El Banco de España se ha despachado a gusto con los antiguos responsables de la CAM, que fue intervenida en julio y dentro de poco pasará a manos del Sabadell. En el expediente abierto contra ellos se incluyen acusaciones muy graves, como la alteración de la realidad patrimonial, el encubrimiento de la morosidad y la negativa a cumplir el coeficiente de solvencia. El salvamento de la CAM ha requerido ya más de 11.000 millones de euros, facilitados casi a partes iguales por el Estado (a través del FROB) y por el Fondo de Garantía de Depósitos, aunque su nuevo propietario no descarta que el agujero sea aún mayor.
A los altos directivos, consejeros e incluso miembros de la comisión de control afectados por el expediente no les ha beneficiado el escándalo que se montó cuando, tras la intervención, salieron a la luz las retribuciones de la cúpula de la caja. La directora general, MARÍA DOLORES AMORÓS, tenía un salario bruto de 594.000 euros y, poco antes de que el Banco de España se hiciera cargo de la CAM, había pactado una pensión vitalicia anual de 370.000. Su antecesor en el cargo, ROBERTO LÓPEZ ABAD, que se prejubiló a raíz del fracaso de la fusión con Cajastur, se llevó la friolera de 5,6 millones de euros.
Desde entonces, los sueldos y las condiciones de salida en las cajas han sido objeto de un especial escrutinio por parte de la opinión pública, que asistiría luego a abusos todavía mayores, como los cometidos en Novacaixagalicia. Pese a la delicada situación de la entidad, que a día de hoy sigue sin tener despejado su futuro, sólo cuatro directivos (JOSÉ LUIS PEGO, GREGORIO GORRIARÁN, ÓSCAR RODRÍGUEZ y JAVIER GARCÍA DE PAREDES) se embolsaron alrededor de 20 millones en concepto de jubilación, si bien el último de ellos renunció a la mayor parte.
Por todo eso, el Gobierno decidió hace diez días poner un tope a las retribuciones de los bancos y cajas de ahorros que reciben fondos públicos, y el viernes pasado suprimió las indemnizaciones para los directivos que sean apartados de sus cargos como consecuencia de un expediente disciplinario. Lo que nadie ha explicado es por qué esas medidas no se extienden a las demás empresas que son perceptoras de ayudas del Estado.
Justo un mes después de cumplirse el segundo aniversario de su sonada declaración de quiebra, se ha conocido el acuerdo de Japan Airlines (JAL) con British Airways (BA) para explotar conjuntamente en el futuro las rutas entre Japón y Europa. Su puesta en práctica sólo está pendiente ahora del visto bueno de las respectivas autoridades de la competencia, a las que ambas compañías han comunicado ya oficialmente los planes que se proponen llevar a cabo.
La alianza con BA supone un paso adelante más hacia la normalización de JAL, el principal grupo de aviación comercial de Asia, que salió de la situación legal de bancarrota a principios de 2011, tras deshacerse de la parte menos rentable de su negocio y eliminar más de 15.000 puestos de trabajo. Como consecuencia de esa drástica cura de adelgazamiento, la aerolínea japonesa ha vuelto a los números negros, al anotarse un beneficio equivalente a 1.075 millones de euros durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, que concluye el 31 de marzo.
El interés de BA por JAL no es nuevo: el consejero delegado británico, WILLIE WALSH, ya expresó el año pasado su deseo de llegar a algún tipo de entendimiento, pero la idea recibió una tibia acogida de Iberia, con la que BA está asociada en IAG. En aquel momento, después de arduas negociaciones, este holding se encontraba en pleno proceso de constitución y requería especiales esfuerzos, pues había que aunar culturas y objetivos empresariales muy diversos.
Finalmente, BA ha optado por ofrecer a JAL una alianza operativa bilateral, de igual tenor de la que los británicos tienen, por ejemplo, con la propia Iberia para los vuelos Madrid-Londres y Barcelona-Londres. Trenzar este tipo de alianzas operativas entra dentro del ámbito de independencia de los dos socios de IAG.
La plena normalización de JAL llegará cuando sus acciones vuelvan a cotizar en la Bolsa de Tokio, circunstancia prevista para el mes próximo. Contará entonces con nuevo presidente, YOSHIHARU UIEKI, un histórico directivo de JAL, actual responsable de planificación de rutas, que antes fue piloto, lo mismo que Walsh.
El saneamiento de JAL, que se vio abocada a la quiebra en 2010 en un contexto de fuerte retroceso de la demanda y guerra de precios, se ha conseguido a base de cuantiosos fondos públicos. Desde que la compañía fue privatizada en la década de los ochenta, el Estado ha tenido que salir en su ayuda tres veces.
