Estos son algunos casos de despilfarro de la sanidad pública ocurridos en los últimos meses en mi entorno. Primero. Mujer de mediana edad ingresada por urgencias por un problema de circulación. Permanece ingresada ocho días, pero las pruebas no se las hacen hasta el séptimo. Segundo. Anciano ingresado por problemas urológicos. Cuando sale del hospital y acude al especialista, hay que volver a realizarle todos los exámenes (escáner, etc.) porque los realizados en el hospital no han sido archivados. Tercero. Mujer de mediana edad “vaciada” por la existencia de células precancerígenas. Durante la operación, no se le hace como es habitual la anatomía patológica. Cuando unos días después los resultados de esas pruebas demuestran que tiene cáncer, es preciso volver a operarla en el plazo de un mes. Cuarto. Joven ingresada tras un accidente. Cuando la ambulancia la lleva a su casa, los camilleros dejan allí las 3 o 4 sábanas con las que la habían protegido y, al indicárseles el olvido, aseguran que no pasa nada, y que son muy buenas para limpiar el polvo.
Supongo que todos conocemos montones de situaciones semejantes. Infinidad de casos a diario de derroches absurdos que, por lo visto, nadie controla. Entretanto, y para ahorrar, las administraciones cierran quirófanos, alargan horarios, escatiman pruebas o piensan en el copago y no en la racionalización y el control, que sería lo lógico. Alguien debería poner un poco de cabeza en todo esto y no lanzarse alegremente a perjudicar a los ciudadanos. ¿O es que la razón ya no existe? (Y que no se me olvide: ¡Viva Alberto Contador! Quienes amamos el ciclismo, seguimos admirándole).
Me temo que esta va a ser la temporada de encabezar los artículos con un “se veía venir”. Ya lo utilicé hace unos días para hablar del desdén del nuevo Gobierno hacia el medio ambiente. Y las noticias de estos últimos días me impulsan a volver a hacerlo: se veía venir que Garzón sería juzgado por intentar impartir por fin justicia en los crímenes del franquismo, ante el pasmo de la comunidad internacional y de buena parte de los ciudadanos españoles,
incapaces de entender al poder judicial.
Se veía venir que, apenas nombrado, el Gobierno metería mano a la educación. ¡Cómo no! Cada vez que uno de los dos grandes partidos llega al poder es lo primero que hace: cortar por aquí, alargar por allá, cambiar planes a su antojo y seguir hundiendo cada vez más la enseñanza en el pozo de la mediocridad, cuando no en el del fracaso. Y se veía venir que quienes consideran que el único modelo social válido es el que ellos propugnan, se cargarían una asignatura tan “peligrosa” como Educación para la Ciudadanía. Aunque el ministro tenga que mentir leyendo frases de un libro de texto que no lo es.
Y, por supuesto, se veía venir el retroceso de la Ley del Aborto a una norma obsoleta que obligará a muchas mujeres a justificar lo que ninguna debería verse obligada a justificar, y a un montón de jóvenes a enfrentarse a conflictos familiares de tremendas consecuencias. Muchas volverán a buscar soluciones en el extranjero. Y otras muchas –y eso es lo peor– arriesgarán la vida en abortos ilegales. ¿Qué ocurrirá con la píldora del día después…? ¿Y con el matrimonio homosexual…? ¿Se ve venir…?
Días para hablar de la Justicia y sus infinitos problemas: manifestaciones a favor del maltratado Garzón y en contra de la triste –aunque quizá inevitable– sentencia del caso Marta del Castillo. La gente, por fin, empieza a rebelarse contra los siempre intocables jueces (a los que habría que añadir los legisladores). Al mismo tiempo, anuncios de reformas de la vicepresidenta y del ministro Gallardón. Parece que el Gobierno se toma en serio a ese desprestigiado pilar de la democracia, y así debe ser. Pero la cosa es tan compleja, que me temo que no bastará con algunos remiendos.
