El negocio arrocero de SOS, que representa el 12,7% del mercado español en volumen y el 17,2% en valor, se ha convertido de repente en un irresistible objeto de deseo. Antes incluso de que sus propietarios decidan ponerlo en almoneda, han surgido los primeros interesados en una operación cuyo precio podría rondar los 170 millones de euros. ANTONIO HERNÁNDEZ CALLEJA, presidente de Ebro Puleva, ha llegado a decir en público que, si fuera el comprador, no debería de tener problemas con las autoridades nacionales de la competencia. Este grupo es líder del sector a través de Arrocería Herba, propietaria de marcas tan populares como Brillante, La Cigala, Nomen y La Fallera.
La venta de la actividad que le da nombre es una de las bazas de que tiene SOS para tapar el agujero que JAIME y JESÚS SALAZAR dejaron en sus cuentas. Los hermanos se autoconcedieron el año pasado un crédito de 214 millones de euros con el pretexto de adquirir acciones de SOS para colocárselas a un tercero. El supuesto inversor, al parecer de origen libio, finalmente desapareció, igual que el dinero, que nunca volvió a la caja de la que había salido. Cuando el pastel se descubrió en los primeros meses de 2009, los Salazar fueron puestos de patitas en la calle, aun siendo como eran los socios mayoritarios; pero el mal ya estaba hecho.
Ebro no es el único candidato para el negocio arrocero de SOS. Algunos miembros de la familia que creó la marca han empezado también a echar sus números, aunque encontrar financiación para una operación de semejante calibre no resulta fácil en los tiempos que corren. VICENTE SOS CASTELLS y su sobrino EDUARDO SOS AHUIR conservan una pequeña participación en la empresa, de la que Jaime y Jesús Salazar tomaron el control en 1992. Otros descendientes del fundador, JOSÉ BORRÁS SOS, ocupan puestos directivos en la división arrocera, que entre enero y junio de este ejercicio ha obtenido unas ventas de 154 millones de euros, con un ebitda ligeramente superior a los seis millones.
La carga de la deuda
El quebranto que le causaron los Salazar con sus manejos es uno de los problemas de SOS. Sobre el grupo pesa también como una losa el crédito que pidieron en julio de 2008 para comprar la italiana Bertolli, primera productora mundial de aceite. La deuda total de SOS, que en España distribuye Carbonell y Koipe, asciende a 1.100 millones de euros y los intereses derivados de ella probablemente se coman este ejercicio más de la mitad de su resultado de explotación.
Ampliación y venta de activos
Para hacer frente a la situación, se aprobó una ampliación de capital de 200 millones, que los principales socios se comprometieron a suscribir. También va a continuar el proceso de enajenación de activos que empezó con Cuétara. SOS está controlada por Caja Madrid desde la salida de los Salazar, pese a que su presencia en el capital data sólo de principios de año. El presidente del grupo es ahora MARIANO PÉREZ CLAVER, hombre de confianza de MIGUEL BLESA.
Cierre de fábricas
Al lastre financiero se suma en el caso de SOS un importante retroceso de las ventas derivado de la pérdida del poder de compra de los españoles –inducida por el crecimiento del paro– y del auge paralelo de las marcas blancas. Como consecuencia de todo ello, la dirección del grupo acaba de plantear un expediente de regulación temporal de empleo para el conjunto la plantilla (más de 3.000 trabajadores), que le permitiría cerrar sus fábricas hasta seis meses.
Seis años largos ha estado rondándola y ahora, por fin, JOSÉ ANTONIO CASTRO ha logrado establecer relaciones formales con NH. La mayor cadena hotelera de España siempre le había sido esquiva porque sus gestores sabían que el dueño de Hesperia iba a lo que iba. Pero se ve que el rigor de la crisis, como la política, hace extraños compañeros de cama.
Hesperia, que posee un 25% del capital de NH, estará representada en su consejo de administración. Aunque no con los tres asientos que Castro reclamaba, sino con uno solo. El puesto lo va a ocupar JAVIER ILLA, consejero delegado de Hesperia y viejo conocido de la casa, para la que trabajó durante la friolera de 14 años.