La reforma del sistema financiero español aprobada el viernes por el Consejo de Ministros –tercera desde finales de 2009– ha provocado el primer encontronazo serio entre una de las entidades afectadas y el Gobierno. Con la particularidad de que sus protagonistas son dos viejos conocidos: el presidente de Bankia, RODRIGO RATO, y el titular de Economía, LUIS DE GUINDOS, que en tiempos de AZNAR trabajó a las órdenes de aquel.
La reforma eleva sustancialmente las provisiones destinadas a cubrir el riesgo inmobiliario, con el objetivo de proceder a un saneamiento rápido y supuestamente definitivo de los activos vinculados al ladrillo. El coste de esta limpieza de los balances rondará la nada despreciable cifra de 50.000 millones de euros, distribuidos de forma desigual en función de la basura que cada banco o caja de ahorros tenga escondida debajo de la alfombra.
A Bankia y a su matriz BFA les corresponden en el reparto no menos de 7.000 millones, cifra que queda lejos de sus posibilidades reunir en un solo año, como quiere el Gobierno, salvo que se embarque en alguna operación corporativa. Una de ellas sería la fusión con otra entidad de gran tamaño, pero a ninguno de los candidatos (Santander, BBVA y CaixaBank) les seduce la idea, porque un plato tan pesado se puede indigestar.
Como Rato también prefiere evitar que alguien le dé el abrazo del oso y necesita ganar tiempo, ha anunciado públicamente su propósito de pujar por Unnim, que está pendiente de adjudicación por el FROB. Pero a Guindos esa opción le desagrada y ha hecho saber que no piensa autorizar la operación, amparándose en que Bankia ha recibido ayudas públicas (4.500 millones de euros) y sería mal visto en el mercado.
Lo que no se entiende entonces es por qué el Gobierno ha permitido que el Banco de España abra la puerta que ahora Rato quiere traspasar y que permanecía cerrada a cal y canto hasta hace sólo unos días. Salvo que sea otra decisión poco meditada de MARIANO RAJOY, que tanto se quejaba desde la oposición de las “improvisaciones” de ZAPATERO.
Primera. El ministro de Economía, LUIS DE GUINDOS, ha señalado como objetivo fundamental de su reforma que las entidades financieras vuelvan a estar en disposición de facilitar créditos. Sin embargo, hay dos circunstancias para dudar de que vuelva a fluir el dinero: la crisis del euro, que mantiene cerrados los mercados mayoristas, y la creciente tasa de paro. Mientras el panorama no se despeje es difícil que aumente la demanda de préstamos y que los propios bancos se animen a prestar.
Segunda. Las nuevas provisiones para los activos inmobiliarios pueden facilitar una bajada de sus precios, lo que no significa necesariamente que vayan a venderse, pues para eso hace falta que los potenciales compradores cuenten con financiación.
Tercera. El ministro insistió mucho en que el saneamiento de la banca no afectará al déficit público, pero anunció un significativo aumento de los recursos del FROB, cuya dotación pasará de 9.000 a 15.000 millones de euros. Esos 6.000 millones adicionales, que se destinarán a sufragar eventuales fusiones, sí generarán deuda pública, en un porcentaje equivalente a cuatro décimas del PIB. Obviamente, si por alguna razón el importe de las ayudas no se recupera, los paganos seremos los contribuyentes.
Cuarta. El FROB no dará subvenciones sino préstamos, que sus beneficiarios deberán devolver con un interés del 8%. Eso ha sido esgrimido como prueba de que a la banca no se le hace ningún favor. Ahora bien, en la situación actual, ¿cuántas empresas y familias no pagarían gustosas ese tipo de interés con tal de disponer de crédito?
Quinta. De Guindos ha declinado hacer un pronóstico sobre si su reforma del sistema financiero será la definitiva. Es lógico que no quiera mojarse porque se trata de la tercera y ya se han facilitado 18.600 millones de dinero público para una reestructuración que no parece tener fin. Ningún otro sector ha recibido un trato igual, a pesar de que la insensata política de riesgos de la banca durante los tiempos de bonanza fue una de las principales causas de esta crisis.
Después de haber pasado por el aro de Repsol, carecía de sentido mantener el pacto de socios que
Sacyr y Pemex firmaron a finales de agosto con objeto de segar la hierba bajo los pies del presidente de la petrolera española, ANTONIO BRUFAU. Este, al advertir el peligro, puso en marcha una estrategia dirigida a neutralizar a sus dos rivales, que culminó anteayer con el anuncio de la ruptura formal del acuerdo suscrito por ambos.
