusiones de la misión, hechas públicas el pasado 2 de diciembre en Bogotá, ponen en tela de juicio la democracia colombiana y su defensa de los derechos humanos. En el informe se constata una intolerable impunidad por parte de los actores institucionales (Ejército, Policía, Fiscalía) ante la conculcación de los derechos de campesinos, afros descendientes e indígenas. Yo mismo escuche por boca de líderes de estas comunidades del Caquetá cómo ante cualquier movimiento en contra de grandes infraestructuras hidráulicas o de la minería incipiente (“locomotora minera”) que contamina ríos (fuente de vida) y destruye ricas tierras agrícolas, el Ejército o la Policía los acusa de auxiliares de la guerrilla, estigmatizándoles y llamándoles a la desmovilización. Esos hombres o mujeres, sin ninguna prueba, o por declaraciones fraudulentas y recompensadas de desmovilizados, acaban en la cárcel o asesinados.
El coronel del VI Ejército acantonado en Ibagué declaró en la prensa regional que sólo el 30% de las FARC eran hombres uniformados y con armas, el resto eran “personas normales que viven entre nosotros y que trabajan en ONG o sindicatos”. Esta es una manera clara por parte del Ejército de señalar a los hombres y mujeres que luchan en contra de la impunidad y de la pérdida de sus tierras, que se oponen a los desplazamientos forzosos y a la militarización de la sociedad. Si no se someten al Ejército son señalados como colaboradores de la guerrilla. Y de esas declaraciones oí a decenas.
Todo este acoso se agrava con la falta de seguridad que debe dar el Estado a las personas amenazadas y que tienen derecho a una protección. En algunos casos, los propios escoltas han pasado información a los paramilitares o ellos mismos han amenazado a los defensores.
No sólo hablamos con defensores y defensoras, también conversamos con instituciones regionales y nacionales de Colombia (Fiscalía, Ministerios de Defensa e Interior, Procuraduría, Defensoría). Todos llegaban a la conclusión de que la situación de guerra contra la guerrilla hace difícil el control del país. Nos reconocieron que el narcotráfico se extiende entre guerrilla y paramilitares (que a pesar de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz que los instaba a la desmovilización, la mayoría de sus grupos están en plena vorágine de violencia como los llamados Rastrojos o Águilas negras). Y entre los miembros del Ejército y la Policía, también. En algunas regiones, la corrupción es un elemento transversal de delincuencia organizada.
La democracia colombiana empieza a estar controlada por el Ejército y por aquellos que creen que la única solución a la guerra contra la guerrilla es la militar. Ni diálogo ni negociación. Así no se acabará con el conflicto, al contrario, se alargará y en este magma se mantendrán y ampliaran los negocios relacionados con el narcotráfico, los recursos mineros y la corrupción. Quizá este sea el objetivo de algunos sectores de la sociedad colombiana.
Por eso recaen muchas dudas sobre la autoría de las muertes de los policías y militares que estaban secuestrados por las FARC. La operación se hizo tres días después de que las Mujeres por la Paz lideradas por la exsenadora Piedad Córdoba recibiera una carta con respuesta positiva de las FARC a la petición de liberar a seis personas. ¿Por qué el Ejército organizó una operación en aquel momento, sin preparación y sabiendo que una de las consignas de las FARC es matar a los secuestrados si el Ejército ataca? ¿Cómo pudo estar tan mal planificada si el territorio de acción estaba cerca de la base aérea de las Tres Esquinas, una de las más importantes de Suramérica? ¿No hubo contacto armado con la guerrilla ya que no les infligieron ninguna baja?
Durante este año, la mayoría liberal y conservadora ha ido tejiendo una estructura legal que no ayuda a superar el conflicto: La “ley de víctimas y restitución de tierras” no garantiza la vida y la seguridad de las víctimas ni la restitución de las tierras. Una lectura en profundidad da la sensación de que se trata a las víctimas como a presuntos estafadores. La reforma constitucional para instaurar el Fuero Militar da la sensación de blindaje de las fuerzas militares ante un posible cese de la impunidad que ahora disfrutan. La “ley de seguridad ciudadana” parece querer controlar cualquier tipo de protesta social.
