La fórmula del PP para favorecer la dación en pago de la vivienda y limitar los desahucios tiene visos de ser voluntarista porque se asocia a un código de buenas prácticas no vinculante, insuficiente e, incluso, simple humo, en opinión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pero puede parecer una medida revolucionaria a quienes recuerden a Zapatero afirmando que imponer la devolución de los pisos para saldar los créditos haría peligrar la solvencia del sistema financiero. Con todas sus limitaciones el plan, muy criticado por el PSOE, tiene puntos interesantes como los de hacer corresponsable a la banca de la depreciación de las casas, así como la de demorar dos años el lanzamiento a familias en riesgo de exclusión o con todos sus miembros en paro.
Dirán que los socialistas enmendaron su error como Gobierno y que no sólo incluyeron la dación en pago en su programa electoral sino que fue su primera iniciativa como oposición. Es cierto con matizaciones. La fundamental es que su propuesta no tiene carácter retroactivo sino que se refiere a un nuevo producto hipotecario que, por supuesto, sería más caro al aumentar el riesgo. Para los afectados por una ejecución se apelaba a las autonomías, a las que se pedía que eximieran del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a las entidades que aceptaran la dación. En definitiva, es tan voluntaria como la esbozada por De Guindos.
No se trata aquí de salvar la cara del PP, que ya tiene su coro de grillos cantando a la luna sus hazañas, algunas tan reaccionarias como la reforma laboral, la marcha atrás en la ley del aborto o la implantación de la cadena perpetua. Varias de ellas, sin embargo, debieran hacer enrojecer al PSOE. Aun incumpliendo sus promesas, la subida de impuestos de Rajoy hace pagar más a lo que más tienen para escarnio del Ejecutivo anterior, que ni siquiera se atrevió a limitar el sueldo de los directivos de cajas auxiliadas como han hecho los populares para sorpresa y enojo de Rodrigo Rato. Es posible que con medidas semejantes los socialistas hubieran perdido también las elecciones pero desde luego habrían tenido algo de agua para la travesía del desierto.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, es de natural optimista, un hombre que tranquilizaría a un infartado diciéndole que ha tenido una corazonada. Así, mientras los demás se alarman ante la imparable fuga de cerebros que está provocando la crisis y su corolario de recortes salvajes en investigación y desarrollo, él ve una oportunidad única para que los científicos españoles viajen, conozcan gente y perfeccionen el inglés, sin cuyo dominio no hay quien publique un breve en Nature o en Science. Las botellas medio vacías están prohibidas por decreto.
Opina el ministro que la corriente migratoria de investigadores puede ser de ida y vuelta en cuanto aquí haya recursos para que regresen. Por tanto, no hay de qué preocuparse. Un biólogo molecular de Calpe, pongamos por caso, debe ahora mismo instalarse en Alemania, donde se le valorará y se le pagará un salario que duplicará sus mejores expectativas en España, pero en cuanto aquí se le prometa en unos años cierta estabilidad dentro del mileurismo hará las maletas y retornará cual hijo pródigo, atraído por la irresistible fuerza del sol mediterráneo, las tapas y la siesta.
Wert está demostrando una sensibilidad muy especial con el talento. Los científicos han de marcharse con viento fresco, especialmente si se dirigen al norte, y estudiantes como los del Instituto Luis Vives de Valencia también tendrían que hacerlo o, por lo menos, no quejarse por asistir a las clases con manta por falta de calefacción porque protestando no se resuelve nada y así se van acostumbrando al frío clima de Berlín. Escuchar ayer en el Congreso al ministro de los estudiantes justificar que la Policía se líe a porrazos con los jóvenes que defienden una educación pública digna y de calidad es la mejor invitación al márchese el que pueda.
Además, para investigar rápido ya está el propio Wert. El martes proponía indagar si se había producido algún exceso con los estudiantes; al día siguiente, ya tenía la respuesta: se actuó contra violentos que infringían la ley. Sería estupendo que regresaran los cerebros, pero no sólo los de los investigadores.