Exagerada judicialización de los conflictos, a falta de instituciones de arbitraje y mediación. Un corpus legislativo hinchado, demasiado confuso y abierto a interpretaciones personales. Excesivas penas de cárcel para delitos que podrían ser castigados con trabajos sociales y que convierten a nuestras prisiones en las más pobladas de Europa. Escasez de medios y recursos, de juzgados, jueces y funcionarios, y de miembros de la Policía Judicial. Y en consecuencia, retrasos agotadores.
Esos son tan sólo algunos de sus conflictos más notables. Por no hablar de la “partidización” –que es más que simple politización–, de la descarada manera en que muchos jueces de los altos tribunales se ponen al servicio de los partidos y sus intereses. Encabezados por los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Culpas repartidas: a los magistrados, las suyas, pero también a los legisladores y a los políticos. Y o se arregla todo eso –y mucho más–, o no podremos hablar de una democracia asentada y digna. ¿Será tan difícil?
Hace tiempo que lo veíamos venir: la crisis, magnífica excusa para unos cuantos desmanes políticos, afectaría también al medio ambiente, relegándolo aún más allá en la lista de prioridades. O, todavía peor, justificando cualquier tropelía en nombre del desarrollo económico, con el pretexto de que es más importante crear riqueza para el tiempo inmediato que proteger nuestro entorno pensando en el futuro. Ya los últimos gobiernos del PSOE caminaban por esa senda. Y este primero del PP lo está dejando bien claro desde el principio: el respeto a la ecología le parece un freno al progreso, y no está dispuesto a tragar con esas tonterías.
El ministro del ramo, Arias Cañete, afirmó apenas nombrado que no sabía nada del asunto. A esa declaración poco prometedora le siguió el anuncio la semana pasada de una “reforma muy profunda” de la Ley de Costas, que permitirá asignar nuevos usos al litoral, y del próximo desarrollo del turismo –aún más– en los parques nacionales. Resumiendo: nada se interpondrá para que un nuevo ataque del ladrillo y la masificación siga destruyendo nuestros paisajes y todos sus tesoros ecológicos.
Pero las malas noticias no terminaron ahí: dos días después, se supo que nuestro país renunciaba a seguir ocupando la presidencia del Programa de Medio Ambiente de la ONU, cargo que nos correspondía ejercer durante un año más, justamente el año en que se celebrará la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Está claro que en lo de proclamar su ignorancia, el ministro fue sincero. Aunque, por lo que vamos viendo, podía haber mencionado también su total desinterés.
Necesitamos urgentemente a Valle-Inclán. Si es cierto que un día los muertos resucitarán, pidámosle al señor que a don Ramón le devuelva ya el cuerpo y la mente, y que nos lo mande enterito, con su barba, su brazo de menos, su mal carácter y sus magníficas neuronas, para que se ponga rápidamente a observar la realidad en los viejos espejos deformantes del callejón del Gato y nos escriba algunos esperpentos que nos libren, gracias al arte, de la vergüenza nacional en la que estamos sumidos.
Los personajes y las tramas están (presuntamente): los cutres expresidentes autonómicos que se enriquecen a sí mismos y a sus compadres a costa del erario público y se gastan luego la pasta en horteradas. El creador del aeropuerto fantasma que culmina su obra haciendo levantar, cual faraón, una estatua inspirada en su bello físico. El apuesto duque que utiliza los trucos más sucios para comprarse palacetes. Y hasta el alto cargo que usa las subvenciones para los más desprotegidos como le da la gana, incluyendo en esa gana la compra de cocaína y señoritas de compañía (es un suponer).
Por encima de ellos, mediante algún truco, deberían aparecer también en el escenario todos los que miraban hacia otro lado, silbando, mientras los protagonistas choriceaban: los cargos aún más altos, los compañeros repentinamente ciegos, los responsables locales, provinciales, autonómicos y nacionales de sus partidos. Y en algún rincón bien iluminado, los muchos españoles que a día de hoy, por ejemplo, van a perder su empleo, a verse rechazados una vez más en un trabajo o a ser desahuciados. Esperpento. ¡Vuelva, don Ramón!