El presidente Santos, en agosto de 2010, llamó a la paz y a la reconciliación mencionando la protección a los derechos humanos como un “compromiso indeclinable con una convicción profundamente democrática, ética y humana”. Tendrá que demostrar esta proclama con hechos y no sólo con palabras. Yo encontré entre los campesinos e indígenas, entre los defensores de derechos humanos, miedo y desconfianza hacia el Estado.
Miren Etxezarreta
Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Cuando hace unos días empecé a escribir esta nota tenía en mente al Parlamento Europeo. No obstante, los acontecimientos económico-políticos se suceden con tal velocidad que dicho comentario ha quedado ya pequeño y la ausencia de democracia se acentúa: ahora resulta que ni siquiera los gobiernos tienen que estar sometidos a las formas de legitimidad democrática y que la única preocupación es que los mercados muestren su satisfacción con estos.
Empecemos por la única institución electa de la Unión Europea. En los últimos meses, ¿alguien ha oído hablar del Parlamento Europeo? Ha desaparecido de la escena. Frente a las enormes turbulencias que está experimentando la Unión y las importantes decisiones que se toman en su nombre, no aparece ni una sola referencia al Parlamento. A pesar de la acentuada debilidad de la democracia en la UE, y de que siempre ha sido un ente marginal en la estructura de la Unión, es la única institución refrendada por los europeos, y ni se le ve, ni siquiera se pretende que tenga la más mínima importancia.
No es sólo el Parlamento. La gestión de la crisis de la deuda está siendo regida casi en exclusiva por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy que deciden cuáles serán los pasos que habrán de dar los culpables países deudores y los que habrán de seguir sin fisuras los 17 países de la eurozona y los 27 de la Unión. Que, por otra parte, no parecen resentir demasiado esta situación mientras puedan continuar tranquilos. Tampoco parece que a Merkel y Sarkozy les moleste que sea tan conspicuo que sean ellos solos los que decidan frente a sus 17 o 27 copartícipes nominales.
Aunque algunos órganos directivos intermedios de la Unión muestran algo más de presencia –se
reúnen los ministros, sobre todo los de Economía y Hacienda, para preparar las reuniones de sus respectivos jefes de Gobierno– al final aceptan los dictados del tándem Merkel-Sarkozy, o sirven para justificar las pomposas reuniones de Barroso y Van Rompuy, que luchan desesperadamente por parecer que mandan algo en la Unión mientras son
desautorizados por los dirigentes francoalemanes todas las veces que a estos les parece.
Toda esta evolución tenía que concluir como lo está haciendo, con el nombramiento de dos jefes de Gobierno de los países con los mayores problemas realizado por canales jurídicamente válidos, pero con el mínimo de incidencia de las ya muy desarboladas instituciones democráticas. Y cuya principal virtud parece residir en que son técnicos y no políticos. Pero los mercados están muy contentos y, sobre todo, Goldman Sachs que, una vez más, consigue que entre los principales dirigentes de los países se sitúen –o ¿ellos les sitúan?– sus antiguos empleados o un tecnócrata griego de amplio recorrido que, casualidad, facilitó la entrada de Grecia en el euro realizado.
Lo grave no es sólo la carencia democrática casi total, sino que esta dinámica no es más que la evolución natural de unas tendencias a ir disminuyendo el papel de las instituciones democráticas en la vida de los países. Se está privatizando la política, potenciando cada vez más, con mayor fuerza y con menores precauciones, el que la gestión de la vida común no la realicen los políticos –por muy insatisfactoriamente que sean elegidos– sino agentes cada vez más directos de los grandes poderes económicos. La disminución del papel de los legislativos, los lobbies empresariales, las puertas circulares, son aspectos bien conocidos desde hace tiempo en la escena política, pero los últimos acontecimientos apuntan a una potente ampliación de estas dinámicas y a la gradual sustitución de los políticos por técnicos de alto nivel de los poderes dominantes. El último y claro ejemplo son los nombramientos del jefe de Gobierno de Grecia y el de Italia, y el hecho de que son saludados con entusiasmo por los mercados y la inmensa mayoría de los dirigentes políticos y los creadores de opinión. Es curioso que los técnicos sean considerados en tan alta valía, pues parece lógico pensar que en general los políticos que mandan tienen tras ellos el asesoramiento de técnicos de no menor valía que los que ahora se ensalzan. ¿Tanto es el peso de unas pocas personas en los asuntos de Estado? En definitiva, se trata de la negación de la política.
