Acato, cómo no, la sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegítimo el uso de cámara oculta, sobre todo, cuando concluye que ha sido dictada con finalidad garantista de los derechos a la intimidad y a la propia imagen, frente al uso con finalidades espurias, propias del amarillismo periodístico. Es cierto que un sector de la prensa utiliza la cámara oculta para excitar las bajas pasiones del público y acumular la dosis de basura necesaria con el único fin de hacer caja. No obstante, a pesar de su excesiva visibilidad, son una minoría. Pero sus malas prácticas no pueden justificar las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión o, directamente, la censura. No es justo que, por culpa de los amarillistas, al resto de los profesionales se les impida utilizar recursos que sirven para demostrar lo que pretenden ocultar determinadas fuentes sospechosas de amparar algún delito.
La sentencia es más que discutible cuando argumenta que el periodista no puede simular una falsa identidad para obtener información, porque sin ese “engaño o ardid” sería imposible lograrla. Acaba de anular la ingente labor del periodismo de investigación. Qué hubiera sido de tantos periodistas que se han visto obligados a ocultar su identidad para introducirse en lugares y meterse en situaciones que, de otro modo, hubiera sido imposible. Algunos, incluso, han tenido que camuflarse entre grupos terroristas, inmigrantes discriminados, trabajadores explotados en las fábricas, pacientes sometidos a torturas en psiquiátricos… para denunciar abusos e ilegalidades que, sin su testimonio, permanecerían ocultos.
Leo que la jerarquía católica estadounidense llama a la insurrección contra la ley sanitaria de Obama, que obliga a las organizaciones caritativas, centro médicos y universidades a ofrecer a sus empleados pólizas de seguro que cubran métodos anticonceptivos. Los obispos, en pie de guerra, han leído una homilía en los púlpitos, para exigir que se cambie una ley que califican de grave amenaza contra la moral de la Iglesia. No creo que mal de muchos sea consuelo de tontos; ni de listos tampoco.
La cruzada de los jerarcas españoles va más allá de calificar como “aberración y pesadilla” los métodos anticonceptivos o la Ley del Aborto. Algunos se quejan de que la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, no esté casada por la Iglesia y no sea, por tanto, la persona adecuada para dar el pregón de la Semana Santa vallisoletana. Otros opinan que los homosexuales no tienen un comportamiento adecuado. Cierto que luego matizan e incluso, a veces, se disculpan ante los ofendidos, pero el hecho es que las críticas respecto a los usos y costumbres de los laicos han calado fácilmente en la sensibilidad del nuevo Gobierno. A la reforma de la Ley del Aborto habrá que sumar la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y, si nadie lo remedia, el matrimonio homosexual será su próximo objetivo.
Para evitar mutuas intromisiones, conviene que se aplique la frase de Cristo a los fariseos: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo mismo que pide la organización Europa Laica: que se recorte la subvención de 10.000 euros que la Iglesia católica recibe del Estado. Es coherente que cada uno se pague sus gastos.
Me solidarizo con los colegas que se ven forzados a perseguir a los famosos cámara en ristre, porque he visto a muchos accidentados, cuando no humillados. Y compadezco, desde la distancia, a quienes forzosamente se enfrentan a un enjambre de esos micrófonos a los que llamamos alcachofas. Cuando me inicié en este oficio éramos pocos y la mayoría llevábamos, como único instrumental, una modesta grabadora. Los personajes se tomaban su tiempo para darnos respuestas personalizadas y, por lo general, metían menos la pata que ahora.