En la CEOE no hay poli bueno y el que hace de malo malísimo es su responsable de Economía, José Luis Feito, del que ya se habló aquí cuando propuso una bajada general de sueldos, una medida que a él le hubiera afectado mucho más que al resto ya que tenía al menos tres: el de la patronal, el de la presidencia del Instituto de Estudios Económicos y el del lobby de las autopistas españolas, ASETA. El salario de esta última se lo gana honradamente, pidiendo cada dos por tres que se implanten peajes en las vías rápidas, que lógicamente serían gestionados por alguna de las concesionarias que le pagan con tanta munificencia.
Como se ve, Feito es hombre de fuertes convicciones, especialmente si se le remunera para que las exponga públicamente. De sus labios hemos escuchado la propuesta de que cada cual se costee los medicamentos de menos de tres euros, algo que él mismo debiera probar con la pensión mínima que cobran más de 1,5 millones de españoles, o la de eliminar la ayuda al desarrollo, que de las hambrunas no hay por qué enterarse si no se ve el telediario. Al de la CEOE sólo le gustaba el Estado cuando le hizo embajador ante la OCDE o le facilitó un cargazo en el FMI; después le cogió mucha manía por lo visto.
Su última aportación al debate ha sido la de dejar de pagar a aquellos parados que rechacen una oferta de trabajo aunque ésta sea en Laponia. Presupone Feito que las prestaciones que reciben son una concesión graciosa que igual se quita que se da, e ignora -quizás porque él canaliza sus ingresos a través de una sociedad patrimonial para que Hacienda sólo le retrate de perfil-, que los asalariados contribuyen a financiar con el 1,55% de sus ingresos el seguro de desempleo. ¿Sabe lo que es una nómina este representante de la patronal?
A Feito habría que hacerle vivir la crisis como la experimentan los parados o los que ni siquiera llegan a mileuristas, como lo hacen las familias que no pueden encender la calefacción o los que sobreviven con la pensión de sus padres. Después, si le apetece, podría ir de avanzadilla a Laponia, pero en manga corta, como los valientes.
La seguridad jurídica es un principio universal del que siempre oímos hablar en relación a las multinacionales, que sobre esto saben latín. Trate un Gobierno de modificar un contrato en vigor con una de estas compañías y una legión de abogados se encargará de recordar en la lengua de Cicerón que lo pactado obliga y que los contratos están hechos para ser cumplidos. Frente a este pacta sunt servanda, los romanos se inventaron el rebus sic stantibus, que traducido al esperanto quiere decir que lo estipulado podría modificarse siempre que se hayan alterado sustancialmente las circunstancias en las que se produjo el acuerdo.
Puesta ante el dilema, la Constitución consagró el derecho a la seguridad jurídica en su artículo 9 y la jurisprudencia posterior, especialmente una sentencia del Tribunal Supremo de 2010, estableció que el cumplimiento de lo firmado prevalece. En definitiva, argumentar que hay sequía para dejar de abonar un pedido de paraguas es un brindis al sol jurídicamente insostenible.
Pues bien, la reforma laboral ha venido a hacer mangas y capirotes con este derecho, al reconocer a las empresas la facultad de rebajar los sueldos de los empleados sin el acuerdo de los afectados, lo cual implica reducir el valor de los contratos en los que ambas partes pactaron las remuneraciones al del papel mojado. Por poner un ejemplo gráfico, Bolivia no puede modificar unilateralmente las condiciones en la que Repsol explota el gas natural en su territorio porque se toparía con el derecho internacional y la condena de Rajoy, pero la petrolera sí podría en España alterar a su antojo los salarios de sus trabajadores con el beneplácito de los defensores de su seguridad jurídica.
Salvo que se admita que hay contratos que han de cumplirse y otros que según convenga, parece evidente que la nueva normativa exhala un penetrante aroma a inconstitucionalidad sobre el que el Tribunal de la cosa tendría que pronunciarse lo antes posible. Eso, o eliminar los contratos en las relaciones laborales y que se cobre a la carta más alta por eso de ahorrar papel, que siempre es conveniente.
