Envolver el pescado o un bocadillo siempre fue un uso un poco cutre del venerable periódico. La tinta mancha. Mucho mejor reciclar el papel escrito construyendo un pasillo sobre el suelo de baldosas recién fregado, o aviones y pajaritas voladoras. Los diarios siempre ofrecieron el interés de una lectura urgente y de otra más reposada, para resucitar después desde cualquier montón amarillento en la certeza de seguir resolviendo asuntos prácticos de la casa, con usos insospechados para los que ya importaba un cícero que el autor de la página se llamara González Ruano, Vargas Llosa o Pepe Pérez. Lecciones de humildad para vanidades elevadas y plumas insoportables.
Corren tiempos distintos, también revolucionarios. El dato urgente llega a la vista o el oído por múltiples canales, la crónica más literaria ocupa unas pocas megas en un microespacio de la tableta digital, en la que uno puede leer cómodamente su diario al completo, seleccionar su foto preferida entre una galería numerosa o abrir un vídeo en el que Obama no sólo da al mundo una noticia sino que de paso se canta un blues con B. B. King. Por misteriosas razones que no vienen al caso, esos infinitos usos o complementos de una oferta informativa no parten, como los viejos avioncitos de papel prensa, del razonable y convencional acto de pagar un precio (baratísimo, pero un precio). La información hace tiempo que se considera un bien (o un mal) de acceso libre y gratuito. Fue en aquel momento cuando “se jodió el Perú” del periodismo en su acepción más noble y profesional. Una vez asentado que casi nadie está dispuesto a pagar por obtener información y análisis de calidad, las empresas supuestamente periodísticas se marcaron nuevas estrategias suicidas. El vídeo no pudo matar a la estrella de la radio, pero entre el márketing promocional (importa menos que sea cultural o se trate de bicicletas estáticas) y la glorificación del periodista multiplataforma, todólogo y ‘barato-barato’ estamos en el camino correcto para dar el tiro de gracia al periodismo.
Porque eso es lo que verdaderamente corre un serio peligro. Hace tiempo que está superado el debate sobre el futuro del papel o de Internet. El presente ya son las redes sociales y las plataformas digitales. Durante bastante tiempo quedarán ediciones en papel, para elites, coleccionistas o adictos al aroma de la tinta y al ruidito del pasar página. (Flipboard ya imita incluso esas sensaciones en tableta). Pero la verdadera incógnita por despejar en esta revolución de las comunicaciones se refiere a la subsistencia o no del periodismo, de esa materia prima fabricada por profesionales capacitados y vocacionales cuyo código de actuación exige conocimiento, entrega, honradez, relación de respeto con las fuentes, cierta capacidad literaria… Una serie de rasgos del oficio que deben garantizar lo más difícil de conseguir: credibilidad.
Los periodistas, con mayor o menor acierto y velocidad, han tenido que adaptarse de la Olivetti al Amstrad, del PC al Mac, y de ahí a Internet, a Facebook o a Twitter. Cuesta, sobre todo cuando cada nueva tecnología supone más trabajo por menos sueldo, pero más parece costarles a los afamados gurús de las redes sociales encontrar fórmulas de ingresos que permitan sostener en el mundo digital redacciones capaces de hacer periodismo; con sus casi infinitos avances y una creatividad desbordada, pero periodismo, que sigue siendo la materia prima de este negocio, como el trigo o el centeno lo son de casi todos los panes, aunque la hogaza sea baguette y los moldes dibujen formas imposibles.
Qué ha pasado
‘Público’ nació con afán de romper algunos moldes en el formato de papel, dispuesto a caminar en paralelo por la revolución digital y sobre todo elaborando una materia prima transparente: periodismo honesto, no falsamente neutral ni equidistante, sino comprometido con causas justas desde un progresismo sincero. En cuatro años y medio ha roto ciertos tabúes, ha dado eco a voces silenciadas por el ruido del discurso único y ha llegado al espacio intergeneracional que buscaba como plataforma de debate y referencia de una forma de ver la vida. En el complejo universo de la izquierda española sería deseable una reflexión autocrítica sobre el monolítico panorama mediático, más allá de la obviedad de que el dinero no suele viajar en maletas rojas.