Y es que se necesita tener muchas tablas para superar el síndrome de la alcachofa. A ella se han sometido toreros, ministros, empresarios, músicos, cineastas, escritores y otros todavía más acostumbrados a lidiar con la popularidad cotidiana. Unos cuantos han pasado a la historia por pronunciar la frase de la que se arrepentirán toda su vida. Entre mis preferidos, Mario Pascual Vives, el ilustre abogado y portavoz de Iñaki Urdangarin. Todas sus declaraciones han sido breves, pero memorables. Estrenó su portavocía arremetiendo contra la prensa por informar sobre las presuntas actividades delictivas del marido de la infanta, de quien afirmó que no sólo estaba preocupado y apesadumbrado, “y quizá también, por qué no decir, indignado”. La más reciente, sin duda, la mejor. En un intento de lavar la imagen de su cliente ha dicho que “ha pagado muchísimos impuestos, mucho IVA y –reiteró– muchos impuestos”. Si admitimos que es tal como lo cuenta, será porque habrá ganado también muchísimo dinero o es que ha pagado más de lo que debía. Lo dicho, que este letrado es un filón para los periodistas.
No entiendo bien a los políticos cuando dicen que se ven obligados a tomar medidas impopulares que no les gustan y sus colegas aplauden su valentía. Me refiero al elogio que ha recibido Rajoy de Sarkozy. Pero qué clase de valor se necesita para decidir una subida de impuestos que recae fundamentalmente sobre los asalariados y los pensionistas, que perderán poder adquisitivo, a pesar de haber visto revalorizadas sus pensiones en un 1%.
Valiente, a mi modo de ver, hubiera sido aumentar el IRPF sólo a las empresas con grandes beneficios; subir el impuesto de sociedades a las que tengan más del millón de euros; adoptar medidas drásticas para combatir la economía sumergida, que supone cerca del 23,3% del PIB; modificar la tributación de las sicav de las que se benefician las grandes fortunas; exigir a las empresas con beneficios que abran expedientes de regulación de empleo (ERE) que se hagan cargo del coste de paro de los despedidos y no se lo endosen al Estado, es decir, al contribuyente; reformar la Ley Hipotecaria para que, en caso de desahucio, a la entrega del piso se cancele la deuda con el banco; y aprobar la famosa tasa a las transacciones financieras que, al fin, parece haber seducido a Rajoy y Sarkozy.
Buena parte de dichas medidas alternativas son las que propone el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Se podría recaudar, según sus cálculos, casi tanto con ellas como con los primeros ajustes que ha planteado el Gobierno. Pero supongo que se necesita más valor para apretar las tuercas a las grandes empresas y a los bancos que a los funcionarios y a los mileuristas.
No es cierto que los discursos los escriba quien los lee, como dijo en cierta ocasión el que fue jefe de la Casa del Rey, cuando le preguntaron sobre unas frases pronunciadas por el jefe del Estado que provocaron una gran polémica. Pues bien, del rey para abajo ninguno. Ya saben que los presidentes de Gobierno, de comunidades autónomas, alcaldes y demás autoridades, tienen un negro que les escribe sus discursos. Por no hablar de novelistas, dramaturgos y otras celebridades que firman los libros de los que no son autores.
No les descubro nada si les digo que estos profesionales encargados de asumir la minuciosa tarea de llenar páginas para mayor gloria del personaje que pone su nombre tras el título de la obra, cobra una cantidad mucho más modesta de la que le correspondería por derechos de autor. Salvo excepciones. Es de lo más políticamente incorrecto, y hasta despectivo, decir que incluso el presidente Obama tiene un negro que le borda los discursos. A los negros literarios los anglosajones les llaman ghost writers (escritores fantasma), porque realizan su trabajo en la clandestinidad y no trasciende su nombre. Sólo se conocen en contadas ocasiones, como es el caso de Jon Favreau, el joven autor de los brillantes discursos de Obama, que apareció en la portada de The Washington Post. Favreau se siente orgulloso de ejercer un oficio reconocido y bien remunerado. Asunto bien distinto el del periodista Antonio Alemany, que por ser el negro de Jaume Matas y recibir presuntos cobros irregulares, se ve envuelto en la poliédrica trama del caso Palma Arena y pasa del anonimato al banquillo de los acusados.
