JUAN LÓPEZ DE URALDE
A estas alturas y con la que está cayendo, todavía hay quien no ve la estrecha relación entre la crisis económica y el deterioro ecológico global. Inmersos como estamos en un modelo cuyo motor es el crecimiento continuado y cuya fuente de energía es fundamentalmente combustible fósil, la base física sobre la que nos asentamos muestra síntomas evidentes de agotamiento que están teniendo un impacto mesurable en la actividad económica. Además, los residuos de esta actividad contaminan gravemente el mundo, poniendo en riesgo nuestra supervivencia.
Las enormes desigualdades sociales y económicas, consecuencia de este modelo injusto, se ven ahora agravadas por una crisis ecológica que no tiene precedentes y que afectará aún más a los más desfavorecidos, haciendo todavía más grande ese abismo social.
La crisis de las hipotecas subprime de 2008 en Estados Unidos comienza con el incremento de los precios del petróleo, que induce la subida de los tipos de interés. A partir de ahí, miles de personas no son capaces de hacer frente a sus hipotecas y estalla lo que sería el comienzo de la actual situación. La evolución de los precios de un combustible como el petróleo está cada vez más en la trastienda de la situación económica global. La Agencia Internacional de la Energía advierte de una nueva fase de subida de precios del crudo, consecuencia de una mayor demanda. Lo mismo está ocurriendo con algunos minerales básicos, cuyo precio sube sin freno.
Hasta hace unos años, el precio del petróleo se había modulado con alzas de producción cuando se producían picos de demanda o bajándola para evitar el hundimiento del precio del barril en momentos de menor consumo. Sin embargo, la flexibilidad de la producción al alza se agota, ya que hay serios indicios de que estamos en el llamado “pico del petróleo”; es decir, máxima producción posible sin que se disparen los costes de producción. Por ello el alza de precios actual puede continuar sin freno y generar nuevas alzas de la inflación y los tipos de interés, arrastrando nuevamente el resto de actividades.
En este contexto se hace especialmente visible el error que supone recortar las ayudas a las fuentes de energía renovable, como ha hecho en los últimos meses el Ministerio de Industria. Las fuentes de energía renovable son el único instrumento de que dispone nuestro país para reducir la dependencia de la importación de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural). Por ello las decisiones que se toman basadas en el coste de los apoyos públicos al desarrollo de estas fuentes de energía deberían tomarse en función de las tendencias de coste de ambas alternativas (fósil y renovable) y no exclusivamente por el coste puntual. Recordemos también que, desde el punto de vista del empleo, las energías renovables son las que más generan por kilovatio producido frente a otras alternativas. Siendo la creación de empleo un objetivo prioritario, no parece tampoco inteligente el recorte al que se han visto sometidas.
Pero, con todo, el principal impacto ecológico en la economía global viene ya del cambio climático. Recientemente, la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha advertido de la subida de los precios de los cereales como consecuencia de las malas cosechas de 2010. Esas cosechas desastrosas han sido, según reconoce la FAO, consecuencia en muchos casos de condiciones climáticas adversas. El aumento del precio de los cereales tendrá efectos dramáticos para millones de personas y una vez más se verán más afectadas precisamente las más desfavorecidas. Es posible que esta situación sea la causa de nuevas y masivas hambrunas en este año. En todo caso, va a hacernos la vida mucho más difícil.
Hasta ahora, el problema del hambre ha derivado de la mala distribución de la riqueza y, en especial, de los alimentos. Sin embargo, entramos en una nueva fase en la cual los fenómenos ambientales pueden provocar que la cantidad de alimentos no sólo esté mal distribuida, sino que sea insuficiente para alimentar a toda la población mundial. De hecho, parece que la subida del precio de los cereales ha sido uno de los detonantes de las revueltas sociales en Túnez y Egipto.
2010 ha vuelto a ser el año más cálido desde que se tienen registros. El cambio climático se está agravando y los resultados son cada vez más visibles. A pesar de ello, y de las consecuencias económicas y sociales del mismo, gran parte de la opinión pública, incluida la izquierda, sigue considerando esta cuestión un tema secundario.
La dimensión ecológica de la crisis económica es muy profunda. No hay salida a la actual situación sin un cambio que permita superar el modelo que está siendo la causa del agotamiento de los recursos de la Tierra y está saturando de contaminantes la biosfera y rompiendo los ciclos de la vida. Desde este punto de vista, un planteamiento en el que la visión ecológica debe ser central en la acción política en defensa de un mundo más justo es una necesidad. La ecología política no trata sólo de la protección de especies o de espacios, por otra parte tan necesaria, sino que busca la superación del actual modelo promoviendo un nuevo equilibrio entre la actividad humana y nuestro entorno. Sin resolver la crisis ecológica, no hay salida para la crisis económica ni social. Ni hay posibilidades de construir una sociedad mejor para todos.
Juan López de Uralde es director de Equo
Ilustración de Jordi Duró
JOAQUIM SEMPERE
Durante decenios, el monopolio de la ideología neoliberal ha sido casi absoluto en los medios de difusión, pero después del estallido de la crisis económico-financiera iniciada en 2007 se han difundido diagnósticos y alternativas a la misma con una nitidez sorprendente. Hace tiempo que no se hablaba tan claro públicamente de estos asuntos. Los propios portavoces del neoliberalismo han optado por la discreción y el perfil bajo ante el fracaso de sus fórmulas y previsiones. Pero la claridad y difusión de los mensajes sobre la injusticia y la peligrosidad del capitalismo neoliberal no se traducen en iniciativa ideológica ni política.
Y mientras callan los portavoces del poder, los amos siguen con el business as usual [negociar por encima de todo], como lo ilustran los ataques especulativos contra países enteros y contra los derechos sociales y laborales de la ciudadanía, sobre todo al percatarse de que no hay apenas resistencia.
Los partidos llamados socialistas han seguido su tónica habitual de plegarse a las exigencias del gran capital internacional, tras haber contribuido con ahínco al desguace de los mecanismos políticos de intervención y reglamentación de la economía en todas partes, de modo que no queda más opción que girarse hacia la izquierda. Pero ¿qué se observa en este espacio político?
