Alfonso Egea de Haro
Profesor de Ciencia Política
Simplificada al máximo, la ecuación sobre cómo reducir el déficit presenta cuatro combinaciones posibles y un dilema para los gobiernos. Las combinaciones son el resultado de incrementar o reducir alternativamente impuestos y gasto público. El dilema supone que al intentar reducir el déficit mediante recortes del gasto público o la subida de impuestos se puede limitar el crecimiento al tener un efecto recesivo sobre la demanda agregada.
A pesar de ello, la combinación más extendida en la zona euro es la compuesta por una subida de impuestos y una reducción del gasto público. El diagnóstico generalizado, incluso por instituciones tan poco sospechosas de cuestionar el rigor fiscal como el Fondo Monetario Internacional, es que esta combinación puede agravar la situación económica al deprimir aún más el consumo privado. En palabras de su directora gerente, la reducción de la deuda pública es un maratón y no un sprint.
¿Qué elegir entonces? La alternativa menos mala en opinión de economistas como Alberto Alesina es evitar la subida de impuestos y concentrar la reducción del déficit exclusivamente en programas de adelgazamiento del gasto público. Tras revisar los programas de ajuste de los últimos 40 años en países de la OCDE, concluye que esa alternativa ha generado incluso crecimiento económico cuando se acompaña de un profundo proceso de liberalización. Además, se ha encontrado evidencia empírica de que los gobiernos que asumen esta tarea de reducción del gasto público no son castigados en las urnas más que aquellos que no realizan estos ajustes.
Pero esta receta tiene algún problema de causalidad. De manera que con los mismos resultados históricos se podría cambiar el sentido de la argumentación y señalar que la reducción del gasto público no impulsa el crecimiento, sino que este puede hacer reducir el gasto público debido, por ejemplo, a un menor peso de las transferencias sociales por desempleo. También, invirtiendo la causalidad, serían los gobiernos fuertes (léase tecnócratas, con mayoría parlamentaria, apoyo de los agentes sociales y económicos o con una oposición débil) aquellos que precisamente ponen en marcha estas medidas de austeridad. En definitiva, el ciclo virtuoso en economía es difícil de medir.
Alfonso Egea de Haro
Profesor de Ciencia Política
Decía David Anisi que la economía, más que una ciencia o arte, era un conjunto de medios más o menos sofisticados en el combate ideológico por el poder. Advertía también del uso extensivo del término mercado para referirnos a cualquier problema social. Desde el mercado de las telecomunicaciones al de la energía pasando por el del trabajo. A estos se le suma, cada vez con mayor insistencia, el de los servicios públicos. Una vez calificados como mercado, el siguiente paso es la búsqueda de la eficiencia. Flexibilidad, reestructuración, redimensionamiento, uso responsable, copago… son términos que completan el diagnóstico y amenazan con la única solución posible para mantener el funcionamiento de estos mercados.
Este discurso es sugestivo. La calidad de vida y la posición del ciudadano está amenazada no tanto por la precariedad laboral, el retroceso de los servicios sociales o la falta de desarrollo de nuevos sectores del Estado del bienestar, cuanto por un mal funcionamiento del mercado en todos estos sectores. La pérdida de capacidad adquisitiva no es tanto por el nivel de los salarios que deben mantener, en cualquier caso, la competitividad, sino por un deficiente funcionamiento de los mercados, que han provocado un aumento excesivo de los precios. Para contener estos, ya se sabe, liberalización y reducción de la dimensión del sector público. Lo importante pasa a ser garantizar que todos tengan la capacidad de acceder al mercado (y no los recursos disponibles).
Pero el acceso al mercado no es gratis para el ciudadano. A los conocidos impuestos directos e indirectos se suman al menos otros dos. El primero es el que se deriva de las formas (copago o tasas) para (re)financiar los servicios públicos en función de su uso. Esta doble imposición aumenta la percepción de ineficiencia y la búsqueda de proveedores alternativos. El segundo es consecuencia del anterior y es el mayor precio al que estamos dispuestos a pagar el servicio en el mercado. Para, posteriormente, en base a estos precios altos que castigan nuestro nivel de vida dar un nuevo giro de tuerca. Este sistema de vasos comunicantes (imposición 3.0) permite un control de los ritmos a los que nos muestran los problemas y nos sugieren las soluciones.