El acuerdo, comunicado de manera oficial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores esta misma semana, incluye la compra por NH de la sociedad que gestiona los 51 hoteles de Hesperia. La propiedad de las cadenas, sin embargo, seguirá estando separada. De esta forma, NH consolida su liderazgo con un total de 400 establecimientos en todo el mundo frente a los 300 que, en números redondos, se encuentran bajo la órbita de Sol Meliá.
La alianza se produce en un momento de tribulación para los dos grupos, debido a la caída de la demanda en todo el sector turístico. Entre enero y septiembre de 2009, NH tuvo unas pérdidas de más de 65 millones, mientras que durante el mismo periodo del año anterior había ganado casi 16. Hesperia entró en números rojos en 2007 por la necesidad de provisionar la depreciación de su inversión en NH, muy castigada en Bolsa, y desde entonces no levanta cabeza.
El hecho de que la gestión de los hoteles vaya a ser conjunta en el futuro contradice uno de los argumentos que se han esgrimido con más insistencia cada vez que alguien ponía sobre la mesa la posibilidad de una fusión. Los respectivos modelos de negocio, durante mucho tiempo considerados incompatibles por NH, de la noche a la mañana han pasado a ser “complementarios”.
Blidanje fuera
Como parte del acuerdo, NH levantará el blindaje de que se dotó en 2003, cuando fue objeto de una opa hostil que no logró su propósito pero sirvió para que Hesperia empezara a amasar la participación que ahora tiene y se convirtiera en su primer accionista. Entonces los derechos políticos fueron limitados al 10%, porcentaje que ahora va a duplicarse, y el quorum necesario para modificar en el futuro este apartado de los estatutos bajará del 75 al 51%.
Competidores y amigos
Los grandes muñidores de la operación han sido GABRIELE BURGIO, presidente de NH, y Javier Illa, que mantienen una buena relación personal desde hace tiempo. Sin embargo, en 2003, ellos mismos no fueron capaces de llegar a un entendimiento que evitara la opa. En aquel momento, además de los modelos de negocio, se presentó como un escollo insalvable la diferencia en la valoración de los activos, que esta vez se han dejado al margen de la negociación.
Menos reticencias
La verdadera razón de fondo del rechazo a Hesperia residía en la desconfianza que las intenciones de Castro despertaban en Burgio y su equipo. Si llegan a plegarse a ellas, aquél podría haberse hecho con el control de NH por algo más de 200 millones de euros, aprovechando la dispersión de la propiedad. Ahora, según todos los indicios, los recelos se han atenuado lo suficiente para que ambas partes hayan decidido transitar por la crisis de la mano.
Aunque le permitirá darle un tajo a su cuantiosa deuda, para Ferrovial no ha sido plato de buen gusto la venta del aeropuerto londiense de Gatwick, el segundo mayor del país, con 34 millones de pasajeros al año. Y menos ahora que el grupo controlado por la familia DEL PINO está empeñado en dejar atrás su perfil constructor para aparecer ante la opinión pública como lo que verdaderamente es: un gran gestor de infraestructuras.
Cuando a primeros de diciembre se materialice la fusión con Cintra, compañía especializada en aparcamientos y autopistas, la actividad tradicional de Ferrovial aportará sólo un tercio de los ingresos y apenas una décima parte del ebitda. Cosa que ya les ocurre a otros antiguos gigantes de la construcción, que hace tiempo sucumbieron también ante el encanto de sectores nuevos para ellos; en la mayor parte de los casos, el energético.
Además de una contrariedad, la venta de Gatwick ha sido onerosa, porque Ferrovial va a recibir del consorcio formado por Crédit Suisse y General Electric un total de 1.657 millones de euros, bastante menos que su valor contable. La duda es si los Del Pino han tenido que vender ahora barato o hace tres años compraron caro, atraídos por la tentadora perspectiva de convertirse en el principal operador del Reino Unido.
Gatwick iba dentro del paquete de BAA junto con cinco aeropuertos más, entre ellos el de Heathrow, por los que Ferrovial y sus socios (la Caisse de Dépôt et Placement du Québec y el fondo soberano de Singapur) pagaron 15.000 millones de euros en 2006. Aquella operación, que nunca gustó demasiado a influyentes medios británicos, pronto empezó a proporcionar fuertes dolores de cabeza, debido a las presiones de las autoridades de la competencia.