Leo estos días Y siguió la fiesta. La vida cultural en el París ocupado por los nazis, un ensayo de Alan Riding (Galaxia Gutenberg) que describe el comportamiento de escritores y artistas durante el tiempo triste que transcurrió entre junio de 1940 y agosto de 1944. El libro me deja un sabor agridulce: la confirmada decepción por la actitud abiertamente nazi de Céline o cínicamente colaboracionista de Cocteau, el desprecio hacia la cobardía de Sartre, que siguió estrenando obras en teatros donde los judíos no podían trabajar y esperó a la liberación para apuntarse con descaro a la Resistencia.
Pero también queda el consuelo de conocer la valentía de todos los que siguieron creyendo en la libertad y lucharon por ella, jugándose la vida. Algunos, como Malraux, tomaron las armas. Otros muchos fueron resistentes intelectuales, y se negaron a publicar en la prensa o las editoriales colaboracionistas, manteniendo en cambio un entramado de publicaciones clandestinas que contribuyó a sostener la moral combativa de una parte de la población francesa. Ahí estaban Camus, Gide, Paulhan, Guéhenno y tantos otros.
Su rectitud ética es un ejemplo de comportamiento. Cuando la porquería lo invade todo, es mucho más fácil ponerse de su lado que enfrentarse a ella. Sumarse de lleno al triunfador, hacerle la pelota o mirar con disimulo hacia otra parte procuran sin duda más beneficios que colocarse abiertamente en el campo enemigo. Pero arrugan la conciencia y la dignidad, envejecen y afean. Se puede resistir. Es más, frente al perpetuo vendaval que trata de arrasar lo mejor de la condición humana, siempre se debe resistir.
El pasado sábado, a las ocho de la tarde de la Nochebuena, el Concejo de Erro, en Navarra, hizo público un bando que anunciaba el inmediato comienzo de la tala del hayedo de Zilbeti. No deja de ser sorprendente que un grupo de representantes públicos, que supongo que tendrán la costumbre de no darse demasiada prisa en tomar decisiones, se apresuraran a tomar una de tanto calado en un día como ese y a esas horas. Lo que hay detrás de esa urgencia son, como tantas veces, los intereses económicos de una empresa.
La empresa es Magnesitas de Navarra, MAGNA, que se ha propuesto talar 30 hectáreas de bosque para implantar en el lugar una mina a cielo abierto, un tipo de explotación que suscita muchos recelos sobre su sostenibilidad medioambiental. Para colmo, el paraje elegido forma parte del espacio protegido del Monte Alduide. Y, como remate, la empresa ni siquiera dispone de los permisos necesarios para una actuación de ese tipo. Pero la rapidez con la que todo se ha hecho, iniciándose los trabajos el primer día laboral después de las fiestas –el pasado martes–, ha impedido la inmediata reacción vecinal.
La tala debe prolongarse hasta el 5 de enero. Es probable que la Justicia, famosa por su lentitud, no llegue a tiempo de detenerla. MAGNA y sus aliados saben que juegan con esa ventaja. Pero tal vez aún se pueda impedir el establecimiento de la mina. SEO/BirdLife y la Coordinadora Monte Alduide lo están intentando. Ustedes pueden colaborar firmando la petición de paralización a través de la página web actuable.es/peticiones/salvemos-Zilbeti. Feliz año a los árboles. Y a ustedes, por supuesto.
La parte de mi razón que analiza el mundo abstracto de las ideas me dice que el sistema más adecuado y justo para la jefatura de un Estado es la república. Pero la parte de mi razón que observa la realidad concreta, me susurra que es mucho mejor que España tenga por máximo dignatario a un rey, bajo el control por supuesto del Parlamento. Contemplo a nuestros políticos, y no veo ninguno capaz de suscitar unanimidad a su alrededor y de representarnos fuera del país con dignidad.
