Vaya por delante que Cayo Lara, como cualquier dirigente político, es muy libre de rodearse de sus leales. Otorgar premios y castigos es uno de los privilegios del que está en el poder. Pero no deja de ser un considerable error táctico la pretensión de excluir a Gaspar Llamazares de todo protagonismo. Además de injusto, es probable que también sea inútil. Llamazares ha demostrado que le basta y le sobra ser diputado raso para hablar en nombre de los ciudadanos que le han elegido. Ayer hizo una sorprendente irrupción en el arranque de la décima legislatura. Fue el primer parlamentario en alzar la voz para denunciar la exclusión de su Grupo, la tercera fuerza política del país, de la Mesa del Congreso. Llamazares ha sido durante 11 años la voz y la imagen electoral de una determinada izquierda, tiene una acreditada experiencia parlamentaria y es un orador capaz y elocuente, que se ha ganado a pulso su escaño por Asturias.
Sin desmerecer a nadie (también los nuevos portavoces merecen una oportunidad) no anda la política sobrada de aptitudes y talentos, cualquiera que sea su ideología y su grado de insumisión. El actual coordinador general de Izquierda Unida le ha dicho a Llamazares que no se fiaba de él y por eso no le ofreció ocupar el puesto de presidente ni de adjunto, ni siquiera el de rotatorio, sino el de un inexistente e inútil quinto portavoz. ¿Es argumento de peso para marginarle? No para sus electores, que los tiene bien acreditados. No para la vida parlamentaria, que pierde una voz rotunda y clara. No para la izquierda, condenada permanentemente a la escisión.
Mientras escribo veo la playa. No es mi paisaje habitual, lo cual quiere decir que soy una de las afortunadas que ha huido este puente de su puesto de trabajo. Doble privilegio: tener ocupación remunerada y tomarse unos días de tregua. Ahora bien, mientras descanso, escucho a lo lejos el eco de las voces del reproche universal. Debemos trabajar hasta la extenuación si queremos aumentar nuestra productividad y ofrecer credibilidad a los mercados, así que no podemos permitirnos el lujo de tomarnos varios puentes concatenados. Es probable que a mí me lo “perdonen”, ya que en realidad estoy escribiendo, lo cual, aunque algunos no lo crean, es una tarea como otra cualquiera.
Quiero que estas líneas escritas frente al mar sirvan para reivindicar no sólo un reparto más equitativo del empleo, sino el derecho a la ociosidad e incluso a la pereza, en homenaje a Paul Lafargue y a Bertrand Russell, autores de sendos tratados cuya lectura recomiendo. Ambos denuncian la indefensión de los trabajadores, el sobreconsumo, la creación de necesidades y mercados ficticios, el trabajo a destajo, en definitiva, critican a los precursores de los aguafiestas contemporáneos: protestantes, calvinistas, bolcheviques, capitalistas… que ya redujeron a la mitad los días no laborables. Habría que darle un vuelco a un sistema que condena a la mayoría de la humanidad al paro forzoso o a trabajar a destajo, mientras una minoría acumula cada vez más riqueza. Además de Lafargue y Russell, lo acaba de decir el secretario general de la OCDE; aumentan las desigualdades porque los trabajadores pierden cada vez más derechos. El tiempo libre es uno de los más sagrados.
Cuando veo la foto de cualquiera de esos pésimos gestores que arruinan entidades financieras, saquean alcaldías o autonomías y después de esquilmar las arcas públicas (o incluso las privadas) se aferran a sus indemnizaciones amparados por la ley, me dan ganas de acampar en la puerta de mi casa. Basta enumerar algunos casos abiertos como los que afectan a muchas de las cajas intervenidas o nacionalizadas recientemente: Castilla-La Mancha, Cajasur, Caja Mediterráneo, Novacaixagalicia, Catalunya Caixa. Han recibido millones de euros de recursos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) mientras que sus principales ejecutivos han sido prejubilados con pensiones multimillonarias. Recuerden el sueldo autoasignado de 600.000 euros de María Dolores Amorós (CAM), los más de 1.200 millones de euros de jubilación para José Luis Olivas (Bancaja) o los 23 millones del blindaje de otros exdirectivos de Novacaixagalicia. Y otros muchos que no puedo reseñar por falta de espacio. Sólo uno aceptó devolver la mitad de lo asignado.