Para apaciguarlas y muy a su pesar, Ferrovial puso en venta Gatwick el año pasado, pero ni aún así pudo evitar una resolución desfavorable, que obliga a BAA a deshacerse de otros dos aeropuertos y contra la que aún sigue dando la batalla en los tribunales.
Conflicto de intereses
Uno de los argumentos que con mayor énfasis han puesto sobre la mesa los abogados de Ferrovial es que el regulador no ha tenido en cuenta el posible conflicto de intereses en el que estaría inmerso PETER MOIZER. Este miembro de la Comisión de la Competencia se encuentra entre los accionistas de la empresa propietaria del aeropuerto de Manchester, que aspiraba a quedarse con los despojos de BAA en compañía del grupo canadiense Borealis y que incluso llegó a pujar en su momento por Gatwick.
Otras ventas
Si las razones de su apelación no son atendidas por la Justicia, Ferrovial tiene dos años para enajenar el aeropuerto de Stansted, en Londres, y uno de los dos que posee en Escocia: Edimburgo o Glasgow. BAA ya fue aligerada tras el desembarco del grupo español, que se desprendió de los activos en Hungría y en Australia y de los duty-free, para hacer caja y recuperar parte de la inversión.
Cuestión de precio
La persona que mejor conoce dentro de Ferrovial el negocio aeroportuario es IÑIGO MEIRÁS, que en la última junta fue promocionado a consejero de delegado, en sustitución de Joaquín Ayuso, por expreso deseo de Rafael del Pino. La compra de BAA, sin embargo, la pilotó JUAN BÉJAR, hoy responsable del fondo de infraestructuras de Citi, que llegó a interesarse por Gatwick pero no estaba dispuesto a pagar los 2.500 millones de euros que Ferrovial inicialmente pedía.
El flagelo de la crisis económica ha infligido profundas heridas a Iberia. No es la suya una situación excepcional. Prácticamente todas las líneas aéreas del mundo, en mayor o menor grado, padecen desde hace meses las mismas penalidades. A tal punto que, para el conjunto de 2009, la IATA prevé que el sector perderá en torno a 7.500 millones de euros. Una cifra que todavía puede empeorar si la anhelada recuperación no llega pronto.
La hemorragia de pasajeros ha obligado a las compañías a hacer auténticos encajes de bolillos. El recorte de los gastos, y también de las inversiones, es el recurso más extendido. Pero eso tiene límites, sobre todo en el ámbito laboral, por la resistencia de los sindicatos y por la rigidez de unos convenios firmados con cierta alegría en épocas de bonanza. De ahí las dificultades con que Iberia tropieza para mitigar los quebrantos que la afligen.
Ha renunciado a los trayectos menos rentables, ha dejado aviones en tierra, ha hecho recortes de personal… Con todo ello probablemente consiga desleír este año la intensidad de sus números rojos. Sin embargo, el adelgazamiento es siempre un método incompleto si no va acompañado del ejercicio necesario para transformar parte de la grasa en músculo. Y ese ejercicio lo quiere hacer ANTONIO VÁZQUEZ, el nuevo presidente de Iberia.
Por ello ha anunciado la próxima creación de una nueva filial de corto y medio radio que alimentará sus vuelos con América Latina. Un sustento que podría darse a sí misma, aunque a un coste mayor, dadas las condiciones de que disfrutan sus trabajadores y en especial los pilotos. Estos ya pusieron el grito en el cielo cuando Iberia promovió la low cost Clickair, al considerar que sería un sumidero por donde Ibería acabaría desaguando sus derechos. Así que no tendría nada de particular que ahora también se rebelaran.
De todas formas, una línea aérea no se alumbra de la noche a la mañana. Y es posible, y deseable, que en 2011, año previsto para su puesta en marcha, haya amainado el temporal.