Nos ha venido dando Rajoy un catálogo bastante extenso de lo que realmente nos importa y a eso prometió dedicarse. Maestro en separar el trigo de la paja, el presidente siempre fue categórico: había que hacer lo que había que hacer y reformar lo que había que reformar, siempre con la verdad por delante. Había que estar en lo que había que estar que, para entendernos, no era la memoria histórica, ni la Educación para la Ciudadanía ni siquiera el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo importante era el paro, las reformas estructurales, la buena gestión, la disolución irreversible de ETA y, por supuesto, la generación de confianza, porque España es un gran país y lo hacen los españoles.
Con esas coordenadas en la cabeza hemos llegado al Congreso del PP, donde además de aclamar al líder porque es lo que toca, se ha empezado a debatir muy a fondo de lo que realmente es importante. Del abanico de preocupaciones sobresalía una que nos tenía en un sinvivir y la prueba es que millones de personas se hallaban paralizadas ante un dilema de similar complejidad al que mató de hambre al asno de Buridano. ¿Se inspira el PP en el humanismo cristiano o en el humanismo europeo? ¿Todo el humanismo cristiano es europeo o sólo es europeo el humanismo cristiano? ¿Hay humanismo en Asia y, si así fuera, podría inspirarse el PP en el humanismo budista?
No ha sido fácil resolver esta cuestión ante la imposibilidad de contar con las valiosas aportaciones de Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro y de Montaigne, que a última hora disculparon su asistencia igual que Petrarca, que para colmo ni siquiera es militante. Para suplir estas ausencias, los intelectuales de Hazte Oír se hicieron escuchar con el más sólido de los argumentos: eliminar el término “cristiano” de los Estatutos sería abonar el radicalismo laicista de la izquierda y un gesto zapaterista a más no poder.
El PP es cristiano, humanista y europeo, faltaría más. Además, tras el fecundo razonamiento de González Pons -“el apelativo cristiano no tiene connotación religiosa”- hasta los budistas pueden sentirse como en casa. Eso es lo importante.
Una vez que el Gobierno ha cogido por los cuernos el toro de la reforma laboral, en gráfica expresión del presidente de la CEOE, Joan Rosell, la patronal se ha saltado todas las suertes de la tauromaquia y ha pedido a Rajoy -que otra cosa no será pero diestro es un rato-, que lo apuntille ahora que puede a cambio de las dos orejas y el rabo. A eso se reduce su petición de restringir el derecho de huelga, con la que se trataría de evitar que a los damnificados de los ERE no negociados, los convenios suspendidos o los recortes de sueldo no pactados les dé por protestar, ignorantes de que sus despidos o los mordiscos a sus nóminas son vitales para volver a contratar y sacar al país de la crisis.
Los empresarios llevan pidiendo una ley de huelga desde el primer día del Génesis por la mañana, como si aquí lo salvaje fueran los paros y no algunas de las causas que los determinan. Es cierto que su reglamentación se remonta a un decreto del año 1977, pero también lo es que ya en 1981 el Tribunal Constitucional eliminó aquellas partes no compatibles con la Carta Magna y determinó cómo debía interpretarse su articulado. Esta normativa es la que prohíbe por abusivas las huelgas de celo, intermitentes y rotatorias, y hasta las políticas, en la medida que resulten ajenas al interés laboral de los afectados.
Pero es que ni siquiera estaría justificado invocar esta ley para establecer la regulación de los servicios mínimos en sectores esenciales, que son decretados por la autoridad gubernativa con carácter desmedido, tal y como han certificado los jueces al pronunciarse sobre algunos conflictos laborales años después de que se produjeran. España se encuentra en la misma situación que Alemania, Suecia, Francia o Reino Unido, que, como se nos dice, son los espejos en los que debemos mirarnos para comprobar si vestimos laboralmente a la moda o seguimos con los pantalones de campana.
Rosell es un profeta tardío del maquinismo. Todo funcionaría mejor con robots, a los que se enciende y se apaga y no paran para el bocadillo. Ni cobran, ni se manifiestan, ni hacen huelgas. Un paraíso, oiga.