Llevo muy mal, supongo que como el resto de los ciudadanos sometidos a tantas apreturas, amenazados con el incremento del paro, el repago sanitario, la congelación o bajada de salarios y pensiones… que el Gobierno indulte a un banquero mientras las máximas autoridades corporativas de organismos e instituciones, con o sin ánimo de lucro, se retiran a disfrutar de su botín. Si pretenden aplicarnos próximos ajustes de caballo, que todos estos individuos retiren sus sucias manos del dinero público. Es un sentimiento muy primario, pero cada vez más justificado y compartido.
Somos demasiado curiosos e impacientes. Queremos saber antes de tiempo qué personas formarán parte del anhelado fichero de altos cargos de la Administración del Estado. Agobiados por el interrogatorio periodístico, los ministrables no saben cómo eludir la respuesta a si se encuentran o no entre los elegidos por Mariano Rajoy. Uno de estos ministrables, José Manuel Soria, presidente del PP en Canarias, al sentirse acorralado por las preguntas de la insistente y persuasiva Ana Pastor, dijo ayer que “uno en política es un soldado y va donde le mandan”, aunque después terminó por admitir que todo soldado ambiciona formar parte del Alto Estado Mayor.
Muy reveladora la analogía del político con la obediencia debida del soldado. Está claro que en ambos casos lo primero que se exige, antes de cualquier otro mérito, es disciplina y lealtad. Y he aquí uno de los problemas de la democracia, o más bien de la partitocracia: que los elegidos tienen que complacer prioritariamente a los jefes que los nombran en vez de saldar cuentas con los electores. El jefe tiene la potestad de premiar con puestos en las listas electorales, escaños parlamentarios, cargos relevantes en ministerios, empresas públicas, embajadas u organismos internacionales. Puede también castigar con el cese al que tiene un comportamiento heterodoxo.
Para impedir arbitrariedades hay que reivindicar, además de la reforma de la Ley Electoral, nuevas medidas que faciliten la democratización de los partidos políticos para que los cargos electos tengan que responder ante sus electores y no sólo ante sus respectivos dirigentes.
El comisario de Salud y Protección del Consumidor advierte que sancionará a España si en enero de 2012 no cumple las nuevas normas para adecuar las jaulas de las gallinas ponedoras a las exigencias europeas de bienestar animal. Millones de gallinas viven estresadas y comprimidas en superficies minúsculas donde se limitan a poner huevos de manera incesante. Reitero una vez más que la violencia del ser humano contra las demás especies no es sólo una cuestión de principios, sino de intereses, porque el desequilibrio del planeta nos perjudica sanitariamente. Cada vez que denuncio nuestras deficiencias legales contra el maltrato animal recibo descalificaciones por parte de muchos lectores. Supongo que más en estos días, donde no se permite marginar ni un instante el debate electoral y, menos aún, pasar por alto la crítica situación económica que tanto nos martiriza.
Por primera vez, sin embargo, aunque admito que lo mejor sería prohibir las granjas para que las gallinas ponedoras viviesen al aire libre, sospecho que la normativa europea y sus radicales sanciones favorecen confusos intereses comerciales. Los ganaderos necesitan fondos para adaptar sus granjas. Si no les subvencionan, el aumento de los costes de producción obligará a cerrar sus explotaciones, lo cual beneficiará a terceros países a los que no se exige el cumplimiento de las normas. Compraremos huevos más baratos procedentes, por ejemplo, de países como Marruecos. Y no parece razonable que cada vez tengamos más dependencia de alimentos importados, mientras los productores españoles pierden competitividad y se ven obligados a engrosar las listas del paro.