Brufau sale indudablemente fortalecido de un culebrón que se inició hace dos años, cuando Sacyr objetó en el Consejo de Repsol el recorte del dividendo a cuenta del ejercicio de 2009. LUIS DEL RIVERO, que entonces presidía la constructora, no se privó de hacer pública esa discrepancia, cosa que Brufau se tomó como una enmienda de su primer accionista a la totalidad de la gestión que estaba llevando a cabo.
Desde aquel momento, los desencuentros se sucedieron con grave riesgo para la paz social, que saltó definitivamente por los aires a raíz del acuerdo de agosto, trenzado entre Del Rivero y el director general de Pemex, JUAN JOSÉ SUÁREZ COPPEL. Un acuerdo que no sólo amenazaba a Brufau sino al statu quo de Repsol, donde La Caixa lleva años siendo el accionista de referencia, pese a que la participación de Sacyr en el capital era más alta (20% frente a 12%).
Precisamente, el apoyo de La Caixa ha sido fundamental para que Brufau devolviera el sosiego a Repsol, aun a costa de dejar en el camino el cadáver de Luis del Rivero, que en octubre fue desalojado de la presidencia de Sacyr. Su cabeza era el precio pedido al resto de los socios de la constructora para recomponer las relaciones y que Repsol les echara una mano en la refinanciación de la deuda.
Una vez fuera de la circulación Del Rivero, todo fue coser y cantar: Brufau compró un 10% del capital de Repsol que estaba en poder de Sacyr, cuyo peso en la petrolera ha disminuido sustancialmente, y contentó a Pemex con un reforzamiento de su alianza industrial. Las aguas han vuelto a su cauce y, gracias a ello, ya no hay quien tosa en Repsol ni a La Caixa ni a Brufau.
Con la solicitud ayer del concurso de acreedores, Spanair ha dado el paso esperado tras el cese de actividades del pasado viernes. El juez tendrá que decidir ahora si el concurso es “voluntario” –y al frente de la compañía continúan sus actuales gestores– o si es “necesario”, como pretende el Sepla. Pero, de cualquier forma, parece claro que ni las entidades públicas ni los empresarios que acudieron al rescate de Spanair hace apenas tres años van a seguir poniendo dinero para salvarla. Cabe todavía la remota posibilidad de que otras aerolíneas acudan en busca de una ganga, aunque en tal caso lo más probable es que se limiten a pujar por los despojos.
Se pone así casi el punto final a la aventura iniciada en enero de 2009, cuando la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona tocaron a rebato ante la decisión de SAS de deshacerse de Spanair. La compañía, que formaba parte del consorcio escandinavo desde hacía siete años, estaba llamada a ser el motor de la nueva Terminal 1 de El Prat. Un aeropuerto que –excepción hecha del rentable Puente Aéreo– estaba siendo abandonado por Iberia. De ahí el interés de las instituciones locales por que Spanair pasara a manos catalanas y se convirtiera en punta de lanza para luchar contra la hegemonía de Barajas, reforzada desde la inauguración de la T-4.
Costó mucho reclutar inversores privados y más aún que algunos desembolsaran las cantidades prometidas, pero aquello fue sólo el principio de una ardua tarea. En estos tres años, FERRAN SORIANO, su presidente, ha intentado reducir drásticamente los costes sin que Spanair dejara de dar la talla como una especie de compañía catalana de bandera. Sin embargo, el encarecimiento de los combustibles, la rémora del fatal accidente de 2008 y la dura competencia de las low cost han arruinado su empeño. Como consecuencia de todo ello y pese a la progresiva mejora de los resultados, Spanair se ha comido la nada despreciable cifra de 150 millones de euros de los contribuyentes, que
ARTUR MAS no ha querido engordar en una época de hachazos al presupuesto.
Hace apenas diez días, el 20 de enero, coincidieron en un foro sobre sostenibilidad organizado por Ernst & Young en Madrid el presidente de Repsol, ANTONIO BRUFAU, y el de Pemex, JORDY HERRERA, que es también secretario de Energía, cargo que en México equivale al de ministro. Después, ambos mantuvieron en la sede corporativa de la petrolera española una reunión “privada e institucional”, que sirvió para poner fin al conflicto desatado como consecuencia del pacto de socios suscrito por Pemex y Sacyr a finales de agosto de 2011.