Por un lado, una escasa capacidad para atraer votos, unida en muchos casos a la fragmentación. Si se suman los votos de las fuerzas alternativas potenciales, no pasan normalmente del 10%. A los restos de pasadas divisiones (comunistas tradicionales, eurocomunistas, trostkistas), se suman fuerzas nuevas (Parti de Gauche y Gauche Unitaire en Francia, Die Linke en Alemania). En algunas de estas fuerzas nuevas, como en Die Linke, es importante la presencia de disidentes del partido socialista y de algunos sindicatos mayoritarios, con arraigo en sectores de trabajadores.
Se da, además, otra circunstancia grave: la convergencia de rojos y verdes, que pareció cristalizar años atrás, entró en crisis en muchos países. La expresión más visible de esta crisis fue el proceso degenerativo experimentado en Alemania por Die Grünen con motivo de su colaboración con el SPD en el Gobierno federal. Los partidos verdes realmente existentes, y no sólo en Alemania, son hoy una amalgama poco coherente, y en muchos casos no se puede dar por descontado que adopten posiciones sociales de izquierda en los conflictos por venir. El viraje a la derecha de las sociedades europeas no afecta sólo a los partidos socialistas, sino también a los verdes.
Hay, no obstante, un programa implícito que viene siendo formulado desde muchos lugares y que podría ser suscrito por un amplio sector de la opinión pública, en España y en la UE: eliminación de los paraísos fiscales, reforma fiscal hacia la progresividad perdida, tasa sobre las operaciones financieras contra la especulación, homologación de la presión fiscal y de la legislación laboral en toda la UE, intervención pública de los bancos para proteger los ahorros y facilitar créditos a la economía productiva, reducción del gasto en armamento, inversiones masivas en materia de sostenibilidad ambiental (lo que se llama New Deal verde: energías limpias y renovables y técnicas ecológicamente sostenibles), defensa de los derechos sociales y en particular del Estado del bienestar, igualdad de género, lucha masiva contra la pobreza y la exclusión, considerar la inmigración como una oportunidad y no una amenaza.
En torno a estos objetivos se pronuncian muchas voces, desde la izquierda radical hasta sectores de la socialdemocracia (como la Fundación Alternativas por boca de Nicolás Sartorius) y de los sindicatos mayoritarios, de tendencia moderada; desde viejos y nuevos comunistas hasta ecologistas.
En el Parlamento europeo están Los Verdes/Alianza Libre Europea, que agrupa hoy 32 partidos de 29 países, y la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, que agrupa 27 organizaciones de 21 países. En estos momentos, los Verdes tienen 55 diputados y la Izquierda, 35. Estos diputados, que representan el 12,2% del total, comparten los objetivos mencionados y podrían ser un referente importante en cada país para dar la batalla en toda Europa.
Pero, para que todo esto se plasme en iniciativa política, hace falta una voluntad unitaria que catalice la acción de los partidos y organizaciones políticas de cada país. Y no sólo esto: más allá de las organizaciones políticas representadas en las instituciones existe una izquierda social multifacética, en la que tenemos grupos políticos extraparlamentarios, sindicatos, asociaciones de vecinos, ateneos y centros culturales, así como redes asociativas varias, incluidas las redes virtuales. ¿Cómo hacer para que toda esta galaxia luche unida contra el neoliberalismo y permita salir de la crisis con el menor daño posible para las clases populares?
Seguramente habría que ponerse de acuerdo en un programa de mínimos como el aquí esbozado y dejar aparcadas las diferencias, así como los prejuicios, las rivalidades, las desconfianzas, los personalismos y los dogmatismos. Si no se comprende que la izquierda verde está gravemente debilitada y acosada y que sin unión todo será en vano, se frustarán las aspiraciones de millones de ciudadanos europeos que vemos con impotencia la marcha hacia el desastre.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona.
Ilustración de Mikel Casal
GERARDO PISARELLO
JAUME ASENS
En medio de una fuerte contestación social a su política económica, Nicolas Sarkozy echó mano de la expulsión de miles de familias gitanas para mostrar una imagen de Gobierno duro y de orden. Desde algunos sectores se pensó que la reacción inicial de la comisaria europea Viviane Reding podía suponer una inflexión en la política de la Unión Europea en la materia. A medida que pasan los días, nada parece abonar semejante optimismo. En tiempos de crisis, tanto Bruselas como los propios gobiernos europeos parecen más dispuestos a tolerar la utilización de la población gitana o de los migrantes como chivos expiatorios que a impulsar una alternativa genuinamente garantista enfocada hacia los derechos de las personas más vulnerables.
En realidad, Sarkozy coloca a la Unión Europea ante el espejo y no miente cuando afirma que su política, lejos de ser excepcional, se inspira en prácticas y normas similares a otras ya existentes. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, de hecho, lleva años denunciando en sus informes discriminaciones masivas contra personas de etnia gitana no sólo en Francia, sino también en otros países de la región como Reino Unido o Alemania. Y lo mismo ocurre con el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa o con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya jurisprudencia sobre vulneración de derechos habitacionales a la población romaní no ha hecho sino crecer en las últimas décadas.
Aunque estas amonestaciones y sentencias han sido de gran importancia para mostrar no sólo la injusticia, sino la ilegalidad de estos fenómenos, pocas veces han llevado a los gobiernos involucrados a modificar sus políticas. De hecho, muchos dirigentes europeos han reconocido sin sonrojo que si las expulsiones francesas no hubieran recaído sobre gitanos de origen búlgaro o rumano, sino sobre gitanos o inmigrantes extra-comunitarios, el escándalo hubiera sido mucho menor.
Buena prueba de ello es que el Gobierno de Silvio Berlusconi –uno de los principales valedores de Sarkozy– lleva tiempo ordenando allanamientos masivos contra campamentos de gitanos migrantes. Cuando lo hizo por primera vez en 2008 en ciudades como Roma, Milán o Nápoles, estos allanamientos acabaron con la expulsión de centenares de romaníes albaneses y balcánicos. La permisividad comunitaria animó a Berlusconi a ir incluso más allá. Tipificó la inmigración irregular como un delito y anunció que tomaría huellas dactilares de los gitanos para tenerlos identificados. Sólo la protesta de algunas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los sin papeles forzó al Parlamento europeo a exhortarle sin demasiado éxito para que cesara su acoso a la población romaní.