Planteamiento de fondo
Eso abona la idea de que el lanzamiento de la nueva línea aérea es una decisión estratégica que, pese a estar enmarcada en el contexto de la crisis económica, va bastante más allá. Las pesadas estructuras de las compañías tradicionales son difíciles de soportar y restan libertad de maniobra cuando las cosas vienen mal dadas. Obsérvese, si no, cómo las
low cost están sorteando mejor que las otras los graves problemas derivados de la recesión.
Un camino sin vuelta atrás
Sus principales peculiaridades cada vez son replicadas con menos remordimientos por las aerolíneas tradicionales, para las que no hace mucho era motivo de anatema sólo pensar en el hecho de cobrar por el catering o por el equipaje. Hoy, en algunas de ellas, esos servicios ya no van incluidos en el billete ordinario. Y el resto, a buen seguro, tardará poco en seguir sus pasos. Además, son decisiones que raramente tienen marcha atrás.
Todo para la ‘business’
La prensa, la comida o el refrigerio a bordo, la elección de asiento… a la postre serán privilegios exclusivos de la clase business, que el resto de los pasajeros tendrán que pagar si quieren disfrutarlos. Y no sólo en los recorridos cortos. Lo que está por ver es cómo responden a esto los usuarios, aunque las low cost han demostrado que hay mucha gente, sobre todo joven, dispuesta a sacrificar su confort a cambio de un mejor precio.
La poda emprendida hace unos meses por ISIDRE FAINÉ en Criteria para aligerar su rama industrial en beneficio de su rama financiera ha propiciado un importante cambio en la estructura de capital de Aguas de Barcelona (Agbar). Esta compañía, que da servicio a 13 millones de consumidores de 1.200 municipios de toda España, estará controlada a partir de ahora por Suez Environnemet, una multinacional del mismo sector cuyo socio principal es Gaz de France.
Cuando la operación se haya materializado, la participación de Suez en Agbar ascenderá al 75%, mientras que el holding de La Caixa conservará entre el 20% y el 25%, dependiendo del resultado del proceso de exclusión de Bolsa. Como consecuencia de ello, los franceses asumirán la responsabilidad de la gestión, aunque Criteria conservará la influencia correspondiente a su nueva condición de accionista minoritario, con el fin de preservar su carácter catalán.
El cambio de manos de Agbar sigue a los que han ocurrido últimamente en otras grandes empresas de origen español, entre las que Endesa y Altadis son dos de los casos más destacados. La eléctrica ha quedado en la órbita de la italiana Enel, tras año y medio bajo la batuta de Acciona con JOSÉ MANUEL ENTRECANALES como presidente. Altadis, antigua Tabacalera, fue adquirida mediante una opa a principios de 2008 por el gigante mundial Imperial Tobaco.
Otro claro ejemplo de repliegue del capital nacional se ha producido en Cepsa, aunque sus destinos ya los regía antes la francesa Total. Tanto el Banco Santander de EMILIO BOTÍN como Unión Fenosa, ahora perteneciente a Gas Natural, vendieron este verano a una sociedad estatal de los Emiratos Arabes, IPIC, su 37,5% de la petrolera, que ya no tiene accionistas españoles de referencia.
El acuerdo entre La Caixa y Suez Environnement incluye la venta a Criteria del 55% de Adeslas propiedad de Agbar por un importe de 605 millones de euros. El objetivo es fusionar los negocios de Adeslas y de SegurCaixa Holding, a cuyo frente se encuentra RICARDO FORNESA, y alumbrar así un potente grupo asegurador de salud, vida y pensiones.
Antes, Port Aventura
Esta doble operación (salida de Agbar y entrada con paso firme en Adeslas) es la segunda que Criteria protagoniza en muy poco tiempo. El mes pasado, anunció la enajenación del 50% que tenía en Port Aventura a la italiana Investindustrial a cambio de algo menos de 95 millones. La Caixa controlaba más del 80% del parque temático desde que en 2004 adquirió la parte de Universal Studios.
La asignatura pendiente de Repsol
Criteria mantiene aún importantes participaciones industriales, aunque la que más ha dado que hablar es la de Repsol, sobre la que se vertieron ríos de tinta el año pasado, al conocerse el interés la petrolera rusa Lukoil por hacerse con un paquete significativo de su capital. La Caixa nunca ocultó el deseo de aprovechar esta circunstancia para vender, pero la operación no prosperó por la falta de acuerdo sobre el precio con Sacyr Vallehermoso, que posee un 20% de Repsol.