Antes de que lo recibiera Brufau en su despacho del paseo de la Castellana, Herrero hizo unas declaraciones en las que se mostró dispuesto a restablecer la buena relación con Repsol, de la que los mexicanos controlan un 9,5%; pero pronosticó que el proceso requería bastante tiempo. Sin embargo, poco más de una semana ha bastado para que las dos compañías se pongan de acuerdo y proclamen a los cuatro vientos que no sólo han hecho las paces sino que van a estrechar sus lazos, porque son muchos los intereses en juego.
Eso supone para Repsol la recuperación de la paz accionarial, muy deteriorada desde que, hace dos años, el presidente de Sacyr, LUIS DEL RIVERO, tuvo un fuerte encontronazo con Brufau por el empeño de este en recortar el dividendo correspondiente a 2009. Aquello fue el principio de una escalada de tensión que, con algunos altibajos, culminó el día en que se conoció el pacto entre la constructora y Pemex, cuyo objetivo fundamental era aumentar su cuota de poder en Repsol, haciendo valer los derechos correspondientes al 30% del capital que sumaban.
Por parte mexicana, las negociaciones con Del Rivero las llevó JUAN JOSÉ SUÁREZ COPPEL, director general de Pemex, que no consideraba suficientemente aprovechada su histórica inversión en la petrolera española, donde está presente desde hace nada menos que 20 años. Para calmar esa insatisfacción, el acuerdo del 20 de enero prevé la acometida de nuevos proyectos conjuntos, entre ellos la explotación de pozos en México con tecnología de Repsol, que en este campo es una de las más avanzadas del mundo.
Eso sí, lo mismo que a los grandes accionistas de Sacyr les pidió la cabeza de Luis del Rivero antes de llegar a un entendimiento, Brufau se ha quitado ahora de en medio a JOSÉ MANUEL CARRERA, uno de los directivos de Pemex que muñó el pacto de socios y que será sustituido próximamente por MARCO ANTONIO DE LA PEÑA SÁNCHEZ en el consejo de administración de Repsol.
La reciente orden del Banco de España para que las cajas de ahorros socorridas con fondos públicos desvelen las retribuciones de sus altos cargos ha dado pie a una fuerte controversia. La mayoría se han plegado de mala gana a esa exigencia, pero medio centenar de directivos han preferido ocultar lo que cobran, amparándose en la ley de Protección de Datos.
Aunque desde el punto de vista conceptual es difícilmente cuestionable el derecho del Estado a conocer en qué se gasta su dinero, la cosa no está tan clara desde el punto de vista legal. Lo que gana un trabajador puede considerarse parte de la esfera privada y, en consecuencia, sólo la existencia de razones muy poderosas justificaría que a cuenta de ello se dieran tres cuartos al pregonero.
Si el gobernador del banco de España, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ persiste en su empeño, probablemente sean los tribunales quienes tengan que decir la última palabra. Pero el Supremo ya ha producido alguna sentencia que arroja cierta luz sobre cuál puede ser el desenlace del caso, siempre con las debidas cautelas, al tratarse de un ámbito tan poco previsible a veces como la Justicia.
Una de esas sentencias, fechada el 21 de noviembre de 2011 y recogida la semana pasada por el diario económico Expansión, establece que los accionistas de cualquier sociedad tienen derecho a conocer lo que ganan sus empleados. ¿Con qué objeto? Con el de controlar “eventuales nepotismos y favoritismos en la política de personal seguida por los administradores”.
Aunque reconoce que se trata de una información de carácter “personal”, sujeta de entrada a la ley de Protección de Datos, el Supremo recuerda que los sueldos afectan a las cuentas de resultados. Y, en consecuencia, forman parte de la información que las empresas deben facilitar a requerimiento de sus accionistas, según lo previsto en la vigente ley de Sociedades Anónimas.
Por analogía, este pronunciamiento judicial podría aplicarse a las cajas de ahorros, al menos a aquellas que han sobrevivido gracias a las aportaciones de todos. Bastaría sustituir accionistas por Estado para trasplantar la argumentación del Supremo, sobre todo después de que las abultadas retribuciones de muchos directivos hayan sido motivo de escándalo.
Otra cosa es que deban publicarse a bombo y platillo, pues su difusión indiscriminada no está avalada por el Supremo.
Con más de cuatro meses de antelación respecto de la fecha en que finaliza el mandato de JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ-PÁRAMO, el ministro de Economía y Competitividad, LUIS DE GUINDOS, ha propuesto que el nuevo representante español en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) sea ANTONIO SÁENZ DE VICUÑA.
González-Páramo quedará liberado de sus actuales obligaciones el 31 de mayo y se da por hecho que inmediatamente después será nombrado consejero del Banco de España, como paso previo ineludible para que en julio suceda a MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ al frente de la institución.