En España se perciben también estas tendencias. Zapatero ha hecho gala frecuentemente de sus reuniones con banqueros y empresarios de primera línea y sus correspondientes técnicos para orientar la política económica, se establecen think tanks para tratar de encaminar la trayectoria del país, surgen documentos donde los técnicos pretenden no sólo realizar diagnósticos de lo que sucede, sino que aconsejan directamente a las más altas instancias (rey y Gobierno) acerca de la trayectoria que se debe seguir (véase la iniciativa Transforma España, por ejemplo), siendo parte de la recomendación la gradual dejación de la política en manos de los técnicos (aunque estos, causalidad, sean los técnicos de los poderes económicos dominantes).
La democracia, débil, imperfecta e insuficiente como es, está siendo asfixiada por los poderes económicos en aras de una muy hipotética eficacia que, además, favorece los intereses más poderosos y deteriora la situación de las poblaciones. Es un desarrollo muy grave, porque puede conducir a posiciones de dictadura práctica por parte de una tecnocracia dirigente minoritaria, muy alejada de los intereses de la población y sin ningún control social. No se abandona la política impunemente y esta degradación de la misma puede tener consecuencias muy serias en el futuro.
Antonio Campos Muñoz
Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina y Director Adjunto del ‘Diccionario de términos médicos’
En los últimos años, una de las actividades más importantes a la que han dedicado su voluntad y esfuerzo los miembros de la Real Academia Nacional de Medicina ha sido, sin duda, a la redacción del Diccionario de términos médicos. Un diccionario a cuya elaboración ha contribuido de modo sobresaliente un acreditado equipo técnico y lexicográfico dirigido por el doctor Fernando Navarro, especialista en lenguaje médico. La mera existencia del diccionario constituye, por los criterios con los que ha sido elaborado y por las novedades que aporta, un verdadero hito en la medicina que se ejerce, habla e investiga en nuestra lengua.
En un reciente estudio del Instituto Cervantes se afirma que la aportación del español al PIB representa el 16% y que nuestro idioma representa un valor en alza. Víctor García de la Concha, director durante muchos años de la Real Academia Española, ha afirmado asimismo que para que un idioma sobreviva y progrese es necesario que la lengua sea utilizada por un gran número de personas, que tenga un carácter unitario, que esté presente en las tecnologías y que sea una lengua importante en la diplomacia, la ciencia y los foros internacionales. Fernando Lázaro Carreter, que fue igualmente director de la Real Academia Española, señaló en su día que el porvenir del español no está en su crecimiento exterior –Brasil o Estados Unidos– o en las contiendas oficiales interiores sino, sobre todo, en que quienes lo hablamos sintamos que detrás existe el respaldo de una cultura respetada.
La publicación de este diccionario constituye un poderoso instrumento, en el ámbito del mundo hispanohablante, para impulsar gran parte de los objetivos enumerados y contribuir por tanto al desarrollo y la difusión de nuestra lengua. La obra va a contribuir en efecto a fomentar un lenguaje médico unitario y compartido, a desarrollar un lenguaje médico en español que aminore el uso indiscriminado de extranjerismos, a facilitar la traslación tecnológica, a ser y dar respaldo a la cultura médica hispánica y, finalmente, a potenciar el incremento del PIB en el ámbito sanitario.
El Diccionario de términos médicos contiene 65.000 acepciones con 24.471 equivalentes en inglés y 583 siglas, símbolos y abreviaturas. Las definiciones, muy rigurosas, poseen homogeneidad y coherencia interna y una información normativa muy abundante sobre usos, ortografía y aspectos del lenguaje médico sobre los que con frecuencia se suscitan interrogantes y dudas. Aunque el diccionario está básicamente dirigido a los profesionales sanitarios, su lectura va a ser extraordinariamente útil para numerosos profesionales que utilizan los términos médicos en desarrollo de su actividad laboral como son por ejemplo los traductores, los periodistas o los divulgadores. El público en general puede también encontrar en la obra el concepto y el dato preciso que separa la claridad de la confusión y la seguridad de la duda. Esto es especialmente importante en un mundo estrechamente conectado a internet en el que la información fluye con gran velocidad y en el que los conceptos y los datos médicos no siempre están científicamente contrastados.