Podría añadir otra razón a quienes sostienen que los reyes forman parte del pasado: muchos de los países con democracias más decentes son monarquías. Ahí están Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda o Reino Unido, modélicos en tantas cosas. Por eso el asunto Urdangarin me hace sentir especialmente molesta: no es justo que el comportamiento –presunto– de un tipo sin escrúpulos pueda salpicar a una institución y unas personas que han demostrado durante años no siempre fáciles su buen hacer.
Y no me refiero sólo a don Juan Carlos. Hasta ahora, el príncipe de Asturias ha tenido una excelente actitud y ha sostenido un discurso que muestra una mente abierta, bien formada intelectualmente e interesada por el mundo real. Me proclamo, pues, no sólo juancarlista, sino también felipista. Al menos mientras no me demuestren lo contrario. Y, desde luego, quiero para este país una institución, aunque sólo sea una, que funcione con profesionalidad y se merezca el respeto y la confianza de los ciudadanos. Que la justicia juzgue a Urdangarin, pero dejemos que el rey pueda seguir cumpliendo con su papel, fundamental para todos, tranquilamente.
No me gusta desconfiar de los políticos. La historia nos demuestra que cuando la clase gobernante inspira recelo, se nos cuelan fácilmente los populismos y los totalitarismos. Lamentablemente, las muchas cosas decepcionantes que ocurren una y otra vez no me dejan mucha capacidad para la confianza o el respeto. Veo estos días a nuestros representantes ocupar sus asientos en el Parlamento, y no puedo evitar tener la sensación de estar contemplando el inicio de un nuevo ciclo de más-de-lo-mismo.
Veo a un puñado de personas que en demasiadas ocasiones van a estar más preocupadas por sus propios intereses y los de su partido que por los del país. Que votarán como les manden y no en conciencia. Que se plegarán a las ambiciones de grandes grupos de presión. Que contribuirán a aumentar un corpus legislativo gigantesco y cada vez más alejado del sentido común. Que gozarán de numerosas prebendas sin pensar en la situación real de muchísimos de sus compatriotas. Y que no pararán de lanzarse palabras vacías los unos a los otros sin debatir ideas importantes.
Ni siquiera me consuela la idea de que en todas las democracias ocurra lo mismo, que todos los políticos sean iguales: tras los asesinatos cometidos el verano pasado en Noruega por el ultra Anders Behring Breivik, descubrimos que existen países en los que la gente confía en sus mandatarios y donde los jóvenes se forman políticamente. Eso me demuestra que hay otras formas de hacer política. Y ojalá la próxima legislatura me confirme que eso es posible también aquí, y que esta columna estaba totalmente equivocada.
Llevamos ya tres años de crisis. Tres años eternos para quienes se han quedado sin trabajo, han visto rebajados sus sueldos o sus pensiones, han sido desahuciados de sus casas o han sufrido los recortes de un Estado del bienestar que en nuestro país ni siquiera había alcanzado aún los niveles deseables. Por no hablar de los muchísimos jóvenes que se encuentran en medio de un túnel sin salida a la vista. Tres años de millones de dramas personales y familiares de consecuencias incalculables para el estado de ánimo de una sociedad.
Nadie la vio venir: ni los economistas que sostienen que la economía es una ciencia de leyes inmutables, ni los banqueros que ofrecían hipotecas con cuotas de 600 euros a gente que ganaba 1.000, ni los responsables de los organismos financieros que miraban hacia otro lado mientras se entretejían telas de araña insostenibles, ni por supuesto los gobernantes, mucho más interesados en el voto de hoy que en la decencia del mañana. Gentes con másteres en las mejores universidades del mundo que han resultado ser más ignorantes que personas sin formación.
Lo peor es que la solución a todo esto depende de esos mismos, los que demostraron su ineptitud antes del estallido y han seguido demostrándola después, imponiendo “soluciones drásticas” que no han resuelto nada y que, en cambio, han empujado a multitud de ciudadanos al arroyo. Quisiera ser optimista, pero confieso que tiemblo ante la próxima reunión de los líderes (?) europeos. Entretanto, la Cumbre del Clima de Durban ha terminado en fracaso. Y mi cabeza repite ¿dónde, pero dónde están los sabios?