En rigor, la impresión más generalizada es que las instituciones europeas pueden exhibir cierta sensibilidad simbólica frente a actos de xenofobia extremos y mediáticos. Pero no se alteran de igual modo si estos discurren de manera silenciosa y cotidiana. Varios parlamentarios socialistas que en su momento censuraron a Berlusconi y que ahora critican a Sarkozy votaron, por ejemplo, la ominosa Directiva de Retorno que permite extender hasta seis meses (y a veces a 12) el período de retención de inmigrantes en centros de internamiento por el solo hecho de encontrarse en situación de irregularidad administrativa. Incluso en el caso español, muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo por las medidas de Sarkozy, aplaudieron como un signo de “realismo” el recorte de derechos que la última reforma de la legislación de extranjería impuso a miles de inmigrantes cuya situación social no difiere en sustancia de la de los gitanos expulsados de Francia. Y son los mismos, en el fondo, que apenas se inmutan cuando las expulsiones tienen lugar lejos del ojo de las cámaras.
Naturalmente, colocar los focos sobre los más vulnerables, presentándolos como los principales culpables de la inseguridad en los barrios, del colapso de los servicios sociales o de la falta de empleo, puede ser un recurso útil para obtener votos o para absolver a los verdaderos responsables de la crisis. Que el Gobierno de Sarkozy, de hecho, impulse la prohibición del burka y coloque a los gitanos en el punto de mira, al tiempo que acomete, sin debate alguno, un recorte de las pensiones en Francia, no debería verse como una simple coincidencia. Que el Partido Popular intente imitarlo, buscando gitanos o migrantes conflictivos bajo las piedras de cara a las elecciones próximas, tampoco.
Tras el revuelo inicial, los ejecutivos europeos –incluido el de Rodríguez Zapatero– han conseguido que la Comisión esta semana decidiera no sancionar a Francia por discriminación. Simplemente le pide que explique cómo traspondrá en los próximos meses una Directiva sobre libre circulación de “ciudadanos comunitarios” aprobada en 2004. Esta salida blanda, que contrasta con la firmeza que las mismas instituciones exhiben cuando imponen programas de ajuste y lecciones de austeridad, ha sido presentada como un triunfo de la legalidad. Analizada con detenimiento, sin embargo, apenas traduce un uso estrecho y oportunista de la misma. Un uso, en todo caso, muy alejado de la mejor tradición garantista, que tuvo su cuna en Europa y que, en materias como la política migratoria y an-
tirracista, está siendo enterrada por una Unión Europea cada vez más alejada de ella.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.
Ilustración de Enric Jardí.
MIREN ETXEZARRETA
Este está siendo un año aciago para la ciudadanía, ya que gran parte ella ha visto como se asestaba golpe tras golpe a su economía. Desde finales de 2007, no sólo su situación se ha deteriorado gravemente, sino que desde principios de año asiste impotente al establecimiento de una serie de medidas de política económica de extremada dureza que suponen un grave deterioro de su nivel de vida y el empeoramiento permanente, estructural, del sistema institucional para toda la población, justificado en la necesidad de satisfacer a unos mercados acreedores que dudan de la capacidad del Estado de afrontar la deuda.
Bien, supongamos que ya está. Si se aceptasen sus explicaciones se habrían tomado las medidas inevitables, dicen siempre, para sanear la deuda y el déficit. Y ahora, ¿qué proponen para reorientar la economía hacia una evolución positiva?
Insisten en que la prioridad sigue siendo disminuir el déficit (Salgado) y continúan concentrados en cumplir con los mercados, como si el país se redujese sólo a sus aspectos financieros. No hay otros objetivos, preocupaciones o proyectos. El Gobierno ha interiorizado de tal forma estos argumentos que su único problema es el de satisfacer a los hipotéticos acreedores. Pero si todas las medidas tomadas no han resuelto el tema, ¿para qué han servido? O si han servido para rebajar nuestro diferencial de riesgo, ¿por qué no se puede pensar y actuar sobre nada más? Es como si la economía real no existiera.
Sin embargo, es imprescindible revitalizar la economía real. No se puede ignorar la necesidad, sobre todo, de mejorar el sistema de producción/distribución de riqueza y la generación de empleo. Concentrarse en cumplir con las finanzas es insuficiente y nos lleva al deterioro permanente. Al preparar los Presupuestos para 2011 es terrible que sólo se hable de recortar el gasto, cuando es hora de actuar para mejorar la economía real, y en el caso particular de España, por la creación de empleo.
Por el contrario, todas las gravísimas reformas estructurales que se están implementando sólo sirven para deteriorar fuertemente la suerte de la ciudadanía y poner en bandeja a un capital ineficiente la recuperación de su tasa de beneficios. ¿Dónde están los proyectos para una política industrial y tecnológica potente que permita aumentar la riqueza real de la que se beneficie todo el país? ¿Dónde un plan coherente mediante una distribución fiscal eficiente y justa? El único propósito parece ser el de seguir profundizando en el empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y la población, para que un adocenado empresariado pueda seguir obteniendo beneficios cada vez con mayor facilidad. Lo que hará que todo vaya bien (biblia neoliberal).
¿Cómo es posible que el Gobierno ignore la necesidad de recuperar y reestructurar la economía real? Incluso la confusa idea de un nuevo modelo de crecimiento utilizada al principio de la crisis ha desaparecido de escena. Para relanzar la economía, ¿cuentan con algo más que con las obras públicas recuperadas del recorte presupuestario?
–engañoso marketing: primero cortan mucho y luego recuperan una minucia–. ¿Para ventaja de quién? La excusa de la creación de empleo está ya gastada. Si con los 700 millones recuperados dicen que crean 10.000 puestos de trabajo, ¿cuantos se pierden con los 15.000 millones recortados? Una vez más da pena y vergüenza la confusión –¿o las luchas de poder?– que refleja el vodevil de Fomento de Blanco, sus obras públicas y los empresarios.
Se diría que el único plan del Gobierno es dejar que las fuerzas del mercado, según su criterio, relancen la economía. Se les proporcionan los medios –entre ellos una mano de obra dócil y cada vez más barata por medio de la reforma laboral– para recuperar de forma más fácil y rápida su tasa de beneficios, para que sigan con el mismo modo de hacer que nos ha hundido en la crisis. Dejan la vida económica en manos de un empresariado que ignora la necesidad de mejorar realmente la productividad, la competitividad, la estructura empresarial, la formación profesional, de absorber, ya que no de crear, tecnologías punta… cuyas inquietudes principales residen en recuperar, cuando no mejorar, sus tasas de beneficio, ignorando que el propio sistema necesita una producción/distribución más eficiente. Al capital no se le pide nada. ¿Dónde está el compromiso empresarial con la mejora de economía real, su participación en la fiscalidad necesaria, su esfuerzo por construir un sistema productivo/distributivo competitivo?