En relación con las características del diccionario es muy importante reseñar algunas de las singularidades que posee y que constituyen sin duda rasgos muy novedosos para un diccionario científico de esta naturaleza. Por un lado hay que destacar que los autores de las definiciones, a las que con anterioridad he hecho referencia, han tenido siempre como objetivo desarrollar definiciones estrictamente técnicas, y ajenas a cualquier juicio o connotación de valor que pudiera lastrar su interpretación por parte de lectores no profesionales del diccionario. Por otra parte es importante señalar también que junto a la definición técnica se ha añadido en numerosas ocasiones la significación e interpretación coloquial del término, pues no podemos olvidar que muchos términos son también utilizados por los propios pacientes para expresar ante el médico el sentir de su dolencia. La mejor forma de ver lo que acabo de decir es sin duda con un ejemplo. El diccionario define el término fatiga técnicamente con acepciones de cansancio en relación con una disminución funcional orgánica o una disminución de la resistencia mecánica de un material o un instrumento, pero añade también dos acepciones coloquiales vinculadas al lenguaje popular, pues fatiga para muchos españoles, fundamentalmente del sur, significa náusea y para otros significa disnea, esto es, sensación subjetiva de falta de aire. Entre otras singularidades del diccionario hay que destacar también la existencia de más de 27.000 observaciones sobre el uso correcto de los términos y sobre la posibilidad de confundir términos que, siendo distintos, pueden parecer similares, como por ejemplo dosis tolerada y dosis permitida.
La presentación y aparición del Diccionario de términos médicos el 27 de septiembre de 2011 marca un hito en la lengua española, que dispone por primera vez de un diccionario académico de la medicina con todo lo que ello implica. El diccionario que ahora nace, tras muchos años de trabajo y esfuerzo, ha sido el sueño y la meta de muchas generaciones de académicos y estudiosos de la medicina española e hispanoamericana y constituye sin duda una de las obras más importantes realizada por la Real Academia Nacional de Medicina en sus casi 300 años de historia.
Si como ha afirmado recientemente José Manuel Blecua, actual director de la Real Academia Española, “la identidad del hablante con la lengua es lo más propio que le une con el mundo”, resulta evidente que dar rigor al lenguaje, en el que expresan su dolor y reciben su esperanza más de 400 millones de personas, contribuye, sin duda, a fomentar esa identidad y a hacer del lenguaje médico un instrumento próximo a la convivencia y a la incardinación del ser humano en la sociedad y el mundo en el que vive. El futuro éxito del diccionario que la Real Academia de Medicina ha impulsado será por tanto el de todos aquellos que en España y América somos protagonistas conjuntos de una medicina y de un idioma compartido.
Fernando Álvarez
Etólogo. Profesor de Investigación del CSIC, Estación Biológica de Doñana
A los partidarios de la fiesta de los toros les quedan ya pocos argumentos para defender su continuidad en España. Los heterogéneos toros de lidia no merecen siquiera para la genética la consideración de raza. Es falsa la pretendida protección de la dehesa que podría hacer la exigua ubicación de las ganaderías bravas en este hábitat. La Antropología ha reducido la lidia a un resto de antiguos juegos populares de destreza (en lugar del rito sacrificial con que se pretende revestir su verdadera y prosaica naturaleza). Además, la defensa del espectáculo desde la opción filosófica del egoísmo moral no casa con la creciente sensibilidad de la sociedad española hacia el sufrimiento de los animales.
El falaz argumento según el cual el toro no sufre en el ruedo, apoyado en un “estudio” que no merece tal nombre, produce sonrojo, y los partidarios de las corridas ya no acuden a él.
A los defensores de la fiesta tan sólo les queda la defensa a ultranza de la tradición (cualquier tradición, por dañina que esta sea) y los beneficios económicos que de las corridas se derivan (consistentes, en gran parte, en subsidios estatales), y defendidos, naturalmente, por sus perceptores.
Queda un último argumento, y es que cualquiera debe tener libertad para hacer cuanto le plazca: por ejemplo, torturar y matar a un animal en un espectáculo público. Aunque parezca mentira, se ha llegado a evocar esta coartada hasta por el presidente de un minoritario partido político.