Alfonso Egea de Haro
Profesor de Ciencia Política
La rebaja en la calificación de solvencia de la mayoría de economías de la zona euro por Standard & Poor’s (S&P) fue anunciada antes de la última cumbre europea del 9 de diciembre. Era por tanto esperada, como también era previsible que fuera criticada, aunque por razones distintas a las que se están esgrimiendo. Incluso algunos gobiernos están interpretando la calificación de S&P como la confirmación de que los planes de reforma van por el camino acertado, si bien requieren mayor intensidad y celeridad. Otros ven en S&P el instrumento de presión por parte de intereses británicos y estadounidenses al que sólo se puede responder mediante una mayor coordinación en torno, eso sí, a las políticas de austeridad fiscal.
Menos son las voces críticas dirigidas a cuestionar que una agencia de rating haya basado su calificación no tanto en razones económicas particulares de cada país, sino en una valoración del escenario político conjunto de la zona euro. En concreto, la falta de eficacia, estabilidad y previsibilidad de las decisiones políticas y de las instituciones europeas. Sin embargo, no es sino previsibilidad lo que está caracterizando las decisiones políticas tanto a nivel nacional como europeo, aunque para ello se ponga en cuestión la estabilidad de gobiernos democráticamente elegidos o la eficacia de sus decisiones. Una previsibilidad que aumenta conforme el desequilibrio numérico entre los países que representan la periferia y el centro de la UE es mayor.
También sorprende que aquellos que no estén de acuerdo con esta previsibilidad de las decisiones en política económica, no hayan aprovechado el informe de S&P para pedir precisamente un cambio de rumbo. En definitiva, más que la rebaja en la calificación sorprende la falta de crítica hacia las políticas de austeridad que se están adoptando. ¿Por qué? Puede que por el miedo a seguir perdiendo (salario, empleo, servicios sociales) aumente la complacencia y resignación. Ya en 1933, durante su primer discurso de investidura, Franklin D. Roosevelt advertía que sólo había que tener miedo al hecho mismo de tenerlo. La rebaja de S&P ha sido sobre todo política y la respuesta mayoritaria ha sido más miedo. Ya sólo estamos esperando a que sea demasiado tarde.
Alfonso Egea de Haro
Profesor de Ciencia Política
Primero es el acto debido y segundo el acto querido. Con esta expresión, el Gobierno italiano de Mario Monti justificaba la aprobación de un plan de austeridad de 34.900 millones de euros que supone una modificación del sistema de pensiones, y una subida de los tipos impositivos sobre el consumo y la renta de las personas físicas. Medidas con las que el Ejecutivo italiano ha cerrado 2011 y que no se diferencian sustancialmente de las adoptadas en otros países, independientemente de que el Gobierno responsable haya salido de unas elecciones o de una apuesta técnica. En uno y otro caso se han sucedido los actos debidos a Bruselas o por su sucursal berlinesa.
Estamos ya en enero y en la primera reunión del Eurogrupo prevista para el 23 se espera que a ese acto debido le siga otro, este ya querido, donde los gobiernos anuncien las medidas de crecimiento. Con el retroceso de las políticas sociales y el adelgazamiento del Estado, estas medidas apuntan a reformas en el mercado de trabajo y al avance de las liberalizaciones. La interrogante es si será suficiente para lograr el crecimiento en países que sufren de una progresiva reducción de la base social de sus economías con altos niveles de desempleo, un importante porcentaje de actividad económica no declarada, unos altos índices de evasión fiscal y una progresiva polarización de rentas.
El Gobierno italiano parece haber encontrado una posible vía con la revisión de los distintos tipos de beneficios fiscales. En un escenario en el que el discurso de la austeridad limita el desarrollo de los servicios públicos, el recurso a los bene-
ficios fiscales está abocado a ganar más protagonismo. Sin embargo, la configuración de estos beneficios no es neutral. En ocasiones, los beneficios ofrecen una mayor renta disponible con la que los gobiernos tratan de compensar el insuficiente desarrollo de las políticas sociales e incentivar así el recurso de los ciudadanos al mercado donde procurarse tales servicios. También estos beneficios son responsables de la evolución decreciente en el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades.
De seguir esta tendencia, el acto querido de estos gobiernos aumentará los problemas estructurales de los que adolecen sus economías.