La agudísima crisis económica, la publicitaria, la del papel… son factores decisivos que han hecho inviable el proyecto de ‘Público’, como también lo son los propios errores desde la dirección del diario o desde la empresa editora. Ayer, Mediapubli y la administración concursal pusieron el domingo, 26 de febrero, como fecha límite para la edición de ‘Público’ en papel al no haberse conseguido la financiación necesaria para su continuidad. La asamblea de trabajadores, después de casi dos meses de incertidumbre en los que se ha mantenido fiel a la cita con los lectores, ha decidido no realizar ningún número más. La empresa ha anunciado su intención de dar continuidad a la edición digital de público.es, con 5,5 millones de usuarios únicos según el último control de OJD, audiencia que la sitúa como la cuarta web de información general en España.
Nunca ha ejercido este diario ese ombliguismo que con demasiada frecuencia afecta a un oficio tentado por las vanidades, la adulación o las falsas modestias. Pero en este triste punto y aparte, sería injusto no proclamar la satisfacción de haber trabajado en una empresa que en todo momento ha respetado la independencia y la libertad de la dirección para acertar o equivocarse. Como tampoco es ningún tópico de compromiso expresar el infinito orgullo de haber formado parte de un equipo serio, riguroso y apasionado. Decía Kapuscinski que “no puede ser buen periodista quien no es buena persona”. Entre los más de 200 trabajadores que han pasado por ‘Público’ en estos cuatro años y medio habrá de todo, como en cualquier colectivo humano y profesional. Pero abunda la buena gente, porque si no habría sido imposible hacer un periodismo digno que ha provocado la impresionante reacción de apoyo vivida en estos últimos dos meses. La mención más especial es para esos casi 160 compañeros y compañeras que no tienen madera de capitán Schettino y que han mantenido el barco a flote en mitad de las tormentas. Merecen seguir ejerciendo uno de los oficios más hermosos que existen. Durante 1.599 días, ‘Público’ no ha faltado a su cita en los quioscos. Gracias de corazón a tantos lectores fieles y a esos más de 44.000 firmantes del Manifiesto de apoyo al periódico. Ahora que ya nadie podrá envolver pescado ni hacer pajaritas con sus páginas, el nombre y lo que representa seguirá en las redes. Hasta siempre.
Dicen los sabios que el éxito político se basa en un relato convincente. Mariano Rajoy confirmó ayer, desde Roma y escoltado por Monti, que tiene un relato político. Ya lo había anticipado ante el congreso del PP en Sevilla. Consiste en esencia en la tradicional ecuación española: “Son lentejas”. Frente a la insistencia permanente del anterior Gobierno en anticipar “brotes verdes” para inspirar (a veces de modo contraproducente) confianza a la economía, Rajoy prefiere empeorar cualquier vaticinio por pesimista que sea. Bruselas ofrece sus previsiones para 2012: una caída del 1% en el PIB español. El presidente del Gobierno sostiene que la UE se queda corta y que la recesión será aún más profunda. De hecho, es absurdo discutirle ese pronóstico a Rajoy, puesto que está en sus manos que se cumpla: cuanto más recorte el gasto público, más profunda será la crisis y más difícil la recuperación. Al mismo tiempo que se compromete a “hacer lo que hay que hacer”, Rajoy se niega a entregar los Presupuestos hasta que pasen las elecciones andaluzas y confía en que Bruselas relaje un poquito el objetivo de déficit (ahora en el 4,4% del PIB) para finalmente poder vender que los recortes podrían haber sido todavía peores. El relato de Rajoy, coreado a mil voces, defiende los “ajustes” como “imprescindibles” y “moderados”. La absoluta mayoría (política y mediática) del PP bloquea un relato alternativo, de modo que cualquier crítica es tachada de “radical”. Son lentejas.