En la historia de España, el rechazo a las corridas ha existido siempre, y personas de mayor o menor influencia han mostrado su repudio desde la época medieval, incluyendo personalidades de la Iglesia y la cultura, e incluso reyes (de los siglos XV al XIX, de Isabel la Católica a Carlos IV), de modo que las corridas han sido prohibidas en varias ocasiones, aunque, desde su restauración por José Bonaparte (y su ratificación por Fernando VII), la lidia se mantiene. Con el apoyo prestado a las corridas por el régimen franquista, estas cobraron relieve, aunque, con la modernización de España a la llegada de la democracia, la ciudadanía pierde interés.
El descenso de la atracción de la población española hacia los toros queda de manifiesto en los resultados de las encuestas de la empresa Gallup, en los que el porcentaje del 55% de aficionados en los años setenta, desciende al 50% en los ochenta, y a niveles del 30% en los noventa. Finalmente, la misma empresa muestra un resultado en cuanto a no mostrar ningún interés por las corridas del 69, 72 y 67% en 2002, 2006 y 2008 respectivamente. Este desinterés es especialmente importante en las mujeres (79%) y en los jóvenes (82%), y parece ser más un reducto de hombres con edades superiores a 65 años. El hecho de que tan sólo el 0,2% de los encuestados se abstenga de responder indica que la población tiene bien formada la opinión al respecto.
A pesar de que el público está muy poco interesado en las corridas, la fiesta se mantiene artificialmente gracias a los subsidios a las ganaderías y a las corridas. Las primeras, asimiladas burocráticamente a las explotaciones extensivas de carne, llegan a recibir de la Unión Europea y del Estado español más del 40% de sus ingresos (sin los cuales desaparecerían). El propio espectáculo percibe también pingües beneficios estatales en muy diversas formas, desde la promoción monetaria a diversas actividades taurinas por parte de la Comunidad de Madrid o el fuerte desembolso hacia las escuelas taurinas por parte de la Junta de Andalucía, o la compra y posterior regalo de localidades para asistir a las corridas por diversos ayuntamientos, que también suelen subvencionar las corridas que se realizan en su entorno municipal. El paso de la tauromaquia de depender del Ministerio de Interior al de Cultura el pasado mes de julio y la intención de la titular de este último de solicitar a Hacienda la modificación, en estos tiempos de crisis, del impuesto del IVA del 18% al 8% para los eventos taurinos, denota tanto irresponsabilidad como ausencia de valores.
La propia ministra del ramo ha jugado a la confusión ante las cámaras con los dos significados del término “cultura”, afirmando que los toros lo son, e implícitamente suponiendo que cualquier elemento cultural debe ser apoyado (afortunadamente hemos desechado otros igualmente deleznables).
Finalmente, a la vista de que los jóvenes pierden interés por la lidia, el fuerte grupo de presión de ganaderos y empresarios viene realizando en los últimos años una agresiva campaña para atraer a adolescentes e incluso niños hacia el mundo del toreo, y así impedir la quiebra generacional que daría al traste con el negocio taurino. Aunque, de acuerdo con la estadística, a los españoles apenas les interesan los toros, el lobby taurino ha alcanzado cierto éxito en su acercamiento a las instituciones, y estas (municipios, autonomías, Estado central) vienen colaborando a la empresa. Así lo evidencia la ley de 1992 que levantó la prohibición (vigente desde 1929, con la dictadura de Primo de Rivera) de que los niños asistieran a las corridas, o que empresas de cosos taurinos regalen entradas a la plaza a escolares, con sus profesores. El colmo lo exhibe una escuela infantil de Extremadura, con un torero impartiendo charlas y clases prácticas de toreo a niños de 4 y 5 años, que escuchan al matador con monteras de juguete en sus cabecitas.
MICAELA NAVARRO
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
Aunque para la mayoría de la ciudadanía ayer fue una fecha más en el calendario, quiero recordar que se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños; un día para manifestarse enérgicamente, como hacemos desde la Junta de Andalucía, contra una práctica que atenta directamente contra los derechos fundamentales de las mujeres.
