Hace dos semanas, Florentino Pérez estaba atrapado en la pegajosa tela de araña que él mismo había contribuido a tejer. Su decidida apuesta por el sector energético como ámbito para la diversificación de ACS se había convertido a la postre en un arma de doble filo. Los dividendos procedentes de Unión Fenosa e Iberdrola estaban permitiendo que la constructora salvara sin despeinarse la crisis del ladrillo. Pero la deuda contraída para acometer esas inversiones era una losa cada vez más difícil de soportar. Además, la posibilidad de dar la campanada con la toma de control de Iberdrola se alejaba a pasos agigantados debido al efecto disuasorio que la numantina resistencia del presidente de la primera eléctrica española había tenido en las aspiraciones de EDF, copartícipe inicial de la operación.
Aquel preocupante panorama amenazaba con enturbiarse aún más en el caso de que el valor bursátil de Unión Fenosa continuara deslizándose cuesta abajo. Buena parte del 45% perteneciente a ACS está pignorada como garantía de los créditos que sirvieron para adquirir las acciones y, si la cotización se sitúa por debajo del precio de compra, hay que poner nuevas garantías, con el consiguiente quebranto financiero.
Ni corto ni perezoso, el 17 de julio, Florentino Pérez hizo un inesperado movimiento que acabaría proporcionándole el balón de oxígeno que tanto necesitaba. Anunció la venta de Unión Fenosa y, de forma más sibilina, un cese, al menos temporal, de su ofensiva sobre Iberdrola.
Quince días después, el precio de Unión Fenosa ha subido un 36%, con la consiguiente mejora de la posición de ACS frente a sus acreedores. Hay un candidato en firme para comprar la eléctrica gallega: Gas Natural, que está dispuesta a hacerse con el 100% de ella. Y Florentino Pérez tiene la posibilidad de reducir sustancialmente la deuda de la constructora, que ronda los 18.000 millones y puede comprometer sus cuentas.
De paso, él y sus socios (la familia March y los Albertos) se han hecho en este tiempo un poco más ricos, gracias a los 2.700 millones de plusvalías que dejará la venta de Unión Fenosa.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lo constató hace mes y pico. Los márgenes empresariales, dijo, tienen mayor parte de culpa que los salarios en la escalada de la inflación. Mientras que estos llevan décadas subiendo a un ritmo moderado, el comportamiento de los beneficios ha sido rampante. Y, en el caso de la banca, su evolución ha alcanzado la categoría de disparate.
Quienes justificaban esas desorbitadas ganancias por la bonanza de la situación general no se habrán extrañado de que las alegrías sean menos ahora que pintan bastos. Crecimientos del 30, del 40 o del 50%, como los que se han dado en los últimos años, son hoy impensables, aunque nadie puede garantizar que no vayan a reproducirse mañana, una vez que las aguas hayan vuelto a su cauce.
Aún así, la gran banca no tiene motivo para quejarse. Sus beneficios totales se han estancado, sí; pero los derivados de su actividad ordinaria continúan aumentando por encima del 16%. Eso significa que la intermediación pura y dura constituye un magnífico negocio incluso en tiempos de tribulación económica. Sólo a Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Popular les ha proporcionado 10.125 millones de euros en el primer semestre; o sea, la friolera de 55,6 millones diarios.
El cobro masivo de comisiones, el ensanchamiento de los márgenes propiciado por los altos tipos de interés y el todavía limitado impacto de la morosidad explican que la gran banca se bandee más que bien en medio de esta desigual crisis.
Fernando Conte tenía claro desde hace tiempo que Iberia no podía seguir volando sola mucho más. Con motivo de la junta de accionistas de 2005, el presidente de la compañía española de bandera se quejó del elevado número de operadores aéreos existentes en Europa. “Somos demasiadas empresas”, dijo. El proceso de concentración recién iniciado entonces no admitía vuelta atrás, según él: “La fusión de Air France y KLM”, advirtió, “ha marcado el camino”.
