Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
La muerte de dos extranjeros en centros de internamiento no ha prendido la alarma ciudadana. Lo cual sugiere que se ha producido un apagón migratorio. Es decir, una rebaja de la tensión y de la atención social en torno a la inmigración. Esta pérdida de relevancia pública, en medio de la crisis, se explica por tres motivos: el decaimiento institucional, la descentralización política y, por último, el síntoma del agujero estadístico.
El Gobierno ha disminuido el rango político de las migraciones y, si bien mantiene las competencias en el Ministerio de Trabajo, lo cierto es que ha empobrecido su estatus. La Secretaría de Estado es ahora una Secretaría General y las tres direcciones generales anteriores han quedado reducidas a una sola. Con esta base parece claro que serán los gobiernos autonómicos y municipales los que impulsarán distintas dinámicas de encaje social, participación cívica y respeto cultural. En suma, tendremos diferentes modelos de inserción.
El reglamento vigente descarga las competencias de integración en los niveles de gobierno más próximos a los ciudadanos. Ayuntamientos y autonomías se responsabilizan de los informes de arraigo y de los permisos iniciales de trabajo, de modo que son ellos los que van a diseñar los espacios de convivencia. Si el modelo de integración enaltece lo cotidiano sobre lo excepcional, se facilitarán la comunicación y el mestizaje, pero si se generaliza lo que sólo es un caso, entonces, la respuesta, cualquiera que fuere, se convertirá en un agravio comunitario.
Por fin, y dada la dificultad de coordinación y de cooperación de los gobiernos locales y regionales, hay riesgo de que empeore la calidad de los datos administrativos. Dificultar el empadronamiento ha sentado un mal precedente. Además, el coste económico de las estadísticas hará que algunas desaparezcan con el consiguiente apagón informativo a la hora de analizar cómo evoluciona su asentamiento. Llevamos dos años de intensas entradas y salidas así que urge saber quiénes se mueven y no sólo cuántos lo hacen. Porque ahora los indicadores más preciados serán los que midan los avances y retrocesos en la integración de las dos generaciones que ya constituyen esta sociedad.
Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
Estos días se extiende la noticia de que los españoles emigran. Y la idea que está fraguando es la de que se marchan los mejores, de lo cual no hay evidencia concluyente, aunque sí anecdótica. En definitiva, es probable, pero no está confirmado. Por el contrario existe la doctrina, según la cual, los inmigrantes que han venido han sido los peores de cada casa nacional. Y sobre esta ideología tan aceptada sí que tenemos datos estadísticos, aquilatados a lo largo de una década, que la desmienten. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), más de la mitad de los inmigrantes no comunitarios (54%) tienen estudios medios, una cuarta parte primarios, el 17% universitario y un 4% son analfabetos. Pero la construcción social del inmigrante sin estudios se mantiene firme como una piedra que aplasta y, como mínimo, retrasa su ascenso social.
Las estadísticas son fugaces y los prejuicios contumaces. Por eso los datos registrados por la EPA o por la Encuesta Nacional de Inmigración (ENI) no pueden con la propaganda ni con el prejuicio. Un prejuicio tanto más inexacto cuanto que se extiende sobre todos los inmigrantes y, en el mejor de los supuestos, sobre todos aquellos que tienen una misma nacionalidad, sin distinción de sexo, edad o clase social. Aún cuando sabemos muy bien que la nacionalidad no nos hace iguales, en nada de lo que realmente importa en la vida, ni a los inmigrantes ni a los nativos. Así que al estigma educativo se suma el velo de la nacionalidad.
El caso es que la imagen de las pateras ha sido sustituida por la de la fuga de cerebros. Y ninguna de las dos figuras abarca el grueso de los flujos de entrada o salida. En realidad, las llegadas en cayuco nunca representaron más del 5% de las entradas anuales y, también tenemos noticias que niegan que todos los desembarcados fueran analfabetos. Lo mismo recalqué en el anterior editorial, pero respecto de las recientes salidas de “españoles”, que suman el 12% y que pueden incluir a inmigrantes de origen extranjero que han adquirido la nacionalidad española. La conclusión es que la migración imaginada (la emigración y la inmigración) antes que un dato fiable es una construcción políticamente interesada.
Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
Por vez primera en los diez últimos años, el saldo migratorio ha sido negativo. Salieron 445.000 extranjeros mientras que entraron 415.000 y el doble movimiento de españoles también sustrae 20.000 personas. En suma, aumentan las corrientes hacia fuera, pero se mantienen fuertes las llegadas. Así que vivimos unos flujos de enorme envergadura que dejan un saldo negativo de escasa magnitud. Hay que subrayar que las entradas se sitúan en valores similares a los de los primeros años del siglo XXI, cuando el empleo proliferaba.
De modo que lo que hay que explicar es por qué siguen viniendo tantos y se marchan sólo unos cuantos más: pues porque la migración es ahora más reversible que antes para los ciudadanos comunitarios y no lo es tanto para los extracomunitarios. Cuesta menos circular, ensayar y regresar cuando se tiene un pasaporte privilegiado. Muchos españoles se van para crecer personal y profesionalmente y vuelven, al poco, para comprobar si se valora su desarrollo. Y de la comparación puede surgir un nuevo movimiento. En realidad el doble flujo ha existido siempre, aunque, según la época, uno fuera más visible y voluminoso que el otro. La notoriedad depende más del perfil social y cultural que de la cantidad, pues el actual flujo de españoles que se van sólo supone el 12% de las salidas.
El signo distintivo de esta fase migratoria es que el doble movimiento resulta más inesperado. Hace tres años nadie pensaba en la emigración de jóvenes españoles, ni tampoco se pronosticaba que el stock de extranjeros disminuiría tan poco. Así que esta crisis puede servirnos también para “naturalizar” el movimiento y “socializar” su valor. Apreciar al emigrante y al inmigrante en lugar de señalarlo como un fracasado o un inferior y defender sus derechos aquí y allá. Porque tiene más futuro una sociedad migratoriamente renovada que una empapada de sí misma y porque un país desarrollado es aquel que es capaz de abrirse a otros y reconocerlos. Y precisamente por eso, la tarea principal de la política de control migratorio en esta época de intercambios es la de saber quiénes se van y quiénes son los que vienen y, sobre todo, qué proyectos les impulsan.
Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
La demografía es estructura y es sociedad. Y las sociedades son mestizas porque sus habitantes lo son en mayor o menor grado. Sabemos que, cuando los pueblos se cierran, se empobrecen o se extinguen. Este es un editorial que, aprovechando la noticia del primer nacido de 2012, subraya la condición estructural de la población de origen inmigrante. Justo ahora, cuando tanto se publicita que se van más de los que llegan, es cuando cabe resaltar que el censo de foráneos aún no ha menguado y que “estructura es todo aquello que dura”.
Se llama Diana y ha nacido, de padres ecuatorianos, al son de la segunda campanada que ha abierto el nuevo año. Es todo un símbolo que el primer nacimiento tenga origen inmigrante y, además, cada año crece esa probabilidad. No porque sean muy prolíficos, sino porque son más jóvenes. Tanto la natalidad como la nupcialidad cabe verlas como indicadores de arraigo. Para el común de las gentes, procrear y unirse de modo estable constituyen proyectos de vida con consecuencias estructurales.
Y resulta que corre sangre foránea por uno de cada cuatro nacimientos y uno de cada cinco matrimonios ocurridos en España. Esto incluye a los hijos de la mezcla (padre o madre extranjeros) y también a los emparejamientos mixtos. Esa proporción no es coyuntural, sino que se mantiene durante los últimos tres años. Y como sólo aportan el 3% de las defunciones, el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) es altamente positivo. En otras palabras, forman parte sustancial de la estructura de la población de la mayoría de las comunidades autónomas y del total nacional.
La población crece por inmigración y nacimientos. Y la población nacional añade por las naturalizaciones. De modo que dentro y fuera de España aumentan los españoles que no han nacido aquí. Pero también somos más habitantes como consecuencia de la inmigración y de su descendencia. Como se ha dicho, su aportación al saldo natural medra porque están en edades fértiles. Y, dado que el desarrollo de una sociedad es el de todos sus habitantes, constituye un error tratar a los inmigrantes como trabajadores volátiles sin familia, identidad, ni derechos civiles.
Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
Estos días se repiten dos datos migratorios. Uno dice que se van más extranjeros de los que vienen y la noticia se da con alivio. El otro es que se marchan universitarios españoles y, entonces, se saca el flagelo. De todo hay, pero en dosis diferentes que distorsionan la opinión.
En el análisis de las migraciones, hay prejuicios, percepciones y tendencias. El prejuicio más acreditado afirma que una sociedad de emigración es atrasada y, por el contrario, la que capta gente es desarrollada. Y se es una u otra. Pero se olvida que las sociedades son a un tiempo de emigración e inmigración, aunque una de las dos caras sea la que predomine o se quiera ver. La sociedad real mantiene un intercambio migratorio. Cosa distinta es cómo se valora.
Y ahí es donde entran las percepciones, es decir, realidades que se expanden al conectar con la sensibilidad dominante. En la crisis, la generalización del sentimiento de pérdida actúa deformando también el análisis de la emigración. Antes salíamos perdiendo porque llegaban inmigrantes tachados de analfabetos y ahora lamentamos que se marchen nuestros talentos. Pero, ni ayer era ese el perfil mayoritario, ni tampoco lo es hoy.
Los datos nos aclaran que tenemos 5,1 millones de residentes extranjeros frente a 1,7 millones de españoles en el exterior, y de estos últimos el 57% no ha nacido en España. Añadamos que en 2010 entraron 100.000 extranjeros más de los que se fueron, y que sólo se marcharon 4.000 españoles más de los que vinieron ese mismo año. Señalemos, por último, que sólo diez de cada cien emigrantes son españoles. Así que, aunque en 2011 el saldo migratorio sea probablemente negativo, eso no va a alterar nuestra tendencia como país de inmigrantes.
Lo cierto es que el mensaje de “fuga de cerebros españoles” fortalece la ideología negativa de las migraciones, según la cual, “se van los mejores y vienen los peores”. Cuando lo que sucede es que, al no encontrar un trabajo que les merece, se van extranjeros y españoles con estudios. Porque hoy los inmigrantes y los emigrantes no son, en su mayoría, aquellos de la maleta atada con cordel, así que la cuestión es por qué nuestra economía deprecia y malgasta su educación
Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
La noticia es que el próximo Gobierno quiere prohibir las regularizaciones de inmigrantes por la vía del arraigo social. Eso ha anunciado el portavoz del Partido Popular. Su argumento es doble. Por un lado, que la regularización incentiva a venir y, por el otro, que si no hay trabajo, no hay legalización. Pero no son buenas razones, porque esa
vía de documentación exige llevar aquí tres años y no es posible vivir del aire tanto tiempo ni animarse a venir con semejante perspectiva.
Hay otras razones. La primera es que la regularización, más que atraer, lo que hace es integrar, pues en los últimos cuatro años se han legalizado 250.000 inmigrantes por esta vía, y eso va contra la lógica social de esta crisis, que es la de fabricar trabajadores no integrados De ahí la propuesta, porque lo que ahora perturba es que, como han disminuido mucho las llegadas, al mercado secundario le faltan trabajadores recientes y vulnerables que abaraten los costes.
En realidad, los inmigrantes que piden el arraigo social sí que trabajan, pero de manera esporádica y sin contrato. Pues en la economía sumergida es difícil demostrar la relación laboral y denunciar al empleador. Por eso no se pueden legalizar por medio del arraigo laboral (4.000 regularizados durante los últimos tres años), pero sí lo hacen por la vía social, que combina el vínculo familiar con el laboral y la antigüedad de residencia con un informe municipal de buena vecindad. Así que, al cerrar esta vía, se dificulta la integración en la comunidad y se facilita la sumisión laboral.
El incentivo de la regularización individual es un mito, pues las legalizaciones integran más que atraen. En rigor, las regularizaciones han anticipado menos la venida de inmigrantes que lo que ha hecho la imposición de visado. Pero lo que sí han conseguido es aminorar el efecto de los contratos temporales en la irregularidad. Han permitido renovar los permisos de residencia hasta alcanzar la permanencia, procurando, además, que los familiares y los estudiantes pudieran trabajar legalmente. En definitiva, han desvinculado la residencia legal de la inestabilidad laboral en un contexto institucional que se podría resumir como “cadenas legales para nichos laborales”.
Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
La inmigración ha pasado de puntillas por esta campaña electoral. Y se puede interpretar ese silencio como un olvido. Pero el ruido, cuando es trifulca partidista, contamina el juicio. De modo que este silencio tiene también una lectura positiva. Por lo pronto han sido unas elecciones sin rentabilidad xenófoba. Esa falta de sonido es la expresión del tránsito desde la extranjería a la ciudadanía. Esa es, de aquí en adelante, la cuestión inmigrante.
El ruido se asocia al conflicto y, para sorpresa de muchos, lo que se respira es tranquilidad. Superamos el 20% de desempleo y, sin embargo, el racismo aún se sirve en plato pequeño. Lo cual demuestra que el mercado no es la única vara de medir la capacidad de acogida de una sociedad. De hecho, en estos momentos, el empleo es un látigo, y si por él fuera no habría convivencia. Pero la integración depende, sobre todo, del contrato social, es decir, de cómo unos interpretan la presencia de los otros. Por eso la integración está funcionando sin dinero y sin seguir un modelo. Pero este silencio no va a solucionar la integración, y la tempestad puede seguir a la calma si no se actúa durante la crisis.
Al desempleo se le combate desatando al inmigrante de un empleador, una provincia y un sector de actividad. Es la libertad de movimiento contra el celo burocrático. En cuanto a la homologación de títulos, hay que valorar las particularidades y no sólo la identidad curricular. Saber de otras realidades es también un capital y en la sociedad del conocimiento vale más la diversidad que la homogeneidad. Por fin, para prevenir la irregularidad nada mejor que facilitar la permanencia y la naturalización sin discriminación por origen. Que sean los mismos años para todos y que no se tarde menos tiempo en nacionalizarse que en consolidar la residencia.
Pero la cuestión esencial es el porvenir de los jóvenes de origen inmigrante. Hay que redoblar el esfuerzo educativo para los que ya no son forasteros. Su problema no es la capacidad, sino crecer en familias sin dinero para elegir colegio ni influencias para encontrarles empleo. Porque seguirán llegando pateras, pero el tumulto se puede gestar dentro.
Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
Convertir la inmigración en un asunto electoral es pan para el 20-N, pero hambre para el futuro. El problema es que las elecciones pasan y la inmigración se queda. Aún más, la inmigración no olvida. Es un cofre en donde se guarda la memoria. Y de igual modo que se enseñan los platos típicos, también se trasmiten y se recuerdan las afrentas. No deberían olvidarlo los políticos que están en campaña. La fidelidad del voto demócrata por parte de los mexicanos es digna de estudio.
Pues bien, desde hace dos años, las peores noticias sobre la integración de los inmigrantes vienen de Catalunya, lo cual no era esperable dada la hegemonía alcanzada por la idea según la cual era catalán todo aquel que vivía y trabajaba en Catalunya. Pero, en los tiempos que corren, el agujero negro de Plataforma per Catalunya está arrastrando a los grandes partidos. Y sobre todo a Duran i Lleida, que busca los votos de los “otros catalanes” y señala a los inmigrantes extranjeros como los culpables del deterioro de los servicios públicos.
Es urgente analizar por qué se ha roto con una tradición que, en 1935, inició Josep A. Vandellós con su ensayo La immigració a Catalunya, continuó Francisco Candel con su retrato de Los otros catalanes en los sesenta, y certificó Jordi Pujol con su libro La immigració, problema i esperança de Catalunya en mitad de los setenta. El común lamento de todos ellos era que Catalunya no tenía autogobierno y no podía desplegar su capacidad de integración. Pero hoy, con competencias en inmigración y con el Gobierno en sus manos, Duran rompe con la cultura de integración de los inmigrantes que ha dominado en CiU.
Lo primero que cabe decir es que el millón doscientos mil inmigrantes empadronados quieren quedarse, y los 160.000 alumnos extranjeros también. Añadamos que Mohamed puede hablar catalán igual que Jordi. Después hay que afirmar, con Julio Carabaña, que inmigrante no es una categoría educativa. Así que en el rendimiento escolar importa más la clase social que el país de nacimiento. Y, por último, confiar en que algún partido político reclame el derecho a votar de los inmigrantes con residencia permanente; ese será el que mejor trabaje por Catalunya.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
De mantenerse las tendencias demográficas actuales seremos menos en 2021, lo cual no es una tragedia. La proyección de la población que hace el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifra la disminución en medio millón de habitantes. En el pronóstico del INE hay datos prometedores como el ligero aumento del número de hijos por mujer que, si no cambian los deseos de descendencia, atenuará la maternidad frustrada al aproximar la fecundidad ideal a la real.