Nos encontramos ante un gran drama humano con el que convivimos sin conmovernos, que permanece en gran medida sumergido en la opacidad de las estadísticas y que afecta a millones de seres humanos de los ámbitos geográficos y sociales más diversos. Los datos que manejamos son verdaderamente escalofriantes, Naciones Unidas cifra entre cuatro y cinco millones de personas las víctimas de trata, de las que el 80% lo serían para su explotación sexual, en su mayoría mujeres y menores. En nuestro propio país, nueve de cada diez mujeres que ejercen la prostitución son obligadas a hacerlo. Son, por tanto, mujeres prostituidas, mujeres traficadas, mujeres esclavas que ven cómo son vulnerados sus derechos más esenciales.
La ecuación es terriblemente sencilla: la gran mayoría de las mujeres prostituidas en los países ricos han sido traficadas desde países pobres. Prostitución y tráfico de personas con fines de explotación sexual son las dos caras de una misma moneda y caeríamos en un grave error separando ambos fenómenos. Se trata de un suculento negocio, articulado por redes y mafias, del que muchos sectores obtienen pingües beneficios, incluidos algunos medios de comunicación. Siguen siendo muy pocos aún los que renuncian a obtener un provecho económico por anunciar en algunas de sus páginas lo que denuncian y critican en otras.
La posición del Gobierno andaluz es clara y contundente, tolerancia cero ante la que me atrevería a calificar como la esclavitud del siglo XXI. Nuestros esfuerzos se centran en abrir nuevos espacios de respeto, en combatir una práctica que nada tiene que ver con la libertad sexual. La prostitución no parte de una relación de equidad, elegida libremente por personas adultas, sino que está íntimamente ligada con la violencia, la marginación, la dificultad económica, la cultura patriarcal y la cosificación del cuerpo de las mujeres. La prostitución es un fenómeno diametralmente opuesto al empoderamiento de las mujeres. Y, por tanto, su normalización, su aceptación como un hecho habitual por parte de determinados sectores supone una grieta en la lucha que se mantiene por la igualdad real y efectiva.
En algunos países europeos se han articulado medidas orientadas a regularizar la prostitución, que no han conseguido acabar con el tráfico de mujeres, así como con las mafias, las redes ilegales o los proxenetas que se benefician de ello. No cabe duda de que estamos ante un fenómeno realmente complejo, en el que se superponen diferentes puntos de vista y que puede ser entendido como un problema de orden moral, de orden público o como un delito. En cualquier caso, la solución no pasa por esconder el problema, como algo que simplemente es una molestia para nuestra mirada o que enturbia el paisaje de las calles. Este fenómeno ha de ser abordado en toda su dimensión.
Hay que intervenir sobre las causas y en el origen, cuyo epicentro se sitúa, insisto, en una brutal discriminación de las mujeres. Es por ello que se requiere de un amplio análisis de género, además de un compromiso en las políticas de igualdad para poder abordarlo y combatirlo. Fruto de ello es el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha por el Gobierno de España para actuar sobre esta lacra en toda su dimensión.
La concurrencia de elementos como la seguridad, la emigración o la política criminal no nos debe hacer perder de vista que lo primero es apoyar a las verdaderas víctimas, a las mujeres. Y eso es lo que hace el Gobierno andaluz, es nuestra obligación, tal como lo hemos hecho con otros tipos de violencia de género. Las actuaciones van encaminadas a evitar la discriminación con la que se enfrentan las mujeres y, por tanto, también las inmigrantes y las prostituidas. Del mismo modo, llevamos a cabo programas específicos dirigidos a las mujeres prostituidas, tanto de prevención como de atención social, y que son gestionados por diversos organismos no gubernamentales. Son programas integrales y multidisciplinares, en los que, además de medidas dirigidas a paliar su situación, se promueven y se facilitan diferentes alternativas mediante la información, la formación y el enriquecimiento personal para ayudarlas a salir de su condición de mujeres esclavas y prostituidas.
Ello se complementa con la información y la sensibilización al conjunto de la sociedad, con el objetivo de no normalizar nunca la prostitución, tomando en consideración el fomento de los derechos de las mujeres y de los menores como derechos humanos fundamentales e irrenunciables. Nuestra labor es conseguir, igual que hicimos sacando del ámbito privado la violencia de género, visibilizar la trata de mujeres con fines de explotación sexual y que sea considerada un problema de primer orden que incumbe a la sociedad en su conjunto. También trabajamos reforzando la educación sexual y afectiva, en la coeducación, en la formación y especialización de profesionales y mejorando la coordinación para hacer más efectiva la lucha contra esta inhumana realidad.