Alfonso Egea de Haro
Profesor de Ciencia Política
Tan difícil de comprender es a qué se acerca Croacia, que el próximo 22 de enero celebra un referéndum para convertirse en el Estado 28 de la Unión Europea, como de qué se aparta Reino Unido tras la pasada cumbre del 9 de diciembre. A los conocidos criterios de déficit y deuda del Pacto de Estabilidad se suma ahora la obligación de que el déficit estructural no supere el 0,5% del PIB en términos nominales. No existe, sin embargo, una metodología explícita para calcular esta magnitud. Tampoco se conoce cómo se ha calculado ese 0,5% ni cómo afecta al ratio deuda/PIB que, en caso de superar el 60%, activaría los mecanismos de corrección. Todo queda a expensas de cómo cada uno de los estados plasme estas reglas en sus constituciones o normas equivalentes.
Y este no es el único aspecto que provoca incertidumbre sobre Europa en 2012. El veto de Reino Unido a reformar los tratados impide modificar las competencias de las instituciones comunes, y en particular de la Comisión, para vigilar el cumplimiento y la sanción de los nuevos requisitos. La alternativa es que sean los propios estados los encargados de vigilarse a sí mismos recurriendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las acusaciones recíprocas entre los socios comunitarios por la falta de disciplina fiscal apuntan a que al Tribunal no le faltará trabajo.
Y antes queda un complicado camino hasta que nueve estados ratifiquen el nuevo Tratado permitiendo su entrara en vigor. En Francia, el candidato presidencial del Partido Socialista, François Hollande, ya se ha mostrado contrario dificultando así la obtención de la mayoría necesaria para modificar la Constitución. Las próximas elecciones legislativas en Grecia, previstas para febrero de 2012, añaden otro interrogante. Incluso en aquellos socios que están sujetos por necesidad a férreos programas de austeridad, el acuerdo no se puede dar por descontado. En Portugal, el Partido Socialista se ha mostrado en contra y en Irlanda no se descarta la celebración de un referéndum. Cada vez que hay una mayor precisión en las cifras macroeconómicas hay una mayor incertidumbre política. Será por el origen desconocido de las primeras o por la visión cortoplacista de la política, o por una combinación de ambas.
Alfonso Egea de Haro
Profesor de Ciencia Política
El núcleo de la eurozona parece haber decidido el camino, la reforma de los tratados con vistas a garantizar la disciplina presupuestaria. Sin embargo, no resulta tan evidente que sea capaz de imponer el ritmo. Y no será por falta de incentivos entre los socios comunitarios para aprobar la reforma.
Para el directorio franco-alemán supone alcanzar un acuerdo de mínimos que evite posibles enfrentamientos. Cerrada la puerta a los eurobonos por el Ejecutivo alemán, el acuerdo para sancionar un déficit público excesivo podría ser compensado por un papel más activo del Banco Central Europeo en la compra de bonos soberanos y en la inyección de liquidez. Para los gobiernos obligados a implementar los planes de austeridad, la reforma se presenta como un medio para justificar que el sacrificio no ha sido en vano, o bien como un elemento en el que basar ulteriores ajustes. Para el resto de países, el volumen del comercio intracomunitario, más del 60%, es un argumento contundente para tratar de no quedar descolgados.
Sin embargo, no parece que ni el tiempo ni el ritmo para desarrollar esta reforma puedan ser controlados. De un lado, el recientemente inaugurado observatorio de riesgo sistémico, Standard & Poor’s, ya se ha manifestado a favor de la urgencia de la reforma con la advertencia de desclasar la deuda soberana de 15 de los socios comunitarios. De otro lado, la reforma puede abrir el debate, en varios estados miembros, acerca de la necesidad de convocar un referéndum para aprobar la cesión de soberanía. Una cesión que se haría además a favor de instituciones, no de decisión, sino de mero control, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Estos factores cuestionan la capacidad de los socios comunitarios para conseguir un acuerdo antes del mes de marzo de 2012. Una fecha que parecería elegida caprichosamente si no fuera porque las elecciones presidenciales francesas se celebrarán un mes después. Quizás una solución de compromiso entre las urgencias de unos y la necesidad de pausa de otros sea el establecimiento de etapas a partir del cumplimiento de unos criterios de convergencia, como se hizo con la moneda común. Pero para la definición de estos se necesita pensar también en la política fiscal que entonces faltó.