Mariano Rajoy, preguntado ayer por las violentas cargas policiales de Valencia, hizo un llamamiento a la “serenidad y responsabilidad de todos” para evitar dar “una imagen que no es la de nuestro país”. El presidente del Gobierno quiso ofrecer una declaración institucional y equidistante a la que cabe oponer varias objeciones. En primer lugar, los incidentes ocurridos en Valencia durante la última semana no surgen por esporas ni por capricho o divertimento característicos de una adolescencia “difícil”. Los estudiantes (y profesores y padres y madres) del Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives se manifiestan contra los durísimos recortes educativos decididos por la Generalitat y por el Gobierno que preside Rajoy. En segundo lugar, las protestas estudiantiles consisten en cortes de tráfico, sin que haya constancia de agresiones a personas o contra el mobiliario urbano; la única violencia demostrada a través de imágenes y testimonios directos es la ejercida por fuerzas policiales contra lo que su jefe superior en Valencia considera “el enemigo”. En tercer lugar, que chicos y chicas menores de edad reciban porrazos no es una cuestión “de imagen”, sino un uso desproporcionado de la autoridad que debe ser investigado por la fiscalía correspondiente. Por último, la mala imagen será del Gobierno y de su delegación en Valencia, no de “nuestro país”, porque en realidad es excelente para España la imagen de miles de jóvenes que llenan las plazas armados con libros.
El Ministerio del Interior y la delegada del Gobierno en Valencia tendrán que dar explicaciones parlamentarias por las decisiones que vienen tomando y asumir sus responsabilidades. Ayer, la Policía Nacional disolvió a porrazo limpio las concentraciones estudiantiles convocadas precisamente para protestar contra la violencia policial y las detenciones de los últimos días. Las asociaciones de padres y el profesorado del Instituto de Educación Secundaria Lluís Vives, foco principal de las protestas contra los recortes educativos, han denunciado la “furia policial”. La delegada del Gobierno y los responsables de las Fuerzas de Seguridad sostienen que en todo momento han actuado en defensa propia y del orden público. No han presentado pruebas del “plus de agresividad” de los manifestantes; por el contrario, abundan imágenes y testimonios de abusos de los antidisturbios contra adolescentes, adultos y periodistas de forma indiscriminada. Es sintomático el lenguaje belicista del propio jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, preguntado por el número de agentes desplegados ayer: “No puedo revelar al enemigo cuáles son mis fuerzas”. ¿Es razonable que la máxima autoridad policial se refiera a los estudiantes como “el enemigo”? Urge una investigación a fondo de estos sucesos, como exigen todos los grupos políticos valencianos a excepción del PP. ¿Y a qué espera la Fiscalía de Menores para cumplir la obligación que tiene de proteger sus derechos?
La memoria económica que acompaña a la reforma laboral no deja lugar a dudas sobre la filosofía que la inspira. El Gobierno admite que abaratar y facilitar el despido es un “objetivo esencial” de la nueva normativa, pero además apuesta por romper la eternamente criticada “dualidad” del mercado laboral español, empleo indefinido altamente protegido y empleo temporal totalmente precario, favoreciendo precisamente lo segundo: la precariedad. El texto no llega a estampar la ofensiva tontería que hace poco soltó el tecnócrata italiano Mario Monti (“el trabajo indefinido es un aburrimiento”), pero tampoco oculta una coincidencia ideológica esencial: “al ser el riesgo de despido muy reducido, se desincentiva el esfuerzo”. Así que el Gobierno confía en la eficacia del miedo al despido como elemento dinamizador del mercado de trabajo. Todos los mandamientos teóricos a favor de incrementar la productividad y la competitividad confluyen en un solo objetivo real: la devaluación salarial. Sostiene la ministra Fátima Báñez que esta reforma es “equilibrada”, lo cual es como decir que el Sol gira alrededor de la Tierra. El decretazo otorga al empresario un poder casi despótico, confirmado por las mal disimuladas risas que se escuchan en la cúpula de la CEOE. Se copian algunas recetas alemanas, pero sólo las que perjudican al trabajador y no las que impulsan políticas activas de empleo o controlan posibles abusos en los despidos colectivos. Sí, esta reforma da miedo.