Toma y daca
Criteria ingresará entre 750 y 900 millones de euros por Agbar, aunque el montante final está a expensas del porcentaje del capital que se quede. Sin embargo, el esfuerzo económico de Suez se verá sustancialmente atenuado por el traspaso a La Caixa del 55% de Adeslas. Criteria se quedará también con el 45% que tiene el otro socio: la mutua francesa Médéric, vinculada a la familia de NICOLAS SARKOZY.
No es difícil imaginar qué diría la derecha si JOSÉ MONTILLA y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO mantuvieran un pulso para nombrar al presidente de La Caixa. Pues bien, eso es exactamente lo que está ocurriendo con ESPERANZA AGUIRRE y MARIANO RAJOY
en Caja Madrid. Ambos tienen ideas distintas sobre quién debe suceder a MIGUEL BLESA, aunque hay algo en lo que parecen de acuerdo. La cuarta institución financiera de España, con 180.000 millones en depósitos, es una presa demasiado codiciada como para dejarla escapar. A despecho, incluso, de las proclamas que uno y otro hicieron en un pasado no muy remoto sobre la conveniencia de despolitizar las cajas.
Aguirre defiende abiertamente la candidatura de su número dos en la Comunidad de Madrid: IGNACIO GONZÁLEZ, un hombre sin experiencia bancaria y salpicado por numerosos escándalos. Rajoy, en cambio, preferiría que el puesto lo ocupase RODRIGO RATO, siquiera sea para meterlo en vía muerta y alejar así el peligro de que resurja como alternativa a su liderazgo en el PP, de un tiempo a esta parte bastante debilitado. Pudiera ser que, al final, la presidencia de Caja Madrid no fuera ni para uno ni para el otro, sino para una tercera persona. Pero, mientras tanto, Aguirre y Rajoy siguen transmitiendo la penosa impresión de que Caja Madrid no es más que un apetitoso plato en el que quieren meter la cuchara a toda costa.
Los socialistas tampoco se están cubriendo de gloria en la sucesión de Blesa; al menos los de Madrid, cuyo secretario regional podría haber sacado de ahí algunos de los muchos réditos políticos que le hacen tanta falta. TOMÁS GÓMEZ, sin embargo, ha optado por pactar con Aguirre, pese a ser su adversaria natural, y es posible que a la postre tenga que tragar con el presidente de Caja Madrid que ésta formalmente le proponga. La elección de González sería sin duda la opción más desfavorable, pues habría que ver cómo justificaba Tomás Gómez ante la opinión pública su apoyo, después de las cosas tan gruesas que ha dicho sobre él.
En el fondo, Gallardón
De todas formas, el secretario regional de los socialistas madrileños no ha hecho más que llevar hasta sus últimas consecuencias la consigna de Ferraz de que a ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN no hay que darle ni agua, por si acaso acaba siendo el rival de Zapatero en las próximas elecciones generales. El alcalde, como es sabido, tiene su propia estrategia para Caja Madrid y ha luchado por la continuidad de Blesa, que la presidenta de la Comunidad hace meses que no contempla.
Un recurso determinante
La última prueba de su interés por frenar a Esperanza Aguirre la dio Ruiz-Gallardón con la presentación de un recurso contra el reparto de los 64 miembros de la Asamblea General que corresponde nombrar a la Corona. Al renunciar ésta a su derecho, los 64 miembros se distribuían equitativamente entre las demás entidades representadas en Caja Madrid. Pero, en la última reforma de la ley de cajas, la Comunidad cambió ese precepto en perjuicio del Ayuntamiento.
La suspensión del proceso
Mientras el recurso siga adelante, el relevo de Blesa pende de un hilo, ya que los tribunales pueden paralizar el proceso electoral hasta que haya sentencia. Ahora está en suspenso sólo de forma cautelar, aunque la resolución definitiva no tardará en llegar muchos días. Si la paralización se produjera, la única manera de desatascar la situación sería mediante la retirada del recurso, que es la única arma que le queda a Ruiz-Gallardón para no salir derrotado de esta guerra.