El nombre de González-Páramo suena insistentemente para ocupar un puesto de primera fila con RAJOY desde antes de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, que dieron la mayoría absoluta al PP, y se barajó incluso la posibilidad de que fuese investido con la Vicepresidencia Económica del Gobierno.
Rajoy, sin embargo, optó a la postre por el tándem que forman CRISTÓBAL MONTORO, en calidad de ministro de Hacienda, y el propio De Guindos, al que este verano se puede incorporar González Páramo como gobernador del Banco de España.
Sáenz de Vicuña, por otra parte, es un buen conocedor del BCE, cuya potente asesoría jurídica dirige desde hace más de 13 años; aunque no por ello su nombramiento está exento de la preceptiva ratificación por parte del Eurogrupo.
Esa ratificación, además, no es segura, pues hay otros países que codician la silla española en el Comité Ejecutivo del BCE, y de ahí que De Guindos se haya apresurado a designar a su candidato con el fin de ganar algún cuerpo de ventaja.
Sáenz de Vicuña, hombre muy ligado al PP, ha desempeñado diversas responsabilidades en la Administración española y antes en el sector bancario, donde trabajó para Banesto en tiempos de MARIO CONDE.
Fue su representante en el consejo de Saudesbank, una entidad de capital árabe y español que tuvo que ser liquidada en 1994 después de la suspensión de pagos de la Corporación Financiera Intra, a la que había prestado 7.000 millones de pesetas sin suficientes garantías.
Aquella operación le costó el cargo al director general de Saudesbank, CARLOS ALBEROLA, que siempre ha sostenido que los consejeros estaban al corriente de todo, aunque Sáenz de Vicuña asegura lo contrario.
Alberola, a su vez, era yerno de CLAUDIO BOADA, uno de los padrinos de la beautiful people, parte de cuyos miembros andaban entonces enredados en el escándalo Ibercorp.
Ni en sus mejores sueños debió de ver ANTONIO BRUFAU un desenlace tan favorable para él del enconado pulso que mantenía con LUIS DEL RIVERO por el control de Repsol. Seis meses después del pacto entre Sacyr y Pemex para moverle el sillón, el presidente de la petrolera no sólo ha neutralizado a sus enemigos, sino que además puede vanagloriarse de haber ganado dinero con la operación.
Las razones de este rotundo triunfo son múltiples, aunque la más determinante seguramente sea la debilidad financiera con la que Del Rivero planteó batalla a Brufau por un quítame allá esas pajas sobre el dividendo de 2009. La crisis había hecho mella en las cuentas de Sacyr, que empezaba a vislumbrar en el horizonte dificultades muy serias para afrontar su deuda, notablemente engordada con motivo de la adquisición del 20% de Repsol.
Aquel incidente sacó a la luz las diferencias existentes entre la estrategia a largo plazo de Brufau y la que defendía Del Rivero, partidario de que los accionistas cosecharan cuanto antes los frutos de las inversiones realizadas en los últimos años. Al fin y al cabo, de los réditos obtenidos de Repsol dependía el pago del préstamo de casi 5.000 millones que Sacyr tuvo que pedir a un grupo de bancos en 2006 para meter la cabeza en ella.
Precisamente esas entidades financieras han jugado un papel decisivo a la hora de inclinar la balanza a favor de Brufau, al negarse a refinanciar la deuda de Sacyr si antes no se deshacía de la mitad de su participación en la petrolera; es decir, un 10%. Repsol se ofreció a comprar el paquete temporalmente, pero puso como condición que Del Rivero desapareciese del escenario, cosa que consiguieron sus socios (DEMETRIO CARCELLER, JUAN ABELLÓ y MANUEL MANRIQUE) el 20 de octubre, mediante una revuelta palaciega.
A la defenestración del hasta entonces presidente de Sacyr siguió la ruptura del acuerdo con Pemex, cuya aspiración de sacar más provecho a su presencia en Repsol, que asciende al 9,5%, ha quedado arrinconada de momento. Eso deja las manos libres a Brufau, que puede seguir haciendo y deshaciendo a su antojo con el apoyo de La Caixa, repuesta ahora en su papel de principal accionista (12,8%), aunque nunca ha dejado de ser el verdadero socio de referencia.
La guinda del pastel ha sido la reciente reventa exprés del 5% de Repsol procedente de Sacyr a inversores institucionales, con la que Brufau ha obtenido unas ganacias de 150 millones de euros entre plusvalías y dividendos.