El Gobierno ha desmentido “tajantemente” a la agencia Reuters, que asegura que la Comisión Europea (CE) sospecha que Rajoy y su equipo han podido hinchar la desviación del déficit de España en 2011 (8% en lugar del 6% previsto) para presumir de un mejor balance al final de 2012. El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, califica esa información de “especulativa” y “prematura” y también la niega, a la espera de datos oficiales. Rehn, eso sí, exige a Rajoy que presente los Presupuestos ya, sin esperar a finales de marzo con la excusa de conocer antes las previsiones económicas de la UE. Hasta en Bruselas se han percatado de que la pretensión del PP es no desvelar las cuentas antes de las elecciones de Andalucía y Asturias. Mientras tanto, se achaca la necesidad de todo tipo de recortes a la herencia recibida, especialmente por esa cifra de déficit que exigiría un ajuste de 40.000 millones para cumplir el objetivo del 4,4% en 2012. La posibilidad de que se haya exagerado la desviación del déficit de 2011 es la acusación más grave contra Rajoy desde que llegó a la Moncloa. No sólo habría mentido a los ciudadanos (como ya ocurrió con la subida de impuestos), sino que se vendría abajo buena parte de la argumentación que sostiene la política de recortes supuestamente “imprescindibles”. Por eso, es necesaria y urgente la presentación de los Presupuestos, que definen la gestión del dinero de todos y no pueden estar al albur de los intereses electorales de nadie.
Suele decirse que una justicia lenta no es justicia, pero hay poderes e instituciones cuya actuación es aún más lenta que la maquinaria judicial, hasta el punto de convertir su función en puro papel mojado. Se lleva la palma el Tribunal de Cuentas, especialmente en uno de sus principales cometidos: la fiscalización de los partidos políticos. Su último informe corresponde a la contabilidad del año 2006, de modo que se produce ahora una situación que puede calificarse en el mejor de los casos de surrealista. Acaba de ser condenado y expulsado de la carrera judicial el magistrado que en 2009 destapó la trama Gürtel, en la que se aprecian indicios de financiación irregular en varias campañas electorales del Partido Popular. Sin embargo, el órgano encargado de revisar las facturas de los partidos aún no ha informado sobre los ejercicios anteriores a la intervención del juez Garzón. El Supremo ha sido mucho más ágil en la protección del derecho de defensa de los principales imputados de la Gürtel que el Tribunal de Cuentas en la revisión de la contabilidad de la que se beneficiaban. La última elección de consejeros del Tribunal se consensuó en 2001, con mayoría absoluta del PP, y no ha habido forma de renovarlo con el PP en la oposición. Rajoy planteará pasado mañana a Rubalcaba una oferta para la nueva composición (ahora sí, “urgente”) de varias instituciones, entre ellas un Tribunal de Cuentas que no ha mostrado ninguna prisa en examinar las facturas de la Gürtel.