Ha venido a decir Rajoy que el Gobierno trabaja con perspectiva y que, aunque sus medidas para sacar a España de la crisis no tengan a efectos a corto plazo, son los cimientos de una nueva era de prosperidad, la puerta abierta a un tiempo distinto en el que recordaremos las penalidades pasadas como un mal sueño. El aserto es por el momento indiscutible porque sigue sin inventarse la bola de cristal para contemplar el futuro y las que existen fallan más que la TDT en los pueblos de montaña. Así que supongamos por un instante que su predicción es correcta y que la próxima década encontraremos justificadísimo citar a Séneca cuando sentenciaba que la prosperidad que más dura es la que vino despacio. Entre tanto, ¿con qué nos distraemos?
Nadie duda de que sentarse a ver llegar un porvenir venturoso es un ejercicio muy relajante si se dispone de un sillón con orejeras junto a la chimenea, pero no lo es tanto cuando el que espera lo hace de pie y a la pata coja. Más que una virtud, la paciencia es un lujo que muchos no pueden permitirse porque en eso de las tres comidas diarias el estómago es un reloj suizo que avisa con terribles campanadas cuándo llega la hora de las croquetas.
Hay que tener un rostro marmóreo para reclamar paciencia a los parados que han agotado las prestaciones y que, en algunos casos, se han convertido en lectores de esquelas para ofrecerse a la empresa del difunto, a las familias que han sido desahuciadas, a los dependientes que nunca vivieron por encima de sus posibilidades y ahora se les regatea una ayuda o directamente se les niega, o a los jóvenes que han empezado a emigrar a la búsqueda de un empleo para poder salir dentro de unos años en nuevos capítulos de Españoles por el Mundo.
A este hatajo de impacientes les encanta el desvelo del Gobierno por la próxima generación pero echan en falta que se proclame que luchar contra su déficit privado, el que a muchos nos les permite llegar a fin de mes y a otros ni empezarlo, es más importante que hacerlo contra el déficit público. Son cortoplacistas y no ven más allá de su próxima compra en el Carrefour.
Los magistrados del Supremo son personas de piel tan fina que hasta temen que los rayos de luna puedan ensañarse con su delicada epidermis. A este celo por su imagen unen una palmaria clarividencia, que no se sabe si les viene ya cosida a la toga o en las puñetas de encaje de bolillos. Como alguna vez se ha dicho aquí, a estos notables señores les pasa un poco como al Papa, que al recibir la gracia del Espíritu Santo se convierte en infalible. Constituyen, en consecuencia, una casta de elegidos que nunca se equivoca al interpretar unas leyes que, en sus manos, son tan irrefutables como las matemáticas.
De ahí que su perplejidad haya ido en aumento al ver cuestionadas sus decisiones a cuenta de lo procesos abiertos contra Garzón, críticas inadmisibles desde cualquier punto de vista, especialmente desde el suyo que, por científico, es irrebatible. A diferencia de políticos, empresarios, sindicatos, catedráticos o fontaneros, gente muy limitada que ha de aceptar cualquier reproche con espíritu democrático y deportivo, con estos magistrados sólo cabe el acatamiento. Aun así hubieran soportado resignadamente los gritos de fascistas que se han proferido a las puertas del Tribunal, de no haber descubierto en The New York Times que la prensa internacional piensa de manera muy similar a las turbas.
Rectificar nunca, que eso sería herejía, pero tras escribir el “ex” a Garzón en la Wikipedia con su sentencia sobre las intervenciones telefónicas, sus juzgadores han aflojado la soga, y la prueba es la decisión de Manuel Marchena de archivar por prescripción la instrucción que desde hace un año seguía contra él por prevaricación y cohecho, tras percatarse casualmente ahora que uno de los supuestos delitos no era tal y el otro había prescrito.
En línea con esa magnanimidad sobrevenida, no sería descabellado esperar que la causa del franquismo se salde con su absolución ya que, en caso contrario, sus infalibles señorías tendrán que explicar cuál era el camino adecuado para investigar los crímenes de la dictadura o, en su defecto, reconocer que aquí la impunidad sigue regulada por ley.