Alfonso Egea de Haro
Profesor de Ciencia Política
La deriva tecnocrática de algunos gobiernos nacionales no es extraña al propio modelo de construcción europea. La UE ha ido evolucionando a partir de una burocracia técnica asentada en órganos como la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia, instituciones que se han encargado de impulsar y defender un modelo económico de libre mercado relegando las materias sociales y las políticas de corrección de las deficiencias del mercado a los estados nacionales. La propuesta del Gobierno alemán acerca de una reforma limitada de los tratados va en esta línea y supone que el Tribunal de Justicia europeo vigile el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Se pasaría así a que una institución, independiente de las mayorías parlamentarias, controlara la validez de los presupuestos nacionales aprobados por las cámaras representativas de la voluntad popular.
Esta deriva tecnocrática no es por tanto ni nueva ni coyuntural, sino que responde a un proceso de fortalecimiento del poder ejecutivo en detrimento del legislativo. Un proceso impulsado por la patrimonialización de las asambleas representativas por un número cada vez más reducido de partidos políticos y la sustitución del debate político por axiomas irrefutables, fundamentalmente en aquellas políticas sobre las que se construye el libre mercado, la política económica y la acción exterior. Se trata de una reforma del equilibrio institucional excluyendo políticas, no ya del control, sino incluso del debate parlamentario.
Con estas premisas, la insistencia en que los problemas actuales se resuelven con un gobierno europeo de la economía no resulta del todo convincente. Aunque sea imposible de demostrar, sería difícil imaginar que un hipotético gobierno europeo de la economía hubiera podido desarrollar políticas distintas a las que dictan los tecnócratas, sean del país que sean. También sería difícil de imaginar que ese hipotético gobierno propusiera un cambio en las condiciones del Pacto de Estabilidad a fin de cumplir, por ejemplo, con los objetivos en política social de la Agenda 2020. Y es difícil de imaginar por el retroceso que, lentamente, pero sin pausa, sufre el parlamentarismo tanto en el plano nacional como en el europeo.
Alfonso Egea de Haro
Profesor de Ciencia Política
En la declaración final de la reciente cumbre del G-20 los gobiernos dicen haber priorizado la protección social y el empleo, e incluso han hecho un llamamiento a fortalecer el diálogo social. Además y por primera vez se han celebrado reuniones paralelas de los representantes sindicales (el denominado L-20). Sin embargo, el resultado de la cumbre es amargo, y no por la atención suscitada por la estabilidad de los gobiernos en algunos países europeos.
Si hace un año, en Seúl, la declaración final del G-20 se centró en la acción colectiva, ahora la atención se ha dirigido más hacia un reparto de tareas entre los países. Mientras que unos estados, principalmente europeos con la excepción de Alemania, se obligan a cumplir con los planes de consolidación fiscal y de reformas estructurales, aquellos con superávit comercial se comprometen a adoptar medidas que estimulen la demanda. Este reparto de tareas no tiene, sin embargo, el mismo nivel de concreción para unos que para otros. Los del primer grupo tienen fechas de cumplimiento para reducir el déficit público y los niveles de endeudamiento y están sometidos a un férreo control, mientras que, en el caso del segundo grupo, algo tan difuso como las circunstancias nacionales particulares marcarán el ritmo de las medidas para incentivar el consumo y la inversión.
Con estas premisas, la interrogante es si esta división de tareas logrará alcanzar los 21 millones de puestos de trabajo que según la OCDE y la OIT serían necesarios crear antes de 2015 para llegar a los niveles anteriores a la crisis. Y es que esta división de tareas refleja que la prioridad sigue siendo el crecimiento económico en términos globales y una menor atención al modelo de desarrollo económico. Frente a esta agenda, desde el L-20 se apuesta por invertir los términos de la relación y fortalecer el diálogo social, el establecimiento por ley de los salarios mínimos, la reducción de las desigualdades, el establecimiento de un piso de protección social, la recuperación de la inversión o la supresión progresiva de las garantías gubernamentales a los bancos. En resumen, dos agendas, un diálogo de sordos y el foco de atención mediática y política centrada en los sospechosos habituales del primer grupo.