También es atractiva la previsión según la cual viviremos más años como promedio, aunque la catástrofe sería vivirlos en peores condiciones. Que aumente la esperanza de vida y que tengamos más salud para disfrutarla es un bien público deseable. En cambio, no es de recibo que crezca la desigualdad ante la muerte entre ocupaciones o regiones y tampoco es justo que el envejecimiento saludable sea un patrimonio únicamente al alcance de los más adinerados. En definitiva, no queramos ser “poblacionistas” a cualquier precio y desarrollémonos con equidad.
Pero si en los componentes del saldo vegetativo las noticias son agradables, en los del saldo migratorio no lo son. Porque se van más de los que vienen y lo hacen de modo brusco y selectivo. Se puede decir que tanto la emigración como la inmigración son abruptas y antidemocráticas, y por eso nuestro modelo migratorio no se ha construido mediante despegues y aterrizajes suaves sino a tirones. Y probablemente el saldo migratorio será aún más negativo de lo que se vislumbra en la proyección. Pero más significativa que la mengua es quién la produce.
Se están marchando los inmigrantes adolescentes y los jóvenes trabajadores, mientras se quedan las madres con niños pequeños y los mayores de 35 años. Y durante el último trienio también han emigrado más de 100.000 españoles que suponemos son jóvenes formados y capaces aunque frustrados por no poder aplicar sus conocimientos aquí.
En definitiva, esta proyección nos cuenta que vamos a perder capital educativo en potencia y en acto y que se nos escapa el futuro que nos vino regalado junto con el que criamos aquí. La reducción demográfica no sería lo preocupante, pero la involución migratoria representará un fracaso.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Los poderes cercanos levantan miedos que pueden asfixiar la convivencia. Eso es lo que está ocurriendo con el goteo de ataques a los inmigrantes desde los ayuntamientos al prohibir los lugares de culto, obstaculizar el empadronamiento y azuzar la inseguridad en los barrios. Da que pensar que las iniciativas políticas de los gobiernos locales sean más restrictivas que las del Gobierno autonómico y estas, a su vez, más lesivas para la integración de los inmigrantes que las del Gobierno español. Cuanto más abajo, más se aprieta la tuerca. Como si una constelación de agujeros negros se tragara los derechos de los habitantes.
Haciendo entrevistas a inmigrantes rumanos, marroquíes y ecuatorianos se escuchan los sonidos del miedo. Son miedos distintos en unos y otros, diferentes en su expresión y en sus causas. Pero su registro debiera conducirnos a reflexionar sobre el curso que sigue la integración de los inmigrantes y el papel de los municipios en la convivencia. En las conversaciones aparece con claridad esa ambivalencia entre cercanía del poder y acogida.
Son residentes legales, pero desconfían a la hora de dar su teléfono para mantener el contacto. La investigación quiere determinar cómo se desenvuelven en la crisis y qué les deparará el porvenir. Pero ese recelo al seguimiento unido a su movilidad residencial constituye un obstáculo para analizar cómo evoluciona su situación laboral y la de sus hijos en la escuela. Y sin estudios longitudinales, la demagogia política campará a sus anchas.
Tienen miedo a hablar de política, de religión y de empleo. De lo primero porque temen que “si critican, luego lo van a pagar”. De religión, porque sienten el rechazo a todo credo que no sea el católico. Y del trabajo, porque no quieren destapar las trampas de los contratos. Pese a su situación legal, aún temen la expulsión.
Nuestra hipótesis es que quizás estemos confundiendo el miedo con la convivencia. Y la integración no es silenciosa. Hay que celebrar, para desespero de los militantes antiinmigración, que no haya conflictos visibles, masivos y violentos. Pero ¿hay avances reales en la integración? La respuesta es que los inmigrantes aún no se sienten ciudadanos.