Tres años después de pronunciar aquellas palabras, Conte ha podido anunciar que Iberia, por fin, ha encontrado marido. Se trata de British Airways, un viejo amigo que desde la privatización es oficialmente el socio industrial de la compañía. Un papel en el que nunca se ha empleado a fondo por temor quizás a que acabara volviéndosele en contra, dada la descarnada competencia que se libra en los cielos.
El empeoramiento de las condiciones de explotación del negocio ha obligado a Iberia y a British Airways finalmente a ponerse de acuerdo. Su nueva condición de tercer grupo aéreo del mundo le permitirá afrontar mejor la racionalización de costes exigida por la brutal escalada del precio de los combustibles. Juntos, siempre podrán imponer mejores condiciones a sus proveedores que por separado. Aunque seguirán funcionando de forma independiente, parece inevitable que también se produzcan algunos ajustes tendentes a aligerar las respectivas estructuras.
El matrimonio, por otra parte, permite sumar las ofertas comerciales de los dos contrayentes. Iberia domina el tráfico entre Europa y América Latina, mientras que British es el puente hacia Estados Unidos, Canadá y Asia.
Caja Madrid, principal accionista de Iberia, ha saludado con satisfacción el acuerdo, que sin duda beneficiará a Barajas. La entidad, que está controlada a su vez por el Gobierno regional, tenía un enorme interés por preservar al aeropuerto como gran centro de distribución de vuelos. Si Iberia hubiera caído en manos de otro gigante de la aviación, como Lufthansa, el mantenimiento de ese rango corría serio peligro.
Nunca debió de imaginar Miguel Sebastián que sus aquelarres económicos adquirirían la notoriedad del que se celebra hoy. No fue él quien se inventó estas reuniones, pero sí les prestó acomodo alguna vez en la Moncloa mientras campó por allí al frente de la controvertida oficina que Zapatero creó nada más llegar al Gobierno para tenerlo cerca. Aunque carecían de periodicidad fija, proporcionaban munición que luego era incorporada a los informes de coyuntura dirigidos al presidente.
Cuando Sebastián aceptó inmolarse en una desigual pelea contra Alberto Ruiz-Gallardón por la Alcaldía de Madrid y lo sustituyó David Taguas, aquellas asambleas de economistas tuvieron que buscar otros escenarios. Y ha tenido que ser el sucesor del sucesor, Javier Vallés, quien les abra de nuevo las puertas del palacio.
Por qué lo ha hecho no se sabe a ciencia cierta, aunque la versión oficial es que para recabar ideas que ayuden a plantarle cara a la delicada situación por la que atraviesa España. Como si en la Administración no hubiera profesionales con suficiente experiencia.
Los gurús citados hoy, además, poco pueden añadir a lo que han dicho ya por activa y por pasiva, a propósito de la crisis actual o de los problemas estructurales que desde antiguo ralentizan nuestro
desarrollo.
Lo que parece claro, en cualquier caso, es que la mera convocatoria del cónclave contribuye a transmitir la impresión de que el Gobierno no permanece inerte ante la crisis, y eso explica la inusual publicidad que en este caso se le ha dado.
Chuzos de punta no están cayendo sólo sobre nuestra economía. En casi todas partes hay problemas de crecimiento y de inflación por culpa de la carestía del petróleo y de los alimentos. Pero el absurdo interés del Gobierno por enmascarar la situación ha inoculado el virus de la desconfianza en el ánimo de mucha gente.
Zapatero ha admitido la crisis demasiado tarde y lo ha hecho al relance, como sin querer, cuando para la mayoría de los españoles era ya una realidad incontestable. Negándola contra viento y marea ha arriesgado buena parte de su crédito político, convencido quizás de que el éxito de las elecciones generales del 9 de marzo le proporcionaba margen de sobra. Las encuestas más recientes revelan que, a cuenta de eso, se ha dejado bastantes pelos en la gatera.