Alfonso Egea de Haro
Profesor de CIencia Política
Ahora hay que pagar la fiesta. Este lema, protagonista tanto en el plano interno como europeo, apunta a que la actual situación está producida por unas sociedades que, recurriendo al crédito, han vivido por encima de sus posibilidades. Pero esta afirmación elude analizar por qué se ha recurrido masivamente al crédito y a qué se ha debido ese gasto irresponsable por parte de gobiernos y ciudadanos. Si la situación es generalizada, no parece que el color político de los gobiernos haya sido determinante. Otra posible explicación tiene que ver con el incremento de las desigualdades. Son precisamente los países acusados de irresponsables aquellos que presentan un mayor nivel de desigualdad. En 2009, los ingresos de los ciudadanos con mayor nivel de renta disponible (quintil superior) representaban hasta 5,8 veces más que los de aquellos situados en el
quintil inferior para un promedio entre España, Italia, Portugal y Grecia (igual que hace diez años). Esta cifra era de 4,9 en el conjunto de la Unión Europea (Eurostat). Esos países presentan también unos niveles bajos respecto al salario mínimo interprofesional en paridad de poder adquisitivo.
Además, parece olvidarse que el ticket de entrada a la fiesta no ha sido el mismo para todos y que en los últimos años el crecimiento de los salarios reales ha sido inferior al aumento de la productividad, produciéndose una transferencia de las rentas del trabajo a las del capital. Si sumamos la mayor presión fiscal sobre las rentas del trabajo, obtenemos una presión a la baja en los medios disponibles por los hogares y un incentivo al recurso al crédito y al estímulo público de la demanda agregada. En algunos casos, como Alemania, la menguante contribución de las rentas del trabajo se ha compensado por el impulso de las exportaciones, mitigando así el recurso al crédito.
Hay por tanto desigualdades dentro de cada Estado y entre estados que explican mejor la distinta intensidad del recurso al crédito. Eludir estas desigualdades tiene más de irresponsable que el mismo recurso masivo al crédito, como también lo es obviar que la desigualdad es un elemento causal más del funcionamiento del actual sistema económico y no necesariamente una consecuencia más o menos tolerable.
Alfonso Egea de Haro
Profesor de Ciencia Política
En ciencias sociales una relación causal entre dos fenómenos es una de las hipótesis más difíciles de demostrar empíricamente. En política se prefiere la casualidad (los hechos se suceden sin orden aparente movidos por condicionantes externos a la voluntad de los políticos) a la causalidad (las decisiones pueden explicarse a partir del cálculo estratégico de políticos que maximizan sus beneficios).
La reciente aprobación por el Parlamento alemán de la ampliación del Fondo Europeo de Estabilización Financiera tanto cuantitativa (la contribución alemana pasa de 123.000 a 211.000 millones de euros) como cualitativa (servirá para intervenir en el mercado mediante la adquisición de deuda pública o la recapitalización de la banca) fue saludada favorablemente por los mercados y la clase política.
Y, sea por causalidad o casualidad, la recapitalización de la banca europea ha resurgido como el principal problema al que se enfrentan los gobiernos europeos. Una recapitalización que apunta eufemísticamente a la financiación de la banca vía recursos estatales (de los contribuyentes) en lugar de acudir al libre mercado.
Si la sucesión de estos dos episodios (ampliación del fondo de rescate y recapitalización del sector bancario) se debieran a la casualidad, deberíamos cuestionar la validez de los test de resistencia. Estos test someten precisamente a las entidades financieras a escenarios extremos como el de una crisis de la deuda soberana. Si fuera causalidad, se comprende mejor que el acuerdo de ampliación del fondo de rescate europeo o la reunión franco-alemana del pasado día 9 disten sólo poco más de una semana desde que el FMI señalara que la banca europea debía ser recapitalizada en unos 300.000 millones de euros. También se esperaría que el fondo de rescate se concentre preferentemente en la recapitalización de los bancos frente a la adquisición de deuda soberana. Muy lejanos quedan ya los planes de crear impuestos sobre las transacciones financieras (más de dos semanas). Ahora el problema es la banca, y cuando se habla de banca el discurso cambia y, a diferencia de la crisis de la deuda, que tiene nombre y apellidos, en el caso de la banca hablamos de la banca europea. ¿Casualidad o causalidad?