¿Cree el Gobierno que recuperando la credibilidad se resuelve todo? ¿Ignoran que si no se avanza hacia una estructura productivo/distributiva más eficiente no será posible tampoco financiar la deuda? ¿Se ha de seguir reproduciendo el sistema que ha generado el caos? ¿Qué se plantean para mejorar estructuralmente la economía real? Business as usual?
Es un camino muy corto. Si el país no aumenta la producción de riqueza real, estamos caminando hacia el subdesarrollo en el que no hace tanto estábamos inmersos. Concentrar la riqueza en la cima de la pirámide social no puede conducir a una sociedad dinámica. El capitalismo global ya no puede ofrecer ni siquiera el mantenimiento del nivel de vida logrado a principios de siglo. Probablemente ha llegado el momento de pensar en serio en un cambio de sistema. Quizá una huelga general sea un buen aviso de que la ciudadanía percibimos esta realidad.
Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB
Ilustración de Miguel Ordóñez
CÉSAR GINER PARREÑO
Tenemos que agradecer a Trinidad Jiménez y al secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, que haya primarias para que los militantes socialistas madrileños decidan quién tiene más posibilidades de ganar a la derecha las elecciones autonómicas. Trinidad Jiménez es la mejor candidata para concurrir con Esperanza Aguirre por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Trinidad es una líder nacional, una candidata de primera división para un partido de primera. Su trayectoria nos enseña a una política con una hoja de servicios brillante, desde la militancia de base hasta el ejercicio de responsabilidades en el Gobierno de España, que atesora una gran capacidad para el diálogo y el consenso.
Siendo secretaria de Estado para Iberoamérica, culminó su experiencia internacional, siempre muy positiva para la defensa de los intereses de la Comunidad de Madrid, una región con vocación universal que requiere estrechar y ampliar sus lazos de cooperación con Europa e Iberoamérica. Siendo ministra de Sanidad y Política Social, ha alcanzado cotas muy altas de valoración por la ciudadanía, prueba de su solidez y de la excelente gestión de políticas sensibles para los socialistas, que en Madrid precisan un giro copernicano.
Trinidad tiene la capacidad de generar una relación emocional positiva con la ciudadanía. Llega a la gente a través de la empatía, de los sentimientos, de la franqueza. Pertenece a esa generación de socialistas que saben transmitir unas emociones que conforman la base de la cultura pública de una democracia plural. Con ellos, la política es más humana porque han creado instituciones públicas para ampliar los derechos civiles y sociales de los ciudadanos. Sus actitudes y sus políticas nos muestran concepciones definidas del bienestar, de la responsabilidad, de la ética, de la transparencia y de la preocupación por los más débiles. Esta generación de jóvenes socialistas es liderada por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Su proyecto político es compartido por los socialistas, tanto en las duras como en las maduras. Y Trinidad Jiménez ha demostrado su generosidad, valentía y lealtad con el PSOE asumiendo dos retos complejos: ganar las primarias y ganar Madrid para un proyecto de izquierdas moderno, reformista y movilizador de una amplia mayoría social.
Tomás Gómez alcanzó liderazgo local avalado por sus mayorías electorales en el municipio de Parla. Cumpliendo con su obligación, ha realizado un trabajo orgánico apoyado por históricos dirigentes de la FSM, como son Acosta, Barranco y Leguina. Gómez tiene futuro por delante para diseñar su compromiso con los valores y objetivos que debe defender la izquierda moderna ante los desafíos del siglo XXI. Y puede ampliar sus conceptos sobre el liderazgo en las organizaciones para optimizar las aportaciones de todos y cada uno de los socialistas madrileños. El calor de la militancia provocará la maduración del fruto.
Entretanto, apostemos por los que poseen liderazgo social para ganar en Madrid. Las victorias tienen nombres y apellidos: Trinidad Jiménez, para presidir la Comunidad de Madrid, y Jaime Lissa-
vetzky, para gobernar en el Ayuntamiento de Madrid. Trinidad Jiménez tiene liderazgo nacional para ganar en una plaza compleja que conoce bien, pues fue candidata y trabajó casi cuatro años con la ciudadanía madrileña y con los militantes y simpatizantes socialistas, ganándose el reconocimiento y el aprecio, que ha quedado acreditado con la recogida entre la militancia de tantos avales como su contrincante. Queremos ganar y presentamos a quien puede ganar con un proyecto político común que pertenece a todos los socialistas madrileños, conocido de sobra por los electores, la militancia madrileña, que sabe muy bien quiénes son Trinidad Jiménez y Tomás Gómez, y los valores que representan.
Se trata de vencer y convencer, este es el verdadero y único debate, y no de convertir las primarias madrileñas en un instrumento al servicio de intereses personales, o de intereses de los que se sienten políticamente agraviados, puesto que con ello se benefician las aspiraciones de la derecha política y mediática de seguir gobernando Madrid y alcanzar el Gobierno de España. No olvidemos que también se celebran elecciones municipales en la región.
El liderazgo nacional de Trinidad impulsará las candidaturas a las alcaldías de los municipios madrileños. Para los socialistas que se presenten a las municipales, Trinidad es la garantía del éxito, es un valor añadido a sus aportaciones personales. Las elecciones autonómicas en Madrid importan y mucho a las elecciones generales que se celebran un año más tarde. La victoria en Madrid significa que los socialistas madrileños, con Trinidad Jiménez, cosecharemos más votos para aportarlos al proyecto colectivo de los socialistas españoles representado por José Luis Rodríguez Zapatero.
Algunos, de forma irreflexiva, dicen que el PSM es una “jaula de grillos”, una “federación convulsa”. Es falso, porque Madrid siempre contribuye decisivamente con sus votos al proyecto común de los socialistas para España. Y así seguirá haciéndolo si reforzamos la relación emocional con la ciudadanía madrileña ofreciendo al electorado razones y actitudes para que deposite su confianza en nosotros.
Para ganar en la región, en los municipios y para ayudar al proyecto común de gobernar en España, tenemos una apuesta clara y segura. Trinidad, contigo sí podemos, porque eres la candidata que emocionalmente más se acerca a los deseos y anhelos de una mayoría social de progreso en Madrid. El día 3 de octubre, los militantes del PSM tenemos que respetar la voluntad de esa mayoría social.