El Obispado de Córdoba ha movido cielo y tierra en los últimos meses para evitar que la fusión con Unicaja lamine los antiguos privilegios de la Iglesia católica en Cajasur. Unos privilegios que le han permitido controlar esta institución financiera desde su fundación y que le han proporcionado un poder omnímodo. Gracias al dinero captado a través de sus sucursales, Cajasur ha sido el perejil de todas las salsas económicas que se han trabado en la provincia de Córdoba y aún más allá. Pues MIGUEL CASTILLEJO, que la presidió durante casi 30 años, no era hombre al que le gustara poner fronteras a su influencia.
Tal fuerza tenía este sacerdote devenido banquero que logró doblarle el brazo incluso a algún iluso mitrado que quiso embridarlo. JAVIER MARTÍNEZ fue oportunamente ascendido a arzobispo y trasladado a Granada después de un rifirrafe con Castillejo que llegó hasta las puertas del Vaticano. A monseñor Martínez ni siquiera le valieron para salirse con la suya los avales que le proporcionaba su pertenencia al movimiento Comunión y Liberación, de gran predicamento en Roma.
Para entonces, Cajasur se había convertido en piedra de escándalo tras conocerse que Castillejo tenía blindada su jubilación con un seguro de prima única de tres millones de euros. El dato salió a la luz en plena polémica sobre la nueva ley que MANUEL CHAVES y su consejera de Economía, MAGDALENA ÁLVAREZ, promovían para allanar el camino a la todavía hoy no nata caja única de Andalucía. Castillejo veía una seria amenaza en ese proyecto y no había tenido empacho alguno en sacar a la calle a miles de cordobeses que se manifestaron contra los propósitos de la Junta.
El histórico presidente de Cajasur logró conjurar el peligro, pero a la postre no pudo salvar su puesto. Los sucesores de Castillejo, al menos en esto, han seguido los pasos que él les marcó, con la particularidad de que ahora la posición de la entidad es más débil por los jirones que se ha dejado en la crisis del ladrillo.
A la fuerza ahorcan
De hecho, la fusión con Unicaja se justifica básicamente por la necesidad de diluir los quebrantos que ha causado a Cajasur el estallido de la burbuja inmobiliaria. El año pasado, cerró con una tasa de morosidad del 6,4%, superior incluso a la que en su día reconoció la intervenida Caja Castilla La Mancha. Sus beneficios tuvieron una caída del 35% (51,3 millones de euros) por lo que se refiere a la actividad estrictamente bancaria.
Un incomprensible órdago
Por eso cuesta entender la displicencia con la que Cajasur ha llegado a anunciar que abandonaría la fusión si no se preservaban sus privilegios. Entre ellos y sobre todo, la representación de la Iglesia en los órganos de gobierno de la sociedad resultante. Dicho de otra manera: pese a que su delicada situación actual es fruto de una gestión poco prudente, quienes mandan en Cajasur pretenden seguir disfrutando mientras otros pagan la fiesta.
Daños colaterales
Para Unicaja se trata de una aspiración difícil de consentir, no ya sólo porque ahora es injustificable, sino también porque compromete gravemente su futuro. Si llegado el momento se le presentara la oportunidad de otro matrimonio, tener a la Iglesia dentro con un peso desproporcionado sería un indudable obstáculo. Unicaja tiene plena conciencia de ello y de ahí su resistencia a una fusión que a la postre pueda atarle las manos.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha frenado en seco las aspiraciones de los dos accionistas minoritarios de Habitat que se habían querellado contra el presidente de la compañía, BRUNO FIGUERAS, sus hermanos y JOSÉ SUÑOL, socio tradicional de la familia. JOSÉ ANTONIO CASTRO, dueño de los hoteles Hesperia, y DOLORES ORTEGA, sobrina del propietario de Inditex, sostienen que fueron estafados cuando se les invitó a tomar parte del capital con motivo de la compra de Ferrovial Inmobiliaria. Una operación que pronto se reveló ruinosa, pues coincidió con el inicio de la crisis del ladrillo y, en consecuencia, con una espectacular caída de la compraventa de viviendas, que es la actividad principal de Habitat.