Para que no se diga que este Gobierno carece de sentido del humor, la madre de todas las reformas laborales, Fátima Báñez, se reunió ayer con los sindicatos para exponerles la verdadera dimensión de su criatura, alumbrada por decreto el pasado viernes. La cita tenía su punto de parodia, no ya porque la ministra dude de que los sindicalistas sean capaces de entender lo que leen el BOE y haga falta explicárselo despacio, sino porque, tal y como ésta concebido, el nuevo marco prescinde de los representantes de los trabajadores hasta el punto de que una empresa podría cambiar de actividad, despedir a su plantilla, cambiar sus turnos, bajar los sueldos y hacer avioncitos de papel con el convenio sin necesidad de consultarles. Por poner un símil, es como si el carnicero, sonriendo, diera detalles al cordero de cómo piensa despiezarlo.
A los sindicatos les debe ir la comedia porque su reacción inicial al conocer la laminación de los derechos de sus representados y su propia reducción a la insignificancia ha sido de cautela. Tanta ha sido su prudencia que han sustituido la declaración de guerra por un paseo por las calles este domingo, que ya no hará tanto frío. Comprobarán así el nivel de indignación y, de paso, darán salida a su stock de banderolas. No es descartable que, para seguir la broma y ante la caída de sus ingresos por el recorte de subvenciones, planteen un ERE sobre sí mismos, ahora que su papel será irrelevante y ya no se precisa autorización alguna.
Los menos risueños entienden que si las centrales precisan calentar motores con la que se avecina tendrían que hacérselo mirar en un concesionario oficial, y juzgan que, por una cuestión de proporcionalidad, hasta la huelga general sabría a poco, y que lo que se impone es una ruptura institucional en toda regla.
Es todo un síntoma que, ante la eventualidad del fracaso, sean los sindicatos los más asustados con sus protestas, como si un muerto debiera temer al suicidio. Más gracioso aún es que el Gobierno necesite las movilizaciones para demostrar a Merkel lo doloroso de su reforma. Va a ser verdad que esto es de risa.
Un estudio sobre las empresas del Ibex 35 ha desvelado que antes que abrir sucursal en Toledo, que es una ciudad chulísima pese a las cuestas, nuestras multinacionales prefieren operar desde Bermudas, Caimán, Jersey y cualquier otro de los paraísos fiscales que se mantienen extrañamente activos, ignorantes de que el capitalismo se ha refundado y ya no existen. Las españolas son compañías de lo más prudentes y por eso ninguna ha facilitado información ni de las actividades que allí desarrollan ni de los impuestos que pagan en los países donde están asentadas. Son transparentes a la par que discretas, y ahí reside su encanto.
Dado el patriotismo de nuestras firmas de mayor relumbrón, sería un insulto suponer que con su presencia en estos territorios pretenden escapar al fisco y no pasar por caja. Nada hay que no hicieran por nosotros estas entidades que, más que negocios, lo que hacen es país cuando se pasean por el mundo. Puede que estén en Bahamas, pero también estuvo allí Colón y nadie se escandaliza. Así que, conociendo el paño, lo lógico es interpretar que su expansión paradisíaca es pura internacionalización comercial. ¿Es pecado acaso exportar a la isla de Man?
Su coherencia nos ilumina. No hay nada de contradictorio en que no hayan dejado de reclamar un mercado laboral más flexible y un despido más barato y que, al mismo tiempo y en su inmensa mayoría, se hayan hinchado a suscribir cláusulas de blindaje a sus ejecutivos, algo normal teniendo en cuenta que estos señores –señoras hay pocas- son tan liberales que no pueden ver un contrato indefinido. ¿Que por qué si la mitad de ellas han exhibido tasas de crecimiento de dos dígitos en lo más duro de la recesión, su ritmo de destrucción de empleo ha sido muy superior a la media? Pues para alertarnos de que la situación era gravísima.
A diferencia del español medio, que ha vivido alocadamente por encima de sus posibilidades y encima se queja, nuestras grandes corporaciones siempre han estado dispuestas a arrimar el hombro en beneficio de todos. Tenemos con ellas una deuda de gratitud que no podremos saldar fácilmente.