César Giner Parreño es diputado del PSOE y portavoz de la Plataforma Socialistas por el Cambio
Ilustración de Jordi Duró
MANUEL DE LA ROCHA RUBÍ
El proceso de elecciones primarias en el PSM está generando controversia. Una parte –creo que minoritaria– del PSOE y de la opinión pública considera que se trata de un error y, en todo caso, de un riesgo para el partido y para el presidente del Gobierno, que se ha implicado a favor de una candidata. Otra parte pensamos, por el contrario, que constituye una excelente oportunidad de participación y de transparencia, un ejercicio de democracia interna y, por tanto, un proceso de legitimación democrática de la organización y del propio candidato que finalmente sea elegido. Sin rechazar que el consenso en una persona es también un buen método de designación, pero siempre que sea real y no resultado de ninguna imposición de algún tipo de aparato al margen de los propios militantes.
Las primarias, objetivo que reivindicó una parte de la izquierda del partido hace más de una década, no son sólo un sistema de selección de candidatos, sino también una vía de formidable dinamización interna y externa de los afiliados y los simpatizantes y votantes socialistas, pues estimula la participación al permitir conocer mejor a los aspirantes, su trayectoria y liderazgo, grado de aceptación y el apoyo que puedan llegar a tener, pero igualmente sus ideas y sus propuestas para la Comunidad de Madrid.
Por eso, a los actuales candidatos hay que pedirles debate de ideas. Hasta ahora todo parece quedarse en saber quién es más conocido o mejor valorado por las encuestas o en resaltar el trabajo realizado en Madrid, cosas ambas importantes a considerar, pero nunca decisivas, pues la demoscopia no puede sustituir a la democracia. Pero de momento no entran a exponer sus posiciones sobre lo controvertido, bajo el reclamo de que ambos son de Zapatero y le apoyan.
Pero el socialismo es plural, con posiciones distintas, como estamos viendo en estos momentos de crisis económica. En 1998, las primarias entre Almunia y Borrell suponían una elección entre posiciones diferentes dentro del partido, aún cuando ambos habían sido ministros de Felipe González. Almunia, con un perfil más social-liberal, venía marcado por la reforma laboral de 1984 que creó el contrato de fomento de empleo y extendió entre los empresarios la cultura de la temporalidad. Por el contrario, Borrell, un socialdemócrata más clásico, había luchado como ministro por una fiscalidad más progresista y contra el fraude fiscal. Entonces, el partido optó por Borrell, inclinándose a la izquierda.
Por eso parece importante que los candidatos expongan sus posiciones sobre los temas hoy conflictivos que nos afectan. Por ejemplo, la fiscalidad. ¿Están de acuerdo con que, si en España queremos tener una cultura de servicios públicos universales como en Europa, será necesario incrementar la presión fiscal, muy inferior a la media europea? O con referencia más directa a la Comunidad de Madrid: ¿creen que habría que incrementar el IRPF sobre las rentas más altas, al igual que han hecho comunidades autónomas socialistas como Andalucía, Catalunya y Extremadura, y rechaza el PP? Y ¿qué opinan sobre la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, que muchos no compartimos, y que era un impuesto gestionado por las CCAA que recaudaba 2.000 millones de euros anuales, más que la congelación de las pensiones? Y lo mismo sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, cuando hay quien cree que debe prácticamente eliminarse. O sobre un replanteamiento global del sistema impositivo que lo haga más justo y recaudador, como reclaman los sindicatos y a lo que se opone la derecha.
También sería interesante que los candidatos se pronunciaran sobre el alcance de las medidas de ajuste, especialmente sobre la reforma laboral y la futura de las pensiones, dos temas sobre los que hasta este año había consenso entre el PSOE y los sindicatos, pero que han dado lugar, además de a la convocatoria de una huelga general, a una confrontación en el seno de la izquierda y, por tanto, entre los votantes socialistas madrileños.
Trascendente es también el futuro de Caja Madrid, que Esperanza Aguirre quiso transformar en su chiringuito financiero. La nueva Ley de Cajas posibilita su transformación en bancos, por eso es importante saber si están de acuerdo en un proceso que pudiera llegar a su privatización, a lo que pudiera estar inclinado Rodrigo Rato, o defenderán el carácter actual de entidad social y cuasi-pública de Caja Madrid.
Los socialistas defendemos el acceso universal y en igualdad a una sanidad pública de calidad, pero ¿qué piensan los candidatos que debe hacerse con los hospitales privatizados por Aguirre, o con el área sanitaria única? Y lo mismo sobre la educación en nuestra región, o sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, materia en que la derecha ha conseguido que sea Madrid la última región de España.
En definitiva, no bastan encuestas y trabajo, siendo importantes. Los socialistas madrileños queremos saber también cuál es la orientación o “sensibilidad” de los candidatos dentro del pluralismo del partido, de lo que de momento poco se ha hablado, aunque algo va apuntando Tomás Gómez al presentar su candidatura en la Casa del Pueblo de UGT y abogar por el entendimiento con los sindicatos.
Manuel de la Rocha Rubí es diputado del PSOE por Madrid
Ilustración de Enric Jardí
PABLO SAPAG M.
Chile celebra estos días el bicentenario del comienzo de su independencia de España. No lo hace, sin embargo, como lo había previsto la élite que lo gobierna desde hace dos siglos. Ese homogéneo y compacto grupo avistaba una fiesta de consumo interno con la que apuntalar una unidad nacional siempre precaria y amenazada por desigualdades económicas y sociales que se alimentan de otras aún más complejas y permanentes: las raciales y culturales. Lejos mucho tiempo del interés de una prensa internacional que lo ha convertido en alumno aventajado de un neoliberalismo sin anestesia que se sostiene en la espiral del silencio, el bicentenario sorprende a Chile, sin embargo, convertido en estrella mediática de América Latina. Una región en la que este año se suceden conmemoraciones similares.
La efeméride chilena, no obstante, disputa ya a un México en horas muy bajas el escaso interés histórico de la prensa internacional. La misma que tardó dos semanas en informar suficientemente de la tragedia de los 33 mineros sepultados a 700 metros de profundidad en una mina chilena. Sólo la noticia de que estaban vivos, difundida al mundo por un presidente Sebastián Piñera, que asumió el riesgo político de implicarse personalmente en su búsqueda, hizo que Chile y sus mineros dieran la vuelta al mundo. Momento de gloria para un Piñera tan poco conocido en el mundo como su propio país. El problema es que el rescate llevará semanas, si no meses, lo que lejos de desinflar el interés mediático lo alimenta, de ahí un despliegue informativo internacional que no tenía a Chile como protagonista desde los tiempos del dictador Pinochet. Así, lo que prometía ser una muy periodística y rápida historia humana con final feliz para todos, obliga a buscar otros enfoques noticiosos de mayor profundidad, pero también más incómodos.