Castro, Ortega y otros tres grandes nombres de la burguesía catalana (LEOPOLDO RODÉS, fundador de Media Planning; ISAK ANDIC, presidente de la cadena de moda Mango, y el prestigioso abogado EMILIO CUATRECASAS) acudieron en diciembre de 2006 a la llamada de Figueras. Éste estaba a punto de llegar a un acuerdo con RAFAEL DEL PINO para comprarle su división inmobiliaria, pero era un bocado demasiado grande para comérselo él solo y pidió ayuda a quien podía dársela, bajo la promesa de que iba a ser un suculento negocio. Los cinco entraron al trapo y se hicieron con un 25% de Habitat a cambio de 150 millones de euros contantes y sonantes, que esperaban recuperar con creces, pero que casi cuatro años después todo parece indicar que han perdido para siempre.
La querella que ha sido echada por tierra aducía que Figueras engatusó a Castro y Ortega con una previsión de beneficios falsa, cosa que la Audiencia Provincial de Barcelona rechaza de plano porque “los pronósticos no son verdaderos ni falsos; son correctos si aciertan y equivocados si no se cumplen”. Y, además, ellos son “empresarios de una dilatada trayectoria y experiencia en el sector, con equipos de asesores jurídicos y económicos que tenían todos los medios y posibilidades para evaluar el riesgo de su inversión”.
La lógica aplastante de estos argumentos no sólo proporciona una base sólida a la desestimación de la querella, sino que deja también en evidencia a quienes la impulsaron, que pretendían hacerse pasar por tontos, pese a que su intención inicial en todo este asunto no era otra que ganar dinero a espuertas y quedar como los más listos.
Castro y Ortega aún tienen la oportunidad de que los tribunales les den la razón, ya que está pendiente de sustanciarse la demanda civil que interpusieron con Rodés, Andic y Cuatrecasas para que se anule su entrada en el capital de Habitat. Ahora lo tienen un poco más difícil, aunque los designios de la Justicia siempre son inescrutables.
Renunciar, al menos por ahora, al control de National Express, primer transportista de viajeros del Reino Unido y uno de los más importantes de Europa, no ha debido de resultar fácil para los COSMEN. Sobre todo porque esa operación los hubiera convertido también en líderes indiscutibles del sector en España, algo con lo que sueña desde hace años esta familia asturiana.
La retirada se ha producido después de una minuciosa auditoría de cuentas previa a la opa que los Cosmen se habían comprometido a lanzar sobre National Express. Qué han descubierto es algo que de momento no se sabe, pero nada bueno puede ser cuando les ha aconsejado dar marcha atrás de inmediato.
La última prueba de su interés por la operación la dieron los Cosmen el mes pasado, cuando mejoraron por segunda vez la oferta al valorar National Express en 876 millones de euros descontando la deuda. Y eso a pesar de que la compañía no es ningún mirlo blanco, pues la crisis le ha hecho mella y, además, en los últimos tiempos no anda en buenas relaciones con el Gobierno británico.
De todas formas, sorprende que los Cosmen hayan cambiado tan radicalmente de opinión a raíz de la due diligence, porque ellos ya son socios (18,5% ) y están representados en el consejo con una vicepresidencia. ¿Acaso los gestores les habían ocultado hasta ahora información relevante sobre la situación real de la empresa?
Los Cosmen se han apresurado a confirmar su intención de acudir a la ampliación de capital necesaria para tapar agujeros, aunque “sólo si se cumplen determinados parámetros”. Eso sugiere una cierta desconfianza, que probablemente esté justificada y que se trasladó el viernes a la Bolsa de Londres, donde el valor se dio un notable batacazo.
National Express posee en España dos grandes operadoras de transporte de viajeros por carretera: Alsa, que le vendieron los propios Cosmen, y Continental Auto. Estas compras le generaron una deuda de 1.200 millones, que hoy es un pesado baldón para sus cuentas.
Refinanciación y desinversión
La deuda está pendiente de una refinanciación que se debería negociar el año próximo, aunque entre los planes de los Cosmen figuraba adelantarla. También tenían el propósito de desprenderse de activos no estratégicos, para lo cual habían mantenido conversaciones con Stagecoach, el principal rival de National Express. Entre los activos prescindibles, habían sido incluidas algunas concesiones ferroviarias y líneas de autobuses metropolitanos en el Reino Unido.