Transcurridos cien días desde la toma de posesión del Gobierno, la economía rueda cuesta abajo y sin frenos. La cosecha de malas noticias es cada día más abundante y, de momento, no hay ni un signo en el horizonte que dé pábulo a la esperanza.
Mientras tanto, el presidente, reconfortado por el “optimismo antropológico” del que se dice deudor, predica tranquilidad, cada vez más solo, con la misma flema que el capitán del Titanic.
La mayor suspensión de pagos de la historia de España es fruto de la ambición incontrolada de Fernando Martín, presidente de Martinsa, y de quienes corearon su inoportuna idea de echar el resto en la compra de un gigante inmobiliario cuando la crisis del ladrillo llamaba ya a nuestra puerta.
Para llevar a cabo la operación, un granado grupo de entidades financieras no tuvo inconveniente en prestarle el dinero necesario, alrededor de 4.000 millones de euros, con la confianza de obtener pingües intereses a cambio. Ni los economistas que, dentro de ellas, cobran por anticiparse al futuro, ni el presumible olfato de los tasadores profesionales, ni los prudentes analistas de riesgos advirtieron la tormenta que asomaba por el horizonte. O a lo mejor sí se dieron cuenta de que aquello no pintaba demasiado bien, pero quienes deciden al final prefirieron desoír sus consejos ante la boyante recompensa que tamaña osadía podía depararles.
A fin de cuentas, debieron de pensar, si Fernando Martín, que había sido capaz de auparse para ocupar un sitio en la élite empresarial, lo veía tan claro e iba a arriesgar fama y patrimonio en el envite, debía de tener buenas cartas. No quisieron o no pudieron ver que el vendedor era otro hombre experimentado, hecho a sí mismo también: Manuel Jové, al que no podían faltarle poderosas razones para desprenderse de la obra de su vida, Fadesa, en aquel preciso momento.
Las primeras líneas del drama empezaron a escribirse a finales de 2006, al tiempo que se fraguaba una operación que acabó igualmente como el rosario de la aurora: la compra por Habitat de la división inmobiliaria de Ferrovial. Tampoco en ese caso le hizo falta esforzarse mucho a Bruno Figueras para obtener la financiación ajena necesaria, casi 2.000 millones, pese a ser una versión actualizada de la historia imposible en que al pez grande se lo come el chico. Los bancos, arrastrados por su propia codicia, no tuvieron en cuenta que quien quería salirse del negocio era nada menos que la familia Del Pino, que de ladrillos algo sabe.
Los prestamistas de Habitat, como ahora los de Fernando Martín, comprendieron su error demasiado tarde, y es natural en una economía de mercado que unos y otros apechuguen con las consecuencias.
Los KIRCHNER llevan mucho tiempo braceando para arrebatarle al Marsans el control de Aerolíneas Argentinas y está claro que, por las buenas o por las malas, al final se saldrán con la suya.
La Casa Rosada maniobró la pasada primavera para que el grupo español compartiera la propiedad de la compañía con algunos empresarios locales que acabaron echándose atrás. El último que se mantuvo en la puja fue JUAN CARLOS LÓPEZ MENA, hombre de confianza del matrimonio presidencial y dueño Buquebús, que copa el tráfico fluvial en el río de la Plata.
Los Kirchner querían reeditar con él la operación protagonizada en diciembre por uno de los mayores concesionarios de obra pública del país, ENRIQUE ESKENAZI, que adquirió el 14,9% de YPF en manos de Repsol a cambio de 2.235 millones de dólares. Para López Mena, sin embargo, Aerolíneas era un bocado de difícil digestión; primero, debido a las serias dificultades que afronta el sector como consecuencia del encarecimiento del petróleo y, en segundo lugar, porque está acostumbrado a trabajar con magnitudes muchos menores. Buquebús factura algo más de 160 millones de dólares anuales, que es la mitad de lo que la compañía argentina de bandera se gasta sólo en combustible.