Debo de ser de las últimas personas que ha perdido la confianza en Barack Obama. Todavía tengo el merchandising que me trajeron mis amigos de aquel famoso mitin de New Hampshire, cuando era senador y pronunció el Yes, We Can, cuya traducción libre viene a ser el todo es posible con el que encabezo la sección de este periódico. No lo voy a cambiar, aunque Obama haya defraudado no sólo nuestras expectativas, sino las de sus propios ciudadanos. La gota que colmó el vaso de la desesperanza ha sido precisamente que EEUU haya retirado su ayuda a la Unesco
en represalia por la admisión de Palestina entre sus miembros.
La decisión del premio Nobel de la Paz significa que el supuesto político más poderoso del mundo ha dejado de serlo hace tiempo, o tal vez que carece de la suficiente fuerza de voluntad para imponer sus criterios o, lo que sería muchísimo peor, que ha cambiado de ideas. Argumentan en su descargo que el presidente de EEUU está obligado a cumplir una ley de los años noventa que prohíbe contribuir económicamente a cualquier organismo de la ONU que admita a los palestinos.
Cada vez es más evidente que quien dejó todo atado y bien atado, tanto en este como en otros muchos asuntos cuyas consecuencias ahora padecemos, fue Ronald Reagan. Sería retórico preguntarse por qué si Reagan pudo imponerse, Obama no puede. Lo que más lamento no son las sanciones a la Unesco, sino que Obama participe esta semana en la cumbre del G-20 para impedir, en representación de Wall Street, que los europeos cumplan su promesa de imponer una tasa sobre las transacciones financieras. Vaya fiasco.
Con toda la prudencia y discreción que nos reclaman los responsables políticos, expreso mi deseo de que el Estado consiga lo antes posible la liberación de Ainhoa Fernández de Rincón y Enric Gonyalons, cooperantes españoles secuestrados por hombres armados en Tinduf, junto a otra compañera italiana. Lo más eficaz sería que fueran liberados a cambio de nada, pero de no ser así, que no duden en pagar dinero por su rescate. Los voluntarios de las ONG que se trasladan a los países necesitados de ayuda humanitaria se juegan el tipo, e incluso la vida, por mitigar el hambre, alfabetizar, curar dolencias y, en definitiva, evitar el sufrimiento inmediato de los grupos de población más vulnerables, desposeídos de derechos elementales. Y de manera especial en los campamentos de refugiados saharauis, a quienes los gobiernos de España dejaron abandonados a su suerte o, lo que es peor, en manos de las autoridades marroquíes.
Tenemos algo más que un deber de gratitud con quienes actúan para paliar los efectos de la injusticia y la insolidaridad de la que todos somos responsables. De manera que si el rescate de los rehenes es el primer objetivo, el segundo sería reforzar las medidas de seguridad en las zonas de conflicto, el tercero acelerar la decisión de destinar el 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo y, mucho después, organizar del modo más eficaz posible la cooperación de los voluntarios, para evitar recelos hacia el modo de actuación de determinadas agencias humanitarias y, sobre todo, que sus captores, pertenezcan o no a una facción terrorista, los utilicen como moneda de cambio.
El director del Colegio Mayor Chaminade se muestra muy orgulloso de que en el citado centro estén prohibidas las novatadas desde 1983. Eso le honra. El problema es que lo ha expresado de una manera muy desafortunada: “En algún momento seguro que llegaron a pensar: ‘Los del Chami son los más blandos y los más maricones’”, y le han llovido las críticas por retrógrado y homófobo. Probablemente no lo sea, pero debe entender que a muchas personas nos indigna que lo de blando y maricón se utilice como insulto, aunque sea sin mala intención. Las mujeres somos más sensibles a esa clase de ofensas porque, como se ha visto recientemente en alguna sentencia judicial, seguimos discriminadas a través de la palabra.