Emergen entonces otras realidades de una sociedad en la que el 15% de población blanca y culturalmente europea gobierna a una mayoría compuesta por un 70% de mestizos y un 10% de indígenas. La tragedia de la mina ha puesto negro sobre blanco esos perfiles y roles. La inmensa mayoría de los atrapados son mestizos, lo delatan su aspecto físico y su nombre. Los que desde de arriba organizan su rescate después de hacer la vista gorda ante las precarias medidas de seguridad de la mina son, casi sin excepción, todos blancos y de apellidos tan centroeuropeos como los de los dueños del yacimiento. A partir de esos datos tan básicos, en Chile, uno de los países más de-
siguales del mundo según su índice Gini, es casi imposible equivocarse a la hora de caracterizar social y económicamente a la población. Por algo menos de 700 euros, en un país en el que casi todo cuesta igual o más que en España, los 33 mineros se la jugaban cada día en una mina insegura de la que sus dueños obtenían millonarias ganancias. Esa pobreza y desigualdad explican que un ex futbolista profesional que fue compañero de Iván Zamorano en un equipo de la primera división chilena haya bajado a la mina. Franklin Lobos lo hacía para pagar los estudios universitarios de sus dos hijos en un país que, en relación a los sueldos, está considerado entre los más caros del mundo en ese y en otros rubros. Entre otras cosas, porque un Estado mínimo –que es el resultado de un sistema tributario escasamente progresivo– apenas subsidia nada.
La prolongación del encierro en la mina también ha permitido a la prensa internacional descubrir que desde un mes antes del
derrumbe un número casi igual de presos mapuche mantenían una huelga de hambre. El traslado al hospital de varios de ellos ha terminado por desinflar la euforia tras el hallazgo con vida de los 33 mineros a los que se ha querido convertir en símbolo del bicentenario y del Chile recién admitido en la OCDE por sus “envidiables índices macroeconómicos”.
El llamado conflicto mapuche es tan largo como el propio Chile, histórica y geográficamente hablando. La “gente de la tierra” reclama precisamente eso, la devolución de una mínima parte de las tierras que les fueron expropiadas por un Estado de Chile que no se conformó con lo heredado de la Corona española. También reclaman el reconocimiento étnico a un Estado que se ha esforzado como pocos en América Latina por homogeneizar a la población desconociendo la realidad demográfica y cultural de un país donde se llama “pueblos originarios” a los mapuche y otros indígenas, paradójico reconocimiento semántico de que otros no lo son, aunque mandan y mucho.
La élite no oculta su preocupación. Varios de sus miembros, sean de Gobierno o de oposición, racial y culturalmente homogéneos, aseguran que la muerte de uno de esos mapuche procesados en su día por la Ley Antiterrorista en vigor desde la época de Pinochet daría al traste con los fastos del bicentenario. Peor aún, “dañaría la imagen internacional de Chile”. Es lo que realmente espanta a una clase dirigente que hasta que aparecieron con vida unos mineros que apenas habrían sido un breve en cualquier periódico “de clase mundial” contaba con un silencio cómplice justificado por intereses empresariales o por un sistema mediático que discursiva y económicamente busca al menos una historia de éxito por continente –Suráfrica, por ejemplo–. Esta vez la gran mayoría de chilenos mestizos e indígenas –muchos de ellos inconscientes de su condición– son los auténticos protagonistas, dejando al descubierto un modelo contradictorio y poniendo en entredicho la imagen proyectada al exterior de un Chile sólo a la medida de su excluyente y todopoderosa élite.
Pablo Sapag M. es Profesor de Historia de la Comunicación Social e investigador en la UCM
Ilustración de Federico Yankelevich
CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO
El 14 de mayo, el juez Garzón fue expulsado provisionalmente de la función judicial por haber pretendido investigar una parte de los crímenes del franquismo, la relativa a los detenidos y desaparecidos (más de 100.000 personas). Las víctimas, los familiares que denunciaron los hechos, quedaron decepcionados y abandonados ante la ausencia de tutela judicial. Parece que el objetivo político y judicial estaba alcanzado. Desde aquel momento, todos los procesos contra el juez entraron en una fase de notable dilación, cuando debía haber ocurrido lo contrario: que los instructores y magistrados del Tribunal Supremo (TS) activaran e impulsaran su tramitación, pues el juez perseguido está ya cumpliendo anticipadamente la pena que pudiera imponérsele si llegara a ser condenado por sentencia firme. Una muestra más de la falta de objetividad y equidad de esos jueces.
El pasado 7 de septiembre, el TS notificó una resolución –que se dice fechada el 26 de julio– que, sin fisuras, respaldó la decisión del instructor Varela del 7 de abril de continuar definitivamente el proceso contra el juez Garzón pese a la ausencia de toda responsabilidad penal. La resolución merece una crítica rotunda. El TS sabe que, antes de tomar esta decisión, estaba obligado a resolver otros recursos de apelación que el juez Garzón interpuso en abril y mayo. Planteaban, con el apoyo expreso del fiscal, la nulidad de las acusaciones de la ultraderecha a causa de las maniobras procesales irregulares de Varela con Manos Limpias para hacer viable un escrito de acusación que no debía haber sido aceptado. Maniobras que perjudicaban directamente el derecho a la presunción de inocencia y de defensa del juez Garzón, que además vulneran las garantías básicas de un ciudadano y el derecho a un proceso justo. Maniobras que determinaron la continuidad de un proceso que, en ese momento, debió concluir sin más.