López Mena alardeó públicamente, allá por el mes de mayo, de que había alcanzado un acuerdo con GONZALO PASCUAL y GERARDO DÍAZ FERRÁN para quedarse con el 37% y la gestión de Aerolíneas. Sin embargo, los responsables de Marsans nunca llegaron a confirmarlo, entre otras cosas porque se resistían a permanecer como simples comparsas en una sociedad que les ha proporcionado muchos quebraderos de cabeza.
Dos meses después, la situación sigue bloqueada y el Gobierno, que permanecía a la espera de una oportunidad para asestar el golpe definitivo, ha visto el cielo abierto al retrasarse varios días el pago de la nómina de junio. El ministro de Trabajo, CARLOS TOMADA, mantuvo anteayer una reunión de urgencia con los sindicatos, a pesar de que era festivo, y de allí salió la idea de solicitar una intervención judicial, que dejaría a los españoles a los pies de los caballos. Para éstos, sin embargo, las presiones políticas no constituyen ninguna novedad, pues han sido víctimas del método del palo y la zanahoria con las tarifas desde que le compraron Aerolíneas a finales de 2001.
Resulta chocante que haya sido MIGUEL SEBASTIÁN el primero en mentar públicamente la bicha de una eventual ruptura de Enel y Acciona, cuyas relaciones están muy deterioradas por el tira y afloja que mantienen en Endesa. El ministro de Industria ha venido a decir que, cuando las cosas no marchan demasiado bien dentro de un matrimonio, lo mejor es proceder a una separación civilizada y no que uno eche al otro de la casa. Tanto el consejero delegado de Enel como el presidente de Acciona se habían limitado hasta ahora a quitarle hierro al asunto con el argumento de que sus desavenencias eran las normales en el seno de cualquier familia.
El pronunciamiento de Sebastián, sin embargo, permite concluir que la situación en Endesa es todavía peor de lo que se pensaba, pues de otra manera no se entendería que el ministro, en asunto tan delicado, se hubiera atrevido a airear su preocupación y a dar la voz de alarma. Esos inocentes rifirrafes a los que FULVIO CONTI y JOSÉ MANUEL ENTRECANALES se han referido, probablemente sean algo de mayor enjundia que un simple asunto de familia, y de ahí que el ministro haya decidido tomar cartas en el asunto, aun a riesgo de cometer una imprudencia.
Los últimos desencuentros en la eléctrica española han sido a propósito de una serie de nombramientos de altos cargos y de la desafección de sus activos de renovables. En el primer caso, Entrecanales actuó por su cuenta y riesgo, haciendo mangas y capirotes de la condición de socio mayoritario de Enel, que controla un 67% del capital. En el segundo, los representantes de Acciona, contrariamente a lo pactado y a lo que dicta el sentido común, se negaron a ausentarse de la reunión del consejo de administración en que se trató un asunto cuyo beneficiario directo es la constructora, que está llamada a quedarse con esos activos.
La forma en que se ha conducido Entrecanales parece tan burda que hay quien ve detrás, simple y llanamente, una provocación destinada a propiciar que los italianos acaben rompiendo la baraja. Comprador para su paquete no les resultaría fácil encontrar, sobre todo porque, tras la venta de Viesgo y las filiales europeas más mollares, Endesa ya no es ni sombra de lo que era. Aunque su situación financiera no es muy boyante, Enel sí puede hacer por el 25% que tiene Accciona y quitarse de en medio el problema.
Tres meses han bastado para que la fusión entre Vueling y Clickair se consume. Como estaba previsto, será una fusión por absorción. Eso significa que, cuando el acuerdo entre en vigor, Clickair desaparecerá del mapa. Todos sus activos, incluidos los aviones, pasarán a manos de Vueling, que conservará la marca y cuyo presidente, JOSEP PIQUÉ, seguirá siéndolo de la sociedad resultante.
La condición de socio mayoritario no corresponderá, pese a todo, al actual accionista de referencia de Vueling: Inversiones Hemisferio. La sociedad de la familia LARA será titular de alrededor de un 15% del capital, frente al 45% de Iberia, que paradójicamente fue uno de los promotores de Clickair.