Sobran los motivos para reprochar al Gobierno sucesivos engaños a la ciudadanía pese a llevar sólo mes y medio en el poder (subidas de impuestos, ayudas públicas a la banca…). Pero hay que reconocer que Rajoy está cumpliendo escrupulosamente con la UE, con Merkel y con los mercados. “No aceptaré órdenes de Bruselas”, dijo el presidente. Y no las acepta: se adelanta a ellas o las sobrepasa. El ministro de Economía, Luis de Guindos, sopló anteayer al comisario europeo Olli Rehn que la reforma laboral iba a ser “extremadamente agresiva”. Y lo es. No “contra el paro”, como pretendió matizar en pocas horas el propio Ministerio, sino contra los derechos de los trabajadores. Sin el menor intento de consensuar nada con los agentes sociales, el Gobierno abarata el despido improcedente y facilita el despido objetivo, al establecer como causas no ya “la previsión de pérdidas” en una empresa sino “la caída de ingresos o ventas” durante tres trimestres consecutivos. Hachazo también a la fuerza de los sindicatos al reducir el alcance de los convenios colectivos y al dar prioridad a los de empresa sobre los sectoriales, territoriales o estatales. En resumen, se pretende vender una reforma laboral de fomento del empleo indefinido alargando los periodos de prueba para jóvenes o subvencionando el primer puesto de trabajo creado por un emprendedor. Ninguna reforma laboral ha creado empleo, pero cabía esperar que al menos no se facilitara con tanto desparpajo su destrucción.
Tras sólo un mes en el Gobierno, el PP ha perdido casi dos puntos del respaldo electoral que obtuvo el 20-N. Se diría que los únicos que no guardan cola para abrazar a Rajoy son sus votantes. No es algo frecuente; lo habitual es que los primeros sondeos del CIS después de unas elecciones generales otorguen mayor ventaja a quien acaba de ocupar el poder, aunque sólo sea por aquello de no mirar los dientes al caballo ganador. Claro que las circunstancias son excepcionales, porque tampoco es habitual prometer durante años una rebaja de impuestos y subir el IRPF al cuarto de hora de habitar la Moncloa. Aun así, el PP sigue sacando una ventaja de 14,7 puntos a su inmediato seguidor, un Partido Socialista que a su vez pierde nueve décimas de apoyo electoral. Hasta el sábado, cabía pensar que el desgaste del PP a causa de sus propias contradicciones o de los tijeretazos al gasto público no podía traducirse en recuperación del PSOE por la incertidumbre en su liderazgo. Desde ahora, ese es el reto principal que espera a Alfredo Pérez Rubalcaba, flamante secretario general, y a una dirección del partido de su absoluta confianza. El congreso de Sevilla, por 22 votos de ventaja sobre la opción Chacón, confió en que Rubalcaba es el más indicado para conducir el PSOE en una travesía cuya prioridad consiste en el rescate de cuatro millones de votos. Ya no está el pararrayos de Zapatero. Rajoy gestiona la crisis. Los ciudadanos esperan soluciones… y también alternativas.
No se conoce el caso de un ministro de Educación o de Justicia que no haya querido poner su nombre a una ley. José Ignacio Wert y Alberto Ruiz-Gallardón parecen tener prisa en conseguirlo, aunque la paternidad de algunos de sus proyectos tiene otros apellidos: la Iglesia católica y el sector más conservador del PP. Wert quiere eliminar Educación para la Ciudadanía porque “adoctrina” y trata “temas controvertidos”. Esta asignatura fue boicoteada por la Iglesia a pesar de haber sido consensuada, limada y “cepillada” con los representantes de colegios católicos. El Tribunal Supremo estableció a principios de 2009 que los pocos padres que protestaban no tenían derecho a objetar de una materia “que es obligatoria por ley y que no adoctrina”. Es fácil comprobarlo en cualquier manual de cualquier colegio, pero sus inquisidores siempre citan como ejemplo un texto no homologado que ninguna escuela de España utiliza. Wert creará una nueva Educación Cívica y Constitucional, aunque se desconoce qué “controversia” observa el ministro en la actual enseñanza de la Constitución. Por su parte, Gallardón presumió ayer de que su reforma del aborto será “lo más progresista que haya hecho nunca”, cosa meritoria cuando pretende recuperar la ley de “supuestos” de 1985 y eliminar el actual derecho de la mujer a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas. Quizás algunos ministros confunden progreso con regreso y ciudadanía con feligresía.