La permisividad y la pasividad de la Sala Segunda lo ha impedido. Pero, además, la resolución del 26 de julio es un ejemplo de un preocupante formalismo en la interpretación de la ley procesal penal con el único propósito de limitar y perjudicar los derechos del imputado. La consecuencia directa es anular los efectos propios del recurso de apelación. La previsión legal de que un imputado pueda recurrir a una instancia judicial superior, en este caso el TS, a través del recurso de apelación cuando disiente de la decisión del juez inferior, es decir, del instructor Varela, es para que pueda producirse una revisión a fondo de la decisión recurrida. Pero el TS no lo hace, omitiendo la función que debía haber ejercido, que era analizar detenidamente las razones expuestas por el juez Garzón para contradecir las tesis de Varela. Concretamente, si este mantiene que las decisiones del recurrente eran “indefendibles” en la aplicación conjunta del sistema jurídico, es exigible legalmente que el TS hubiese analizado las razones del juez
Garzón y la afirmación fundada de que sus decisiones en el sumario 53/2008 no fueron nunca ni inusuales, ni extravagantes ni aún menos injustas y, por tanto, perfectamente defendibles, como lo ha acreditado la comunidad internacional. Lo que justifica plenamente un debate en el seno del proceso sobre la naturaleza jurídica de dichas decisiones, debate o “pericia jurídica” como lo llama el Supremo, que no puede ser “improcedente”. Precisamente porque la aplicación del derecho, cuando además está en juego el derecho internacional, necesita de unos amplios márgenes de interpretación. Lo contrario es, como está ocurriendo, la limitación y persecución del libre ejercicio de la independencia judicial.
Por otra parte, el TS pretende justificar la ausencia de respuesta al fondo de los gravísimos problemas que le fueron planteados apelando a que debe evitar “el prejuicio contaminante”, es decir, el haberse pronunciado antes de tiempo sobre el núcleo de los hechos que son objeto del proceso. Es, sencillamente, inaceptable. El TS, desde que el 26 de enero de 2009 admitió a trámite la querella de Manos Limpias, ha coincidido con los postulados y pretensiones de la ultraderecha durante un proceso que desde entonces no ha variado sustancialmente de contenido. Y siempre, con la oposición del fiscal. Nunca dudó en la aceptación de una acusación popular pese a que, como ha dicho la Unión Progresista de Fiscales, “la ejerce en fraude de los principios que deben guiar la intervención procesal de terceros no perjudicados”.
Con esta frialdad formal y el “encarnizamiento” a que aludía Le Monde, va a comenzar un juicio político por haber investigado judicialmente el franquismo como condición para la protección de sus víctimas. Víctimas a las que el TS ha tratado, en contraste con su complacencia con la extrema derecha, con desdén y menosprecio, negándoles reiteradamente la pretensión de ser partes en el proceso contra el juez Garzón. Llegando a decirles, ofensivamente, que “se abstengan de perturbar la jurisdicción del TS”. Estamos ante una profunda crisis, no sólo de la Justicia, sino de la democracia.
Carlos Jiménez Villarejo es ex fiscal jefe Anticorrupción.
Ilustración de Patrick Thomas
JOAQUIM SEMPERE
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante los años 2007 a 2009 se habían firmado unas 178.000 ejecuciones hipotecarias (frente a las 47.379 del trienio anterior) y el diario Cinco Días estima que habrá que añadir otras 180.000 en el presente año. De ser así, el total de ejecuciones hipotecarias en los últimos cuatro años ascenderá a más de 350.000. En general, estos expedientes acaban en desahucio en un plazo inferior a un año y el CGPJ señala que las cifras son engañosas, ya que una misma petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que “puede ser todavía más alarmante el incremento detectado”.
Las viviendas hipotecadas van a subasta, y son las propias inmobiliarias de los bancos acreedores las que concurren a las subastas y acaban adjudicándose las viviendas a precio de saldo. La ley hipotecaria les permite adquirir el inmueble por el 50% del precio de la subasta pública si esta queda desierta, lo que ocurre en el 90% de los casos.
El aquelarre no termina aquí. El banco desahucia a la familia, recupera la vivienda en pública subasta y sigue cobrando hasta el final la deuda hipotecaria. En los últimos meses, la prensa ha dado a conocer numerosos casos de familias puestas de patitas en la calle y obligadas a seguir pagando la deuda.
El 30 de marzo de 2010 –según señala David Fernández en el semanario catalán Directa
(7-04-2010)–, se reunió en Barcelona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que propone que, en caso de impago, la recuperación del inmueble hipotecado por parte del banco “comporte automáticamente la cancelación de toda deuda”, como ocurre en otros países europeos y en Estados Unidos. Allí, si no puedes pagar, cedes la vivienda y la deuda queda cancelada. ¿Qué sentido tiene aportar como garantía del crédito hipotecario una vivienda si, en caso de que el acreedor no pueda pagar, la garantía del bien no baste y persista la obligación de devolver hasta el último céntimo, incluidos los intereses?
La plataforma señala que esta realidad jurídica “abusiva y extorsionadora se enmarca en una situación de asistencia permanente del Estado al sector bancario”. En efecto, a través de las hipotecas, la banca española ha hecho y sigue haciendo un negocio fabuloso con un bien de primera necesidad. Lo hace con la angustia de cientos de miles de desahuciados o amenazados de desahucio, y lo hace con los afortunados que pueden seguir pagando unas hipotecas contratadas durante la fase ascendente de un ciclo especulativo, con inmuebles sobrevalorados. Según The Economist, esta sobrevaloración ascendía en España al 55% el pasado enero.
¿Acaso deben los bancos españoles protegerse de una alta tasa de morosidad e impago? Los bancos Santander y BBVA afirman que desde 2001 han recuperado hasta el 90% de los préstamos por hipotecas impagadas. Y la Asociación Española de Banca anunciaba el pasado marzo que los beneficios netos de la banca española habían alcanzado en 2009 los 14.934 millones de euros, un 8,9% menos que el año anterior, lo cual no está nada mal para un año de grave crisis en la venta de viviendas. De modo que ni siquiera el impago es una coartada válida para la banca.
Las familias endeudadas se han visto obligadas a cumplir sus compromisos con las entidades de crédito mientras han tenido empleo y los intereses lo permitían. Y cuando no han podido hacerlo, se han quedado sin vivienda. En cambio, con el estallido de la crisis, la banca ha apelado al apoyo del Estado y lo ha conseguido. Unos han perdido lo que necesitan vitalmente. Los otros nunca pierden.
No es de extrañar que entre los años 2000 y 2007 el porcentaje destinado por los hogares españoles a la vivienda pasara del 12,40% al 25,63% del gasto total; es decir, más del doble, según reflejan las encuestas de los presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cifras absolutas, significa pasar de gastarse unos 80.000 millones de euros en vivienda a más de 200.000 millones. Como son muchos los propietarios de viviendas que las han pagado ya, se deduce que quienes todavía las están pagando les destinan una parte de-
sorbitada de su presupuesto, que puede alcanzar un 40% o un 50% o más entre quienes están todavía atrapados por las hipotecas.