La creación de esta compañía, con la que FERNANDO CONTE quiso que Iberia metiera la cabeza en el segmento de bajo coste, ha resultado un fiasco, si bien el tiempo con que ha contado para despegar ha sido escaso. Clickair empezó a operar en otoño de 2006; hace, por lo tanto, menos de dos años.
La fusión se produce antes de que haya conseguido equilibrar sus resultados. Aunque no existen datos oficiales, se calcula que Clickair perdió el pasado ejercicio 50 millones de euros. A Vueling, cuyo primer vuelo data de julio de 2004, le fue aún peor: tuvo unos números rojos cercanos a los 65 millones en su tercer ejercicio completo.
Las dos compañías afrontan, pues, su fusión desde una posición complicada, que el brutal encarecimiento de los carburantes no ha hecho más que agravar. Puede que el matrimonio les ayude a salir adelante, pero de sobra es sabido que la suma de dos debilidades no da lugar necesariamente a una fortaleza.
Por otra parte, el matrimonio es, de entrada, muy ventajoso para Iberia, bajo cuya influencia va a quedar la tercera aerolínea española y la primera en el segmento del bajo coste. Eso le va a proporcionar una posición privilegiada en los cielos, que desde el punto de vista de la competencia hubiera sido difícilmente digerible si llega a prosperar su frustrada oferta por Spanair.
En términos de poder político, la fusión sólo es buena en apariencia para los intereses catalanes. El centro de operaciones de la nueva Vueling estará en El Prat. Ahora bien, los hilos de Iberia los maneja Caja Madrid, y Caja Madrid es un coto en el que no se pega un tiro sin que ESPERANZA AGUIRRE lo sepa.
Allá por el mes de febrero, con motivo de la presentación del plan estratégico de Repsol YPF, ANTONIO BRUFAU pronosticó que Gas Natural, de la que la petrolera controla un 30%, estaría en alguna “movida” corporativa, ya fuera “como consolidadora o como consolidada”. Acababan de conocerse entonces los movimientos de EDF para meter la cabeza en Iberdrola con la complicidad de FLORENTINO PÉREZ, máximo responsable de la constructora ACS, que tenía y sigue teniendo en su poder alrededor del 13% de la eléctrica española. Por eso, las palabras de Brufau fueron interpretadas como la expresión de su deseo de no perder comba en la reordenación del sector energético que se vislumbraba y en la que siempre ha querido desempeñar un papel determinante.
Desde aquellas primeras declaraciones suyas, el presidente de Repsol YPF no ha dejado de rondar en torno a Iberdrola, la mayoría de las veces con el propósito de granjearse la simpatía de IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, en cuya defensa ha salido más de una vez durante los momentos álgidos del asedio de EDF. Éste, sin embargo, nunca ha tenido en demasiado aprecio los requiebros de Brufau, al entender que sus respectivas compañías juegan en distintas ligas, no sólo por razones de especialización, sino también de tamaño. La capitalización bursátil de Iberdrola triplica la de Gas Natural, y una eventual fusión de ambas debería de tener en consideración semejante circunstancia, con las inevitables consecuencias societarias y políticas que de ello se derivan.
Brufau, sin embargo, no es un hombre que dé su brazo a torcer a las primeras de cambio, como ha tenido ocasión de demostrar en las negociaciones, casi siempre tormentosas, con los gobiernos de los países de América Latina donde Repsol YPF tiene intereses. Hace apenas una horas, ha vuelto a insistir en que no ve alternativas a un acuerdo entre Gas Natural e Iberdrola, lo que provocó un pequeño terremoto en la bolsa, tan necesitada de noticias que saquen a los inversores de la desidia que últimamente los caracteriza. Sánchez Galán, por supuesto, ha hecho oídos sordos una vez más a estos cantos de sirena y sigue empeñado en engordar a toda costa el valor de Iberdrola, convencido de que ésa y no otra es la mejor arma para preservar a toda costa su independencia.