Lo que no se puede aguantar es que, mientras el Gobierno fríe a impuestos a las rentas medias, una minoría de privilegiados se vaya de rositas. A los individuos que se lo siguen llevando crudo, sin inmutarse, les importa un bledo el brutal esfuerzo que estamos haciendo la mayoría de los ciudadanos, con especial desgarro los 4.422.359 millones de parados. No es sólo una cuestión de justicia, sino de rabia. De momento, es una rabia contenida, pero nadie sabe cuánto tiempo más se podrán soportar los agravios comparativos. Los hay de gran envergadura, como el hecho de que los 12 españoles más ricos ganen un 6% más y acumulen un patrimonio de 37.700 millones en Bolsa. Otros de fuera, como Buffett o Bettencourt, tuvieron el detalle de proponer un aumento de sus impuestos, aunque luego no lo hicieron, digamos que por falta de quórum, tiene gracia. Pues aquí ni eso.
Los hay de menor relevancia (sigo con agravios comparativos), como los directivos de las cajas con ayudas públicas que se blindan con 47 millones. Y los hay de pequeña magnitud, y no por ello menos ofensivos, como es el caso de la presidenta de la Diputación y del PP de León, que acumula 12 sueldos, la mayoría procedentes de cargos públicos o de empresas dependientes de la Administración. Y, no contenta con eso, se ha subido más del 13% en uno de ellos. Se ha detectado, al parecer, otra especie del mismo pelaje en El Barco (Ávila). Me pregunto cuántos elementos de semejante porte se estarán hiperforrando camuflados en las arbitrariedades administrativas. Todas las comparaciones son odiosas, pero inevitables y, sobre todo, insultantes.
A quienes, por motivos profesionales, hemos sido testigos de corrupciones varias nos preguntan hasta el hartazgo cómo es posible que un gobernante se venda por cuatro trajes de nada. Ponen en duda que un personaje con grandes expectativas de futuro se deje sobornar por un precio tan bajo y tire por la borda su prometedora carrera política. La experiencia demuestra que a nadie le ofrecen, de entrada, una “mordida” que le resuelva la vida. La carrera del corrupto se inicia, precisamente, con ese eufemismo jurídico llamado “cohecho pasivo impropio”, es decir, aceptar pequeñas prebendas (trajes, relojes, bolsos, comidas…) sin aparente contrapartida inicial. Por eso es pasivo, porque para ser activo se requiere que el receptor acepte regalos a cambio de realizar actos u omisiones constitutivas de delito.
El cohecho pasivo impropio se da con frecuencia en pardillos envanecidos por un cargo que les viene grande. Son proclives a dejarse seducir por la lisonja y el peloteo. Los corruptores saben que, con poca cosa, se les quiebra fácilmente la voluntad. La escala de la corrupción va de la invitación a la mariscada al fondo de armario; de la joya a la obra de arte; del Jaguar al yate; de la decoración de interiores al patrimonio inmobiliario y así hasta los que deciden trincar comisiones megamillonarias a cambio de ejercer tráfico de influencias a gran escala. Los que tenemos larga trayectoria profesional y buena memoria hemos asistido al ascenso y declive (a veces, la fuga) de los delincuentes más notables del país. Todos empezaron por pequeñas chorizadas, pasivas e impropias, y terminaron robando en colegios de huérfanos y organizaciones de discapacitados. El rascar y el robar sólo es cuestión de empezar.
Me quedo con una de las frases más inconcretas y, sin embargo, comprometidas de cuantas pronunció el ya presidente Mariano Rajoy durante el debate de investidura. Dijo que para su Gobierno no habría españoles buenos y malos, todos serán iguales, todos necesarios, todos dignos de respeto. Y remató su concisa declaración de principios con la promesa de una rigurosa justicia en el reparto de la austeridad que ha de comenzar por el propio Gobierno. Lo celebro y le tomo la palabra. Para tender a dicha igualdad hay que reducir la fractura social que separa a los españoles ricos de los pobres. La actualización de las pensiones y las rebajas fiscales para las pymes van en la buena dirección, pero es urgente conocer de qué partidas de los presupuestos va a recortar los 16.500 millones de euros para cumplir con el objetivo marcado por la Unión Europea.