Esto representa una reducción muy substancial del nivel de vida, puesto que queda mucho menos para otros gastos. Tal reducción resulta enmascarada por el hecho de que el PIB ha aumentado un 26,5% en esos ocho años, mostrando una vez más que el PIB es una pésima medida del bienestar, incluido el bienestar material. Los gastos de vivienda son una sangría invisible pero real para la ciudadanía, la sangría que ha permitido engordar a los empresarios de la promoción y construcción de vivienda y a los bancos. La ciudadanía de este país no sólo está perdiendo a mansalva derechos sociales, sino poder adquisitivo. Es un fracaso económico espectacular que una necesidad básica como la vivienda no pueda ser satisfecha por millones de personas o lo sea a un coste enorme, y que esta situación haya empeorado visiblemente en el último decenio. La industria de la vivienda no debe seguir siendo una fuente de negocios abusivos ni un nido de especulación y corrupción. Urge considerarla un servicio público atentamente vigilado y regulado desde los poderes públicos.
Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona
Ilustración de Javier Olivares
PERE ALMEDA
MIQUEL CAMINAL
CARME VALLS
En España vivimos dentro de un orden constitucional bloqueado, donde no se vislumbra ningún desarrollo federal. Los principales partidos políticos españoles no son nada federales. Del Partido Popular no hace falta decir nada. Es un partido antifederal. El PSOE es un partido que se autodenomina federal, pero que por diversas razones no ejerce de federalista. Así fue en los años ochenta y noventa. Con José Luís Rodríguez Zapatero, parecía que el PSOE asumía el proyecto de encabezar el desarrollo federal del orden constitucional español por medio de la reforma pactada de los estatutos y, posteriormente, mediante una reforma constitucional. Pero el miedo a regalar la bandera del patriotismo español al PP y la falta de una cultura realmente federal en la mayoría de los dirigentes socialistas dejó descarrilar una reforma que por lo demás ya era menos que tímida en su planteamiento.
Así es que hablar de federalistas españoles podría ser un ejercicio retórico, pero no por si hay muchos o pocos federalistas españoles, sino porque una reforma federal está de momento fuera de la agenda política.
Para que el federalismo sea un camino a seguir, debe salir de los círculos académicos y darse a conocer como opción viable y de futuro para una sociedad plural y compleja como la nuestra. Ello requiere que la alternativa federal se haga cada vez más visible en el debate político y mediático, y que los liderazgos políticos tomen buena nota de las exigencias de una ciudadanía que aspira a seguir avanzando para alcanzar mayores cotas de legitimidad y calidad democrática.
La idea federal supone una tercera vía, que escapa de la dialéctica nacionalista, para articular un modelo que combina autogobierno y gobierno compartido, adaptado a una sociedad plural y a un sistema policéntrico de poderes, en un contexto de creciente complejidad y mayores interdependencias.
Hay que decir, ante todo, que de federalismos, como de nacionalismos, hay de distintos tipos y seria erróneo hablar de una sola vía federalista. El debate federal en España tiene más matices y hay diferencias sustanciales en la definición de un modelo federal para España. Algunos la ven casi como un Estado unitario descentralizado y, en el otro extremo, otros lo conciben como una federación asimétrica y plurinacional.
Podríamos decir que en España hay principalmente tres posturas federalistas. Los hay que abogan por un Estado autonómico simétrico y recentralizado, que asegure una jerarquía entre la nación española soberana y lo que denominan “nacionalidades culturales”. A nuestro parecer, este tipo de federalismo orgánico y centralizador ha quedado superado por las demandas democráticas de mayor autogobierno y la necesidad de dar reconocimiento constitucional a la realidad plurinacional de España. Una segunda postura sería la de aquellos que defienden un desarrollo federal de la Constitución española de 1978, como mínimo a un nivel equiparable al de la República Federal Alemana o que incluso conciben el modelo suizo como un buen referente para España, con relación al igual reconocimiento de las lenguas oficiales de la federación. Finalmente, estamos aquellos que defendemos un planteamiento democrático y plurinacional de las federaciones. Un planteamiento que promueve el reconocimiento de las diversidades existentes y que defiende un modelo avanzado de organización política, que incluye la simetría y la asimetría, como vías de unión en la equidad de la diversidad cultural, lingüística y nacional.
Este último es un reflejo del debate existente en los últimos 20 años, entre teóricos de la democracia como Rawls, Habermas, Taylor, Norman, Kymlicka, Miller, Tully, McGarry y varios más, sobre los principios constitucional y democrático aplicados a la resolución de los nuevos problemas de las sociedades plurales. Un debate abierto a la necesidad de avanzar hacia fórmulas más flexibles y adecuadas de organización política, superando conceptos absolutos como el de la soberanía indivisible o el axioma Estado igual a nación. Conceptos intocables hace unas décadas y que aún a algunos les cuesta bajar del pedestal dogmático. Esta corriente del federalismo, además, bebe de unas fuentes históricas con una larga tradición en nuestro país y que tiene sus orígenes en el siglo XIX con el federalismo republicano de Pi i Margall y el federalismo catalanista de Valentí Almirall.
De todos modos, la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de Autonomía de Catalunya de 2006 y la respuesta de los principales partidos españoles, PP y PSOE, no sólo cierra, hoy por hoy, toda posibilidad de avanzar en esta dirección, sino que también se hace incompatible con el desarrollo federal del Estado autonómico hacia modelos como el alemán o el suizo. Si la Constitución y la política española persisten en no tratar equitativamente ni de manera justa los distintos hechos nacionales existentes en España y no se respetan las demandas de mayor autogobierno, nuestro marco constitucional acabará debilitándose de tal manera que será considerado ilegítimo por una parte considerable de la sociedad y resultará inviable e ineficaz como marco institucional, generado mayores incertidumbres y una creciente inestabilidad.
La especificidad de una democracia no recae en la ausencia del conflicto, sino en el establecimiento de un conjunto de instituciones a través de las cuales los conflictos se pueden afrontar democráticamente. Si la cerrazón hace fracasar la federalización de España, no queda otro camino que explorar otras vías democráticas para expresar las voluntades de la ciudadanía y ejercer el derecho de las naciones a la autodeterminación para decidir libremente su futuro colectivo.
Pere Almeda, Miquel Caminal y Carme Valls son miembros de Fundación Catalunya Segle XXI
Ilustración de Alberto Aragón