De la mano de un fondo
Ante la envergadura de su empeño, los Cosmen se habían aliado con un poderoso socio, CVC Partners, que en España rige los destinos del grupo textil Cortefiel y de la multimarca de restauración Zena, propietaria entre otras de la enseña Burger King. Ese fondo de inversión de origen británico, que en los años noventa se dio a conocer por la compra de Torraspapel a Kio y de Dorna a Banesto, siempre se ha sentido atraído por el transporte y en 2002 participó en la puja por Transmediterránea, que finalmente se llevó Acciona.
Buen negocio
Los Cosmen pretendían hacerse con las acciones de National Express que no tienen aprovechando su debilidad en bolsa, lo que había despertado fuertes reticencias entre el resto de los miembros del consejo de administración. Cuando la familia recibió el 18,5% del capital a cambio de Alsa, valían el doble del precio al que estaban antes de que el mercado vislumbrara la posibilidad de la opa.
Caja Madrid es la palanca que puede impulsar definitivamente la carrera política de ESPERANZA AGUIRRE y por eso está empecinada en poner al frente de la institución a una persona de su confianza. Sobre todo ahora que el liderazgo de MARIANO RAJOY ha vuelto a tambalearse como consecuencia directa del último terremoto que ha sacudido al PP con epicentro en Valencia.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, jaleada por el coro mediático de costumbre, lleva años acariciando el deseo de acaudillar a la derecha en su anhelada reconquista del poder. Pero para alcanzarlo necesita granjearse antes la voluntad de mucha gente, que sería más fácil de captar si Aguirre tuviera plena capacidad de maniobra en la cuarta entidad financiera de España. De ahí su obstinado empeño en no dar el brazo a torcer, a pesar de los obstáculos que ha encontrado en el camino desde que el año pasado emprendió, unas veces de tapadillo y otras a cara descubierta, el acoso y derribo de MIGUEL BLESA.
Para salirse con la suya, ni siquiera ha tenido empacho en cambiar las reglas del juego que rigen la elección del máximo responsable de Caja Madrid. Una reforma en la que, de paso, ha segado la hierba bajo los pies de su mayor rival, ALBERTO RUIZ- GALLARDÓN, que a efectos de este partido milita en el bando contrario.
El Ayuntamiento de Madrid ha recurrido a los tribunales y, de momento, ha conseguido que un juez de primera instancia paralice de forma cautelar el proceso. Sin embargo, los fieles peones de Aguirre, con la inestimable colaboración de los sindicatos y de los partidos de izquierda, han decidido saltarse esa resolución a la torera.
El resquicio
De todas formas, siempre tendrán la posibilidad de alegar que el auto judicial no dice explícitamente que las elecciones deban quedar en suspenso hasta que el recurso se sustancie. Aunque, en la práctica, sería la única manera de evitar posteriores perjuicios para el Ayuntamiento, que perdería una decisiva representación en la Asamblea de Caja Madrid si se va a las urnas con la nueva normativa.
Reparto controvertido
Esa representación deriva de la renuncia de la Corona a los 64 consejeros generales que le corresponden y que hasta ahora eran repartidos proporcionalmente entre el resto de las entidades con derecho a nombrar a los miembros de la Asamblea. Recientemente, Aguirre decidió barrer para casa y estableció por su cuenta y riesgo un reparto distinto que beneficia a la Comunidad de Madrid y en cambio perjudica al Ayuntamiento.
Una cuestión clave
El meollo del asunto radica en que los representantes que pierde Ruiz-Gallardón podrían ser decisivos a la hora de formar el nuevo consejo de Caja Madrid que elegirá presidente. Hoy por hoy, el alcalde no cuenta con los mimbres necesarios para competir con Aguirre, ni siquiera en el hipotético caso de que lograra convencer a la izquierda de que se pusiera de su lado. Pero, si consigue que los tribunales de justicia le den la razón, el alcalde estará en condiciones, al menos, de plantear batalla.