A efectos de la prometida igualdad y del reparto de la austeridad conviene saber si habrá mayor progresividad fiscal, dicho simplemente, si pagarán más los que más tienen. Si subirá el IVA o bajará las prestaciones por desempleo. Si se tomarán medidas inmediatas para combatir el fraude fiscal y otras corruptelas que provocan injustos agravios comparativos. Si está dispuesto a que una persona no perciba dos o más retribuciones de la Administración pública para acabar con determinados privilegios, así como buscar acuerdos para promover que la deuda hipotecaria se salde con la entrega de la vivienda. Y si piensa retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Matrimonio homosexual. Por hacer preguntas, que no quede.
Vaya por delante que Cayo Lara, como cualquier dirigente político, es muy libre de rodearse de sus leales. Otorgar premios y castigos es uno de los privilegios del que está en el poder. Pero no deja de ser un considerable error táctico la pretensión de excluir a Gaspar Llamazares de todo protagonismo. Además de injusto, es probable que también sea inútil. Llamazares ha demostrado que le basta y le sobra ser diputado raso para hablar en nombre de los ciudadanos que le han elegido. Ayer hizo una sorprendente irrupción en el arranque de la décima legislatura. Fue el primer parlamentario en alzar la voz para denunciar la exclusión de su Grupo, la tercera fuerza política del país, de la Mesa del Congreso. Llamazares ha sido durante 11 años la voz y la imagen electoral de una determinada izquierda, tiene una acreditada experiencia parlamentaria y es un orador capaz y elocuente, que se ha ganado a pulso su escaño por Asturias.
Sin desmerecer a nadie (también los nuevos portavoces merecen una oportunidad) no anda la política sobrada de aptitudes y talentos, cualquiera que sea su ideología y su grado de insumisión. El actual coordinador general de Izquierda Unida le ha dicho a Llamazares que no se fiaba de él y por eso no le ofreció ocupar el puesto de presidente ni de adjunto, ni siquiera el de rotatorio, sino el de un inexistente e inútil quinto portavoz. ¿Es argumento de peso para marginarle? No para sus electores, que los tiene bien acreditados. No para la vida parlamentaria, que pierde una voz rotunda y clara. No para la izquierda, condenada permanentemente a la escisión.
Mientras escribo veo la playa. No es mi paisaje habitual, lo cual quiere decir que soy una de las afortunadas que ha huido este puente de su puesto de trabajo. Doble privilegio: tener ocupación remunerada y tomarse unos días de tregua. Ahora bien, mientras descanso, escucho a lo lejos el eco de las voces del reproche universal. Debemos trabajar hasta la extenuación si queremos aumentar nuestra productividad y ofrecer credibilidad a los mercados, así que no podemos permitirnos el lujo de tomarnos varios puentes concatenados. Es probable que a mí me lo “perdonen”, ya que en realidad estoy escribiendo, lo cual, aunque algunos no lo crean, es una tarea como otra cualquiera.
Quiero que estas líneas escritas frente al mar sirvan para reivindicar no sólo un reparto más equitativo del empleo, sino el derecho a la ociosidad e incluso a la pereza, en homenaje a Paul Lafargue y a Bertrand Russell, autores de sendos tratados cuya lectura recomiendo. Ambos denuncian la indefensión de los trabajadores, el sobreconsumo, la creación de necesidades y mercados ficticios, el trabajo a destajo, en definitiva, critican a los precursores de los aguafiestas contemporáneos: protestantes, calvinistas, bolcheviques, capitalistas… que ya redujeron a la mitad los días no laborables. Habría que darle un vuelco a un sistema que condena a la mayoría de la humanidad al paro forzoso o a trabajar a destajo, mientras una minoría acumula cada vez más riqueza. Además de Lafargue y Russell, lo acaba de decir el secretario general de la OCDE; aumentan las desigualdades porque los trabajadores pierden cada vez más derechos. El tiempo libre es uno de los más sagrados.