Si aprovecho esta ocasión para reivindicar el respeto a una minoría cuyos derechos penden del hilo del Tribunal Constitucional, me dirán que estoy sacando la frase de contexto y exagerando el asunto. Y, más aún, si me sumo a la petición de que se retire el recurso interpuesto por el PP contra el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Hay rumores de que Rajoy, si llega a la Moncloa, no derogará la ley, siempre que supere el trámite del Constitucional. Lo celebro, pero para qué prolongar la incertidumbre de tantas familias que necesitan un soporte legal. Le sugiero la lectura de la carta que le dirige uno de sus votantes en http://sonnuestroshijos.blogspot.com para borrar cualquier atisbo de duda contra todo lo que pueda discriminar los derechos de estas personas, que ni causan división social ni, tal y como argumentan algunos, amenazan la existencia de la familia.
Para que yo viva dignamente no es necesario que 200 niños somalíes se mueran de hambre, que esclavicen a 50 marroquíes del sector textil o que un centenar de trabajadores indios se intoxiquen en las fábricas de zapatos. Y, sin embargo, todos los mensajes que circulan estos días por las redes sociales me culpabilizan. No sólo a mí, sino a los occidentales que entramos en las tiendas de Todo a cien, buscamos gangas en los mercadillos y compramos determinadas marcas de calzado deportivo.
Irrumpe en mi correo un vídeo pavoroso sobre una fábrica de zapatos localizada en Bombay. El patrón impide a los empleados que salgan de un recinto donde duermen, cocinan y trabajan amontonados durante 17 horas diarias. Las imágenes son más dramáticas que las de Biutiful, la película que González Iñarritu sitúa en un suburbio de Barcelona. Se ve cómo unos niños extienden con la mano un pegamento, probablemente tóxico, sobre los tacones de unos zapatos de marcas de lujo, cuyo precio desciende a menos de cinco dólares. Debes saber, amenaza una voz al espectador, que si consumes estos productos estás colaborando con la explotación laboral infantil y contribuye a que el capitalismo salvaje se perpetúe y se extienda.
Aunque a muchos les parecerá ingenuo y panfletario, el vídeo denuncia un sistema insostenible. La quinta parte hiperconsumista de la humanidad no puede seguir acumulando objetos de manera indefinida a costa de una mayoría de esclavos, desnutridos y hambrientos. El decrecimiento es la única opción económica capaz de frenar un liberalismo que pretende fortalecerse mientras se prolonga la crisis.
Vamos a ver si los nuevos directivos de las cajas de ahorros, rescatadas con dinero público, están dispuestos a impedir las indemmizaciones millonarias de sus antecesores que, para mayor escarnio, son los responsables de una pésima gestión. Por culpa de los desmanes de estos prejubilados de oro que se autoadjudican pensiones vitalicias similares a las de los jeques del Golfo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha tenido que inyectar millones de euros en 13 entidades para evitar su quiebra, entre otras Novacaixagalicia y la CAM, cuyos directivos se lucraron a manos llenas mientras hundían las entidades financieras.
De auténtico escándalo, “lo peor de lo peor”, lo calificó el gobernador del Banco de España.
Inadmisible lo considera la vicepresidenta del Gobierno. Pero ambos toman precauciones. Habrá que ver si se ajustan a lo dispuesto en el consejo y los estatutos. Esperamos que el Estado tenga capacidad para impedir semejante abuso de poder. El FROB somos todos y es un grave atentado contra los contribuyentes, asfixiados por los ajustes de caballo que padecen, que estas personas se lleven un botín y, amparados por una supuesta legalidad llena de argucias, respondan que se trata de cuestiones privadas. De ninguna manera. Sus empresas son instituciones de interés social y deben dar cuenta pública de sus actividades. Veamos si el Banco de España sirve, al menos, para abrir un expediente sancionador y exigir que devuelvan, o no lleguen a cobrar, según los casos, las abusivas indemnizaciones. No alimenten más la indignación que se va a manifestar el 15-O.
